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DECISIÓN AMPARO ROL C171-21</p>
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Entidad pública: Subsecretaría de Salud Pública.</p>
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Requirente: Jorge Poblete Herrera.</p>
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Ingreso Consejo: 08.01.2021</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Salud Pública relativo a información sobre los acuerdos para el suministro de vacunas para el Covid 19.</p>
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Se ordena la entrega de una lista de los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Salud y compañías internacionales para el suministro de vacunas contra el SARS-CoV-2, una vez obtenidas las autorizaciones respectivas. Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder del órgano, que se encuentra publicada en diversos portales de internet, y por no haber alegado causales de reserva que ponderar.</p>
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Asimismo, se ordena la entrega de copia de los acuerdos suscritos para el suministro de vacunas para el Covid 19, debiendo reservar solo aquella información referida a la estructura de costos y a la logística o distribución de las vacunas. Lo anterior, por cuanto lo solicitado reviste un evidente interés público relevante para efectos de permitir el control social por parte de la población, en el marco del programa nacional de vacunación contra el Covid-19, y de la constatación de cláusulas de responsabilidad, información que incide directamente en el fortalecimiento de la confianza pública en el proceso de vacunación, en pos del interés nacional y de la salud pública, así como del derecho a la integridad física y psíquica de las personas. Asimismo, por cuanto se desestimaron las causales de reserva, alegadas por los terceros, referidas a la afectación al privilegio deliberativo, a los derechos económicos y comerciales de los laboratorios, y al interés nacional y a la salud pública, en relación con la parte del convenio cuya entrega se ordena, por no acreditarse fehacientemente.</p>
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En virtud del principio de divisibilidad, previo a la entrega de información, el órgano deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la información cuya entrega se ordena, en conformidad a lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.</p>
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Se rechaza el amparo respecto de la entrega de información referida a la estructura de costos y a la logística o distribución de las vacunas, contenida en los acuerdos solicitados, por cuanto su divulgación, produciría una afectación presente o probable, y con suficiente especificidad, al interés nacional, en relación a la salud pública y a los intereses económicos y comerciales del país.</p>
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Aplica criterio contenido en la decisión del amparo rol C8043-20.</p>
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El presente acuerdo es acordado con los votos concurrentes de la Consejera doña Natalia González Bañados y el Consejero don Francisco Leturia Infante, quienes no obstante compartir la entrega parcial de la información solicitada, resguardando aquella información sobre la estructura de costos y a la logística o distribución del producto en comento, contenida en los documentos solicitados, estiman que, dado que el Consejo no tuvo acceso a los antecedentes solicitados y que atendida la naturaleza de dicha información, la existencia de cláusulas de confidencialidad pactadas y la posibilidad de que la divulgación e inobservancia de cláusulas específicas del convenio -además de aquellas que versan sobre la estructura de costos y la logística o distribución del producto en comento, pudiesen afectar los bienes jurídicos referidos en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia -en el sentido que su publicidad, conocimiento o divulgación pudiesen comprometer la mantención y estabilidad de él o los acuerdos suscritos, comprometiendo con ello el interés general referido a la salud pública-, se advierte que no es el Consejo para la Transparencia el órgano que se encuentra en mejor posición para determinar aquellas cláusulas que pudiesen afectar el interés nacional, especialmente referido a la salud pública y las estrategias para combatir la pandemia. No obstante, la información recabada es suficiente para resolver la controversia planteada de acuerdo con la legislación aplicable.</p>
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Finalmente, se representa al organismo el hecho de no haber otorgado respuesta dentro de los plazos legales establecidos en la Ley de Transparencia, y el haber omitido dar traslado a los terceros, para efectos de notificarles su derecho de oposición a la entrega de los convenios o acuerdos suscritos con el Estado de Chile.</p>
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En sesión ordinaria N° 1196 del Consejo Directivo, celebrada el 1 de julio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C171-21.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de diciembre de 2020, don Jorge Poblete Herrera requirió a la Subsecretaría de Salud Pública, lo siguiente:</p>
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a) "Lista de los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Salud y compañías internacionales para el suministro de vacunas contra el SARS-CoV-2, una vez obtenidas las autorizaciones respectivas.</p>
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b) Copia de cada uno de los acuerdos suscritos en el punto 1, incluyendo los detalles financieros de cada acuerdo alcanzado".</p>
