<p>
<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C1328-12</strong></p>
<p>
Entidad pública: Ministerio de Obras Públicas (MOP)</p>
<p>
Requirente: Exequiel Santos Lobos</p>
<p>
Ingreso Consejo: 06.09.2012</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 395 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de diciembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1328-12.</p>
<h3>
VISTOS:</h3>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<h3>
TENIENDO PRESENTE:</h3>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de julio de 2012, don Exequiel Santos Lobos solicitó al Ministerio de Obras Públicas (en adelante el Ministerio), copia digital de los expedientes de las Resoluciones SOP N° 2.153 de 2012 y N° 2.154 de 2012, incluyendo todos los antecedentes mencionados en ellas, entre otros, la oferta de Pilar Sordo y los emails que aparecen citados.</p>
<p>
2) RESPUESTA: Luego de haber hecho uso de la facultad de prorrogar el plazo de respuesta, conforme al artículo 14 de la Ley de Transparencia, el Ministerio contestó dicha solicitud, mediante correo electrónico de 5 de septiembre de 2012, adjuntando copia de los siguientes documentos:</p>
<p>
a) Resolución (E) N° 2.153, de 2012, del Jefe de la División de Administración y Secretaría General de la Subsecretaría de Obras Públicas, que autoriza el trato directo y acepta oferta por la contratación de charla motivacional a cargo de la Sicóloga y Escritora Sra. Pilar Sordo, para funcionarios de la Subsecretaría Obras Públicas.</p>
<p>
b) Resolución (E) N° 2.154, de 2012, del Jefe de la División de Administración y Secretaría General de la Subsecretaría de Obras Públicas, que autoriza el trato directo y acepta oferta por la contratación de charla motivacional a cargo de la Sicóloga y Escritora Sra. Pilar Sordo, para funcionarios de los “Servicios MOP”.</p>
<p>
c) Trece órdenes de compra desde la N°1995-29-SE12 a la N°1995-41-SE12, relativas a las charlas motivacionales de la Sra. Pilar Sordo.</p>
<p>
d) Formularios de solicitud de requerimientos de productos y/o servicios N°s 12 y 13, de la Jefa de la Unidad de Capacitación SOP/DGOP y su autorización.</p>
<p>
e) Certificados de disponibilidad presupuestaria N° 237 y N° 238.</p>
<p>
f) Oficio ORD. N° 1.401, de 17 de mayo de 2012, a través del cual la Jefa de la División de Recursos Humanos del Ministerio invita a la Sra. Pilar Sordo a presentar oferta de conferencia denominada “Rol de la emoción en el liderazgo de la Organización”</p>
<p>
3) AMPARO: El 6 de septiembre de 2012, don Exequiel Santos Lobos dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio, fundado en no haber recibido la totalidad de la información requerida. Agregó que el Ministerio no incluyó en su respuesta todos los antecedentes citados en las resoluciones mencionadas en la solicitud de acceso, entre otros, los emails que aparecen citados en ellas, ni la oferta de doña Pilar Sordo.</p>
<p>
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Subsecretario de Obras Públicas, mediante oficio N° 3.649, de 5 de octubre de 2012, quien a través de la Jefa de Unidad de Relación Ciudadana y Gestión de Información Ministerial presentó sus descargos y observaciones por medio del oficio ORD. N° 2.882, del 23 de octubre de 2012, señalando –en síntesis– que por una omisión involuntaria, ese servicio no incluyó en la oportunidad requerida, la oferta de la Sra. Pilar Sordo y los antecedentes fundantes de su contratación, por lo cual se allana y adjunta “sólo en consideración a que dichos antecedentes forman parte integrante de las resoluciones que autorizaron el trato directo y aceptan oferta para la contratación de la Charla Motivacional de la profesional en comento, y que éstos tienen una conexión directa y esencial con los referidos actos administrativos”. Se adjuntaron –entre otros– los siguientes documentos:</p>
<p>
a) Resolución (E) N° 1.758/2012, que acredita la personería de la Jefa de Unidad de Relación Ciudadana y Gestión de Información Ministerial para representar al Sr. Subsecretario;</p>
<p>
b) Extracto de correo electrónico enviado por la representante en Chile de doña Pilar Sordo, que contiene la confirmación de la realización de las charlas, el valor de las mismas, junto a los días y horarios para su realización, entre otros asuntos;</p>
<p>
c) Extracto de correo electrónico enviado por la Jefa de la Unidad de Capacitación de la Subsecretaría;</p>
<p>
d) Extracto de correo electrónico enviado por el Jefe de la División de Administración y Secretaría General.</p>
<p>
5) SOLICITUD DE COMPLEMENTACIÓN DE DESCARGOS: Atendido que las copias de los correos electrónicos acompañados por el Ministerio a sus descargos no contenían datos que permitieran su individualización, mediante oficio N° 4.198, de 5 de noviembre de 2012, este Consejo solicitó al Ministerio: (1°) remitir copia íntegra de los correos electrónicos acompañados a su presentación de fecha 23 de octubre de 2012, que contengan todos los datos que permitan su individualización, tales como la identidad del emisor y del o los destinatarios, fecha y hora en la cual fueron remitidos, materia, asunto o subject de dichos correos, etc.; y, (2°) indicar las razones por las cuales los correos electrónicos remitidos a este Consejo fueron editados, haciendo entrega únicamente del contenido de dichas actuaciones o de una parte de ellos.</p>
