Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C538-21

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Reclamante:	XIMENA TUDELA JIMENEZ
Reclamado:	FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA (FNE)
Resumen del caso: Se rechaza el amparo en contra de la Fiscalía Nacional Económica, por cuanto la entrega de diversos antecedentes relativos a la investigación FNE 185-2019, conlleva un riesgo para el debido cumplimiento de las funciones de dicha entidad, al dificultar la obtención pesquisas y pruebas, e inhibir que los sujetos requeridos proporcionen la mayor cantidad de antecedentes posibles. Asimismo, se rechaza por afectar los derechos económicos o comerciales de los terceros. Se aplica el criterio contenido, entre otras, en las decisiones roles C567-09, C1361-11, C1211-12, C1542-12, C475-13, C3119-15, C928-16, C4378-17, C907-18 y C6688-20.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/13/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C567-09 C4378-17 C907-18 C1361-11 C1211-12 C1542-12 C475-13 C6688-20 C3119-15 C928-16 C323-21
Jurisprudencia a:	C735-22 C1869-22
Recursos relacionados:	288-2021
Descriptores jurídicos:	- Datos personales >> Datos sensibles >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C538-21   Entidad pública: Fiscalía Nacional Económica. Requirente: Ximena Tudela Jiménez. Ingreso Consejo: 25.01.2021 RESUMEN Se rechaza el amparo en contra de la Fiscalía Nacional Económica, por cuanto la entrega de diversos antecedentes relativos a la investigación FNE 185-2019, conlleva un riesgo para el debido cumplimiento de las funciones de dicha entidad, al dificultar la obtención pesquisas y pruebas, e inhibir que los sujetos requeridos proporcionen la mayor cantidad de antecedentes posibles. Asimismo, se rechaza por afectar los derechos económicos o comerciales de los terceros. Se aplica el criterio contenido, entre otras, en las decisiones roles C567-09, C1361-11, C1211-12, C1542-12, C475-13, C3119-15, C928-16, C4378-17, C907-18 y C6688-20. En sesión ordinaria N° 1180 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C538-21. VISTO: Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de diciembre de 2020, doña Ximena Tudela Jiménez requirió a la Fiscalía Nacional Económica, lo siguiente: "Antecedentes relativos a la investigación FNE 185-2019 recaída sobre el ingreso correlativo 01202-2019 de fecha 11 de marzo de 2019, relativa a la operación entre Chubb Seguros Chile S.A. (Chubb General); Chubb Seguros de Vida Chile S.A. ( Chubb Vida) en conjunto con Chubb General (Chubb) por una parte y Banchile Corredores de Seguros Limitada ( Banchile) y Banco de Chile ( Banco) por la otra, mediante la cual informan a la FNE una eventual adquisición de un cierto nivel de influencia o control por parte de Chubb sobre ciertos activos del Banco, denominada "Operación", incluyendo todos los antecedentes presentados, escritos documentos, informes, actos administrativos, actos administrativos y resoluciones dictadas en la investigación". 2) RESPUESTA: El 8 de enero de 2021, mediante Oficio Ord. N° 23, la Fiscalía Nacional Económica respondió a dicho requerimiento, entregando copia de una serie de antecedentes que enumera, como comprobantes de ingreso ante la Fiscalía, resoluciones FNE que indica, correos electrónicos de notificaciones, imágenes de CD, entre otros, agregando que "Las piezas del expediente objeto de su petición que no se proporcionan, corresponden a antecedentes aportados por las Partes de la operación ante requerimientos formulados por esta repartición para el análisis del caso, respecto de los cuales esta Fiscalía ha resuelto denegar el acceso", conforme lo dispuesto en el artículo 20 y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, y artículos 7 y 34 de su Reglamento, por la oposición de los terceros a la divulgación de la misma, e indicando que "en el caso particular, los antecedentes revisados incluyen información comercial, sensible y estratégica de diversos actores del mercado, en relación a los hechos analizados", citando jurisprudencia de este Consejo sobre la materia. Acto seguido, la Fiscalía hace alusión a lo dispuesto en el artículo 42 del DFL N° 1/2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211 de 1973, y sus respectivas modificaciones, sobre la obligación de guardar reserva, y a la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, señalando que "Atendida la facultad de esta Fiscalía para recabar y recopilar la información y antecedentes que estime necesarios de parte de diversos agentes económicos, sean públicos o privados, incluso coercitivamente, con la debida autorización judicial, resulta esencial garantizar a las empresas y particulares el debido resguardo de los antecedentes aportados y que estos no serán develados en perjuicio de sus intereses, todo ello con el propósito de salvaguardar la función investigativa que está llamada a desarrollar este órgano fiscalizador". 3) AMPARO: El 25 de enero de 2021, doña Ximena Tudela Jiménez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a su requerimiento. Asimismo, alegó que "La información es parcial porque la FNE decidió no proporcionar todo lo solicitado, debido a (i) la oposición de la partes involucradas, (ii) porque los antecedentes incluirían información comercial sensible de las partes de aquellas operaciones y (iii) porque la entrega de la información podría afectar las funciones de la FNE". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E4463, de 15 de febrero de 2021, confirió traslado al Sr. Fiscal Nacional Económico, notificando el reclamo y solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de las respectivas comunicaciones, de los documentos que acrediten su notificación, de las oposiciones deducidas y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que éstas ingresaron ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante presentación enviada por correo electrónico de fecha 2 de marzo de 2021, la Fiscalía presentó sus descargos, reiterando lo señalado en su respuesta, denegando la entrega de la información en virtud de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia, y agregando en síntesis que "Como es de conocimiento de este H. Consejo, las principales funciones de la Fiscalía Nacional Económica, conforme a los artículos 1°, 2° y 39 del DL.211, entre otros, dicen relación con resguardar y promover la libre competencia en los mercados; instruyendo, por un lado, investigaciones sobre todo hecho, acto o convención que -en los términos definidos por la ley- pueda constituir un atentado contra dicho bien jurídico y, por otro, actuando como parte ante el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y los tribunales de justicia representando el interés general de la colectividad en el orden económico. La labor de este Servicio, en este caso en particular, consiste en llevar a cabo investigaciones vinculadas a operaciones de concentración con origen en la notificación obligatoria de las mismas establecida en el artículo 48 del DL. 211. En virtud de dicha función investigativa, la Fiscalía Nacional Económica está facultada para recabar y recopilar de parte de agentes económicos, sean estos públicos o privados, informaciones y antecedentes que estime necesarios con motivo de las indagaciones o investigaciones que practique, sean aquellos públicos o reservados". Acto seguido, indicó que "Por otro lado, existe una obligación general de reserva impuesta a los funcionarios de esta Fiscalía Nacional Económica por el artículo 42 del DL 211, conforme a lo dispuesto en sus incisos tercero y cuarto, en virtud de la cual tienen la obligación de guardar reserva respecto de ‘toda información, dato o antecedente de que puedan imponerse con motivo u ocasión del ejercicio de sus labores...’. La infracción a dicha prohibición está sancionada con las penas previstas en los artículos 246, 247 y 247 bis del Código Penal, así como con sanciones disciplinarias que puedan aplicarse administrativamente por la misma falta (...) en el análisis de operaciones de concentración, la información proporcionada por los actores del mercado en análisis -ya sean partes notificantes o terceros- resulta crucial para evaluar y ponderar los eventuales riesgos que una operación podría generar en el (los) mercado (s) o consumidores potencialmente afectados. Lo anterior de modo tal de contar con un panorama fidedigno del estado actual de la industria respectiva, así como también la opinión de dichos actores, quienes podrían ser precisamente en quienes recaigan posibles consecuencias nocivas de una operación de concentración. Asimismo, quienes aportan antecedentes solicitan la reserva de los mismos, de la identidad de la persona o entidad de que se trate, o de parte de dichos datos, principalmente porque se refieren a información comercial, estratégica o personal. Por ejemplo, en la notificación de la operación de concentración se solicitó reserva de la misma, así como de los documentos acompañados por las Partes, conforme con lo establecido en el artículo 39 letra a) y 42 del DL 211", agregando que la entrega de la información podría sentar un precedente que dificultaría el cumplimiento de la función que la ley ha encomendado a la Fiscalía por cuanto podría verse afectado el interés de los particulares en proporcionar los antecedentes que se les solicita, conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Luego, el órgano manifestó que "en el presente caso, las Partes han aportado antecedentes a la Investigación necesarios para efectuar un debido análisis de la misma; antecedentes que incluyen información que podría originar una afectación en los derechos de determinadas personas, como también información económica de data reciente que reviste el carácter de ser comercialmente sensible y estratégica para el desarrollo de la actividad en el mercado analizado (...) dentro de los cuales se encuentran (i) la estructura de propiedad y control previa a la operación de concentración y luego de la misma; (ii) los contratos o convenios donde consta la operación de concentración; (iii) balances y estados financieros; (iv) información de ventas mensuales; (v) participaciones de mercado en valor y en cantidades; (vi) datos de contacto de clientes y competidores de la industria en cuestión; entre otras", denegando la entrega en concordancia con lo que establece el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, detallando el proceso de notificación a los terceros y sus respectivas oposiciones, citando diversa jurisprudencia de este Consejo y del Tribunal Constitucional, adjuntando finalmente, copia de las notificaciones a los terceros, de sus oposiciones, de la respuesta, los datos de contacto, y en forma separada, debido a su tamaño, copia digital del expediente de investigación rol FNE F185-2019, solicitando su reserva. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE TERCEROS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó dar traslado del presente amparo a los terceros, esto es, a las empresas BanChile Corredores de Seguros, Banco de Chile, Chubb Seguros de Vida Chile S.A., y Chubb Seguros Chile S.A., mediante oficios N° E7595, E7596, E7597 y E7598, respectivamente, todos de fecha 6 de abril de 2021. Mediante presentación de fecha 20 de abril de 2021, la empresa BanChile Corredores de Seguros Limitada evacuó sus descargos, no obstante haberse enviado notificación a una dirección equivocada, oponiéndose a la entrega de la información, conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, señalando que "el expediente administrativo y los contratos cuya entrega se ha solicitado, contienen información cuya publicidad, comunicación o conocimiento afectará los derechos de diversas personas, particularmente tratándose de derechos de carácter comercial o económico", y haciendo mención a los criterios fijados por la jurisprudencia para la aplicación de la causal alegada, al contenido de la información denegada, como el contrato marco con las condiciones de la alianza estratégica entre las empresas notificadas y sus respectivos anexos, contrato de suministro, entre otros, adjuntando copia de dichos documentos, solicitando su reserva. Finalmente, el tercero solicita acumular el presente amparo, al reclamo rol C323-21. Luego, mediante comunicaciones de igual fecha, el Banco de Chile presentó sus observaciones, manifestando su oposición a la entrega de la información solicitada conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en términos similares a lo indicado por el tercero BanChile Corredores de Seguros Limitada, adjuntando la misma documentación, y solicitando la acumulación de los mismos amparos. Por último, se hace presente que, a la fecha de la presente decisión, este Consejo no recibió presentación alguna de las empresas Chubb Seguros de Vida Chile S.A., y Chubb Seguros Chile S.A., destinada a formular sus descargos. Y CONSIDERANDO: 1) Que, previo a resolver el fondo, respecto de la solicitud de los terceros, en el sentido de acumular el presente amparo con el reclamo rol C323-21, cabe tener presente que, si bien el principio de economía procedimental consagrado en el artículo 9° de la ley N° 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos mediante las cuales se rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige responder con la máxima economía de medios y eficacia, evitando trámites dilatorios, entre los amparos C538-21 y C323-21, no obstante tratarse de solicitudes de información de carácter similar, no existe identidad del órgano reclamado. En consecuencia, se desestimará dicha petición. 2) Que, en cuanto al fondo, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta por parte de la Fiscalía Nacional Económica, a la solicitud de la reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de todos los antecedentes del expediente FNE 185-2019, relativo a la operación que indica. Al respecto, el órgano entregó una serie de documentos del expediente, denegando aquellos aportados por los terceros, por la oposición de los mismos, conforme lo dispuesto en los artículos 20 y 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia. 3) Que, a modo de contexto, en cuanto a la naturaleza de la información requerida, cabe hacer presente que de conformidad con el artículo 48 del DFL N° 1/2004 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211 de 1973, y sus respectivas modificaciones, existe la obligación legal de notificar a la Fiscalía Nacional Económica, en forma previa a su perfeccionamiento, las operaciones de concentración que produzcan efectos en Chile y que cumplan con los requisitos previstos en dicha norma, agregando luego que para dichos efectos deberán aportarse distintos antecedentes, los cuales se encuentran individualizados -por remisión de la ley- en el artículo 2° del Decreto N° 33, del Ministerio de Economía Fomento y Turismo, que establece el Reglamento sobre la Notificación de una Operación de Concentración, de 2017, el que señala: "A la notificación de la operación deberán acompañarse los antecedentes que permitan evaluar, preliminarmente, los eventuales riesgos que la operación notificada pudiere significar para la libre competencia, incluyendo, a lo menos, la siguiente información: a) Un resumen ejecutivo de la operación de concentración proyectada. b) La individualización completa y datos de contacto de los agentes económicos que toman parte en la operación de concentración, de sus representantes, de los apoderados de las partes notificantes, junto a los poderes en virtud de los cuales actúan; la descripción de las actividades económicas de las partes y de la entidad objeto de la operación de concentración, según corresponda; y la individualización de sus personas