Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C388-21

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Reclamante:	FERNANDO DÍAZ SALINAS
Reclamado:	POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, ordenando la entrega del número de apelaciones que en el contexto de procedimientos administrativos, ha tomado conocimiento el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, y tiempo estimado en la resolución de éstos; durante el periodo que comprende desde enero de 2019 a noviembre de 2020. Lo anterior, por tratarse de información pública, desestimándose la causal de distracción indebida alegada por el órgano reclamado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/15/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C388-21   Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile Requirente: Fernando Díaz Salinas Ingreso Consejo: 19.01.2021 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, ordenando la entrega del número de apelaciones que en el contexto de procedimientos administrativos, ha tomado conocimiento el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, y tiempo estimado en la resolución de éstos; durante el periodo que comprende desde enero de 2019 a noviembre de 2020. Lo anterior, por tratarse de información pública, desestimándose la causal de distracción indebida alegada por el órgano reclamado. En sesión ordinaria N° 1163 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de marzo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C388-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de diciembre de 2020, don Fernando Díaz Salinas presentó ante la Policía de Investigaciones Chile (PDI), el siguiente requerimiento: "Entre enero del año 2019 y noviembre del 2020, cuántos recursos administrativos en procedimientos disciplinarios ha conocido y resuelto el Director General y el tiempo que se ha demorado, desde que llega a su conocimiento y su resolución. Además, estos recursos llegan al conocimiento del Director mediante qué tipo de documento oficial". 2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: El 7 de enero de 2021, la Policía de Investigaciones Chile comunicó al solicitante la prórroga del plazo del artículo 14, inciso 2, de la Ley de Transparencia. Posteriormente, el 8 de enero de 2021 la Policía de Investigaciones Chile, informa: "consultada la Secretaría General, señalan lo siguiente: 1.- La forma de presentación de los recursos se establece en el artículo 50 del Reglamento de Sumarios Administrativos. 2.- Que, esa Secretaría General no efectúa un catastro del tiempo transcurrido en la resolución de un recurso por parte del Señor Director General, en los procesos disciplinarios, asimismo, el sistema computacional en el cual registra información, no tiene una opción de búsqueda en la materia consultada". 3) AMPARO: El 19 de enero de 2021, don Fernando Díaz Salinas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa. En tal sentido expresa: "Se adjunta la respuesta a mi solicitud, la que fue negada. Ella consiste en, la cantidad de recursos de apelación que conoce y resuelve el Director General de la PDI y el tiempo de demora entre que ingresan a su conocimiento y su resolución final". (El Subrayado es nuestro). 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante oficio N° E2591, de fecha 30 de enero de 2021, con el objeto de que formule sus descargos y observaciones. Por medio Ord. N° 100, de 18 de febrero de 2021, el organismo reitera lo señalado en la respuesta otorgada, en el sentido que la Secretaría General no cuenta con la estadística solicitada; y, paralelamente el sistema computacional en el cual se registra la información no tiene una opción o filtro de búsqueda con la materia consultada. En caso de optar por buscar la información solicitada de forma manual, aquello implicaría un trabajo complejo y dificultoso, atendido a que sería necesario ubicar cada uno de los procesos administrativos que el Sr. Director General resolvió mediante la presentación de un recurso durante un periodo cercano a 2 años y revisar individualmente la fecha en que se ingresó el recurso y la fecha de resolución de este. Considerando que, una vez resueltos los referidos procesos, sus antecedentes, legajos y anexos son archivados en la unidad de origen, pudiendo corresponder a las distintas reparticiones a lo largo del país; en virtud de lo expuesto, invocan la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. Y CONSIDERANDO: 1) Que, en atención a lo argumentado por el reclamante en su amparo, sus alegaciones se circunscriben a conocer el número de apelaciones que en el contexto de procedimientos administrativos, ha tomado conocimiento el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, y tiempo estimado en la resolución de éstos; durante el periodo que comprende desde enero de 2019 a noviembre de 2020. 2) Que, el órgano reclamado denegó lo solicitado, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Al efecto, conforme a dicho precepto se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales". 3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden gestiones de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos, el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias. 4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 5) Que, a juicio de este Consejo, las dificultades alegadas por el órgano reclamado no permiten dar por configurada la distracción indebida que se ha invocado como supuesto de la causal de reserva. Lo anterior, teniendo en consideración que lo solicitado versa en información de tipo estadística relativa a una gestión o etapa en específico del procedimiento consultado, por un periodo acotado; cuya forma de tramitación se encuentra debidamente regulada en el Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la Policía de Investigaciones de Chile; caso contrario, develaría que el organismo no posee un mecanismo de gestión documental eficiente en el cual se pueda obtener la información solicitada, u otra de similar alcance, tornando por tanto ilusorio el derecho de acceso a la información, además de constituir una infracción a los principios de transparencia, máxima divulgación y facilitación contemplados en las letras c), d) y f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia. 6) Que, por todo lo expuesto, este Consejo estima que la reclamada puede cumplir con la entrega de la información faltante; en consecuencia, se acogerá el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Fernando Díaz Salinas en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile: a) Hacer entrega al reclamante del número de apelaciones que en el contexto de procedimientos administrativos, ha tomado conocimiento, y tiempo estimado en la resolución de éstos; durante el periodo que comprende desde enero de 2019 a noviembre de 2020. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Fernando Díaz Salinas y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.