<p>
6) COMPLEMENTACIÓN DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En respuesta al oficio citado en el numeral anterior, la Jefa de Unidad de Relación Ciudadana y Gestión de Información Ministerial comunicó a través del oficio ORD. N° 3.081, de 14 de noviembre de 2012, lo que se sintetiza a continuación:</p>
<p>
a) Informa que los correos electrónicos remitidos fueron editados en atención a que son comunicaciones privadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 numeral 2 de la Ley de Transparencia, en relación a las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19, números 4 y 5, de la Carta Fundamental. Sin perjuicio de lo anterior, y sólo en virtud del principio de facilitación consagrado en el artículo 11 letra f) de la Ley de Transparencia, se entregó el cuerpo de éstos al Consejo con ocasión de los descargos evacuados a través del oficio ORD. N° 2.882/2012.</p>
<p>
b) Los datos solicitados por el Consejo en el numeral 1° de la solicitud de complementación, y que corresponden a nombre del emisor y del destinatario, fecha y hora en la cual fueron remitidos, materia o subject de dichos correos, no constituyen antecedentes fundantes de los actos administrativos que aprobaron los procesos de adquisición en comento, ya que del análisis que realice este Consejo, “se desprenderá inequívocamente” lo argumentado por esa Subsecretaría, en relación a que en este caso, los correos como medio de comunicación privada, no son antecedentes de las resoluciones que aprobaron el trato directo, siendo medios de envíos de documentos o de gestiones en el marco de un proceso.</p>
<p>
c) Considerando la reiteración de la solicitud de entrega de las copias íntegras de los correos electrónicos, ese servicio se allana y acompaña lo solicitado, haciendo presente categóricamente que se trata de comunicaciones privadas y que no constituyen antecedentes de las resoluciones mencionadas en la solicitud de información del Sr. Santos, ya que a través de las respuestas entregadas tanto el 5 de septiembre de 2012, como mediante el Oficio N° 2.882/2012, todos los antecedentes de dichas resoluciones ya fueron entregados por la Subsecretaría, debiendo darse por satisfecha la solicitud de información del requirente.</p>
<p>
d) Se adjuntaron los siguientes instrumentos:</p>
<p>
i. Extracto de correo electrónico enviado por la representante en Chile de doña Pilar Sordo, que contiene la confirmación de la realización de las charlas, el valor de las mismas, junto a los días y horarios para su realización, entre otros asuntos;</p>
<p>
ii. Copia íntegra de 3 correos electrónicos enviados entre la Jefa de la Unidad de Capacitación, el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y el Jefe de la División de Administración y Secretaría General, con copia a otras 2 funcionarias de la Subsecretaría.</p>
<h3>
Y CONSIDERANDO:</h3>
<p>
1) Que, según reconoció el propio Ministerio en sus descargos, a raíz de un error involuntario no remitió en la respuesta dada al solicitante todos los antecedentes fundantes de la contratación de la profesional Pilar Sordo, mencionadas en las resoluciones números 2.153/2012 y 2.154/2012. Por tanto, habiéndose acreditado la falta de entrega oportuna de la totalidad de la información solicitada, de acuerdo al plazo de 20 días hábiles establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, se representará al Jefe de ese Servicio la infracción a dicho artículo en lo resolutivo de este acuerdo.</p>
<p>
2) Que, el reclamante fundó su amparo en el hecho de no haber recibido la totalidad de los antecedentes mencionados en las resoluciones números 2.153/2012 y 2.154/2012, que autorizaron la contratación directa de los servicios profesionales de la psicóloga y escritora doña Pilar Sordo, y que fueron solicitados el 24 de julio de 2012 al Ministerio. En efecto, contrastados los documentos entregados por dicho órgano a través del correo electrónico de 5 de septiembre de 2012, con los antecedentes citados en la parte considerativa y resolutiva de las referidas resoluciones, es posible establecer que quedaron pendiente de entrega los siguientes instrumentos:</p>
<p>
a) El Plan Anual de Capacitación año 2012, aprobado por Resolución N° 1.430 del 27 de abril de 2012 de la Subsecretaría de Obras Públicas;</p>
<p>
b) El correo electrónico de fecha 13 de junio de 2012, de la Jefe de la Unidad de Capacitación SOP/DGOP, adjunto al cual se remitieron los Formularios de Solicitud de Requerimientos de Productos y/o Servicios N° 12 y N° 13.</p>
<p>
c) La oferta y/o cotización presentada por doña Pilar Sordo; y,</p>
<p>
d) El correo electrónico de fecha 15 de junio de 2012, del Jefe de la División de Administración y Secretaría General que autorizó la referida contratación, mediante la modalidad de “Trato Directo”.</p>
