Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C8354-20

Volver

Reclamante:	BORIS KÚLEBA VALDÉS
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO
Resumen del caso: Acoger el amparo deducido por don Boris Kúleba Valdés, en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, y requerir las rendiciones de gastos realizados en virtud de los eventos indicados en la solicitud de acceso a la información, tarjando previamente los datos personales de terceros que pudiere contener.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/2/2021
Consejeros:	-Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1163-11 C1179-11 C377-13 C409-13 C1336-16
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C8354-20   Entidad pública: Ilustre Municipalidad de Valparaíso Requirente: Boris Kúleba Valdés Ingreso Consejo: 22.12.2020. RESUMEN Acoger el amparo deducido por don Boris Kúleba Valdés, en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, y requerir las rendiciones de gastos realizados en virtud de los eventos indicados en la solicitud de acceso a la información, tarjando previamente los datos personales de terceros que pudiere contener. En sesión ordinaria N° 1157 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C 8354-20. VISTOS: Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Que el 9 de noviembre de 2020, don Boris Kuleba presentó una solicitud de información ante la Ilustre Municipalidad de Valparaíso indicando lo siguiente: "Solicito las rendiciones de cuentas (indicando montos, boletas/facturas, nombre proveedor o prestador de servicios, fecha y detalle de la prestación, origen del financiamiento y toda la información disponible de cada pago) de los siguientes eventos: -Festival Internacional Valparatango, versión 2016. - Festival Internacional Valparatango, versión 2017. - Festival Internacional Valparatango, versión 2018. - Conmemoración del mes de la niñez, durante agosto 2019. - Calle para la niñez, agosto de 2019. - Mes de Violeta en los Cerros, septiembre y octubre 2017. Estas rendiciones deberían estar disponibles, ya que los eventos (a excepción de Valparatango 2016) fueron ejecutados mediante el financiamiento de la Mesa de Responsabilidad Social Empresarial constituida junto con EPV y TCVAL, o Alianza Puerto Ciudad, tal como me fue indicado mediante el requerimiento de información Folio MU332T0003499 de este año. A través de carta sin número, de fecha 7 de diciembre de 2020, la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, notifica ampliación de plazo, debido a la existencia de circunstancias que hacen difícil reunir la información solicitada. 2) RESPUESTA: Que el 22 de diciembre de 2020, la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, respondió al requerimiento de información mediante carta sin número, rechazando la solicitud de entrega de información, en virtud de lo establecido en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, ya que la información solicitada corresponde a un gran número de actos administrativos causando distracción de funciones ya que es necesario, con el fin de entregar la información solicitada, la revisión de todos los pagos realizados por la Municipalidad de Valparaíso relacionado con los eventos indicados por el requirente. 3) AMPARO: El 22 de diciembre de 2020, don Boris Kúleba Valdés dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, debido a la respuesta negativa recibida de parte de la Municipalidad. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, mediante Oficio N° E130, del 5 de enero de 2021. Mediante Oficio Ord. DAJ N° 133 de 12 de enero de 2021, el órgano presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, que el Municipio no tiene la información solicitada, ya que corresponde a gastos en los que incurrió la empresa TCVAL, en virtud de convenios de colaboración celebrados con la Municipalidad. Señala asimismo que debido a que no se cuenta con la información solicitada, no corresponde pronunciarse sobre la causal de reserva invocada. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo es la entrega de documentos de rendición de gastos realizados por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso y la empresa TCVAL producto de convenios de colaboración celebrados entre ambos. 2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por otra parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 3) Que, la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales" 4) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. 5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 6) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, entre otras, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. 7) Que, en tal orden de ideas, este Consejo estima que la causal de reserva o secreto establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia no concurre en el presente caso, toda vez que las rendiciones de cuentas solicitadas se encuentran acotadas a actividades específicas realizadas por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, quien, además, no detalló como la búsqueda de la información configuraría la causal de reserva invocada de acuerdo a lo explicado en la presente decisión. 8) En cuanto a la inexistencia de la información invocada por el órgano requerido, cabe tener presente que conforme ha resuelto previamente este Consejo, en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C1163-11 y C409-13, entre otras, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. Al respecto, la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en el acápite sobre búsqueda de la información requerida, numeral 2.3, en su párrafo segundo, dispone que, en caso de no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, si el órgano público constata que no posee la información, luego de realizada su búsqueda, deberá agotar todos los medios a su disposición para encontrarla y, en caso de estimar que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio, estándar de búsqueda que no se cumplió en el presente caso. 9) Que, de los antecedentes examinados en el presente caso, a juicio de este Consejo no han sido suficientemente fundadas ni la distracción indebida ni la inexistencia de la información, considerando que se trata de información pública que debe obrar en su poder, y que no se proporcionó antecedente alguno referido a la búsqueda de la misma. Por consiguiente, este Consejo acogerá en el presente amparo, ordenando entregar la información relativa a las rendiciones de gastos solicitadas, tarjando previamente los datos personales de terceros que pudiere contener, como por ejemplo, el número de cédula nacional de identidad u otro dato personal de los proveedores de servicios de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Con todo, en su defecto deberá señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los respectivos motivos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Boris Kúleba Valdés, en contra de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Valparaíso: a) Entregar al reclamante, las rendiciones de gastos realizados en virtud de los eventos indicados en la solicitud de acceso a la información, tarjando previamente los datos personales de terceros que pudiere contener, como por ejemplo, el número de cédula nacional de identidad u otro dato personal de contexto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Con todo, en su defecto deberá señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los respectivos motivos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Boris Kúleba Valdés y al Sr. Alcalde de la Municipalidad Valparaíso. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. La Presidenta doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.