relacionadas. c) La estructura de propiedad y control previa a la operación de concentración (...). d) La estructura de la operación de concentración y de propiedad y control proyectada luego de la misma (...). e) La definición de los mercados relevantes afectados por la operación de concentración proyectada (...). f) La siguiente información para cada mercado relevante afectado indicado en conformidad a las letras c y d del numeral 5 precedente (...). g) Para el caso previsto en la letra c del artículo 47 del DL 211, cuando las partes o las entidades pertenecientes a su mismo grupo empresarial sean activas en el mismo mercado que la nueva entidad que se crea, o en un mercado aguas arriba o aguas abajo al de la nueva entidad, o bien en un mercado relacionado al mismo, se deberá indicar, además (...). h) Para el caso previsto en la letra d del artículo 47 del DL 211, se deberá indicar, además, los activos a ser traspasados o cuyo control se pretende ceder, junto con una breve descripción de éstos, señalando sus funciones en el proceso productivo e indicando su porcentaje de participación en los activos totales de la entidad cedente. i) En caso de que se pretenda que eventuales eficiencias de la operación de concentración sean consideradas por la Fiscalía Nacional Económica en su análisis, las partes notificantes deberán realizar una descripción de las eficiencias productivas y/o dinámicas que esperan obtener de la operación, cuantificándolas y justificando el plazo en que se considera que concretarán sus efectos, detallando cómo las eficiencias serán traspasadas a los consumidores. Asimismo, deberán expresar las razones por las cuales las eficiencias no hubiesen sido alcanzadas por mecanismos distintos a la operación y acompañar la documentación y antecedentes necesarios que respalden las eficiencias y permitan su verificación. j) Una declaración de las partes notificantes en la que indiquen que, de buena fe, pretenden llevar a cabo la operación de concentración que se notifica. k) Una declaración de veracidad, suficiencia y completitud de la información proporcionada, así como del hecho de conocer las sanciones administrativas y penales que procedan en caso de proporcionar información falsa u ocultar información". 4) Que, por un lado, en virtud de la causal de reserva del articulo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. En este sentido, el órgano reclamado indicó que hacer entrega de los antecedentes solicitados dificultaría el cumplimiento de la función de resguardar y promover la libre competencia en los mercados, instruyendo investigaciones sobre todo hecho, acto o convención que -en los términos definidos por la ley- pueda constituir un atentado contra dicho bien jurídico, para lo cual está facultada para recopilar y recabar antecedentes públicos y privados de los agentes económicos. Lo anterior, por cuanto podría verse afectado o disminuido el interés de los particulares en proporcionar los antecedentes que se les solicitan, al no tener certeza que estos serán debidamente resguardados. 5) Que, en lo que incumbe a antecedentes que han dado origen a procedimientos investigativos de la FNE, procede seguir lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión del amparo rol C1361-11 que ha razonado respecto de la voluntariedad de la información que puedan proporcionar los terceros a la FNE en el marco de un proceso indagatorio, precisando que "(...) por mucho que la FNE solicite información en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 del D.L. N° 211, que incluye potentes medidas compulsivas (especialmente las introducidas por la Ley N° 20.361), la remisión de los antecedentes que solicite se realiza sin que exista una obligación predefinida y suficientemente específica en su contenido y en los sujetos afectados, lo que envuelve un grado de ‘voluntariedad’ y hace que la probabilidad de afectación del cumplimiento de las funciones legales de la FNE, de revelarse la información entregada, sea más alta. Favorecer la entrega de la mayor cantidad de antecedentes posibles por parte de los sujetos requeridos hace que, en este caso, se justifique la reserva de la información". Dicho criterio ha sido sostenido igualmente, entre otras, en las decisiones Roles C1211-12, C1542-12, C475-13, y C928-16. 6) Que, por tanto, concurre en la especie la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, toda vez que si se divulgara la información que las empresas o particulares proveen en forma voluntaria a la FNE para la realización de sus funciones, se podría ver mellado el fin que ésta intenta conseguir y que es determinar los hechos que pueden constituir atentados contra la libre competencia y la fiscalización de los mercados. Se aprecia en forma clara que la entrega de la información requerida es mucho más perjudicial para el bien común que su reserva, pues las empresas o particulares denunciantes o investigados se inhibirán de entregar, en forma voluntaria, la información requerida. En virtud de lo expuesto, y conforme a lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C6688-20, tratándose de aquellos antecedentes solicitados que hayan servido de base a la FNE para instruir procedimientos investigativos, cabe tener por configurada la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, atendido que de divulgarse la información que las empresas y particulares proveen en forma voluntaria a la FNE para la realización de sus funciones. 