Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C196-21

Reclamante:	CATALINA GAETE
Reclamado:	DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Intendencia Región Metropolitana de Santiago, referido a información sobre registros audiovisuales obtenidos por los drones que sobrevolaron la comuna de Santiago, en el horario y fecha que se indica, así como el nombre de la persona que operó el dron. En lo relativo al material audiovisual pedido, toda vez que la reclamada ha explicado fundadamente que la información solicitada no existe, no disponiendo esta Corporación de antecedentes que permitan desvirtuar lo señalado por el órgano, en cuanto a la inexistencia de la información requerida. En cuanto a la identidad de la persona que operó el dron, por configurarse las causales de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, al tratarse de información cuya publicidad afecta los derechos de las personas, particularmente tratándose de la esfera de su vida privada; así como la del artículo 21 N° 5 del mismo cuerpo normativo, en relación con las disposiciones de la ley N° 19.628 y 154 bis del Código del Trabajo. En efecto, en los hechos, respecto de la persona consultada, la actividad de pilotaje del dron arrendado por la Administración del Estado no constituye el ejercicio de funciones públicas, al no tener el carácter de funcionario público, sino lisa y llanamente el cumplimiento de obligaciones laborales para con su empleador (empresa adjudicataria del servicio), quien no está facultado para divulgar los datos de sus trabajadores, sin su consentimiento expreso, pues ello significaría desatender lo establecido en el artículo 154 bis, del Código del Trabajo, así como las disposiciones pertinentes de la ley N° 19.628. Respecto de la alegación de la reclamante referida a "saber cuáles son los procedimientos por los cuales se comprueba que se hayan eliminado solo las imágenes que no hayan causado un ilícito penal u otra falta, ya que durante las fechas y las horas indicadas ocurrieron protestas y casos de represión policial que podrían haber sido constitutivos de delitos", por tratarse de peticiones que exceden el contenido original de la solicitud de acceso que dio origen al amparo.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/29/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C533-09
Jurisprudencia a:	C4221-21
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DECISIÓN AMPARO ROL C196-21   Entidad pública: Intendencia Región Metropolitana de Santiago Requirente: Catalina Gaete Ingreso Consejo: 11.01.2021 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Intendencia Región Metropolitana de Santiago, referido a información sobre registros audiovisuales obtenidos por los drones que sobrevolaron la comuna de Santiago, en el horario y fecha que se indica, así como el nombre de la persona que operó el dron. En lo relativo al material audiovisual pedido, toda vez que la reclamada ha explicado fundadamente que la información solicitada no existe, no disponiendo esta Corporación de antecedentes que permitan desvirtuar lo señalado por el órgano, en cuanto a la inexistencia de la información requerida. En cuanto a la identidad de la persona que operó el dron, por configurarse las causales de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, al tratarse de información cuya publicidad afecta los derechos de las personas, particularmente tratándose de la esfera de su vida privada; así como la del artículo 21 N° 5 del mismo cuerpo normativo, en relación con las disposiciones de la ley N° 19.628 y 154 bis del Código del Trabajo. En efecto, en los hechos, respecto de la persona consultada, la actividad de pilotaje del dron arrendado por la Administración del Estado no constituye el ejercicio de funciones públicas, al no tener el carácter de funcionario público, sino lisa y llanamente el cumplimiento de obligaciones laborales para con su empleador (empresa adjudicataria del servicio), quien no está facultado para divulgar los datos de sus trabajadores, sin su consentimiento expreso, pues ello significaría desatender lo establecido en el artículo 154 bis, del Código del Trabajo, así como las disposiciones pertinentes de la ley N° 19.628. Respecto de la alegación de la reclamante referida a "saber cuáles son los procedimientos por los cuales se comprueba que se hayan eliminado solo las imágenes que no hayan causado un ilícito penal u otra falta, ya que durante las fechas y las horas indicadas ocurrieron protestas y casos de represión policial que podrían haber sido constitutivos de delitos", por tratarse de peticiones que exceden el contenido original de la solicitud de acceso que dio origen al amparo. En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C196-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de diciembre de 2020, doña Catalina Gaete solicitó a la Intendencia de la Región Metropolitana de Santiago la siguiente información: "acceso y copia a los registros audiovisuales obtenidos por los drones de la Intendencia Metropolitana, que sobrevolaron la comuna de Santiago entre las 00:00 del 11 de noviembre de 2019 y las 23:59 del 12 de noviembre de 2019. Se requiere adjuntar a esta solicitud un documento con información básica del registro audiovisual, incluyendo fecha, horas aproximadas, nombre y cargo del funcionario que operó el dron". 