<p>
3) Que, de conformidad con el artículo 8° de la Constitución Política, “…son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen…” a menos que a su respecto concurra una causal de secreto o reserva. Por su parte, el inciso primero del artículo 5° de la Ley de Transparencia dispone que “…los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado”. A su turno, el artículo 10 del mismo cuerpo legal indica que “El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”. En cuanto al concepto de sustento o complemento directo, el literal g) del artículo 3° del Reglamento de la Ley, precisa que corresponde a aquellos “documentos que se vinculen necesariamente al acto administrativo en que concurren y siempre que dicho acto se haya dictado, precisa e inequívocamente, sobre las bases de esos documentos”, agregando en su literal h) que constituyen sustento o complemento esencial, los “documentos indispensables para la elaboración y dictación del acto administrativo en que concurren, de modo que sean inseparables del mismo”.</p>
<p>
4) Que, no habiendo alegado el Ministerio reclamado la reserva o secreto del Plan Anual de Capacitación año 2012, y atendido lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, cabe establecer el carácter público de dicho instrumento, motivo por el cual se requerirá su entrega en lo resolutivo de esta decisión.</p>
<p>
5) Que, en cuanto a la oferta de la Sra. Pilar Sordo y a los correos electrónicos indicados en el considerando 2° anterior, cabe precisar que dichos instrumentos fueron expresamente mencionados en las resoluciones números 2.153/2012 y 2.154/2012, dentro de los antecedentes considerados por el Jefe de la División de Administración y Secretaría General de la Subsecretaría de Obras Públicas para autorizar por trato directo la contratación de la profesional Pilar Sordo. En efecto, revisados dichos correos es posible advertir que, a través de ellos, se solicitó al mencionado Jefe de División su visto bueno para contratar las charlas solicitadas por la Unidad de Capacitación del Ministerio, adjuntando lo antecedentes necesarios para dichos fines, a saber, los formularios de solicitud de servicios N° 12 y N° 13; asimismo, dicho Jefe otorgó la autorización solicitada a través del mismo medio. Por otro lado, como es posible advertir a partir de los documentos remitidos por el Ministerio reclamado, la oferta presentada por la Sra. Pilar Sordo fue enviada por su representante en Chile a través de correo electrónico a la Jefa de la Unidad de Capacitación de dicho órgano, confirmando la realización de las charlas y su valor, además de detallar otros requerimientos técnicos de la actividad, elementos que finalmente pasaron a formar parte de las citadas resoluciones al haberse incluido en lo resolutivo de las mismas.</p>
<p>
6) Que, conforme el artículo 5° de la Ley N° 19.880, de bases de los procedimientos administrativos, el procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen, se expresarán por escrito o por medios electrónicos (principio de escrituración), agregando su artículo 19 que el procedimiento administrativo podrá realizarse a través de técnicas y medios electrónicos.</p>
<p>
7) Que, por todo lo anterior, las referidas comunicaciones electrónicas constituyen documentos que sirvieron de sustento o complemento directo y esencial de las mencionadas resoluciones, en los términos señalados en los literales g) y h) del artículo 3° del Reglamento de la Ley.</p>
<p>
8) Que, en este mismo sentido, la decisión Rol C864-12 , adoptada por la unanimidad de este Consejo Directivo, ordenó la entrega de un correo electrónico que sirvió de sustento o complemento directo y esencial a un acto administrativo. El considerando 6° de la citada decisión expuso que “conforme el artículo 18 de la Ley N° 19.880, [dichos correos electrónicos] debieran formar parte del expediente administrativo que dé cuenta de la sustanciación del procedimiento que dio lugar a dicho acto administrativo. Así, y conforme a los artículos 5°, inciso primero, y 10 de la Ley de Transparencia, cabe concluir que lo solicitado son documentos objeto del derecho de acceso a la información pública, razón por la cual –no obstante involucrar el acceso a un correo electrónico– debe aplicarse el procedimiento de acceso a la información reglado por la Ley de Transparencia”.</p>
<p>
9) Que, siendo así, no se ve por qué el puro cuerpo de estos mensajes sirva de sustento o complemento directo y esencial a las resoluciones solicitadas y no lo sean los datos relativos a la fecha y hora en la que fueron enviados, las casillas electrónicas desde las cuales se emitieron, los sujetos copiados en dichas comunicaciones y la materia o subject de los mismos. Por el contrario, estos datos pueden tener relevancia para un adecuado control social de los fundamentos de la decisión. Además, de haber sido emitidos en formato papel no cabría duda acerca de su publicidad, como ocurre con las ofertas ingresadas en el sistema de compras públicas (www.mercadopublico.cl).</p>
