Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C8411-20

Reclamante:	VALENTIN VERA FUENTES
Reclamado:	EJÉRCITO DE CHILE
Resumen del caso: Por voto de mayoría dirimente, se acoge el amparo interpuesto en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega de la información referida al personal de Ejército que devolvió los dineros de pasajes, fletes y viáticos, incluyendo los montos devueltos y su individualización, en el contexto de los dineros cobrados ilegalmente por pasajes y fletes con relación a los denominados casos "milicogate" y "Viajes Fuenteaba - Oviedo". Lo anterior, por cuanto, se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual el órgano reclamado no invocó ni acreditó la concurrencia de alguna causal de reserva. Sin perjuicio de lo anterior, en virtud de la facultad que detenta este Consejo, contemplada en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, se declara información reservada aquella relativa al monto individual de cada uno de los pasajes, fletes y viáticos devueltos consultados y a la ciudad de destino; por cuanto, la revelación de aquello podría otorgar indicios sobre los planes de operación o de servicio del Ejército de Chile, permitiendo establecer el objeto de tales desplazamientos, aspecto particularmente sensible, cuya publicidad puede afectar a la seguridad de la Nación, en lo relativo a la defensa nacional. Se hace presente que para adoptar el presente acuerdo, se tuvo a la vista la respuesta otorgada por el Sr. Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Judicial a la medida para mejor resolver decretada por este Consejo en el amparo Rol C1685-19, relativo a información de similar naturaleza que la requerida en la presente reclamación, para que dicha autoridad se pronunciara sobre la publicidad de los antecedentes incorporados a la misma investigación judicial que se lleva a cabo. Aplica criterios contenidos en las decisiones Roles C2774-19, C7760-20 y C310-21. La decisión es acordada con el voto disidente de la Consejera doña Natalia González Bañados y del Consejero don Francisco Leturia Infante, para quienes el amparo debe ser rechazado, por cuanto, lo requerido corresponde a información que está siendo investigada en el marco de un proceso judicial, circunstancia de hecho que impide su publicidad. Al respecto, en un caso análogo, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, señaló: "Que, en consecuencia, todas las actuaciones llevadas a cabo en la causa Rol N° 752-2014, singularizada en la letra a) del motivo 4° precedente, forman parte de la etapa de sumario, y por ende revisten el carácter de secretas, -por expreso mandato del artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por la vía del reenvío del artículo 129 del Código de Justicia Militar-, para las partes que intervienen en la misma, salvo que la magistrada a cargo de tal investigación les permita su conocimiento. Además, hay que considerar que quien pidió acceder a la información emanada de las diligencias decretadas en tal investigación, ni siquiera tiene la calidad de parte, sino que es un tercero ajeno al juicio" (Reclamo de Ilegalidad Rol 321-2020, considerando 6°).
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/8/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Justicia Militar Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C4949-18 C1685-19 C2774-19 C310-21 C7760-20
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:	380-2021
Descriptores jurídicos:	- Causales de secreto o reserva >> Debido cumplimiento de las funciones del órgano >> En general
Descriptores analíticos:	Defensa

DECISIÓN AMPARO ROL C8411-20   RESUMEN Por voto de mayoría dirimente, se acoge el amparo interpuesto en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega de la información referida al personal de Ejército que devolvió los dineros de pasajes, fletes y viáticos, incluyendo los montos devueltos y su individualización, en el contexto de los dineros cobrados ilegalmente por pasajes y fletes con relación a los denominados casos "milicogate" y "Viajes Fuenteaba - Oviedo". Lo anterior, por cuanto, se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual el órgano reclamado no invocó ni acreditó la concurrencia de alguna causal de reserva. Sin perjuicio de lo anterior, en virtud de la facultad que detenta este Consejo, contemplada en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, se declara información reservada aquella relativa al monto individual de cada uno de los pasajes, fletes y viáticos devueltos consultados y a la ciudad de destino; por cuanto, la revelación de aquello podría otorgar indicios sobre los planes de operación o de servicio del Ejército de Chile, permitiendo establecer el objeto de tales desplazamientos, aspecto particularmente sensible, cuya publicidad puede afectar a la seguridad de la Nación, en lo relativo a la defensa nacional. Se hace presente que para adoptar el presente acuerdo, se tuvo a la vista la respuesta otorgada por el Sr. Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Judicial a la medida para mejor resolver decretada por este Consejo en el amparo Rol C1685-19, relativo a información de similar naturaleza que la requerida en la presente reclamación, para que dicha autoridad se pronunciara sobre la publicidad de los antecedentes incorporados a la misma investigación judicial que se lleva a cabo. Aplica criterios contenidos en las decisiones Roles C2774-19, C7760-20 y C310-21. La decisión es acordada con el voto disidente de la Consejera doña Natalia González Bañados y del Consejero don Francisco Leturia Infante, para quienes el amparo debe ser rechazado, por cuanto, lo requerido corresponde a información que está siendo investigada en el marco de un proceso judicial, circunstancia de hecho que impide su publicidad. Al respecto, en un caso análogo, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, señaló: "Que, en consecuencia, todas las actuaciones llevadas a cabo en la causa Rol N° 752-2014, singularizada en la letra a) del motivo 4° precedente, forman parte de la etapa de sumario, y por ende revisten el carácter de secretas, -por expreso mandato del artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por la vía del reenvío del artículo 129 del Código de Justicia Militar-, para las partes que intervienen en la misma, salvo que la magistrada a cargo de tal investigación les permita su conocimiento. Además, hay que considerar que quien pidió acceder a la información emanada de las diligencias decretadas en tal investigación, ni siquiera tiene la calidad de parte, sino que es un tercero ajeno al juicio" (Reclamo de Ilegalidad Rol 321-2020, considerando 6°). En sesión ordinaria N° 1186 del Consejo Directivo, celebrada el 1° de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C8411-20. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de noviembre de 2020, don Valentín Vera Fuentes solicitó al Ejército de Chile -en adelante e indistintamente Policía o PDI- lo siguiente: "Solicito copia de la relación de personal de Ejército que devolvió los dineros de los pasajes, fletes y viaticos con los montos devueltos y su individualizacion ordenado por Ricardo Martínez, quien ordenó a militares devolver los dineros cobrados ilegalmente por pasajes y fletes en relaciona a este reportaje conocido como "viajes", "milicogate" y caso "Viajes Fuenteaba - Oviedo" https://www.meganoticias.cl/nacional/261038-ejercito-ordena-militares-devolver-dineros-pasajes-y-fletes.html". (sic) 2) RESPUESTA: El 11 de diciembre de 2020, el Ejército de Chile, a través de carta JEMGE DETLE TP (P) N° 6800/11537 informo al reclamante que "(...) teniendo en consideración que dichos antecedentes forman parte del proceso judicial, causa Rol 575-2014, instruida por la Ministra en Visita Extraordinaria de la Iltma. Corte Marcial, Romy Rutherford Parentti, se procedió a derivar su solicitud al Poder Judicial, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 20.285, sobre "Acceso a la Información Pública". Se adjunta copia de oficio de derivación.". Se adjuntó al reclamante copia del oficio de derivación JEMGE DETLE TP (P) N° 6800/11538, de fecha 11 de diciembre de 2020, en que se lee: "1. Mediante solicitud de "Referencia", cuya copia se adjunta, el MAY (R) Valentín Vera Fuentes, requiere copia de la devolución de viáticos y pasajes devueltos con su individualización, según esta noticia apareciera en los diarios de circulación nacional en el caso bautizado como "milicogate" y casos de Fuentealba y Oviedo. 2. Conforme a lo anterior y teniendo en consideración que dichos antecedentes forman parte del proceso judicial, causa ROL 575-2014, instruida por la Ministra en Visita Extraordinaria de la Iltma. Corte Marcial, Romy Rutherford Parentti, se procede a derivar a US. el referido requerimiento, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 20.285, sobre "Acceso a la Información Pública". 3. Finalmente, se solicita a US. tener a bien considerar a esta Jefatura del Estado Mayor General del Ejército -Departamento de Transparencia y Lobby del Ejército- con copia informativa de la respuesta que en definitiva se proporcione al peticionario." (sic) 3) AMPARO: El 24 de diciembre de 2020, el reclamante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado fundado en la denegación de la información solicitada. Al efecto, agregó que: "NO RESPONDEN NADA, LO DERIVAN A MINISTRA RUTHEFORD, DEBERIAN RESPONDER QUE NO HAY NADA O SI HAY ALGO, ESO AMPARA LA CORRUPCION.". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al órgano recurrido, mediante Oficio N° E1355, de 18 de enero de 2021, solicitándole que: (1°) se refiera específicamente a los motivos por los cuales señaló que la información requerida no obraba en su poder; (2°) considerando lo señalado por el recurrente, aclare si lo solicitado, obra en su poder constando en alguno de los soportes documentales que dispone el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) refiérase a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información reclamada; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida. El Ejército de Chile, mediante Oficio JEMGE DETLE AJ (R) N° 1595/1265, de fecha 3 de febrero de 2021, evacuó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente: "2. En efecto, el peticionario requirió se le proporcionara antecedentes sobre la identidad del personal y los montos que habrían devuelto en razón de haber recibido en exceso dineros por concepto de pasajes y fletes. 3. Sobre el particular dicha Corporación solicita que al formular descargos, la Institución haga referencia " (1°) a los motivos por los cuales señaló que la información requerida no obraba en su poder"; " (2°) aclare si lo solicitado obra en su poder... ", "(3°) refiérase a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información reclamada." y, "(4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida." 4. Como primer alcance y respondiendo al numeral (1°), es menester señalar que el Ejército de Chile - y como es posible constatar del tenor de la respuesta al peticionario- nunca ha señalado "que la información requerida no obraba en su poder", por lo que existe una total incongruencia y atenta en contra el derecho a la debida defensa pretender que la Institución se haga cargo de supuestos en que no ha incurrido. En efecto, la derivación de las solicitudes de información pública constituye un procedimiento legítimo y debidamente regulado por el artículo 13 de la Ley de Transparencia, el artículo 30 de su Reglamento y el literal a) del numeral 2.1. de la Instrucción General N° 10 de esa Corporación. Dicho procedimiento tiene lugar, entre otros motivos, cuando el órgano requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información pública, cuyo es el caso por referirse a antecedentes que forman parte, como es de público conocimiento, del proceso judicial rol 575-2014 que instruye la Ministra en Visita Extraordinaria de la Corte Marcial, doña Romy Rutherford Parentti; proceso que de acuerdo al artículo 129 del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, es secreto. Lo anterior ha sido reconocido, por lo demás en el reciente fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, pronunciado el 19 de agosto del año recién pasado, que acogiera el reclamo de ilegalidad rol 321-2020, deducido por el Ejército de Chile en contra de la Decisión Amparo de ese Consejo, rol C2774-19, que acordara también entregar al peticionario antecedentes referidos a la causa rol 575-2014, que instruye la señalada Magistrada. Particularmente ilustrativo en beneficio de lo actuado por la Institución en el amparo cuyos descargos se formulan, es tener presente lo señalado en los Considerandos 4°.- y 5°.- y, de manera especial, lo razonado por el Tribunal de Alzada en el Considerando 6°.-, que se reproduce: "Que en consecuencia, todas las actuaciones llevadas a cabo en la causa Rol N° 752-2014, singularizada en la letra a) del motivo 4° precedente, forman parte de la etapa de sumario, y por ende revisten el carácter de secretas, - por expreso mandato del artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por la vía del reenvío del artículo 129 del Código de Justicia Militar-, para las partes que intervienen en la misma, salvo que la magistrada a cargo de tal investigación les permita su conocimiento. Además hay que considerar que quién pidió acceder a la información emanada de las diligencias decretadas en tal investigación, ni siquiera tiene la calidad de parte, sino que es un tercero ajeno al juicio." 5. Conforme a lo dispuesto por los artículos 34 y 35 de la Ley de Transparencia y bajo la obligación de reserva que a ese CPLT le imponen dichas disposiciones, se acompaña, y exclusivamente para tenerlo a la vista para mejor resolver y su posterior devolución, fotocopia del oficio N° 216-2020, de 18MAR2020, de la mencionada Ministra en Visita, por la que solicita a la Institución, en causa rol 575-2014, los mismos antecedentes que requiere el peticionario Valentín Vera Fuentes, haciendo especial prevención que lo solicitado "corresponden a una causa que se encuentra actualmente en estado de sumario, y no pueden ser puestas en conocimiento público." 6. Con lo anterior queda de manifiesto que el Ejército no ha denegado la solicitud de información al peticionario, sino se ha limitado a su derivación a la Excma. Corte Suprema - se adjunta oficio - cumpliendo de este modo con lo expresamente señalado por el artículo 13 de la Ley de Transparencia, por no ser la Institución competente para ocuparse de ella, coincidiendo dicho proceder plenamente con el pronunciamiento emitido por la Corte de Apelaciones de Santiago en reclamo de ilegalidad rol 321-2020, y a lo instruido expresamente por la Ministra en Visita Extraordinaria. 7. Por los fundamentos señalados no procede sino el rechazo del amparo C8411-20, deducido por don Valentín Vera Fuentes.". Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información referida al personal de Ejército que devolvió los dineros de pasajes, fletes y viáticos, incluyendo los montos devueltos y su individualización, en el contexto de los dineros cobrados ilegalmente por pasajes y fletes con relación a los denominados casos "milicogate" y "Viajes Fuenteaba - Oviedo". Al respecto, el Ejército de Chile señala haber derivado la solicitud al Poder Judicial, por corresponder a información que está siendo investigada en el proceso judicial que indica, alegando que dicho proceso judicial y sus antecedentes, de acuerdo con el artículo 129 del Código de Justicia Militar en relación con el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, son secretos. 2) Que, el artículo 8, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". 3) Que, tratándose de los antecedentes requeridos, el órgano reclamado alega haber derivado la petición al Poder Judicial, por corresponder a información que está siendo investigada en el proceso judicial que indica, haciendo presente que esa misma información se habría solicitado por la Ministra en Visita Extraordinaria de la Corte Marcial que desarrolla el proceso judicial en comento. Al respecto, se debe recordar que el artículo 13 de la Ley de Transparencia establece la pertinencia del proceso de derivación de la solicitud para los casos en los que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la misma o no posea los documentos solicitados. En el presente caso, este Consejo, en decisión de mayoría, estima que no se verifica ninguna de las dos hipótesis contempladas en la norma, por cuanto, se trata de información de competencia del Ejército de Chile, al referirse a actividades efectuadas por funcionarios de la institución en el desarrollo de la función pública y con cargo al presupuesto fiscal, la que se encuentra en poder del órgano requerido, razón por la que el Ejército tiene la competencia suficiente para atender el requerimiento, lo que en la práctica ha hecho, al señalar que la misma información fue entregada a la Ministra en Visita Extraordinaria de la Corte Marcial que investiga los hechos en el juicio que menciona. 4) Que, enseguida procede pronunciarse respecto de la alegación del órgano recurrido de que la información solicitada forma parte de una investigación judicial en curso, particularmente aquella sustanciada por la Ministra en Visita Extraordinaria de la Corte Marcial, causa rol 575-2014, que se encuentra actualmente en etapa de sumario, teniendo el carácter de secreto. Al respecto, a juicio de este Consejo, en decisión de mayoría, no resulta un argumento suficiente para estimar como concurrente alguna causal legal de reserva, más aún, si el órgano recurrido no invocó, sobre la base de esta situación, ninguna causal legal de reserva, sino, como se dijo, únicamente manifestó que derivó la solicitud de acceso a la información al Poder Judicial, lo que, conforme a lo indicado en el considerando anterior, no afecta el hecho que la información solicitada se encuentra en poder del Ejército de Chile. 5) Que, por otra parte, el órgano reclamado señaló que la misma información requerida por el recurrente había sido entregada a la Ministra en Visita Extraordinaria, en virtud de lo que esta solicitó al Ejército de Chile en el Oficio N° 216-2020, de 18 de marzo de 2020, en que se le instruía que tales antecedentes "corresponden a una causa que se encuentra actualmente en estado de sumario, y no pueden ser puestas en conocimiento público.". Al respecto, se debe señalar que no resulta pertinente que por medio del oficio mencionado se establezca una causal de reserva o secreto que opere a todo evento por el solo hecho de tratarse de una solicitud que se relacione con las materias sobre las que versa la investigación judicial. 6) Que, sobre el particular, se debe considerar que lo solicitado se trata de información objetiva y preexistente al inicio de la investigación judicial, respecto de la cual, se debe tener presente la respuesta otorgada por el Sr. Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Judicial a la medida para mejor resolver decretada por este Consejo en el amparo Rol C1685-19, conociendo sobre una materia similar, para que dicha autoridad se pronunciara sobre la publicidad de los antecedentes reclamados en el amparo e incorporados a la misma investigación penal llevada por la Ministra en Visita Extraordinaria Sra. Romy Rutherford. En lo pertinente, señaló que "Con todo, en caso de estimarse, ya sea por parte del Ejército de Chile -que es el órgano originalmente llamado a decidir el requerimiento de información ante él formulada y quien podría contar con toda la información fidedigna - o por la Comisión de Transparencia de la Excma. Corte Suprema, que no se estaría en ninguna de las situaciones que la ley prevé para negar tal información, la Ministra en visita Sra. Romy Rutherford Parentti, no advierte inconveniente en proporcionar a la institución, castrense copia de específica documentación que aquella estime pertinente y de la cual supuestamente carecería por encontrarse incautada y sin respaldo". En consecuencia, se descartará la concurrencia de alguna causal legal de reserva para no entregar la información solicitada por el recurrente. 