2) RESPUESTA: El 8 de enero de 2021, la Intendencia de la Región Metropolitana de Santiago respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que los drones utilizados por el servicio en el periodo consultado registraron imágenes en la comuna de Santiago, según documento que se adjunta en formato Excel, el que detalla fechas y horas aproximadas en las que operaron los drones. No obstante, indica que no es posible acceder a sus registros audiovisuales, toda vez que no se mantienen imágenes de las fechas consultadas, puesto que fueron eliminadas automáticamente por el sistema de almacenamiento. Respecto, al nombre y cargo del funcionario que operó el dron, señala que se trata de una petición que no corresponde a un requerimiento amparado por la Ley de Transparencia, toda vez que los pilotos no tienen la calidad de funcionarios de este servicio, razón por la cual no es factible acceder a lo solicitado. 3) AMPARO: El 11 de enero de 2021, doña Catalina Gaete dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta incompleta a su solicitud. Argumenta, en resumen, que el organismo no hizo entrega de los videos pedidos, sin explicar suficientemente por qué dicha información ya no existe. Adicionalmente, no hizo entrega del nombre y cargo del funcionario que operó el dron, ya que no serían funcionarios del servicio. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Intendente de la Región Metropolitana de Santiago, mediante Oficio E2829, de 2 de febrero de 2021 solicitando que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, precise si obra en su poder la grabación solicitada; (2°) en caso de obrar en su poder: a) proceda a la conservación de la grabación hasta que la decisión de este Consejo se encuentre firme y ejecutoriada; b) detalle si el segmento de grabación consultado, contiene imágenes de personas naturales identificables; c) en el evento de existir personas naturales identificables, indique si el órgano que representa está en posición de tarjar o anonimizar sus rostros de modo de impedir su identificación; y, d) señale si la grabación objeto del amparo fue remitida a un órgano diverso del que representa, por ejemplo, Juzgado de Policía Local, Juzgado de Garantía o el Ministerio Público; (3°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida; (5°) indique, si respecto de la información solicitada, relativa al nombre y cargo del funcionario que operó el dron, era pertinente proceder en conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; y, (6°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Por medio de oficio N° 1683, de 16 de febrero de 2021, el organismo presentó sus descargos en esta sede reiterando, en síntesis, que las grabaciones solicitadas no obran en ese órgano del Estado, por haber sido destruidas al cabo de 30 días siguientes a la fecha en que fueron captadas. Lo anterior, en virtud de sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 18.458-2016, de fecha 01 de junio de 2016, y en concordancia con lo señalado mediante Oficio N° 2309 del 06 de marzo del 2017, del Consejo para la Transparencia. Por su parte, respecto al nombre y cargo del funcionario que operó el dron reitera que es una petición no amparada por la Ley de Transparencia, toda vez que los pilotos no tienen la calidad de funcionarios del servicio. Con todo, hace presente que dicho organismo no posee en sus registros los datos de contacto de las personas que operan los drones (pilotos), motivo por el que se solicitó a la empresa Videocorp Ingeniería y Telecomunicaciones S.A., la información aludida en el numeral 6, de su Oficio N° E2829, quienes señalaron en lo pertinente, "entendemos que no hay disposición alguna que obligue a nuestra empresa a entregar la información que se está solicitando, ni en la forma pedida ni respecto de los datos requeridos." Según lo anterior, no es posible entregar lo requerido referente a datos de contacto, toda vez que este servicio, no cuenta con la información y, por otra parte, la empresa no accedió a lo requerido. 