Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C194-21

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Reclamante:	FABIÁN TECA FUENTEALBA
Reclamado:	SERVICIO NACIONAL DE PESCA REGIÓN DE AYSÉN
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio Nacional de Pesca de la Región de Aysén, referido a la entrega información sobre las cosechas o producciones obtenidas y declaradas en el periodo que señala, por los centros de engorda de salmónidos que indica. Lo anterior, toda vez que se desestimó la afectación a los derechos comerciales y económicos de las empresas que se opusieron a la entrega, al secreto industrial, al secreto estadístico, y a la imagen de dichas compañías, teniéndose en consideración, además, que existe un evidente interés público asociado al conocimiento de tales antecedentes al encontrarse vinculada con una materia que puede comprometer la salud pública. Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos rol C6219-19, C8112-19, C3651-20, C4848-20, C8033-20, C8037-20, C8404-20, C8405-20 y C8406-20, entre otras.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/29/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C6219-19 C8112-19 C3651-20 C4848-20 C8033-20 C8037-20 C8406-20 C8404-20 C8405-20
Jurisprudencia a:	C7916-22 C3143-21 C7751-21 C438-22 C972-22 C1910-22 C2932-22 C4771-22 C5627-22 C8886-21 C7230-22 C7906-22 C7937-22
Recursos relacionados:	30-2021 31-2021 32-2021
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C194-21   Entidad pública: Servicio Nacional de Pesca de la Región de Aysén. Requirente: Fabián Teca Fuentealba. Ingreso Consejo: 10.01.2021 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio Nacional de Pesca de la Región de Aysén, referido a la entrega información sobre las cosechas o producciones obtenidas y declaradas en el periodo que señala, por los centros de engorda de salmónidos que indica. Lo anterior, toda vez que se desestimó la afectación a los derechos comerciales y económicos de las empresas que se opusieron a la entrega, al secreto industrial, al secreto estadístico, y a la imagen de dichas compañías, teniéndose en consideración, además, que existe un evidente interés público asociado al conocimiento de tales antecedentes al encontrarse vinculada con una materia que puede comprometer la salud pública. Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos rol C6219-19, C8112-19, C3651-20, C4848-20, C8033-20, C8037-20, C8404-20, C8405-20 y C8406-20, entre otras. En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C194-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de diciembre de 2020, don Fabián Teca Fuentealba requirió al Servicio Nacional de Pesca de la Región de Aysén, lo siguiente: "copias de las cosechas o producciones obtenidas y declaradas ante vuestro Servicio, en el periodo que se indica, en los centros de engorda de salmónidos que se indican en el Cuadro siguiente, identificados por su Registro Nacional de Acuicultura y todos ellos ubicados en la Región de Aysén: Titular RNA Período - Los Fiordos 110883 2010 a 2020 - Los Fiordos 110549 2010 a 2020 - Australis Mar 110784 2010 a 2020 - Australis Mar 110764 2010 a 2020 - MULTIEXPORT 110354 2010 a 2020 - CAMANCHACA 110598 2010 a 2020 - CAMANCHACA 110759 2010 a 2020 - CAMANCHACA 110599 2010 a 2020 - Cultivos Yadrán 110738 2010 a 2020 - Cultivos Yadrán 110696 2010 a 2020 - MULTIEXPORT 110550 2010 a 2020 - AQUACHILE 110467 2010 a 2020 - Marine Harvest (MOWI) 110144 2010 a 2020 - Marine Harvest (MOWI) 110108 2010 a 2020 - Marine Harvest (MOWI) 110141 2010 a 2020 - Marine Harvest (MOWI) 110142 2010 a 2020 - Marine Harvest (MOWI) 110143 2010 a 2020 - Marine Harvest (MOWI) 110129 2010 a 2020 - Marine Harvest (MOWI) 110145 2010 a 2020 - Marine Harvest (MOWI) 110147 2010 a 2020 - Salmones de Chile 110301 2010 a 2020 - Cultivos Yadrán 110741 2010 a 2020". 2) RESPUESTA: El 29 de diciembre de 2020, el Servicio Nacional de Pesca de la Región de Aysén respondió a dicho requerimiento, denegando la entrega de la información solicitada, en virtud de la oposición formulada por las empresas consultadas, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley de Transparencia, por cuanto su entrega podría afectar los derechos económicos y comerciales de dichos terceros. 3) AMPARO: El 10 de enero de 2021, don Fabián Teca Fuentealba dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud por la oposición de los terceros. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E2222, de fecha 26 de enero de 2021, confirió traslado al Sr. Director Regional del Servicio Nacional de Pesca de la Región de Aysén, notificando el reclamo y solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, y, principalmente, correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante Ord. N° 39/2021, de fecha 27 de enero de 2021, el órgano evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, detalló el procedimiento de notificación de los terceros, esto es, a las empresas Australis Mar, Cultivos Yadrán, Salmones Camanchaca, Salmones Multiexport, y AquaChile S.A., señaló que la causal de reserva corresponde a aquella regulada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 20 de la misma ley, haciendo mención a lo dispuesto en el Decreto N° 129 de 2013, del Ministerio de Economía. Conforma a lo expuesto por el Servicio, dichas empresas señalaron, en síntesis, lo siguiente: La empresa AQUACHILE S.A. señaló que la información requerida podría ser utilizada en campañas que tengan por propósito dañar la imagen de la empresa. Además, indicó que la información solicitada es estratégica y confidencial, y de ser entregada a empresas competidoras, permitiría a éstas obtener una posición relevante en el mercado, develando parte importante de su funcionamiento y estrategia comercial. Acto seguido, la empresa CAMANCHACA manifestó que se opone a la entrega de la información conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 y 4 de la Ley de Transparencia. Luego, la empresa CULTIVOS YADRAN S.A, refiere su oposición, argumentando que la entrega de información puede afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, es decir, lo que queda amparado por el "secreto empresarial", definido en el artículo 86 de la Ley de Propiedad Industrial, y oponiéndose conforme al artículo 21 N° 2 de la ley 20.285, por cuanto la entrega de la información afectaría gravemente sus derechos comerciales. Por su parte, SALMONES MULTIEXPORT S.A., fundó su oposición en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, argumentando que la información requerida constituye secreto empresarial, puede afectar sus intereses económicos y comerciales ya que tienen directa relación con las condiciones de mercado, lo cual se encuentra amparado por las garantías constitucionales del artículo 19 N° 21, 24 y 25 de la Carta Fundamental. Por su lado, la empresa AUSTRALIS MAR manifestó su oposición por la misma causal de reserva, por cuanto se atentaría contra la libre competencia, Decreto Ley N° 211, por cuanto se refiere a antecedentes relativos al rendimiento productivo y estrategia comercial de la empresa, lo que constituye información no divulgada y propia del giro acuícola. Finalmente, la institución acompaña los documentos relativos al proceso de notificación a los terceros, sus oposiciones y los datos de contacto de dichos terceros. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los terceros interesados, esto es, a las empresas AquaChile S.A., MultiExport S.A., Salmones Camanchaca S.A., Cultivos Yadrán S.A., Australis Mar S.A., y MOWI Chile S.A., mediante oficios N° E2978, E2979, E2980, E2981, E2982 y E2983, respectivamente, todos de fecha 3 de febrero de 2021. Mediante presentación, de fecha 16 de febrero de 2021, la empresa SALMONES MULTIEXPORT S.A. presentó sus observaciones, refiriéndose sólo a uno de los registros aludidos por el solicitante, indicando que la concesión de acuicultura RNA N° 110354 no tiene relación alguna con dicha empresa, sino con la empresa MOWI Chile S.A., y que dicha falta de legitimidad pasiva o de titularidad no fue verificada por SERNAPESCA, agregando que, en consecuencia, no tienen la calidad de tercero afectado. Por su parte, con igual fecha, la empresa AUSTRALIS MAR S.A., evacuó sus descargos, manifestando su oposición a la entrega de la información solicitada conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y en el Decreto Ley N° 211, D.S. N° 129 de 2013, ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, por cuanto dicha información constituye secreto empresarial, información comercialmente sensible, e implica obtener antecedentes que sólo se entregan a SERNAPESCA para permitir el ejercicio de las potestades de fiscalización de este servicio, mas no para ser publicada, y que no forman parte de ninguna decisión de la autoridad ni procedimiento administrativo, y su entrega excedería lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, pudiendo afectar la Libre Competencia, citando jurisprudencia judicial, del Tribunal Constitucional y de este Consejo, refiriéndose a los criterios establecidos para verificar la afectación a los derechos económicos y comerciales, y señalando que no existe un interés determinado que justifique dicha afectación. Luego, el 17 de febrero de 2021, las empresas AQUACHILE S.A. y EXPORTADORA LOS FIORDOS LTDA., manifestaron igualmente su oposición, señalando que gran parte de la