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2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 8 de enero de 2021, don Jorge Poblete Herrera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la ausencia de respuesta.</p>
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3) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS: Esta Corporación determinó aplicar el procedimiento correspondiente al Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC) al presente amparo, y mediante correo electrónico de fecha 19 de enero de 2021, notificó al órgano la posibilidad de aplicar dicha alternativa, lo que fue aceptado por la institución mediante comunicación de fecha 20 de enero de 2021.</p>
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Sin perjuicio de lo anterior, y dado que no se obtuvo respuesta a la solicitud de información, ni ningún otro antecedente por parte de la Subsecretaría, se declaró fracasada la instancia de SARC.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E4545, de 16 de febrero de 2021, confirió traslado a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, notificando el reclamo y solicitando que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) señale si la información requerida en la solicitud de acceso, obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (4°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (5°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (6°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información solicitada ni causal de reserva aplicable, remita la misma a la parte reclamante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, tarjando previamente los datos personales de terceros que pudiere contener, como por ejemplo, el número de cédula nacional de identidad u otro dato personal de contexto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.</p>
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Posteriormente, dado que el órgano no otorgó respuesta dentro del plazo indicado en el oficio mencionado, mediante correo electrónico de fecha 4 de marzo de 2021, se concedió a la Subsecretaría un plazo extraordinario para evacuar los descargos respectivos.</p>
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No obstante lo anterior, a la fecha del presente acuerdo no consta que la reclamada haya evacuado sus descargos en esta sede.</p>
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5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En virtud de lo anterior, y dado que el órgano no evacuó sus descargos en esta sede, este Consejo, mediante oficio N° E6960, de fecha 24 de marzo de 2021, solicitó a la Subsecretaría de Salud Pública, como medida para mejor resolver el presente amparo, que se refiera a lo requerido en los numerales 3), 4), 5) y 6) del oficio indicado en el número precedente.</p>
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No obstante lo anterior, a la fecha del presente acuerdo no consta que la reclamada haya dado respuesta a la medida decretada.</p>
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6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del presente amparo a los terceros eventualmente afectados con la entrega de la información solicitada, mediante oficios N° E9356, E9360, E9361, y E9362, todos de fecha 28 de abril de 2021, a fin de que presenten sus descargos y observaciones.</p>
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Mediante presentación de fecha 30 de abril de 2021, la empresa PFIZER CHILE S.A., luego de comentar las circunstancias relativas a la pandemia del Covid-19, manifestó su oposición a la entrega de la información solicitada conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y en el artículo 7 N° 2 del Reglamento de la citada ley, señalando que "Precisamente, si queremos mantener esta mayor equidad en el acceso a las vacunas contra el COVID-19 es esencial mantener la debida confidencialidad en las negociaciones y documentos suscritos por los Laboratorios (como Pfizer) con los Gobiernos de cada país, debido a la naturaleza altamente competitiva de este mercado y con la finalidad de seguir negociando con los países en función de propender a un acceso equitativo, de conformidad a la situación particular de cada país", agregando que "los documentos suscritos con el Gobierno de Chile por parte de Pfizer comprende sendas disposiciones contractuales por las cuales toda la información contenida y adjunta durante las negociaciones es confidencial y no deberá ser divulgada al público en general, pues contiene información comercial estratégica sensible para Pfizer, cuyo conocimiento y uso por terceras personas (o países) podría afectar los derechos comerciales y económicos de ésta".</p>
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Asimismo, el tercero informó "A mayor abundamiento y dada la esencial confidencialidad de estas materias, Pfizer ha suscrito el 24 de agosto de 2020 con el Ministerio de Salud el CDA (Confidential Disclosure Agreement) respecto a toda la información suministrada respecto con uno o varios proyectos de una vacuna de ARNm contra el SARS-COV2 para prevenir la infección COVID-19 en los seres humanos, por lo que cualquier divulgación a terceros de la información contenida y adjunta durante las negociaciones con el Gobierno de Chile tiene la aptitud de dañar seriamente el desenvolvimiento competitivo de Pfizer", haciendo mención a los criterios fijados por este Consejo para el secreto de este tipo de información.</p>