5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio E5219, de 3 de marzo de 2021, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información entregada en los descargos, y en caso de disconformidad, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada. Mediante email de fecha 5 de marzo del presente año, en lo relativo a su primera consulta, señaló "Al respecto quisiera saber cuáles son los procedimientos por los cuales se comprueba que se hayan eliminado solo las imágenes que no hayan causado un ilícito penal u otra falta, ya que durante las fechas y las horas indicadas ocurrieron protestas y casos de represión policial que podrían haber sido constitutivos de delitos". En lo relativo al segundo requerimiento, argumentó que "no existen motivos para que el nombre y las calificaciones del funcionario que opera el dispositivo dron de grabación sea reservado, ya que sus funciones son financiadas con presupuesto público". 6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Para una mejor resolución del presente caso, por medio de Oficio N° E6838, de 22 de marzo de 2021, este Consejo solicitó a la Intendencia de la Región Metropolitana remitir copia del contrato suscrito con la empresa externa que ejecutó el servicio consultado. El organismo dio cumplimiento a dicha petición, mediante Oficio N° 2430, de 25 de marzo y correo electrónico de fecha 12 de abril de 2021, haciendo presente que el contrato pedido se encuentra disponible en la plataforma de Mercado Público bajo el ID N° 654478-4-LR19. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa del órgano a proporcionar copia de los registros audiovisuales obtenidos por los drones que sobrevolaron la comuna de Santiago, en el horario y fecha que se indica, así como el nombre del funcionario que operó el dron. 2) Que, respecto del material audiovisual pedido, el órgano reclamado, tanto en su respuesta como en los descargos evacuados ante esta sede señaló circunstanciadamente que dicho registro no obra en su poder, al haber sido eliminados automáticamente por el sistema de almacenamiento, transcurridos los 30 días desde la fecha en que fueron captadas. Lo anterior, en cumplimiento de sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 18.458-2016, de fecha 01 de junio de 2016, y en concordancia con lo señalado mediante Oficio N° 2309 del 06 de marzo del 2017, de este Consejo. 3) Que, el artículo 10° de la Ley de Transparencia dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado «cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga...». En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3° letra d) del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que «toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración...». 4) Que, teniendo presente lo señalado por la autoridad, se debe seguir lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en donde se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, y no existiendo antecedentes que permitan desvirtuar lo señalado por el órgano recurrido en esta sede -referido a la inexistencia material de la información consultada- no resulta procedente requerir al órgano que haga entrega de información que no obra en su poder. 5) Que, en consecuencia, tratándose de información que no obra en poder de la Intendencia de la Región Metropolitana, y no existiendo antecedentes que permitan desvirtuar lo señalado por el órgano, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo. 6) Que, por su parte, en relación a las alegaciones de la reclamante expuestas en el numeral 5) de lo expositivo, referidas a "saber cuáles son los procedimientos por los cuales se comprueba que se hayan eliminado solo las imágenes que no hayan causado un ilícito penal u otra falta, ya que durante las fechas y las horas indicadas ocurrieron protestas y casos de represión policial que podrían haber sido constitutivos de delitos", procede su rechazo en esta sede, al tratarse de peticiones que exceden el contenido original de la solicitud de acceso que dio origen al amparo. Lo anterior, es sin perjuicio de que dicha consulta puede ser objeto de un nuevo requerimiento de información. 7) Que, en cuanto al nombre o identidad del funcionario que operó el dron que captó las imágenes reclamadas, el órgano negó su entrega, en un primer momento, por estimar que no se trataba de una solicitud de información amparada en la Ley de Transparencia ya que el piloto consultado no tiene la calidad de funcionario público sino trabajador de la empresa externa que prestó el servicio a que se refiere el requerimiento; y además, constituye un antecedente que no obra en su poder y que consultada la empresa contratada ésta se negó a proporcionarlo. 