7) Que, no obstante lo anterior, respecto de lo señalado por la reclamada acerca del deber de reserva funcionario que consagra el artículo 42 del decreto ley N° 211, es menester reiterar lo resuelto por este Consejo en la decisión del amparo rol C1361-11 ante idéntica alegación, en orden a que "no podría estimarse que ella consagra una regla de secreto o reserva, pues esto supondría que toda la información, datos o antecedentes que conozcan los funcionarios de la FNE, con ocasión del ejercicio de su cargos, sean secretos o reservados, lo que invertiría, por vía interpretativa, la regla constitucional que exige al legislador establecer positivamente los casos de reserva y fundarlos en alguna de las causales del inciso 2° del artículo 8°. Por otra parte, si bien la segunda parte de la norma se refiere, especialmente, a la necesidad de reservar determinada información, no puede tampoco sostenerse que constituya en sí mismo un caso de reserva, aún más considerando que la norma legal citada no otorga a los datos que indica, en cuanto tales, el carácter de secretos o reservados. Por el contrario, el precepto explicita, pura y simplemente, un deber funcionario directamente aplicable a las personas que, a cualquier título, presten servicios en la FNE, imponiéndoles un especial deber de cuidado respecto de cierto género de información, el que no habilita a este órgano para fundar la denegación de información que obre en su poder, como ocurre en la especie, máxime cuando se solicita información al órgano de la Administración y no a sus funcionarios individualmente considerados, existiendo un deber constitucional y legal de la institución de cumplir con la Ley de Transparencia y proporcionar la información que se le ha requerido, salvo la procedencia de una o más causales de reserva, las que en la especie han sido alegadas (...)". 8) Que, por su parte, con relación a la causal del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, según la cual se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose, entre otros, de los derechos de carácter comercial o económico, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica, los que deben ser acreditados por los eventualmente afectados. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afecte significativamente su desenvolvimiento competitivo). 9) Que, en sus descargos, los terceros intervinientes, esto es, BanChile Corredores de Seguros Limitada y Banco de Chile, se opusieron a la entrega de los antecedentes requeridos por la concurrencia de la causal de reserva del articulo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto la publicidad, comunicación o conocimiento de la información solicitada afectaría sus derechos de carácter comercial o económico. Al respecto, sostuvieron que en el presente caso concurren las condiciones o requisitos para que la información sea considerada reservada o secreta, por afectar los derechos antes citados, toda vez que los documentos denegados contienen información relativa al Contrato Marco de Alianza Estratégica entre Chubb Seguros Chile S.A., Chubb Seguros de Vida Chile S.A., Banchile Corredores de Seguros Limitada y Banco de Chile, donde se pactaron los términos y condiciones de una Alianza Estratégica para la comercialización y canalización de seguros suministrados por Chubb Seguros Chile S.A. y Chubb Seguros de Vida Chile S.A., a través de lo que se definió como los Canales de Distribución del Banco de Chile, para la comercialización "en términos competitivos" de productos de seguros mediante la intermediación de Banchile Corredores de Seguros Ltda.; la forma cómo se realizará esa comercialización; su patrón de comportamiento futuro; la estrategia de negocios; la forma cómo se distribuyen sus obligaciones dos o más partes contratantes que se unen para asumir un desafío comercial; y en los anexos se explicitan distintas relaciones entre las partes, como el derecho a usar la marca "BanChile", entre otros. 10) Que, así las cosas, y en mérito de lo expuesto, para esta Corporación resultan plausibles las alegaciones de los terceros, atendido el nivel de detalle en el contenido de la información solicitada y denegada por la Fiscalía, referida a los terceros, por lo que este Consejo estima que se ha justificado suficientemente la causal de secreto o reserva invocada, al evidenciarse la afectación de derechos de carácter comercial o económico por la divulgación de la documentación reclamada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 11) Que, en consecuencia, no obstante tratarse de información que obra en poder de la Fiscalía, habiéndose configurado las causales de reserva del articulo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Ximena Tudela Jiménez en contra de la Fiscalía Nacional Económica, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Ximena Tudela Jiménez y al Sr. Fiscal Nacional Económico, y a los terceros interesados, a las direcciones de correo electrónico indicadas en sus descargos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.