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Luego, el 4 de mayo de 2021, la empresa Johnson Johnson de Chile S.A., informó que "J J y el Estado de Chile no han suscrito ningún contrato respecto de la referida vacuna. En efecto, las partes todavía se encuentran en etapa de negociación y, si bien se han suscrito acuerdos preliminares con miras a la eventual suscripción de un contrato -todos los cuales son confidenciales y forman parte de un proceso pendiente que debería concluir con la suscripción de un contrato en cuanto "documento oficial" para la adquisición de las vacunas-, éste aún no existe. Consecuentemente, no existe un contrato entre J J y el Estado de Chile en los términos requeridos por el solicitante y, por el momento, sólo se han suscrito acuerdos preliminares para la eventual suscripción de un contrato de compraventa, pero ellos no sólo son confidenciales sino que, además, forman parte de una gestión todavía pendiente. En cualquier caso, los acuerdos preliminares suscritos a la fecha ciertamente contienen información estratégica, altamente sensible y fundamental no sólo para J J sino también para el Estado de Chile", manifestando su denegación a la entrega de la información preliminar por contener antecedentes que afectarían sus derechos de carácter económico y comercial, conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, haciendo mención a los criterios fijados por este Consejo para la reserva de la información. Asimismo, manifestó su oposición en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, toda vez que "En efecto, en el actual contexto de crisis sanitaria por Covid-19, la publicidad, comunicación o conocimiento de la Información Solicitada afectaría el interés nacional en materia de salud pública, puesto que la inoculación generalizada de la población ha sido declarada como la principal herramienta para su mitigación y eventual control, razón por la cual el Estado de Chile ha invertido esfuerzos formidables para asegurar las dosis necesarias y lograr dar acceso a vacunas seguras y eficaces a toda la población. Luego, no puede obviarse que estos esfuerzos se enmarcan en el contexto de una crisis de carácter global, es decir, existe una necesidad inmediata de los productos farmacéuticos en comento, cuya producción es ciertamente limitada. Lo anterior da cuenta de que la divulgación de la Información Solicitada también afecta el interés nacional en relación con los intereses económicos o comerciales del país, junto con el interés comprometido en materia de salud pública".</p>
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Asimismo, la empresa hizo mención al carácter preliminar de las conversaciones, y se opuso a la entrega de la información según lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, señalando que "si bien es de público conocimiento que J J se encuentra en conversaciones con el Estado Chileno, aquello corresponde a deliberaciones propias de una etapa preliminar que aún se encuentra en desarrollo y que, por tanto, no se ha concretado en una relación contractual definitiva". Finalmente, el tercero alegó que en la especie, no concurrirían los requisitos del artículo 24 de la Ley de Transparencia, para la presentación del amparo, indicando que "el Reclamante no ha desacreditado de manera alguna la confidencialidad de la información denegada y, por ende, procedería que este Consejo rechace el amparo deducido al no haberse señalado infracciones ni medios de prueba que acrediten su requerimiento".</p>
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Posteriormente, mediante presentación de fecha 12 de mayo de 2021, la empresa AstraZeneca evacuó sus descargos, señalando que "toda la información requerida a través de la Subsecretaría de Salud, tanto los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Salud y compañías internacionales para el suministro de vacunas contra el SARS-CoV-2 como el documento que al efecto se haya firmado entre las partes, y los detalles financieros de cada acuerdo alcanzado, constituye información especialmente sensible y estratégica para AstraZeneca, resultando dicha información altamente confidencial, y cuyo contenido ha sido compartido exclusivamente con la autoridad sanitaria competente, en cumplimiento de la normativa local. En consideración a lo anterior, el acceso, exhibición, publicidad, comunicación, conocimiento y utilización por parte de terceros puede ocasionar graves perjuicios a mi representada, afectando derechos de carácter comercial y económico. Además, resulta ser información confidencial de un alto valor estratégico, cuya divulgación -como se analizará en lo sucesivo-, está expresamente contemplada en una excepción legal al derecho de acceso a la información pública, ya que, compromete significativamente derechos fundamentales de AstraZeneca y la capacidad de negociación de la compañía en dicho mercado", haciendo mención a lo resuelto por el Tribunal Constitucional, y lo dispuesto en el artículo 8° y 19 de la Constitución Política de la República, artículos 5 y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, artículo 7 N° 2 del Reglamento de dicha ley, y los criterios fijados por este Consejo para la concurrencia de dicha causal y al secreto empresarial, citando jurisprudencia de esta Corporación sobre la misma.</p>
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Acto seguido, agregó que " si bien la solicitud de acceso a la información se refiere solo a acuerdos suscritos una vez que ya se obtuvieron las autorizaciones respectivas, el solo hecho de difundir dicha información pone en riesgo los posibles acuerdos futuros a los que el Estado de Chile pueda arribar con AstraZeneca u otras compañías. Así lo ha manifestado la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales en una solicitud de información de similares características, disponiendo que ‘[l]os antecedentes requeridos son parte de un proceso de compra y una estrategia de abastecimiento nacional con distintos productores o distribuidores de vacunas, por lo que su entrega puede obstaculizar la toma de decisión, las condiciones o la celebración de nuevos contratos con el mismo o con distintos proveedores’", haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, argumentando que "la misma Subsecretaría de Salud ha informado sobre la Alerta que la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) ha entregado al Gobierno, sobre el interés de la delincuencia organizada por las vacunas contra la COVID-19. Al respecto, el mismo Secretario General de INTERPOL, Jürgen Stock, ha señalado que ‘mientras los Gobiernos se preparan para sacar las nuevas vacunas, las organizaciones delictivas planear infiltrarse en las cadenas de suministro, o perturbarlas’, por lo que a medida que avanzamos hacia la aprobación y distribución mundial de varias vacunas contra la COVID-19, será de importancia primordial garantizar la seguridad de la cadena de suministro y detectar sitios web ilegales de venta de productos falsificados", refiriéndose, finalmente, al test de daños.