8) Que, este Consejo tuvo a la vista la resolución exenta N° 1443, de 21 de agosto de 2019, que adjudicó la licitación pública que indica y autorizó a la Subsecretaría de Prevención del Delito para arrendar horas de vuelo de aeronaves remotamente pilotadas (RPAS o Drones) en el Región Metropolitana con el proveedor Videocorp Ingeniería y Telecomunicaciones S.A. En dicha resolución se establece que los productos y servicios requeridos implicaban el arriendo de hora de vuelo de RPA (drones) -cuyo objeto sería la obtención de información y transmisión a la central de monitoreo habilitada en la Intendencia de la aludida región-, un operador para cada aeronave (piloto) y un vehículo que permitiría el traslado tanto del equipamiento a utilizar, como al piloto RPA y demás personal que la contraparte técnica de la Subsecretaría, que acompañaría al piloto durante las horas de vuelo arrendadas. Por otra parte, según se da cuenta en la resolución exenta N° 2186, de 06 de noviembre del mismo año, el contrato de arriendo que fuese suscrito entre la Subsecretaría de prevención del Delito y la empresa adjudicataria, fue cedido a la Intendencia de la Región Metropolitana mediante el respectivo acto administrativo. 9) Que, en tal contexto, resulta efectivo que lo pedido dice relación con el acceso a la identidad de un tercero externo a la Administración del Estado, que no tiene la calidad de funcionario público. Luego, a juicio de este Consejo la revelación de la identidad de la persona consultada en la hipótesis que nos convoca, sin contar con su autorización o beneplácito explicito, no está permitido a la luz de los artículos 19 N° 4 de la Constitución Política de la República; 2°, 4° y demás pertinentes de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada y 154 bis del Código del Trabajo. 10) Que, en efecto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2, letras f) y g) de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-; son datos de carácter personal "los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables". Por su parte, el artículo 4 del mismo cuerpo legal señala "El tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello". Por su parte, mediante la ley N° 21.096 se consagró a nivel constitucional el derecho a la protección de datos personales, incorporándolo en el texto del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República; condición que debe ser considerada al ponderar aquel derecho con la aplicación del derecho de acceso a la información pública. Esto cobra especial relevancia a efectos de elevar el estándar exigido para limitar o restringir el ejercicio de un derecho fundamental. 11) Que, en los hechos, respecto de la persona consultada, la actividad de pilotaje del dron arrendado por la Administración del Estado no constituye el ejercicio de funciones públicas, al no tener el carácter de funcionario público, sino lisa y llanamente el cumplimiento de obligaciones laborales para con su empleador (empresa adjudicataria del servicio), quien no está facultado para divulgar los datos de sus trabajadores, sin su consentimiento expreso, pues ello significaría desatender lo establecido en el artículo 154 bis, del Código del Trabajo, que dispone: "El empleador deberá mantener reserva de toda la información y datos privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral". Sobe esta norma, por ejemplo, la Dirección del Trabajo, en su Ordinario N° 1061, de 22 de marzo de 2019, señaló que "mediante dictamen N° 2328/130, de 19.07.2002, se ha dispuesto que los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras tienen el carácter de límites infranqueables respecto de las potestades del empleador, en particular en cuanto al derecho a la dignidad del trabajador o trabajadora, a su honra, a su vida privada, a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada y al derecho a no ser discriminado(a) arbitrariamente". Acto seguido, el órgano fiscalizador indica que ello es consecuencia directa del mandato contenido en el inciso 1° del artículo 5 del Código del Trabajo, que establece: "El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos." De tal suerte se observa que la vida privada se erige como un derecho que ha sido motivo de especial protección por el legislador por medio de la ley N° 19.628 y, que "llevado al ámbito laboral, el legislador ampara este derecho, de modo expreso en el artículo 154 bis". 12) Que, en mérito de lo expuesto, en lo relativo al requerimiento en análisis, se rechazará el amparo por configurarse las causales de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, al tratarse de información cuya publicidad afecta los derechos de las personas, particularmente tratándose de la esfera de su vida privada; así como la del artículo 21 N° 5 del mismo cuerpo normativo, en relación con las disposiciones de la ley N° 19.628 y 154 bis del Código del Trabajo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Catalina Gaete en contra de la Intendencia Región Metropolitana de Santiago, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Catalina Gaete y al Sr. Intendente de la Región Metropolitana de Santiago. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.