Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C499-21

Reclamante:	CLAUDIO GARCIA LOBOS
Reclamado:	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, referido a la entrega de estados de pagos que indica. Lo anterior, por cuanto lo requerido se refiere a antecedentes relativos a un proceso licitatorio de naturaleza pública convocado por un órgano de la Administración del Estado, en virtud del cual se justifica el conocimiento de todos los aspectos del referido procedimiento para permitir su control social. Asimismo, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública, cuya publicidad permite rendir cuenta del correcto ejercicio de las funciones públicas del órgano reclamado, y en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos. Además, de que se descartó que su divulgación afecte los derechos comerciales y/o económicos del tercero interesado. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/3/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C217-13
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DECISIÓN AMPARO ROL C499-21   Entidad pública: Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas Requirente: Claudio García Lobos Ingreso Consejo: 23.01.2021 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, referido a la entrega de estados de pagos que indica. Lo anterior, por cuanto lo requerido se refiere a antecedentes relativos a un proceso licitatorio de naturaleza pública convocado por un órgano de la Administración del Estado, en virtud del cual se justifica el conocimiento de todos los aspectos del referido procedimiento para permitir su control social. Asimismo, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública, cuya publicidad permite rendir cuenta del correcto ejercicio de las funciones públicas del órgano reclamado, y en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos. Además, de que se descartó que su divulgación afecte los derechos comerciales y/o económicos del tercero interesado. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso. En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C499-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de diciembre de 2020, don Claudio García Lobos solicitó a la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, "informe la cantidad y monto dinerario de los "estados de pago" pendientes de entregar a la empresa...". 2) RESPUESTA: El 15 de enero de 2021, la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas respondió a dicho requerimiento, indicando que la información solicitada podría afectar el derecho de terceros, específicamente de la empresa consultada, razón por la cual conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, se le comunicó del requerimiento a aquella, la que se opuso a su entrega, expresando en síntesis que lo pedido corresponde a un elemento íntimo de sus finanzas, metas y proyecciones, y no corresponde que terceros y/o presuntos acreedores dispongan de ella, más aun tratándose de una solicitud amplia y genérica. De esta forma, en cumplimiento de lo prescito en el artículo citado, en relación con lo establecido en el artículo 21 N° 2 de la ley mencionada, deniegan el acceso a lo solicitado. 3) AMPARO: El 23 de enero de 2021, don Claudio García Lobos dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que respuesta negativa a la solicitud. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, mediante Oficio N° E4461, de fecha 15 de febrero de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, del tercero que se opuso a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante correo electrónico de fecha 2 de marzo de 2021, el órgano reclamado remite sus descargos, en los que reiteró lo señalado en su respuesta, en orden a que denegó el acceso a la información solicitada por oposición del tercero interesado, la que fue recepcionada por dicha institución, mediante correo electrónico de 15 de enero de 2021, quien en síntesis alegó las causales de reserva de la información contenidas en el artículo 21 N° 1 letra c) y N° 2 de la Ley de Transparencia. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero interesado, mediante Oficio N° E6912, de fecha 23 de marzo de 2021. Mediante presentación, de fecha 6 de abril de 2021, el tercero interesado hace llegar sus descargos y observaciones, en los que reiteró su oposición a la entrega de la información solicitada, en atención a lo siguiente: De conformidad al artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, sostuvo que el requerimiento es genérico, referido a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Además, de que no se individualiza el requirente, si bien señala su nombre, no indica su RUT, ni a quién representa, o si actúa a nombre propio, así como tampoco indica el motivo y propósito del requerimiento. De esta forma, si bien la empresa ejecuta obras cuyo mandante es el Ministerio de Obras Públicas, obedecen a un proceso de Licitación Pública cuyos antecedentes se encuentran publicados en el sitio web de Mercado Público. Por otra parte, sostuvo que la publicidad de la información solicitada afecta sus derechos de carácter comercial y económico, pues corresponde a un elemento íntimo de sus finanzas, metas y proyecciones, y no procede que terceros y/o presuntos acreedores dispongan de aquella, más aun tratándose de una solicitud amplia y genérica. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en respuesta negativa a la solicitud de información. Al respecto, el órgano reclamado alegó que atendida la oposición manifestada por el tercero interesado, tras realización de procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, se encuentran impedidos de proporcionar acceso a lo requerido. 2) Que, en cuanto a la información solicitada, cabe hacer presente lo dispuesto en el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en orden a que, "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5 inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública "toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público". En este orden de ideas, la información relativa a gastos o pagos, resoluciones de adjudicación, licitaciones públicas, contratos, tratos directos, entre otros, que realice o ejecute el órgano reclamado, debe encontrarse permanentemente a disposición del público en el portal de Transparencia Activa del órgano, de manera completa y actualizada, por medio de la publicación de los respectivos convenios, decretos o enlaces al Sistema de Compras Públicas, al tenor de lo dispuesto en el mencionado el artículo 7 letra e) de la Ley de Transparencia, artículos 50 y 51 del Reglamento de dicha ley, y la Instrucción General N° 11, de este Consejo. 3) Que, asimismo, sobre la materia, cabe tener presente lo razonado por este Consejo en la decisión que recayó sobre el amparo Rol C217-13, en donde se sostuvo que "tratándose de un proceso licitatorio de naturaleza pública convocado por un órgano de la Administración del Estado se justifica el conocimiento de todos los aspectos del referido procedimiento para permitir su control social, incluidas las propuestas económicas y técnicas presentadas por la empresa adjudicataria...". 4) Que, en primer lugar, en cuanto a las alegaciones del tercero interesado, relativa a la concurrencia de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia; cabe hacer presente que aquella está establecida única y exclusivamente en beneficio del órgano ante el cual se realizan los requerimientos de acceso a la información y su afectación para poder dar cumplimiento oportuno a los mismos y no respecto de terceros que pudieran verse afectados con la publicidad de lo solicitado. En consecuencia, se descartarán lo argumentado en tal sentido. 5) Que, en cuanto a los argumentos del tercero interesado, referidas a que en la individualización del requirente no se señala ni su RUT ni a quién representa, o si actúa a nombre propio y que tampoco se fundamenta el motivo y propósito del requerimiento, esta Corporación hace presente que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, los requisitos que debe contener la solicitud de acceso a la información son: a) Nombre, apellidos, y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso; b) Identificación clara de la información que se requiere; c) firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado; d) órgano administrativo al que se dirige. De acuerdo con lo expresado, la solicitud en comento cumple a cabalidad con aquellos, motivo por el cual se desestimarán las alegaciones en tal sentido. 6) Que, finalmente, en cuanto a la causal de excepción alegada establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica, los que deben ser acreditados por los eventualmente afectados. Así, aquella debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza esta; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afecte significativamente su desenvolvimiento competitivo). 7) Que, el tercero interesado sólo señaló que la divulgación de la información solicitada afecta sus derechos de carácter comercial o económico, pues corresponde a un elemento íntimo de sus finanzas, metas y proyecciones, y no procede que terceros y/o presuntos acreedores dispongan de aquella. Lo anterior, a juicio de este Consejo no resulta suficiente para acreditar la concurrencia de la causal de excepción alegada. En tal sentido, se debe considerar que un mero interés no es suficiente para justificar la reserva de la información, no reuniéndose, por ende, los elementos constitutivos de la afectación invocada esto es: ser una afectación presente o probable y con suficiente especificidad a un derecho determinado, por tal razón la oposición en análisis deberá ser desestimada. 8) Que, a mayor abundamiento, la publicidad de la información consultada permite rendir cuenta del correcto ejercicio de las funciones públicas del órgano reclamado, y en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado. 9) Que, en mérito de lo expuesto, se acogerá el presente amparo requiriendo la entrega de la información solicitada tarjando, previamente, los datos personales de contexto incorporados en aquella, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada; y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Claudio García Lobos, en contra de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, lo siguiente; a) Entregue al reclamante "informe la cantidad y monto dinerario de los "estados de pago" pendientes de entregar a la empresa..."; tarjando previamente de aquello los datos personales de contexto que pueda contener. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Claudio García Lobos, al Sr. Director Nacional de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas y al tercero interesado en el presente amparo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.