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, previo a resolver el fondo, con relación a la alegación de uno de los terceros, en el sentido de que este amparo debió ser declarado inadmisible por no cumplir los requisitos que establece la ley, cabe tener presente que el fundamento de dicho reclamo es la falta de respuesta por parte de la institución, y asimismo, que el reclamante acompañó los antecedentes que menciona el artículo 24 de la Ley de Transparencia para la procedencia del amparo. Por lo tanto, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, corresponde a este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley", en relación con lo dispuesto en el artículo 24 de dicha ley, el cual establece que "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso", requisitos que, en la especie, han sido cumplidos por el reclamante. En consecuencia, este Consejo desestimará dicha alegación.</p>
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2) Que, por su parte, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro de los plazos legales indicados. En razón de lo anterior, este Consejo representará severamente a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción reiterada tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado.</p>
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3) Que, en cuanto al fondo, el presente amparo se funda en la falta de respuesta por parte de la Subsecretaría de Salud Pública, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a un listado sobre los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Salud y compañías internacionales para el suministro de vacunas contra el SARS-CoV-2, y copia de cada uno de dichos convenios, incluyendo los detalles financieros de cada acuerdo alcanzado. No obstante la falta de respuesta por parte del órgano reclamado, los terceros eventualmente afectados con la publicidad de la información solicitada, luego de haber sido notificados por este Consejo, manifestaron su oposición a la entrega de los acuerdos suscritos, conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), N° 2 y N° 4 de la Ley de Transparencia.</p>
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4) Que, en primer lugar, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República que establece, en lo pertinente, que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5 inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
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5) Que, en segundo lugar, con relación a lo requerido en la letra a), esto es, una lista de los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Salud y compañías internacionales para el suministro de vacunas contra el SARS-CoV-2, una vez obtenidas las autorizaciones respectivas, cabe tener presente que se refiere a información de carácter público, que debe obrar en poder de la institución sanitaria, y que se encuentra publicada en diversos portales de internet, como por ejemplo, en https://www.minsal.cl/informacion-tecnica-vacunas-covid-19/, en https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/03/FICHA-VACUNA-PFIZER-1-Marzo.pdf, en https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/01/Ficha-vacuna-Sinovac-Life-Science.pdf, en https://www.ispch.cl/isp-covid-19/vacunas-covid-19/, y en https://www.ispch.cl/wp-content/uploads/2021/02/VACUNAS-COVID-EN-CHILE.pdf, entre otras, donde se contienen diversos antecedentes relativos a las vacunas Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y CanSino. Asimismo, vale tener en consideración que lo requerido se refiere solo a un listado en que se enumeren los acuerdos suscritos entre el Ministerio y las respectivas compañías.</p>
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6) Que, en consecuencia, tratándose de información pública que obra en poder de la Subsecretaría, y no habiéndose alegado causales de reserva que ponderar, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, respecto de este literal, ordenando la entrega de la información solicitada.</p>
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7) Que, en tercer lugar, respecto de lo solicitado en la letra b), esto es, copia de cada uno de los acuerdos suscritos en el punto anterior, incluyendo los detalles financieros de cada acuerdo alcanzado, como se indicó precedentemente, los laboratorios que podrían verse afectados con la publicidad de dichos antecedentes, manifestaron su oposición a la entrega de los acuerdos suscritos, conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), N° 2 y N° 4 de la Ley de Transparencia.</p>
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8) Que, en cuanto a la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia que fuere esgrimida por uno de los terceros, es menester precisar que de acuerdo a dicho precepto, se podrá denegar la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados". En tal sentido, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información, afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. De lo anterior, se desprende que la causal de reserva invocada no es aplicable al presente caso, toda vez que lo pretendido es la entrega de los acuerdos ya adoptados y suscritos por la institución, debiendo por tanto desestimarse esta alegación, al no configurarse los presupuestos para su procedencia.</p>