7) Que, a su turno, el órgano recurrido señaló que la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, al conocer del reclamo de ilegalidad Rol 321-2020 resolvió: "Que, en consecuencia, todas las actuaciones llevadas a cabo en la causa Rol N° 752-2014 (...) forman parte de la etapa de sumario, y por ende revisten el carácter de secretas, -por expreso mandato del artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por la vía del reenvío del artículo 129 del Código de Justicia Militar-, para las partes que intervienen en la misma, salvo que la magistrada a cargo de tal investigación les permita su conocimiento" (considerando 6°), este Consejo, en decisión de mayoría, estima que la información solicitada por el recurrente no resulta protegida por la hipótesis de secreto establecida en el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, toda vez, que ha sido la propia Ministra en Visita Extraordinaria quien ha señalado -como se indicó en el considerando precedente- que no tiene inconveniente en proporcionar copia de antecedentes análogos que el Ejército le ha remitido para que complemente la que obra en su poder y dé cumplimiento al requerimiento efectuado por un solicitante de información en el aludido amparo C1685-19, de lo que se sigue que no toda actuación del Ejército respecto a la mencionada información constituye una injerencia indebida y/o obstrucción a la labor judicial. 8) Que, por otra parte, resulta relevante consignar que la solicitud recae sobre información pública relacionada con el uso de recursos fiscales por parte de los funcionarios públicos consultados, materia que por el tipo de función que desempeñan y la investidura de sus cargos justifican la existencia de un interés legítimo por acceder a los antecedentes necesarios para un efectuar un debido control social. En este sentido, el acceso a dicha información permite a la ciudadanía realizar un escrutinio sobre el adecuado uso de los recursos públicos, resguardando el correcto ejercicio de las funciones públicas. Sobre este punto, y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de la Republica y en el artículo 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser empleados públicos al servicio de la misma. 9) Que, en cuanto a lo solicitado, cabe hacer presente que esto corresponde a información referida al personal de Ejército que devolvió los dineros de pasajes, fletes y viáticos, incluyendo los montos devueltos y su individualización, en el contexto de los dineros cobrados ilegalmente por pasajes y fletes con relación a los denominados casos "milicogate" y "Viajes Fuenteaba - Oviedo". De esta forma, en atención a lo razonado en los considerandos anteriores, al tratarse de información pública referente a la cual no se alegó ni se acreditó causal legal de reserva, se acogerá el amparo ordenando su entrega. Sin embargo, y aplicándose un criterio precautorio, para este Consejo resulta plausible estimar que la revelación de la ciudad de destino de las comisiones de servicio consultadas, las que podrían eventualmente repetirse en el tiempo y dar cuenta de una determinada frecuencia de destino, pudieren revelar y permitir concluir -con cierta facilidad- el objeto que han tenido dichos viajes, otorgando indicios sobre los planes de operación o de servicio del Ejército de Chile, permitiendo establecer el objeto de tales desplazamientos, aspecto particularmente sensible en el ámbito de las funciones de defensa nacional. Por estas mismas consideraciones, la información relativa a los montos de los pasajes, fletes y viáticos deberá ser entregada otorgando el valor total, sin desagregar por cada uno de aquellos. Lo anterior, en cumplimiento de la facultad otorgada a esta Corporación, por el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia. En el mismo sentido se resolvió en amparos Roles C2774-19, C7760-20 y C310-21 relativos a información de igual naturaleza. 10) Que, en mérito de lo expuesto, el presente amparo será acogido, ordenando la entrega de la información referida al personal del Ejército que devolvió los dineros de pasajes, fletes y viáticos, incluyendo los montos devueltos y su individualización, con excepción de aquella referida al monto individual de cada uno de los pasajes, fletes y sus respectivos viáticos y a la ciudad de destino, la que deberá ser reservada, exclusivamente en virtud de la facultad que detenta este Consejo, contemplada en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y HABIÉNDOSE PRODUCIDO EMPATE DE VOTOS, RESUELVE POR EL VOTO DE SU PRESIDENTA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, LO SIGUIENTE: I. Acoger el amparo deducido por don Valentín