información relativa a la actividad acuícola se publica en las páginas web de los organismos sectoriales, y que lo requerido en la especie, se refiere a información particular sobre los centros indicados cuya divulgación puede afectar derechos de carácter económico y comercial, configurándose la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, dado que no toda la información que obra en poder de los órganos del Estado es pública, sino que tiene carácter privado, valor comercial, es sensible y estratégica para las compañías, no es conocida ni fácilmente accesible para terceros, y es objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto, haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 19 N° 21 y 24 de la Carta Fundamental. La información ha sido recabada y procesada por la empresa mediante procesos internos en los que debió incurrir en altos costos, fundamentalmente en capital humano calificado, tecnología de punta y en un despliegue logístico relevante, por lo que dicha información forma parte del activo y conocimiento específico de la compañía y del negocio en lo que se refiere al manejo productivo de las empresas. Asimismo, indicó que existe una potencialidad cierta de daño o afectación negativa de los bienes jurídicos protegidos y de los derechos invocados, puesto que es dable pensar que podría ser utilizada para campañas que tengan por propósito dañar la imagen de las compañías o de la industria en general. Finalmente, mediante comunicaciones de 18 y 23 de febrero de 2021, la empresa MOWI CHILE S.A evacuó sus observaciones, reiterando su oposición a la entrega de los antecedentes consultados. En primer lugar, manifiesta que la información requerida no se referiría a dicha empresa, sino que a otras. Luego, y sin perjuicio de lo anterior, argumentó que la publicidad de la información solicitada afecta a los derechos de la sociedad, particularmente aquellos de carácter comercial o económico, circunstancia que está establecida como causal de reserva por el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, debido a que lo solicitado da cuenta de información sobre la planificación estratégica de la empresa especialmente en referencia a su capacidad de producción salmónida, que constituye un bien económico estratégico cuya divulgación pondría en riesgo a la empresa desde un punto de vista competitivo y comercial, citando jurisprudencia emanada de esta Corporación al efecto. Además, indicó que se trata de información protegida por el secreto estadístico por parte de SERNAPESCA, en conformidad a lo dispuesto en los artículos 29° y 30° de la Ley N° 17.374, y en adecuación de lo prescrito en el artículo 21° N° 5 de la Ley de Transparencia. Asimismo, puntualizó que la información perteneciente a las empresas salmoneras y que es entregada por estas a la autoridad encargada de su fiscalización en cumplimiento de una obligación legal, no es pública para otros particulares. A fin de refrendar lo anterior, cito jurisprudencia emanada de este Consejo y del Tribunal Constitucional. En tal sentido, adicionó que la empresa ha entregado los antecedentes de sus centros de engorda con la exclusiva finalidad de SERNAPESCA cumpla con sus funciones de vigilancia y fiscalización, y que corresponden al concepto de secreto empresarial que recoge la legislación nacional. Finalmente, puntualizó que el reclamante no explicó el interés público que justifique la develación de los antecedentes consultados. Por último, se hace presente que, a la fecha de la presente decisión, este Consejo no recibió presentación alguna de las empresas SALMONES CAMANCHACA S.A., y CULTIVOS YADRÁN S.A., destinada a formular sus descargos. Y CONSIDERANDO: 1) Que, previo a resolver el fondo, respecto de la alegación de la empresa MOWI Chile S.A., en el sentido de que la solicitud de información que dio origen al presente amparo no incluiría ninguna de las concesiones acuícolas o centros de engorda de salmónidos correspondientes a dicha compañía, cabe tener presente que, en la copia de solicitud enviada al tercero de manera adjunta con el oficio N° E2983, de 3 de febrero de 2021, cuyo código de ingreso es AH010T0001137, se incluye una serie de concesiones a nombre de la citada empresa, entre las cuales se incluyen las RNA N° 110144, 110108, 110141, entre otras. Asimismo, vale tener en consideración lo expuesto por la empresa Salmones MultiExport S.A., en el sentido de que la concesión del centro N° 110354 no correspondería a esa sociedad, sino que, precisamente, se encuentra registrada bajo la titularidad de MOWI Chile S.A. En consecuencia, se desestimará dicha alegación. 