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9) Que, a mayor abundamiento, vale tener en consideración que la causal de reserva alegada, se encuentra establecida en favor del órgano reclamado y no de los terceros, conforme lo dispuesto en el numeral 1 de la citada norma, el cual señala que se podrá denegar la información "1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido (...)" (énfasis agregado), circunstancias que no concurren en la especie, toda vez que no fueron alegadas ni acreditadas por la Subsecretaría.</p>
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10) Que, por su parte, respecto a la causal de secreto prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, cabe señalar que, conforme a la misma, los órganos podrán denegar la información "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de (...) derechos de carácter comercial o económico". Al respecto, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).</p>
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11) Que, sobre el particular, cabe tener presente que diversa información sobre la suscripción del convenio consultado y su ejecución, se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Salud, en la plataforma Pfizer y medios de comunicación nacional e internacional . En este sentido, a modo meramente ejemplar, es posible acceder a las diversas características de las vacunas Pfizer- BioNTech, SINOVAC, CanSino, AstraZeneca, como su composición, conservación, porcentaje de efectividad, contraindicaciones, posibles efectos secundarios, entre otros; información sobre la alianza estratégica entre Pfizer y BioNTech para la elaboración de la vacuna, así como a la cantidad de vacunas arribadas y fases de distribución dentro del territorio nacional. Asimismo, diversos aspectos de los contratos suscritos por la empresa Pfizer con la Comisión Europea, se encuentran publicados en las páginas web que se citan.</p>
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12) Que, no obstante lo anterior, en contrapartida, tratándose de información relativa a negociaciones particulares de cada Estado con los distintos laboratorios, se constata la relevancia en la mantención y estabilidad de los acuerdos adquiridos, en los cuales expresamente se informa sobre la reserva de los detalles financieros, cuya política de precios sería diferenciada según cada país. Al efecto, existen variados reportajes de prensa internacional en los cuales se han efectuado estimaciones sobre posibles valores o costos promedio de cada vacuna, sin que conste una confirmación oficial de las entidades gubernamentales y de los laboratorios sobre dicho aspecto.</p>
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13) Que, teniendo en consideración lo señalado precedentemente, resulta plausible concluir que variada e importante información de tipo comercial y económico que potencialmente podría estar contenida en los convenios solicitados, como cantidad de dosis convenida y su distribución, ya se encontraría disponible en los medios de prensa que se describen. De este modo, y teniendo especialmente en consideración que este Consejo se ha visto impedido de analizar en concreto la información solicitada a objeto de ponderar la afectación de derechos alegada por los terceros involucrados, es posible concluir que los elementos de juicio proporcionados en este caso no revisten la suficiencia para determinar que la divulgación de lo pedido pudiese comprometer, a lo menos parcialmente, los derechos de carácter comercial y económico de las empresas o laboratorios responsables de la importación de cada vacuna, en los términos preceptuados en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con los criterios que copulativamente deben considerarse para configurar tal afectación, razón por la cual la referida causal de reserva debe ser desestimada.</p>
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14) Que, con relación a la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, se podrá denegar la información "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país". En este sentido, y según ha razonado este Consejo, el concepto de interés nacional no es un concepto unívoco pues no se encuentra definido de una manera precisa y clara por la doctrina. A propósito de los "intereses generales de la nación", aquellos expresan un bien jurídico que se relaciona directamente con la Nación toda, entera, y jamás, por importante que sea, con un sector de ella, y que se relaciona, básicamente, con el beneficio superior de la sociedad política globalmente considerada, como un todo, sin referencia alguna a categorías o grupos sociales, económicos o de cualquier otro orden.</p>
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15) Que, así las cosas, los laboratorios eventualmente afectados manifestaron que la publicidad de los convenios suscritos "afectaría el interés nacional en materia de salud pública, puesto que la inoculación generalizada de la población ha sido declarada como la principal herramienta para su mitigación y eventual control, razón por la cual el Estado de Chile ha invertido esfuerzos formidables para asegurar las dosis necesarias y lograr dar acceso a vacunas seguras y eficaces a toda la población", y que la divulgación relativa a los datos sobre precios, cantidades y plazos de entrega, generaría eventuales incentivos para el incumplimiento estratégico de los contratos, amenazándose con ello, la provisión de futuras vacunas para Chile, sin mencionar, de qué manera, el resto de las cláusulas del convenio -tales como las características del producto y/o las responsabilidades de las partes- produciría una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al interés nacional y/o a la salud pública, en circunstancias que parte de la información relativa a los convenios consultados, según el contenido que, además, comprenden dichos acuerdos: sobre las características de las vacunas Pfizer, Sinovac, Astrazeneca contra Sars-Cov-2, como su composición, forma farmacéutica, indicaciones, dosificación, reconstitución, contraindicaciones, reacciones adversas, administración, y sobre la cantidad distribuida, entre otros datos, contenidos en los antecedentes consultados, se encuentran disponibles en el sitio web del Ministerio de Salud.</p>