<p>
10) Que, este Consejo, ha aceptado por unanimidad que ciertos juicios de valor contenidos en correos electrónicos de funcionarios públicos, o en documentos de la Administración incluidos en un procedimiento administrativo, puedan ser reservados pues “…aunque estén relacionados con el ejercicio de una función pública… difundir todas y cada una de las opiniones personales contenidas en los correos electrónicos que intercambian los funcionarios representa una grave amenaza a espacios de deliberación y privacidad a que ellos tienen derecho sin intervención de terceros en cuanto no prevalezca un claro interés público que justifique optar por la publicidad de dichos juicios o comentarios, como sería por ejemplo, el caso en que tales comentarios revelaran prejuicios, animadversión o indicios de discriminación arbitraria. Por lo mismo, no todas las opiniones vertidas por un funcionario, y menos aquellas expresadas bajo evidente expectativa de reserva del destinatario, pueden considerarse como información pública, puesto que ello afectaría un espacio de privacidad e intimidad constitucionalmente protegido”. En sentido semejante la decisión C980-12 ha señalado, al restringir parcialmente el acceso a un oficio en soporte papel, que “Declarar la publicidad de todas las opiniones emitidas por las autoridades de un determinado servicio, durante el curso de la adopción de una decisión, podría afectar la fluidez de las comunicaciones internas y mermar la asertividad de opiniones como la que en este caso se tarjó, lo que atentaría contra el registro escrito que debe quedar de éstas…”, agregando como en el caso anterior que este juicio “…debe realizarse caso a caso y que variaría si se estimara la concurrencia de un claro interés público que justificase optar por la publicidad de dichos comentarios”. Sin embargo, no se ve que en este caso concurren las razones señaladas para fundar una hipótesis de secreto o reserva.</p>
<p>
11) Que, atendido lo expuesto, se requerirá al Sr. Subsecretario de Obras Públicas que entregue al reclamante copia íntegra de los correos electrónicos que forman parte integrante del expediente administrativo de las resoluciones números 2.153/2012 y 2.154/2012, que autorizaron la contratación directa de los servicios profesionales de la psicóloga y escritora doña Pilar Sordo y que constituyen su fundamento y complemento directo y esencial, incluyendo entre ellos el correo electrónico mediante el cual la representante en Chile de la Sra. Sordo, remitió la oferta y/o cotización de las charlas a realizar en ese Ministerio.</p>
<p>
12) Que, por último, si bien este Consejo valora la actitud del Ministerio en orden a remitir copia íntegra de los correos electrónicos mencionados en las resoluciones números 2.153/2012 y 2.154/2012, no puede dejar de representar a ese órgano la contradicción argumentativa existente entre los descargos presentados ante este Consejo y la complementación de los mismos, toda vez que la inicial edición de esos correos supone que dichas comunicaciones no fueron entonces consideradas inviolables por el MOP, en tanto sustento de una contratación pública (lo que es correcto), siendo inconsistente sostener posteriormente su inviolabilidad en tanto comunicación privada, invocando el artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental.</p>
<h3>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
<p>
I. Acoger el amparo deducido por don Exequiel Santos Lobos, de 6 de septiembre de 2012, en contra del Ministerio de Obras Públicas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
II. Requerir al Sr. Subsecretario de Obras Públicas que:</p>
<p>
a) Entregue al reclamante copia del Plan Anual de Capacitación año 2012, aprobado por Resolución N° 1.430 del 27 de abril de 2012 de la Subsecretaría de Obras Públicas.</p>
<p>
b) Entregue al reclamante copia íntegra de los correos electrónicos que forman parte integrante del expediente administrativo de las resoluciones números 2.153/2012 y 2.154/2012, que autorizaron la contratación directa de los servicios profesionales de la psicóloga y escritora doña Pilar Sordo y que constituyen su fundamento y complemento directo y esencial, incluyendo entre ellos el correo electrónico mediante el cual la representante en Chile de la Sra. Sordo, remitió la oferta y/o cotización de las charlas a realizar en ese Ministerio.</p>
<p>
c) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
d) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
<p>
III. Representar al Sr. Subsecretario de Obras Públicas haber infringido el principio de oportunidad establecido en la letra h) del artículo 11 de la Ley de Transparencia y el artículo 14 de la citada ley con el actuar descrito en el considerando 1°, además de la inconsistencia argumentativa señalada en el considerando 12°.</p>
<p>
IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Subsecretario de Obras Públicas y a don Exequiel Santos Lobos.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.</p>
<p>
</p>