Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1412-12

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Reclamante:	JORGE ENRIQUE ORELLANA ITURRA
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Rancagua, fundado en que la información entregada es incompleta y que no se entregó por la vía solicitada sobre a) Decreto que designó al coordinador de proceso eleccionario Unión Comunal de Juntas de Vecinos; b) Cronograma de actividades programadas con relación a lo dispuesto por el Tribunal Electoral Regional; c) Acta asamblea extraordinaria de socios afiliados para elegir comisión electoral; d) Actas sesiones comisión electoral; e) Actualización registro de socios afiliados; f) Apertura y plazo para ingreso de nuevas juntas de vecinos, entre otros documentos. El Consejo acogió parcialmente el amparo ya que señaló que el hecho de ser socio de una organización, así como la asistencia a sus asambleas, constituye un dato personal protegido por la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales. Por lo tanto, debe aplicarse a este respecto el mismo criterio ya expuesto en relación a las actas solicitadas, en el sentido de que se deberá entregar este registro sólo en la medida que las asambleas en cuestión sean de aquellas que el legislador ha obligado a presentar ante el municipio.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/27/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C965-12
Jurisprudencia a:	C1798-19 C1900-13 C1210-19 C118-14 C8675-22
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Gestión y administración territorial (Urbanismo)

DECISIÓN AMPARO ROL C1412-12 Entidad pública: Municipalidad de Rancagua Requirente: Jorge Orellana Iturra Ingreso Consejo: 28.09.2012 En sesión ordinaria Nº 399 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de diciembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1412-12. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de agosto de 2012, don Jorge Orellana Iturra presentó una solicitud de información a la Municipalidad de Rancagua, en cuya virtud reiteró petición de acceso a la información contenida en requerimiento formulado al mismo órgano, el 9 de abril de 2012. Por dicha solicitud solicitó lo siguiente: a) Decreto que designó al Sr. Luis Guerrero, coordinador de proceso eleccionario Unión Comunal de Juntas de Vecinos; b) Cronograma de actividades programadas con relación a lo dispuesto por el Tribunal Electoral Regional; c) Acta asamblea extraordinaria de socios afiliados para elegir comisión electoral; d) Actas sesiones comisión electoral; e) Actualización registro de socios afiliados; f) Apertura y plazo para ingreso de nuevas juntas de vecinos; g) Acta de asambleas extraordinarias de socios de juntas de vecinos, convocadas para los efectos de incorporarse a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos; h) Acta de elección y constitución de nuevo directorio; i) Balance correspondiente a los periodos 2009, 2010 y posterior (2011); y, j) Actualizado el registro de socios afiliados y la incorporación de nuevos afiliados, ¿se cumple con el quórum fundacional?, ¿ha aumentado o disminuido? 2) PRÓRROGA: Mediante Oficio de 30 de agosto de 2012, la Municipalidad de Rancagua comunicó al solicitante la prórroga de 10 días hábiles, señalando como fundamento la dificultad para reunir la información requerida. 3) RESPUESTA: El 6 de septiembre de 2012, la Municipalidad de Rancagua respondió a dicho requerimiento de información mediante correo electrónico, señalando que la información requerida se encontraba disponible, y que iba a ser entregada previo pago de los costos de reproducción por la cantidad de $360. Dentro de los antecedentes entregados al solicitante, se encuentra un informe de 4 de agosto de 2012, del Jefe del Departamento de Desarrollo Local de la Municipalidad de Rancagua, por el cual se dio respuesta al requerimiento, señalando en síntesis, lo siguiente: a) Adjunta copia de Pase Interno Nº 41 de 5 de enero de 2012, de la Directora de Desarrollo Comunitario (DIDECO), por el cual designa al Sr. Luis Guerrero Jorquera como funcionario responsable de asesorar el proceso de elecciones de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. b) Se adjunta cronograma de actividades para dar cumplimiento a lo dispuesto por el TRICEL. c) Copia de acta de asamblea extraordinaria para elección de comisión electoral; d) Copia de actas de sesiones disponibles, en las que participó el funcionario responsable del proceso. e) Sobre el registro actualizado que se solicita, precisa que dicha información consta en el libro correspondiente, el cual se encuentra en posesión de la Unión Comunal, no correspondiendo a la DIDECO disponerlo. f) Respecto de la apertura y plazos para ingreso de nuevas