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16) Que, acto seguido, y conforme a lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C8043-20, en adecuación al concepto de interés nacional que fuere referido previamente, identificado con el beneficio superior de la sociedad globalmente considerada como un todo, la publicidad de los antecedentes consultados permitiría, a juicio de esta Corporación, fortalecer la confianza pública de la ciudadanía en el proceso de vacunación, incentivándose con ello una mayor participación por parte de la misma en el plan nacional de vacunación, de carácter voluntario, y que apunta, en pos de un interés que comprende a la totalidad de la población, a asegurar la integridad física y psíquica de todas las personas -derecho consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República-, mediante el suministro de vacunas seguras y eficaces para todos, y cuyo éxito, estriba, a su vez, en que a lo menos un porcentaje importante de la población se encuentre inoculada, para efectos de asegurar la Salud Pública. Lo anterior, en la medida que en el marco del programa nacional de vacunación contra el Covid-19, lo solicitado constituye información relevante para efectos de la comprobación -en relación a lo informado por la autoridad- los datos sobre las características de las diversas vacunas, tales como su efectividad, efectos adversos, calidad de fabricación, entre otros, que permiten dar cuenta de la seguridad y eficacia de la misma, la posibilidad de comparación entre las vacunas actualmente disponibles para inocular a la población, y la constatación de cláusulas de responsabilidad de los contratantes, información que incide directamente sobre la integridad física y psíquica de las personas -al otorgarles mayor tranquilidad y confianza en relación a las dosis suministradas, particularmente sobre su seguridad, calidad y eficacia-, y con ello, en la salud pública.</p>
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17) Que, asimismo, mediante Oficio N° 1.131, este Consejo requirió con fecha 23 de noviembre de 2020, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en su calidad de órganos líderes en el marco de la estrategia nacional de vacunas Covid-19, información sobre esta última, específicamente en el punto 4 del mencionado oficio, se requirió la identificación de los Convenios celebrados en el marco de la Estrategia mencionada, sus objetivos y elementos principales, montos convenidos y el grado de ejecución o cumplimiento de los mismos, identificándose, en dicha oportunidad -y tal como se advierte en la especie- el carácter fundamental de la transparencia y el acceso a la información por parte de la ciudadanía a los elementos que conforman la mencionada estrategia.</p>
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18) Que, en dicho contexto, en relación con los datos sobre la estructura de costos y la logística o distribución del producto, esto es, aquellos procesos relativos a la adquisición, movimiento y almacenamiento de las vacunas y de sus partes, este Consejo advierte que su divulgación podría producir una afectación presente o probable y con suficiente especificidad, al interés nacional y a la salud pública, en la medida que la efectividad del proceso de vacunación supone, a su vez, del abastecimiento oportuno y continuo de dosis de las diversas vacunas, para efectos de obtener un aprovisionamiento suficiente que permita inocular a toda o gran parte de la población. En este sentido, resulta plausible presumir un posible impacto que, en el incumplimiento de los acuerdos -en ejecución-, se podría provocar con la divulgación de los datos señalados, toda vez que otros compradores podrían tener acceso a las condiciones pactadas entre los laboratorios y el Estado de Chile, que pueden diferir respecto de otros Estados, impactando negativamente en los costos futuros que usualmente se estipulan, amenazándose con ello, la suscripción de nuevos acuerdos, y consecuencialmente, la provisión de vacunas para el país, en el contexto de un mercado reducido, con un número acotado de proveedores.</p>
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19) Que, en esta línea, la reserva de los datos mencionados es indispensable para efectos de asegurar la ejecución de los distintos convenios celebrados, y los sucesivos acuerdos que se convengan, los cuales, para una adecuada y óptima negociación, deben estar dotados de una necesaria confianza entre las partes que lo suscriben, escenario que, en marco del plan de vacunación nacional contra el Covid-19, y mientras aún no haya finalizado, es necesario mantener. No obstante, cabe señalar que la referida información, deberá ser entregada una vez concluido el proceso de vacunación, a fin de que la ciudadanía pueda acceder de modo completo al detalle de los instrumentos requeridos.</p>