2) Que, en el mismo sentido, con relación a la empresa Salmones MultiExport S.A., quien manifestó que el registro signado con el N° 110354 no correspondía a dicha institución, por lo que no tendría la calidad de tercero y que, por ello, carecería de legitimidad pasiva, vale tener presente que la solicitud de información remitida a dicha empresa conjuntamente con el oficio N° E2979, contiene también el requerimiento sobre la concesión N° 110550, que sí corresponde a dicha empresa, y respecto de la cual no se manifestó. En consecuencia, igualmente se desestimará su alegación. 3) Que, en cuanto al fondo, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Servicio Nacional de Pesca de la Región de Aysén, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a las cosechas o producciones obtenidas y declaradas en el periodo comprendido entre los años que se consignan, por los centros de engorda de salmónidos que se indican. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información, en virtud de la oposición de los terceros, conforme lo dispuesto en el artículo 20 y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 4) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 5) Que, en segundo lugar, a modo de contexto, resulta atingente señalar que el Decreto Supremo N° 129, año 2013, del Ministerio de Economía, que fijó el Reglamento para la entrega de información de pesca y acuicultura y la acreditación de origen - en adelante D.S. N° 129/2013- en su artículo 6, señala que "los titulares de inscripciones, autorizaciones y concesiones de acuicultura o quienes éstos designen, deberán entregar la información a que se refiere el presente reglamento". Agrega su artículo 7 que "la información específica por cada centro de cultivo, que deben entregar las personas naturales o jurídicas a que se refiere el artículo anterior, será la siguiente: a) En el caso de centros de cultivo cuyo proyecto técnico comprenda especies de peces, deberá especificarse, según corresponda: 1.- Abastecimiento: unidad de cultivo o lote de unidades de cultivo (estructuras de cultivo), según corresponda, recurso ingresado, identificación del centro de origen de los ejemplares, especificando el número de ejemplares y su peso, así como la etapa de desarrollo y/o actividad productiva en que se encuentran y el medio de transporte utilizado. Igualmente deberá declarar el ingreso de redes al centro de cultivo. 2.- Existencia: por unidad de cultivo, especie, número y peso de los ejemplares, especificando la etapa de desarrollo y/o actividad productiva en que se encuentran. 3.- Cosecha: tipo y fecha del evento, especie, número y peso de los ejemplares, así como la identificación del trasporte utilizado y del documento tributario que respalda el movimiento. Respecto del destino del movimiento, se deberá identificar, según corresponda, la planta de proceso, centro de acopio o planta de faenamiento, o bien cualquier otro establecimiento al que se destinen los peces". En cuanto a la oportunidad, condiciones y periodicidad de las declaraciones deben regirse por lo que a continuación se señala (artículo 8): "e) Cualquier otra información, de las enumeradas en el artículo anterior, deberá ser entregada mensualmente (...) La información deberá ser entregada al Servicio mediante el "Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura (...)". 6) Que, en línea con lo anterior, la información requerida fue entregada a SERNAPESCA, en cumplimiento de una obligación establecida en la Ley General de Pesca y en el D.S. N° 129/2013. De este modo, por aplicación de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República, así como en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia, dicha información es de carácter pública, salvo la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva. 7) Que, sobre la materia, cabe hacer presente que la extracción o producción acuícola no sólo es una actividad económica que está regulada pormenorizadamente, prescribiendo el decreto N° 430, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, (en adelante, -Ley de Pesca y Acuicultura o -Ley de Pesca) en sus artículos 67 y siguientes que se requiere una concesión o autorización de acuicultura para ello, sino que además se trata de una actividad cuyo proyecto requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, establecido en la ley N° 20.417, que reformó la ley N° 19.300, de Bases del Medio Ambiente, creando el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, a fin de obtener la respectiva resolución de calificación ambiental, que permita su materialización, y donde la capacidad de producción, sin duda es uno de los elementos a considerar para obtener favorablemente dicha resolución de calificación ambiental (énfasis agregado). 