Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C444-21

Reclamante:	REYNALDO PLAZA MONTERO
Reclamado:	DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido contra de la Dirección Regional de Aguas de la Región Metropolitana, ordenando la entrega de diversa información relativa a la regularización de derechos de aguas solicitado por la Asociacion de Canalistas que indica, debiendo tarjar los datos personales de contexto que allí se contengan, en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. En el evento de que alguna parte de la información no obre en poder del órgano se deberá comunicar dicha circunstancia, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. Lo anterior, por cuanto se trata de información de carácter público que debe obrar en poder de la institución, y por haberse desestimado la causal de reserva de distracción indebida por no acreditarla fehacientemente. Aplica criterio contenido en las decisiones roles C3364-18 y C5212-19. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/30/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2622-17 C3163-18 C3364-18 C317-12 C377-13 C5212-19 C3587-20 C1336-16 C400-09
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DECISIÓN AMPARO ROL C444-21   Entidad pública: Dirección Regional de Aguas de la Región Metropolitana. Requirente: Reynaldo Plaza Montero. Ingreso Consejo: 21.01.2021 RESUMEN Se acoge el amparo deducido contra de la Dirección Regional de Aguas de la Región Metropolitana, ordenando la entrega de diversa información relativa a la regularización de derechos de aguas solicitado por la Asociacion de Canalistas que indica, debiendo tarjar los datos personales de contexto que allí se contengan, en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. En el evento de que alguna parte de la información no obre en poder del órgano se deberá comunicar dicha circunstancia, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. Lo anterior, por cuanto se trata de información de carácter público que debe obrar en poder de la institución, y por haberse desestimado la causal de reserva de distracción indebida por no acreditarla fehacientemente. Aplica criterio contenido en las decisiones roles C3364-18 y C5212-19.,  El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso. En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C444-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de diciembre de 2020, don Reynaldo Plaza Montero requirió a la Dirección Regional de Aguas de la Región Metropolitana, lo siguiente: a) "Copia íntegra del expediente de regularización de derechos de aguas del art 2 transitorio del Código de Aguas NR-1301-164, solicitado por Asociacion de Canalistas del Canal Reina Norte de Colina. b) Copia de todos los estatutos, modificaciones de los mismos y antecedentes legales que de cualquier forma se relacionen con la Asociación de Canalistas del Canal Reina Norte de Colina, rut 70.991.100-7. c) Copia de la Resolución DGA Número 747 de 10 de Agosto de 1998 de la DGA de la Región Metropolitana que constituyó en favor un derechos de aguas subterráneas por 54 litros por segundo. d) Copia de todos los títulos, resoluciones, inscripciones conservatorias y demás antecedentes legales que den cuentas de todos los derechos de aprovechamiento de aguas de que es titular, o administra, la Asociación de Canalistas del Canal Reina Norte de Colina, rut 70.991.100-7. e) Que se me indiquen las coordenadas UTM (sistema WGS84) en que se ubica la bocatoma del Canal Colina, que capta la Asociación de Canalistas del Rio Colina, en el cauce natural del Rio Colina". 2) RESPUESTA: El 21 de enero de 2021, el órgano otorgó respuesta a la solicitud, denegando la entrega de la información en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por tratarse de un requerimiento de carácter genérico, agregando que la DGA publica diversa información sobre la constitución y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas, que pueden ser visualizados y descargados en la página web y banner que indica. 3) AMPARO: El 21 de enero de 2021, don Reynaldo Plaza Montero dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, alegó que "Invoca para no entregar la información de que ‘se trata de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales’. Ello, pese a que las solicitudes de los puntos 1, 3, y 5 son muy simples de obtener, y las solicitudes de los puntos 2 y 4, carecen de mayor dificultad y tiempo, pues, de existir, basta que la DGA revise el Catastro Público de Aguas que está obligada a mantener al día de acuerdo al art 122 del Código de Aguas". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E3393, de 4 de febrero de 2021, confirió traslado al Sr. Director Regional de Aguas Metropolitano, notificando el reclamo y solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; (5°) indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (6°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, (7°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Posteriormente, dado que el órgano no otorgó respuesta dentro del plazo indicado en el oficio mencionado, mediante correo electrónico de fecha 26 de marzo de 2021, se concedió a la Dirección un plazo extraordinario para evacuar los descargos respectivos. No obstante lo anterior, a la fecha del presente acuerdo no consta que la reclamada haya evacuado sus descargos en esta sede. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Dirección Regional de Aguas de la Región Metropolitana, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a diversa información relativa a la regularización de derechos de aguas solicitado por la Asociacion de Canalistas que indica. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 2) Que, en dicho contexto, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 3) Que, a modo de contexto, cabe señalar que el artículo 5° del Código de Aguas señala que "Las aguas son bienes nacionales de uso público (...)", y el Artículo 122, inciso primero, del mismo cuerpo legal, establece que "La Dirección General de Aguas deberá llevar un Catastro Público de Aguas, en el que constará toda la información que tenga relación con ellas. En dicho catastro, que estará constituido por los archivos, registros e inventarios que el reglamento establezca, el que deberá ser suscrito, además, por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, se consignarán todos los datos, actos y antecedentes que digan relación con el recurso, con las obras de desarrollo del mismo, con los derechos de aprovechamiento, con los derechos reales constituidos sobre éstos y con las obras construidas o que se construyan para ejercerlos. En especial, en el Catastro Público de Aguas existirá un Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, el cual deberá ser mantenido al día, en el sitio web institucional, utilizando entre otras fuentes, la información que emane de escrituras públicas y de inscripciones que se practiquen en los Registros de los Conservadores de Bienes Raíces". Conforme lo expuesto, la Dirección de Aguas en la institución competente para atender el requerimiento, y lo requerido se refiere a información de carácter público que debe obrar en su poder. 4) Que, luego, la reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, estipula que se podrá denegar la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7 N° 1 letra c) del Reglamento de la citada ley, señalando que "(...) un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 5) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. 6) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva señalada en el considerando anterior, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad. 7) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 8) Que, en la especie, el órgano se limitó a enunciar la causal de reserva, sin señalar la cantidad de información que comprende el requerimiento, ni el formato ni el lugar en que se almacena la documentación, ni la cantidad de días o jornadas laborales o el número de funcionarios necesarios para recopilar y revisar los antecedentes, ni ningún otro fundamento que permita tener por acreditada, de manera fehaciente e indubitada, la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, y teniendo en consideración que lo requerido se refiere únicamente a un expediente y a los antecedentes correspondientes a un solo titular, motivo por el cual este Consejo estima que las alegaciones del órgano no revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada la hipótesis prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, debiendo desestimarse su concurrencia. 9) Que, por su parte, con relación a la información requerida, cabe tener presente lo dispuesto en el citado artículo 5 de la Ley de Transparencia, toda vez que "los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos (...)". En dicho contexto, el expediente, la resolución DGA, las coordenadas UTM y los títulos, resoluciones o inscripciones conservatorias que dan cuenta de derechos de aprovechamiento de aguas, tienen el carácter de públicos. En el mismo sentido, respecto de los estatutos y sus modificaciones, y demás antecedentes legales de la Asociación de Canalistas, vale tener en consideración que, tratándose de organizaciones comunitarias, como ocurre en la especie, se debe tener presente lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 6°, del decreto supremo N° 58, de 1997, de Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, que "Para los efectos de esta ley, las municipalidades llevarán un registro público, en el que se inscribirán las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias que se constituyeren en su territorio, así como las uniones comunales que ellas acordaren. En este registro deberán constar la constitución, las modificaciones estatutarias y la disolución de las mismas", por lo tanto, se trata de antecedentes que, igualmente, reúnen el carácter de públicos. 10) Que, con relación a la información entregada por el órgano en su respuesta, conforme lo razonado por este Consejo en las decisiones de amparo roles C400-09, C317-12, C2622-17, C3163-18 y C3587-20, entre otras, se debe hacer presente que el artículo 15 de la Ley de Transparencia dispone: "Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público (...), se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar". A su turno, conforme lo prescrito en el numeral 3.1, literal a), de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación: "Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles por internet o en cualquier otro medio, se deberá comunicar al solicitante, con la mayor precisión posible, la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información. Por ejemplo, este procedimiento podrá utilizarse cuando (...) los documentos solicitados hubiesen sido enviados al Archivo Nacional, en cuyo caso se deberán señalar los campos exactos que permitan efectuar una búsqueda directa". En virtud de lo expuesto, esta Corporación advierte que la Dirección no dio cumplimiento al estándar fijado en la Ley de Transparencia, en concordancia con la Instrucción General N° 10 de este Consejo, en lo relativo a la información que se podría encontrar permanentemente a disposición del público, en el portal de internet www.dga.cl. 11) Que, a mayor abundamiento, y conforme a lo razonado por este Consejo en las decisiones de los amparos roles C3364-18 y C5212-19, con relación a la naturaleza de la documentación solicitada, referida a la regularización de un derecho de aprovechamiento de aguas requerido por una Asociación de Canalistas, esta Corporación entiende que resulta relevante que la ciudadanía pueda ejercer un control social sobre los procedimientos de regularización de un bien nacional de uso público y sobre el uso de recursos naturales. 12) Que, en consecuencia, tratándose de información de carácter público, que debe obrar en poder de la Dirección, y habiéndose desestimado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada, debiendo el órgano tarjar, previamente, aquellos datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación que se entregue, como por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, estado civil, teléfono, correo electrónico particular, entre otros, en aplicación de lo previsto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si alguno de dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia. 13) Que, por último, resulta necesario hacer presente al órgano reclamado que la circunstancia de no evacuar descargos en esta sede, constituye una falta de colaboración que entorpece y dilata el procedimiento de acceso a la información pública, lo que a su vez, impidió que este Consejo efectuara la notificación al tercero, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, al no indicar los datos de contacto de la Asociación, al tenor de lo requerido en el numeral 7) del Oficio N° E3393, de 4 de febrero de 2021, según se consigna en el número 4) de la parte expositiva. Por lo anterior, se le recomienda que en lo sucesivo adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar la reiteración de tales circunstancias. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Reynaldo Plaza Montero, en contra de la Dirección Regional de Aguas de la Región Metropolitana, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Director Regional de Aguas de la Región Metropolitana lo siguiente: a) Entregar al reclamante información relativa al expediente de regularización de derechos de aguas NR-1301-164 solicitado por la Asociacion de Canalistas del Canal Reina Norte de Colina; copia de los estatutos, sus modificaciones y antecedentes legales relativos a la Asociación; copia de la Resolución DGA N° 747 de 10 de Agosto de 1998, de la DGA de la Región Metropolitana; copia de los títulos, resoluciones, inscripciones conservatorias y demás antecedentes legales de los derechos de aprovechamiento de aguas de que es titular o administra dicha Asociación; y las coordenadas UTM (sistema WGS84) en que se ubica la bocatoma del Canal Colina, que capta la Asociación de Canalistas en el cauce natural del Rio Colina. En el evento de que alguna parte de la información no obre en poder del órgano se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. Asimismo, en virtud del principio de divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información, el órgano deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el teléfono, el correo electrónico, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Reynaldo Plaza Montero y al Sr. Director Regional de Aguas de la Región Metropolitana. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, al ser hermano de dicha autoridad, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.