organizaciones, ello se encuentra debidamente acreditado en el calendario del proceso, lo cual fue debidamente comprobado por el funcionario, informando que la comisión funcionó los días y horarios definidos para cada caso. Adjunta copia de dicho calendario. g) En cuanto a las actas de asambleas extraordinarias solicitadas, señala que corresponden a aquella reunión en que se elige la comisión electoral, donde se resuelve fijación de días y horarios para que las organizaciones interesadas en ratificar su inscripción como nuevos integrantes de la organización en cuestión pudieran hacerlo, proceso que fue abordado de forma irrestricta por los miembros de la comisión electoral. h) Acerca del Acta de elección y constitución del nuevo directorio de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, sugiere requerir dicha información a esa organización, pues la elección y constitución fue desarrollada por la comisión electoral y cuya constancia se encuentra disponible en el libro de actas correspondiente, todo lo cual el funcionario responsable tuvo a la vista y avala luego en informe al Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL); i) Sobre los balances solicitados, corresponde al directorio actual informar sobre el particular, pues la Municipalidad no dispone de dicha información, siendo esta una materia de competencia de la Unión Comunal y sus organizaciones participantes; j) Agrega que a la luz del proceso de inscripción de nuevas organizaciones durante este proceso, efectivamente adhirieron a la organización directivas que acreditaron sus antecedentes respectivos, dentro de los plazos previstos; sin embargo, no resulta posible precisar el dato exacto solicitado, por cuanto no se tiene acceso al libro de registros de socios, documento que sólo queda en poder de quien suscribe la documentación exigible de aquellas instituciones que solicitaron su nueva inscripción; y k) Finalmente, y con el propósito de validar la información contenida en el informe, se adjunta copia del Oficio Nº 312 de 16 de abril de 2012, de DIDECO, en el cual se detallan todos los aspectos sobre el proceso mandatado cumplir por el Tribunal Electoral. Dicho documento da cuenta de cada paso realizado y fue recepcionado a entera conformidad por dicho organismo. 4) AMPARO: El 28 de septiembre de 2012, Jorge Orellana Iturra dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada es incompleta y que no se entregó por la vía solicitada (correo electrónico). 5) SOLICITA ACLARACIÓN DEL AMPARO: El Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio N° 3.906 de 16 de octubre de 2012, solicitó al reclamante, conforme a lo previsto en el artículo 46 Inciso segundo del Reglamento de la Ley de Transparencia, aclarar su reclamación de amparo en el sentido de señalar claramente la infracción cometida por el órgano reclamado, indicando en cada caso, cuál es la información que no le fue entregada y/o denegada. El reclamante mediante correo electrónico de 18 de octubre de 2012, señaló que la información que no fue entregada es la contenida en las letras d, e, g, h, i, y j de la solicitud de información. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua, mediante el Oficio N° 4.069 de 29 de octubre de 2012, señalándole que el reclamante en su amparo restringió su solicitud a las letras d, e, g, h, i, y j de la solicitud de información y que analizada la admisibilidad el Consejo concluyó que el literal j no es una solicitud de información amparable por Ley de Transparencia. Mediante escrito de 20 de noviembre de 2012, la abogada doña Alicia Forttes, en representación de Municipalidad de Rancagua, presentó sus descargos, señalando, en síntesis que: a) Respecto de las letras d, e, g, h e i de la solicitud de información, adjunta copia de correo electrónico de 6 de noviembre de 2012, enviado por don Luis Guerrero Jorquera, Jefe del Departamento Desarrollo Local de la Municipalidad de Rancagua, en cuya virtud reitera que las materias relativas a las actas pedidas, sólo constan en el libro de la organización respectiva, por lo que el Municipio no tiene la facultad para solicitar esas materias a las organizaciones, pues son propias de una organización autónoma, y las que pudieran haber sido resueltas cuando se regulariza la situación del directorio, éstas debieron necesariamente haber sido acreditadas en la Secretaría Municipal, por ejemplo el acta de constitución, el libro de actas, de socios y el acta de constitución de domicilio. Agrega que ésta materia ya fue respondida al mismo solicitante en dos solicitudes anteriores, remitiéndole los antecedentes disponibles. b) Señala que en ese correo electrónico se hace referencia a que parte de la información solicitada por el Sr. Orellana Iturra podría encontrarse en la Secretaría Municipal, la cual habría informado que no existen las actas solicitadas entre sus registros. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, de acuerdo al tenor del amparo y la aclaración formulada por el reclamante, el presente amparo ha de entenderse circunscrito a los requerimientos singularizados en los literales d, e, g, h, i, y j de la solicitud. Con todo, respecto de la letra j de la solicitud, dicho requerimiento no dice relación con el amparo al derecho de acceso a la información pública, sino que más bien consiste en una solicitud de pronunciamiento acerca del cumplimiento de la normativa que rige la incorporación de nuevos socios en el marco de las disposiciones que rige a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. En efecto, el reclamante no ha solicitado información en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, en particular en sus artículos 5 y 10, relacionándose el señalado literal con el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, a tramitarse según las normas especiales que corresponda y, en su defecto, por la Ley N° 19.880, sobre procedimiento administrativos, pero no cabe pronunciarse respecto de ella en esta sede. 2) Que, en relación al literal d de la solicitud de información, esto es, las actas de sesiones de la comisión electoral, cabe señalar que dicha comisión, de acuerdo a la Ley N° 19. 418, sobre disposiciones generales aplicables a las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, estará conformada por cinco miembros que deberán tener, a lo menos, un año de antigüedad en la respectiva junta de vecinos, salvo cuando se trate de la constitución de la primera, y no podrán formar parte del actual directorio ni ser candidatos a igual cargo. La misma norma, en lo referido al contenido mínimo de los estatutos de las Juntas de Vecinos, en su literal k) establece que la comisión tendrá a su cargo la organización y dirección de las elecciones internas. 3) Que, de conformidad con el artículo 6° de la Ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, “las municipalidades llevarán un registro público, en el que se inscribirán las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias que se constituyeren en su territorio, así como las uniones comunales que ellas acordaren. En este registro deberán constar la constitución, las modificaciones estatutarias y la disolución de las mismas”. De igual modo, las municipalidades “llevarán un registro público de las directivas” de dichas entidades y, además, deberán “mantener copia actualizada y autorizada anualmente del registro a que se refiere el artículo 15” de dicho cuerpo legal, que ordena que “cada junta de vecinos y demás organizaciones comunitarias deberá llevar un registro público de todos sus afiliados… (el cual) se mantendrá en la sede comunitaria a disposición de cualquier vecino que desee consultarlo (entendiendo por tal a “las personas naturales, que tengan su residencia habitual en la unidad vecinal”, según el artículo 2°, letra c, del mismo cuerpo legal)”. Por último, el citado artículo 6° prescribe que “la municipalidad deberá otorgar, a quienes lo soliciten, copia autorizada de los estatutos, de las inscripciones y demás anotaciones practicadas en los registros públicos de organizaciones y directivas previstos en este artículo…”. 4) Que, en cuanto al acceso a las actas de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Rancagua, cabe señalar, por una parte, que la Ley N° 19.418 sólo permite la intervención de las municipalidades en relación con determinadas actuaciones de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias y, por otra, que conforme a lo dispuesto en su artículo 8°, dichas organizaciones deben depositar en la secretaría municipal de las entidades edilicias respectivas una copia autorizada del acta constitutiva, desprendiéndose además, de sus artículos 11 y 34, que la misma obligación existe respecto de las actas de las asambleas en que se aprueben la modificación de estatutos y la disolución de la organización. Así las cosas, no existe disposición alguna que obligue a dichas organizaciones a presentar copia de las actas de las demás asambleas que celebren, sin perjuicio de que las municipalidades puedan requerir a ellas los antecedentes que les permitan cumplir cabalmente con la obligación de inscribir en sus registros públicos la información indicada en el artículo 6° de la citada Ley N° 19.418. 