8) Que, en dicho contexto, la ley N° 19.300 establece en su artículo 31 bis el acceso a la información ambiental, estableciendo que "toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública", estableciéndose en el inciso siguiente que es "información ambiental": "toda aquella de carácter escrita, visual, sonora, electrónica o registrada de cualquier otra forma que se encuentre en poder de la Administración", como es el caso de la información reclamada en el presente amparo. 9) Que, en tercer lugar, respecto del "secreto industrial", debe considerarse que el mismo no es absoluto de ninguna manera, toda vez que el ordenamiento jurídico establece claras causales de excepción en este sentido, como aquél del artículo 91, letra b) del decreto con fuerza de ley N° 3, de 2006, de Economía, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial, que no aplica esta protección legal cuando concurran razones "de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la autoridad competente" (énfasis agregado). Así las cosas, a juicio de este Consejo, existe un evidente interés público en la información reclamada, por cuanto conocer la cosecha o producción que informa al órgano público requerido una determinada empresa, permite examinar si dicha actividad se está realizando conforme a las autorizaciones y limitaciones específicas otorgadas para ello por la autoridad ambiental competente. En este orden de ideas, a efectos de evidenciar el interés público que reviste la materia, y el control social que se debe ejercer en relación con dicha actividad económica, en diversos portales de noticias como https://www.telesurtv.net/news/reportan-chile-millones-salmones-muertos-20210413-0019.html, en https://www.elcomercio.com/tendencias/catastrofe-ambiental-chile-muerte-salmones.html, y en https://www.elcomercio.com/tendencias/catastrofe-ambiental-chile-muerte-salmones.html, entre otros, en los cuales se hace referencia a la catástrofe ambiental provocada en las regiones de Los Lagos y Aysén por la mortalidad masiva de salmones (información verificada el 15 de abril de 2021). 10) Que, en esta línea, resulta plenamente aplicable y pertinente lo señalado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 31 de mayo de 2016 en causa Rol N° 11.771-2015 referida a la materia en comento, razonó en su considerando trigésimo segundo que "(...) Desde luego, en el contexto de un Estado Democrático de Derecho, es necesaria la existencia de una fiscalización o control social, que debe ejercerse por los ciudadanos, sin perjuicio del control que le cabe al propio Sernapesca, respecto de las empresas del rubro del cultivo de la especie salmón, para así por un lado, poder fiscalizar el debido cumplimiento de las funciones públicas por parte de los Órganos del Estado, que como precisa la Constitución Política, se deben al principio servicial sobre la persona humana y cuya finalidad esencial es promover el bien común. Asimismo, permite el escrutinio público sobre las propias empresas o entidades fiscalizadas por el respectivo órgano de la Administración, que permita entonces apreciar el modo como se respeta la legislación que enmarca su actuación económica, en el terreno del ejercicio de la libertad de ejercer una actividad económica lícita, pero por cierto apegada a la Constitución y a las leyes." En el considerando trigésimo séptimo del referido pronunciamiento, el mencionado tribunal manifestó que "la referida información debe ser conocida por la solicitante y, en definitiva, hacerse pública, pues se trata de una materia en extremo sensible a toda la opinión pública, por cuanto, como ha quedado expuesto, se encuentra en el tapete de la discusión incluso un problema de salud pública. Frente a la colisión de derechos que podría producirse y tal como lo ha hecho presente el recurrente, habría que aplicar el test de daño, herramienta que permitiría sin duda inclinar el asunto en el sentido de hacer lugar a la publicidad, por las mismas razones que se invocan". 11) Que, a mayor abundamiento, resulta pertinente tener presente lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de fecha 19 de septiembre de 2006, en el caso Claude Reyes y otros versus Chile, en orden a que "En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. (Considerando 86). Asimismo, es aplicable lo señalado por la referida Corte Interamericana, en cuanto que "El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad." (Considerando 87). En consecuencia, se desestimará dicha alegación. 