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20) Que, en consecuencia, en virtud de lo expuesto, tratándose de información que obra en poder de la institución, y habiéndose desestimado las alegaciones de los terceros, este Consejo procederá a acoger parcialmente el presente amparo, respecto de este literal, ordenando la entrega de copia de los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Salud y las compañías internacionales para el suministro de vacunas contra el SARS-CoV-2, una vez obtenidas las autorizaciones respectivas, debiendo reservar aquella información referida a la estructura de costos y a la logística o distribución de los productos en comento, contenida en los documentos solicitados, por cuanto su divulgación, produciría una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al interés nacional y a la salud pública, configurándose a su respecto la causal de reserva del artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia. Asimismo, y en virtud del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información solicitada, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.</p>
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21) Que, conforme a lo resuelto, cabe hacer presente que la divulgación de la información cuya entrega se ordena, a juicio de este Consejo, es trascendental para efectos de generar confianza pública en un contexto de ausencia de coordinación y lineamientos precisos por parte de los organismos multilaterales y de los diversos Estados, sobre el control, distribución y transparencia del proceso de vacunación mundial, que en la actualidad, se encuentra encomendado a la industria farmacéutica y sujeto a la capacidad de gestión y negociación de cada Estado. En este contexto, la exigencia de mayor transparencia a la industria farmacéutica sobre la información relacionada con las vacunas en el marco de la pandemia sanitaria producto del Covid-19, ha sido recientemente advertida en la Declaración Conjunta sobre la trasparencia y la integridad de los datos realizada con fecha 7 de mayo de 2021 por la Coalición Internacional de Organismos de Reglamentación Farmacéutica -ICMRA- y la Organización Mundial de la Salud, en la cual se advierte la necesidad de que la Industria Farmacéutica, otorgue un mayor acceso a los datos clínicos o especificaciones técnicas de las vacunas -como se ordena en la especie-, por motivos de "interés imperioso para la salud pública", para efectos de permitir, entre otras cosas, que los ciudadanos "confíen en las vacunas y los fármacos que se les administran".</p>
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22) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, se hace presente a la reclamada, las directrices otorgadas por este Consejo mediante Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, que informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global generada a partir del COVID-19, a fin de soslayar situaciones como las planteadas en el presente caso, en relación a la falta de respuesta oportuna a la solicitud formulada. Por último, resulta necesario hacer presente a la Subsecretaría que la circunstancia de no evacuar descargos en esta sede, ni dar respuesta a las medidas decretadas por este Consejo, constituye una falta de colaboración que entorpece y dilata el procedimiento de acceso a la información pública. Por lo anterior, se le recomienda que en lo sucesivo adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar la reiteración de tales circunstancias, y eventuales responsabilidades administrativas conforme lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.</p>
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23) Que, finalmente, se advierte que el órgano reclamado, conforme a la naturaleza de la documentación requerida, no procedió a conferir traslado de la solicitud a los terceros eventualmente afectados con la publicidad de los convenios. Al respecto, cabe observar que ello no se aviene con el procedimiento que debía seguir ante una solicitud como la que se analiza, toda vez que el órgano reclamado debió conferir traslado a los respectivos laboratorios, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. De este modo, una vez emplazados los terceros, podían señalar si acceden a su entrega o si, por el contrario, manifiestan su oposición a ello, indicando, en tal evento, los derechos que les asisten y que se verían afectados con la publicidad de dichos antecedentes, según se consigna en el numeral 6) de la parte expositiva. En consecuencia, se representará a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública la infracción a la citada norma legal, al no haber dado aplicación al antedicho procedimiento de notificación a los terceros.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Jorge Poblete Herrera en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública lo siguiente:</p>
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a) Entregar al reclamante una lista de los acuerdos suscritos entre el Ministerio de Salud y compañías internacionales para el suministro de vacunas contra el SARS-CoV-2, una vez obtenidas las autorizaciones respectivas, y copia de dichos acuerdos, debiendo reservar aquella información referida a la estructura de costos y a la logística o distribución de los productos en comento, y debiendo tarjar, previamente, todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Rechazar el amparo respecto de lo pedido en la letra b), sólo respecto de aquella información referida a la estructura de costos y a la logística o distribución de las vacunas, por concurrir la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
IV. Representar a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, la infracción reiterada al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11 letra h) del mismo cuerpo legal, al no haber otorgado respuesta a la solicitud dentro del plazo legalmente previsto para ello. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones, evitando eventuales responsabilidades administrativas conforme lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
V. Representar a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública el haber omitido dar lugar al procedimiento de notificación a los terceros su derecho de oposición, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere tal situación.</p>
