Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C294-21

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Reclamante:	LEOPOLDO QUEZADA RUZ
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, relativo a la entrega de oficios, correos electrónicos o cualquier tipo de documentos mediante el cual se le haya requerido a la empresa Entel la entrega de los correos electrónicos según lo ordenado por los Tribunales. Lo anterior por cuanto lo solicitado forma parte de una investigación penal en curso; información que se encuentra amparada por la reserva legal establecida en el artículo 182 del Código Procesal Penal. Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos roles C5527-20 y C7116-20.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/29/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C659-15 C5527-20 C7116-20 C1304-16 C911-10
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DECISIÓN AMPARO ROL C294-21   Entidad pública: Subsecretaría de Salud Pública Requirente: Leopoldo Quezada Ruz Ingreso Consejo: 14.01.2021 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, relativo a la entrega de oficios, correos electrónicos o cualquier tipo de documentos mediante el cual se le haya requerido a la empresa Entel la entrega de los correos electrónicos según lo ordenado por los Tribunales. Lo anterior por cuanto lo solicitado forma parte de una investigación penal en curso; información que se encuentra amparada por la reserva legal establecida en el artículo 182 del Código Procesal Penal. Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos roles C5527-20 y C7116-20.  En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C294-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 24 de noviembre de 2020, don Leopoldo Quezada Ruz formuló ante la Subsecretaría de Salud Pública la siguiente solicitud de información: "Solicito copia de los oficios, correos electrónicos o cualquier tipo de documentos mediante el cual se le haya requerido a la empresa Entel la entrega de los correos electrónicos según lo ordenado por los Tribunales.". (sic) 2) PRÓRROGA DE PLAZO PARA RESPONDER: Con fecha 23 de diciembre de 2020 -mismo día de vencimiento del plazo para responder la solicitud de acceso a la información--, se notificó al requirente de la decisión de prorrogar el plazo para contestarla. 3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 14 de enero de 2020, don Leopoldo Quezada Ruz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría de Salud Pública fundado en que no recibió respuesta a su solicitud de información dentro del plazo legal, que venció el 8 de enero de 2021. Hace presente que con fecha 26 de enero de 2021 el órgano recurrido le notificó que había derivado su solicitud al Ministerio Público mediante Oficio Ord. A/102 N° 445, de fecha 22 de enero de 2021. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública mediante oficio N° E2225, de fecha 26 de enero de 2021. Se solicitó expresamente al órgano: 1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) se refiera a la existencia de los correos electrónicos requeridos en la solicitud de acceso, y de ser así, señale si procedió conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, en cuyo caso indique si los titulares de las casillas electrónicas presentaron su oposición a la solicitud que motiva el presente amparo; (4°) de haber informado de la solicitud a terceros, acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de las oposiciones deducidas y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en que éstas se presentaron ante el órgano que usted representa; (5°) proporcione los datos de contacto de los titulares de las casillas electrónicas respectivas -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; (6°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (7°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada. Mediante correo de fecha 1° de febrero de 2021, el recurrente señaló que rechazaba la etapa de SARC atendido que recibió fuera de plazo la respuesta del órgano recurrido comunicándole la derivación de la solicitud al Ministerio Público, agregando que se trata de una maniobra dilatoria que pretendería vulnerar el principio constitucional de acceso a la información pública impidiendo que acceda a los documentos solicitados. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de esta. No obstante lo anterior, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado. Por lo anterior, se requiere a la reclamada que adopte las medidas necesarias para que dicha infracción no vuelva a reiterarse. 2) Que, el presente amparo tiene por objeto obtener la entrega de copia de oficios, correos electrónicos o cualquier tipo de documentos mediante el cual se le haya requerido a la empresa ENTEL la entrega de los correos electrónicos según lo ordenado por los tribunales. No obstante cierta indeterminación en la formulación de la solicitud, de su contexto queda claro que se está refiriendo a los oficios, correos electrónicos o cualquier tipo de documentos en que se le haya solicitado a la empresa ENTEL la entrega de los correos electrónicos de un ex ministro de salud, su jefa de gabinete y de la actual Subsecretaría de Salud Pública referidos al manejo de la pandemia de COVID-19, según lo ordenado por la Corte Suprema en un requerimiento que ante este máximo tribunal presentó la Fiscalía Centro Norte, con motivo de la negativa del Ministerio de Salud a entregar esos correos electrónicos solicitados por el ente persecutor para investigar una serie de causas penales. Al efecto, el órgano reclamado derivó fuera de plazo la solicitud de acceso a la información al Ministerio Público. A la fecha de esta decisión, el órgano recurrido no presentó descargos en el contexto del presente amparo. 3) Que, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. 4) Que, de los antecedentes examinados, particularmente la información disponible en el sitio web del Poder Judicial como en diversos medios de comunicación, se constató que el Ministerio Público lleva adelante una investigación penal que comprende los correos electrónicos reclamados. Por ello, este Consejo procedió a conferir traslado al referido ente persecutor conforme consta en el numeral 5° de lo expositivo del presente acuerdo. 5) Que, precisado lo anterior, cabe tener presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo inciso 1° del artículo 83 de la Constitución Política de la República, el Ministerio Público es el organismo que dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten inocencia del imputado, y en su caso ejercerá la acción penal pública en la forma prevista en la ley. 6) Que, a su turno, el artículo 182, inciso 1°, del Código Procesal Penal, establece que la investigación penal, será secreta para los terceros ajenos al procedimiento. En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el aludido marco normativo, la determinación de la publicidad o reserva de la información solicitada corresponde al Ministerio Público. De lo anterior se sigue, que siendo el requirente un tercero en las investigaciones penales que son desarrolladas por el Ministerio Público, en cuyo contexto se enmarca su solicitud de acceso, dichas investigaciones y todos los antecedentes referidos a estas se encuentran cubiertas por una causal de secreto, razón por la que procede rechazar el presente amparo. 7) Que, en línea con lo anterior, en las decisiones de los amparos rol C911-10, C659-15 y C1304-16, entre otras, este Consejo ha razonado que "la precitada norma consagra el secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía para los terceros ajenos al procedimiento, disponiendo, por otra parte, que los intervinientes siempre tendrán acceso a las mismas, por lo que establece que éstos podrán examinar y obtener copias a su cargo, de los registros y los documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial". En la referida decisión, este Consejo concluyó que "la autoridad ante la cual debe hacerse esta petición es el Fiscal a cargo del caso, y la autoridad ante la cual puede reclamarse contra esa decisión es el juez de garantía respectivo. Por esto, se estima que la derivación de la solicitud realizada por la PDI al Ministerio Público, frente a la duda de permitir el acceso y hacer entrega o no de la información solicitada, se ajustó a la normativa que rige el procedimiento procesal penal y, especialmente, a lo dispuesto en el artículo 182 del CPP". 8) Que, a mayor abundamiento, cabe hacer presente que en el contexto de la tramitación del amparo ante este Consejo rol C7116-20, en que se solicitaba acceso a los mismos correos electrónicos que se vinculan con lo solicitado en este amparo, el Ministerio Público expresamente manifestó su oposición a la entrega de lo pedido, fundado en que dichos antecedentes forman parte de una investigación penal en curso, amparada por el secreto legal ya referido frente a terceros. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Leopoldo Quezada Ruz en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Leopoldo Quezada Ruz y a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.