12) Que, en cuarto lugar, respecto a las alegaciones de los terceros conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 19 N° 21 y 24 de la Carta Fundamental, y el Decreto Ley N° 211, y lo señalado en el artículo 21 N° 2 de la citada ley N° 20.285, con relación a una posible afectación de los derechos económicos y comerciales de los terceros interesados, este Consejo ha establecido los siguientes criterios copulativos para determinar la eventual afectación, esto es; a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo), en la especie, a juicio de esta Corporación, los terceros interesados no han acompañado antecedentes suficientes que acrediten una afectación presente y/o probable, y con suficiente especificidad a sus derechos comerciales y económicos, particularmente respecto a la afectación concreta a su desenvolvimiento competitivo o detrimento en su posición en el mercado, -proporcionándole, en contrapartida, con la divulgación de lo solicitado, una ventaja competitiva a sus competidores-, sin indicar específicamente cuál es la planificación estratégica de cada unidad empresarial, o qué decisiones productivas y de financiamiento se verían afectadas, omisiones que impiden tener por configurada la causal de secreto o reserva que fuere esgrimida. 13) Que, adicionalmente, conforme a lo consignado en la decisión del amparo rol C4848-20, es menester tener presente que frente a otros requerimientos de carácter similar, diversas empresas han autorizado la entrega de la misma información, o en otros casos, frente a su silencio, en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 20 de la Ley de Transparencia, el Servicio ha remitido dichos datos, lo que constituye un elemento de ponderación que refuerza el hecho de que los datos que se solicitan no son antecedentes sensibles de la actividad productiva en análisis, y, por tanto, su divulgación no tiene el mérito de afectar los derechos comerciales o económicos de las empresas que han denegado su entrega. 14) Que, asimismo, conforme a lo razonado por esta Corporación a partir de la decisión -por mayoría- del amparo rol C3651-20, sobre una solicitud de similar naturaleza, "19)(...) incluso para el caso que pudiera estimarse que concurren algunos antecedentes para ello, realizando un balance entre el interés de retener la información y el de divulgarla, para determinar si el beneficio público resultante de conocerla es mayor que el daño que podría causar su revelación, este Consejo estima que su divulgación posibilita a la ciudadanía tomar noticia y ejercer un adecuado control social, respecto de una materia particularmente relevante como lo es la explotación concreta que se le da a una determinada concesión piscícola o acuícola, y si ello se ajusta o no a lo autorizado por la autoridad competente(...)". 15) Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente lo resuelto recientemente por la Excma. Corte Suprema, en sentencia de Recurso de Queja rol N° 31.927-2019, de fecha 25 de agosto de 2020, el cual dejó sin efecto lo resuelto por la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, señalando en síntesis, que "NOVENO: Que, sin embargo, los esfuerzos para mantener el secreto de la información desagregada y el valor comercial aparejado al secreto, no han sido suficientemente acreditados en estrados (...) DÉCIMO: Que, como se puede apreciar, las alegaciones de la reclamante no guardan congruencia con la información cuya publicidad reniega, pues intenta proteger la reserva de los datos sobre el "manejo en el uso de antibióticos en la producción", en tanto que la decisión de amparo que cuestiona ordena la entrega desagregada de "la información sobre los centros de producción (con indicación de titular y RNA -Número de Registro Nacional de Acuicultura-) que hubieran declarado las enfermedades señaladas en la solicitud durante el período 2010 a 2017", yerro que obsta, de por sí, al éxito de la pretensión de Invermar. UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, el reclamante no da luces sobre en qué consiste la ventaja competitiva que dice poseer, cuál es la planificación estratégica de cada unidad empresarial, ni qué decisiones productivas y de financiamiento se verían afectadas, omisiones que impiden tener por configurada la causal de secreto o reserva alegada". 