<p>
VI. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Poblete Herrera, a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, y a los terceros interesados, en las casillas de correo electrónico indicadas en sus respectivos descargos.</p>
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VOTO CONCURRENTE</p>
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La presente decisión, es acordada con el voto concurrente de la Consejera doña Natalia González Bañados y el Consejero don Francisco Leturia Infante, quienes no obstante compartir la entrega parcial de la información solicitada, resguardando aquella información sobre la estructura de costos y la logística o distribución del producto en comento, contenida en los documentos solicitados, estiman necesario hacer presente lo siguiente:</p>
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a) Que, tal y como se ha señalado en la presente resolución, diversa información sobre la suscripción de los convenios consultados y su ejecución, así como estudios sobre la eficacia de las diversas vacunas, se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Salud, y en los medios de comunicación nacional e internacional.</p>
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b) Que, considerando lo anterior, este Consejo se ha visto impedido de analizar en concreto la información solicitada a objeto de ponderar la afectación de derechos alegada por los terceros, por cuanto la información solicitada abarca todos los acuerdos suscritos por el órgano reclamado en representación de los intereses del Estado de Chile destinados al abastecimiento y suministro necesario para dar cumplimiento al programa nacional de vacunación contra el Covid-19, y que atendida la naturaleza de la información requerida, la existencia de cláusulas de confidencialidad pactadas y la posibilidad de que la divulgación e inobservancia de cláusulas específicas del convenio -además de aquellas que versan sobre la estructura de costos y la logística o distribución del producto en comento, contenida en los documentos solicitados tales como precio, cantidades y plazos de entrega, pudiesen afectar los bienes jurídicos referidos en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, en el sentido que su publicidad, conocimiento o divulgación pudiese comprometer la mantención y estabilidad de los acuerdos adquiridos, comprometiendo con ello el interés general referido a la salud pública-.</p>
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c) Que, con todo, la reserva de aquellas cláusulas cuya divulgación pudiere afectar los bienes jurídicos previstos en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, debe necesariamente considerarse temporal, en el sentido que solo debe extenderse hasta el cumplimiento efectivo de los contratos celebrados entre el estado de Chile y las empresas farmacéuticas, o hasta el cumplimiento de las cláusulas de confidencialidad de ser este plazo superior y en las materias estrictamente sujetas a ella (debiendo lo demás ponerse en conocimiento público), luego del cual se advierte la imposibilidad de afectación de los bienes jurídicos tutelados.</p>
<p>
d) Que, adicionalmente, la Consejera González advierte que, conforme a lo razonado en la decisión del amparo rol C8043-20, aun cuando el acuerdo entre el Estado de Chile y la empresa Pfizer Inc. (BioNTech), a modo de ejemplo, ya está adoptado y se encuentra en ejecución, resulta plausible sostener que, conforme a la información proporcionada por la SUBREI a este Consejo en el contexto de la citada decisión -en audiencia de exhibición documental celebrada el 13 de abril de 2021, a la que éste pudo acceder, únicamente, a información verbal, toda vez que el referido organismo no accedió a la exhibición de la información consultada por expresa oposición de la empresa involucrada-, la negociación de los convenios no concluye con la suscripción de los mismos, sino que se extiende en el tiempo respecto de su debida ejecución, siendo las fechas de entrega de las dosis de vacunas uno de los elementos sujetos a la condición anterior, por lo que se trataría de una negociación constante en el tiempo en tanto esté vigente el contrato. Conocido es que la campaña de vacunación nacional contra el Covid-19 depende, críticamente, de las entregas y suministro de las dosis respectivas en tiempo y forma, y que, en este sentido, la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, que fuere esgrimida por el tercero, en el sentido que podrá denegar la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados", le resulta pertinente, no solo por lo anteriormente expuesto, sino porque la divulgación de otra información distinta a la que en este amparo se acoge, puede condicionar y afectar asimismo, el proceso de negociación y suscripción de los siguientes contratos que deba celebrar el Estado de Chile, pudiendo afectar y comprometer el interés de la Nación, especialmente referido a la salud pública.</p>
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e) Que, a su turno, el Consejero don Francisco Leturia Infante, advierte que ante la imposibilidad de revisión de los acuerdos suscritos y la determinación precisa y concreta de sus aspectos -distintos a los referidos en la decisión principal- que pudieren afectar de manera presente o probable y con suficiente especificidad los bienes jurídicos cuya afectación alegan los terceros, no es el Consejo para la Transparencia el órgano que se encuentra en mejor posición para determinar aquellas cláusulas que pudiesen afectar el interés nacional, especialmente referido a la salud pública y las estrategias para combatir la pandemia. No obstante, la información recabada es suficiente para resolver la controversia planteada de acuerdo con la legislación aplicable.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.</p>