5) Que, en virtud de lo expuesto, en su decisión C965-12 este Consejo ha indicado que poseen la calidad de información pública aquellas actas que las organizaciones se encuentran obligadas a presentar ante la Municipalidad de conformidad con la obligaciones contenidas en la Ley N° 19.418, ya que las mismas sirven de base o sustento para la decisión que, al respecto, deben adoptar dichas entidades edilicias (aprobación de constitución, modificación de estatutos y disolución de la organización) y que la información contenida en dichas actas debe registrarse en el registro público establecido por el legislador. Sin embargo, respecto de las actas de las demás asambleas llevadas a cabo por las organizaciones comunitarias, visto que su carácter público no ha sido expresamente indicado por el legislador su comunicación no autorizada por el particular podría afectar la autonomía que la Constitución y la Ley N° 19.418 asegura a dichas organizaciones intermedias de la sociedad, razón por la cual el municipio debió dar lugar al procedimiento de oposición contenido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, a efectos de verificar la oposición del tercero involucrado. En consecuencia, y dado que consta que la reclamada remitió al solicitante copia de acta de sesión de la comisión electoral de 23 de febrero de 2012, en cuya virtud la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Rancagua hizo entrega de documentación a la Comisión Electoral para dar inicio al proceso de elecciones, suscrita por la Comisión señalada y por el representante de la Municipalidad de Rancagua y que dicho documento no es de aquellos que deben ser obligatoriamente entregados en la Municipalidad respectiva, deberá representarse al Municipio no haber dado traslado al tercero involucrado en el presente caso. 6) Que, del mismo modo, respecto de los literales g) e i) del requerimiento de información, a saber las actas de asambleas extraordinarias de socios de juntas de vecinos, convocadas para los efectos de incorporarse a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y el Balance correspondiente a los periodos 2009, 2010 y posterior (2011), respectivamente, la reclamada ha señalado que no dispone de dicha información, pues tales antecedentes sólo constan en el registro de la organización respectiva. Atendido lo señalado y que la normativa que rige las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias no establece la obligatoriedad de que los municipios tengan tales antecedentes, en tanto tales organizaciones comunitarias no se encuentran en el imperativo de remitir a los municipios los documentos solicitados, lo cual resulta armónico con lo informado por la reclamada en su respuesta, se tendrá por satisfecha la obligación de informar en esta parte. 7) Que, en lo relativo a la “actualización de los registros de socios afiliados” –literal e) de la solicitud–, del tenor de la solicitud del reclamante, cabe concluir que ésta se refiere al “registro de afiliados” de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, cuyo carácter público fue expresamente establecido por el artículo 6° de la Ley N° 19.418, en relación a su artículo 15, según los cuales el municipio deberá mantener copia actualizada anualmente de dicho registro. Por consiguiente, tratándose de un registro cuya publicidad ha sido expresamente reconocida por el legislador, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, cabe concluir que no obstante tratarse de datos personales, su comunicación o tratamiento, en este caso, se encuentra autorizada legalmente, razón por la cual se ordenará su entrega. Con todo, visto que el municipio ha indicado que dicho información sólo obraría en poder de la Unión Comunal respectiva, de conformidad con el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en caso de que el municipio, previa búsqueda exhaustiva de la información, determine que esta no obre en su poder, se le requerirá informar detalladamente las razones que justifican su inexistencia. 8) Que, por otra parte, según ha indicado este Consejo en decisión de amparo Rol C965-12, el hecho de ser socio de una organización, así como la asistencia a sus asambleas, constituye un dato personal protegido por la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales. Así las cosas, si bien el artículo 6° de la Ley N° 19.418, en relación a su artículo 15, han declarado expresamente la publicidad del “registro de socios” de las organizaciones comunitarias, éste nada ha dicho respecto de la nómina de asistentes a las asambleas respectivas, por lo que tales datos personales deben estimarse reservados de conformidad con los artículo 4° y 7° de la Ley N° 19.628. Por lo tanto, debe aplicarse a este respecto el mismo criterio ya expuesto en relación a las actas solicitadas, en el sentido de que se deberá entregar este registro sólo en la medida que las asambleas en cuestión sean de aquellas que el legislador ha obligado a presentar ante el municipio. En consecuencia, cabe representar al municipio que entre los antecedentes remitidos al solicitante