Vera Fuentes, en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente., en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Comandante En Jefe del Ejército de Chile, lo siguiente: a) Entregue al reclamante: información referida al personal de Ejército que devolvió los dineros de pasajes, fletes y viáticos, incluyendo los montos devueltos y su individualización, en el contexto de los dineros cobrados ilegalmente por pasajes y fletes con relación a los denominados casos "milicogate" y "Viajes Fuenteaba - Oviedo". Lo anterior, con excepción de aquella referida al monto individual de cada uno de los pasajes, fletes y viáticos y a la ciudad de destino, lo que deberá ser reservado, exclusivamente en virtud de la facultad que detenta este Consejo, contemplada en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Valentín Vera Fuentes y al Sr. Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile. VOTO DISIDENTE La presente decisión es acordada con el voto en contra de la Consejera doña Natalia González Bañados y del Consejero don Francisco Leturia Infante, quienes no comparten lo razonado en los Considerandos 3) a 10), respecto de la entrega de los antecedentes solicitados, estimando que el amparo debe ser rechazado sobre la base de las siguientes consideraciones: 1) Que, tratándose de estos antecedentes, el órgano reclamado alega haber derivado la petición al Poder Judicial, por corresponder a información que está siendo investigada en el proceso judicial que indica, lo que se habría materializado con ocasión de una solicitud de acceso a la información anterior realizada por el mismo solicitante sobre idéntica materia. Al respecto, se debe recordar que el artículo 13 de la Ley de Transparencia establece la pertinencia del proceso de derivación de la solicitud para los casos en los que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la misma o no posea los documentos solicitados. 2) Que, luego, para fundar sus alegaciones el Ejército de Chile ha invocado como presupuesto la circunstancia de hecho correspondiente a que la información solicitada forma parte de una investigación judicial en curso, particularmente aquella sustanciada por la Ministra en Visita Extraordinaria de la Corte Marcial, que se encuentra actualmente en etapa de sumario, proceso que, de acuerdo al artículo 129 del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, es secreto, lo que ha sido reconocido en reiterados fallos de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, pronunciados en reclamos de ilegalidad Rol 380-2019, de 19 de diciembre de 2019, y Rol 321-2020, del 19 de agosto de 2020, que acogieran los recursos deducidos por el Ejército de Chile en contra de las decisiones amparo de este Consejo, roles C4949-18 y C2774-19, que ordenaron entregar antecedentes referidos a la causa judicial Rol 575-2014. 3) Que, al respecto, para estos disidentes, se debe hacer presente que, en efecto, en el marco del reclamo de ilegalidad Rol 321-2020, citado por el órgano reclamado, el tribunal de alzada resolvió: "Que, en consecuencia, todas las actuaciones llevadas a cabo en la causa Rol N° 752-2014, singularizada en la letra a) del motivo 4° precedente, forman parte de la etapa de sumario, y por ende revisten el carácter de secretas, -por expreso mandato del artículo 78 del Código de Procedimiento Penal, aplicable por la vía del reenvío del artículo 129 del Código de Justicia Militar-, para las partes que intervienen en la misma, salvo que la magistrada a cargo de tal investigación les permita su conocimiento. Además, hay que considerar que quien pidió acceder a la información emanada de las diligencias decretadas en tal investigación, ni siquiera tiene la calidad de parte, sino que es un tercero ajeno al juicio" (considerando 6°). 4) Que, en dicho contexto, se debe concluir que la derivación efectuada por el órgano reclamado se aviene con lo dispuesto en el mencionado artículo 13 de la Ley de Transparencia, por cuanto, como fue resuelto en la sentencia citada, es la vía idónea para que la Magistrada a cargo de la investigación se pronuncie sobre la publicidad de los antecedentes solicitados. Lo anterior, se ve reafirmado por la comunicación que habría sido remitida al Ejército por parte de la mencionada jueza, en orden a no poner en conocimiento público la información que dice relación con el proceso Rol 575-2014, por tratarse de una causa que se encuentra en estado de sumario. 5) Que, en mérito de lo expuesto, para estos disidentes, el amparo debe ser rechazado en este punto, al estimarse que la circunstancia de hecho referida a la existencia de un procedimiento judicial en el que la información requerida está siendo investigada, impide al órgano proceder a su entrega, debiendo ser requerida al tribunal que conoce de la misma. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante, doña Natalia González Bañados y don Bernardo Navarrete Yañez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.