16) Que, en la misma línea, la Excma. Corte Suprema, en Queja rol N° 17310-2019, en la cual igualmente se dejó sin efecto lo razonado por la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, y no obstante lo resuelto por el Tribunal Constitucional sobre la inaplicabilidad de las normas que indica en causa rol N° 3974-17-INA, razonó que "es importante destacar que las reclamantes no rindieron prueba que permita establecer la afectación de sus derechos económicos o comerciales, sin que pueda atenderse a sus solas declaraciones respecto que afectara su competitividad (...). Es decir, si bien se obtiene la información por centro, lo cierto es que su entrega sigue siendo genérica, razón por la que no se vislumbra cómo es que puede afectar sus derechos económicos y comerciales, puesto que no se trata de información que pueda ser catalogada de estratégica y que forme parte del know how de las empresas, menos aún que su divulgación pueda causar detrimento de su posición en el mercado. Décimo tercero: Que, en consecuencia, los sentenciadores al emitir su decisión infringen gravemente el artículo 8° de la Constitución Política de la República, toda vez que han soslayado que en la especie no se configura la causal prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, incurriendo en los razonamientos para configurarlo en una serie de contradicciones, que determinan que el presente arbitrio deba ser acogido, toda vez que aquellos han actuado con grave falta en el examen realizado, cuestión que fue acusada en el segundo acápite del recurso de queja". 17) Que, en consecuencia, de conformidad a lo razonado precedentemente, y lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 19 N° 21 y 24 de la Carta Fundamental, y el Decreto Ley N° 211, este Consejo procederá a desestimar dichas alegaciones. 18) Que, en quinto lugar, respecto a la alegación de afectación a la imagen de las empresas que fuere alegada por uno de los terceros, cabe hacer presente que ello constituye un riesgo remoto, que no constituye una afectación presente o probable y con suficiente especificidad a los bienes jurídicos cautelados en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. Así, en el evento de que las empresas hayan ajustado su proceder a los estándares normativos a que se encuentran afectas, no se vislumbra de qué modo el conocimiento de la información pedida podría producir los efectos esgrimidos. Asimismo, el eventual motivo y/o utilización de la información pedida, no constituye una justificación suficiente para efectos de denegar lo solicitado, teniendo en consideración, además, que conforme al principio de no discriminación establecido en el artículo 11 letra g) de la Ley de Transparencia, la entrega de la información solicitada debe ser en "igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud". 19) Que, en sexto lugar, en relación a la alegación de los terceros referida a la configuración del denominado "secreto estadístico" sobre la información requerida, cabe señalar que, de acuerdo a lo referido en los considerandos 2° y 3°, el carácter público de lo pedido estriba en el ejercicio de la función fiscalizadora que le corresponde al órgano reclamado, y no en una función estadística que se pudiera enmarcar dentro de lo establecido en los artículos 29° y 30° de la ley N° 17.374, toda vez que en el requerimiento no se solicita la individualización de los informantes, en circunstancias, además, que las empresas que ejercen el rubro de la acuicultura y el cultivo de salmónidos y que aportan los datos requeridos en cumplimiento de una obligación legal, constituye información conocida, o hechos públicos y notorios, conocidos por el requirente -tal como se devela de los términos en que fuere planteada la solicitud-. Por consiguiente, se desestimará lo alegado en este punto. 20) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, tratándose de información que obra en poder del Servicio, de naturaleza pública al alero de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República, respecto de la cual se desestimó la concurrencia de la causal de reserva de afectación a los derechos comerciales y económicos de los terceros interesados, y demás alegaciones, y conforme a lo razonado por esta Corporación sobre la materia, se procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de la información sobre cosechas o producciones obtenidas y declaradas en el periodo comprendido entre los años que se consignan, por los centros de engorda de salmónidos que se indican. No obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Fabián Teca Fuentealba, en contra del Servicio Nacional de Pesca de la Región de Aysén, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Regional del Servicio Nacional de Pesca de la Región de Aysén, lo siguiente: a) Entregar al reclamante información sobre las cosechas o producciones obtenidas y declaradas en el periodo comprendido entre los años que se consignan, por los centros de engorda de salmónidos que indica. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Fabián Teca Fuentealba, al Sr. Director Regional del Servicio Nacional de Pesca de la Región de Aysén, y a los terceros involucrados en el presente amparo, a las casillas indicadas en sus descargos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.