se encuentra copia de un listado de asistencia a la Reunión de la Unión Comunal de Junas de Vecinos de Rancagua, de 20 de febrero de 2012 y de la nómina de votaciones del proceso eleccionario de dicha Unión Comunal correspondiente al año 2012. Esos documentos contienen datos personales de los asistentes a dichas reuniones, tales como los nombres de los representantes de cada organización, teléfono o correo electrónico de cada uno de ellos, según corresponda y su firma, añadiéndose, en el caso de la Nómina señalada, el RUT de cada una de las personas que votaron en el proceso eleccionario referido. Tales datos personales no fueron debidamente resguardados por la reclamada al momento de proporcionar la información, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal. 9) Que, en relación al literal h) de la solicitud de información, esto es, el acceso al acta de elección y constitución de nuevo directorio de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, conforme a la normativa citada en los considerandos 4° y 5° de ésta decisión y habiendo analizado el informe emitido por la Municipalidad de Rancagua, cuyo contenido se detalla en el N° 3 de lo expositivo, se concluye que la información de la especie debiera a lo menos encontrarse en poder del órgano reclamado, en cumplimiento de las anotadas disposiciones legales, toda vez que se trata de información que debe ser mantenida por cada municipalidad y que debiera constar en la Secretaria Municipal –en el caso del acta solicitada, que es un requisito previo al otorgamiento de la respectiva personalidad jurídica–. Por lo tanto, se requerirá la entrega de la citada documentación. Con todo, visto que el municipio ha indicado que dicho información sólo obraría en poder de la Unión Comunal respectiva, de conformidad con el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en caso de que el municipio, previa búsqueda exhaustiva de la información, determine que esta no obre en su poder, se le requerirá informar detalladamente las razones que justifican su inexistencia. 10) Que, finalmente, en cuanto a la falta de notificación por correo electrónico -planteada por el reclamante en su amparo- es dable hacer presente que el numeral 1.2 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, establece que el requirente podrá indicar el medio a través del cual desea recibir la información solicitada, sea por correo electrónico, por carta certificada o mediante su retiro directo en la oficina del órgano (caso en el que deberá especificar en cuál). En la especie, el solicitante, en el requerimiento que ha dado origen al presente amparo, no fijó un correo electrónico a objeto de recibir a través de esa vía la información pedida y además no señaló expresamente que la información debía ser remitida por ese canal, debiendo por tanto rechazarse tal alegación. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo deducido por Jorge Orellana Iturra, en contra de la Municipalidad de Rancagua, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua que: a) Entregue la documentación requerida por el literal e) y h) de la solicitud, sin perjuicio que, de conformidad con el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, en caso de que el municipio, previa búsqueda exhaustiva de la información, determine que esta no obre en su poder, informe detalladamente las razones que justifican su inexistencia. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma III. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua que: a) Al haber remitido al solicitante copia del acta de la comisión electoral de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Rancagua, sin dar lugar al procedimiento de oposición reglado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, infringió lo dispuesto por dicha norma legal. b) En el marco del procedimiento de acceso a la información, el órgano que representa ha divulgado información constitutiva de datos personales, de acuerdo a lo señalado en el considerando 8°, con lo cual no dio la adecuada protección a los datos personales que debe cautelar en conformidad a la Ley N° 19.628, por lo que se le requiere que en lo sucesivo adopte todas las medidas tendientes para evitar que esta situación vuelva a producirse. IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Jorge Orellana Iturra y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Rancagua. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No obstante lo señalado, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo, en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que no concurre al presente acuerdo la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, por no asistir a la presente sesión. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.