Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C688-21

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Reclamante:	DANIELA BELTRÁN GALLARDO
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Maipú, ordenando entregar a la reclamante copia de toda documentación emitida por la Dirección de Obras Municipal relativo al denuncio que indica; así como, todo otro antecedente que obre en su poder con relación al tema a la fecha del requerimiento, entre ellos, las resoluciones y sentencias que hayan sido dictadas por el Juzgado de Policía Local pertinente. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública respecto de la cual el órgano no acreditó suficientemente la causal de reserva de afectación al privilegio deliberativo. La información deberá ser proporcionada previa reserva de aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/3/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C12-09 C79-09 C3014-15
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DECISIÓN AMPARO ROL C688-21   Entidad pública: Municipalidad de Maipú Requirente: Daniela Beltrán Gallardo Ingreso Consejo: 01.02.2021 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Maipú, ordenando entregar a la reclamante copia de toda documentación emitida por la Dirección de Obras Municipal relativo al denuncio que indica; así como, todo otro antecedente que obre en su poder con relación al tema a la fecha del requerimiento, entre ellos, las resoluciones y sentencias que hayan sido dictadas por el Juzgado de Policía Local pertinente. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública respecto de la cual el órgano no acreditó suficientemente la causal de reserva de afectación al privilegio deliberativo. La información deberá ser proporcionada previa reserva de aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C688-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de diciembre de 2020, doña Daniela Beltrán Gallardo solicitó a la Municipalidad de Maipú (en adelante e indistintamente la municipalidad o el municipio) la siguiente información: "Se solicita todos los documentos emitidos por la DOM (Dirección de Obras Municipales) de la Municipalidad de Maipú referentes al denuncio 277, efectuado el año 2018 (febrero/marzo) en donde se denuncia una construcción sin regularizar (segundo piso), ubicada en (...), la cual perjudica a la vivienda vecina. Tras años de espera, la denuncia no ha tenido respuesta y el problema sigue, perjudicando gravemente la propiedad que se encuentra pareada al domicilio denunciado. Al no obtener solución ni respuesta del organismo municipal, se pide entregar todos los antecedentes y documentos (informes, partes, documentos emitidos por el Juzgado de Policía Local al que se derivó el caso y sentencia dictada por este organismo) para proseguir acciones hacia la municipalidad en contraloría y contra la dueña de la propiedad denunciada". 2) RESPUESTA: Mediante Resolución N° 106, de 27 de enero de 2021, la Municipalidad de Maipú respondió a dicho requerimiento indicando, en resumen, que se deniega la información en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia. Lo anterior, debido a que la información requerida contendría antecedentes relevantes, que se refieren a deliberaciones previas a la revisión por parte de la Municipalidad de Maipú que actualmente se encuentra en etapa de análisis del mismo, y que, al dar acceso a lo requerido, se afectaría el funcionamiento del órgano, en cuanto expondría a entregar información cuyo contenido no está completamente definido. Luego, precisa que se trata de una serie de antecedentes cuyo contenido no está completamente definido, la información solicitada será utilizada en un eventual acto administrativo que aún se encuentra pendiente. Asimismo, refiere que la entrega afecta el debido complimiento de sus funciones pues "entre otras consecuencias, facilitará la interposición de alegaciones u oposiciones de terceros, de manera anticipada, al contener información sensible respecto del ejercicio de las facultades y deberes propios del órgano, que comprometen sus posibilidades o formas de actuación en el caso, y dilatando innecesariamente los procedimientos y plazos para la toma de decisiones". 3) AMPARO: El 1° de febrero de 2021, doña Daniela Beltrán Gallardo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su requerimiento. Alega que "Denegaron la información argumentando que el caso aún se halla en proceso, sin embargo, Municipalidad reactivó el denuncio de manera unilateral, lo cual no corresponde, dado que el caso fue derivado a Juzgado de Policía Local, pero se desconoce la sentencia y fallo, lo cual se tiene entendido que se emitió durante los primeros meses del 2019". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, mediante Oficio E4532, de 16 de febrero de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) informe el estado del tramitación o proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo. Mediante Oficio N° 89, de 08 de marzo de 2021, la Municipalidad de Maipú presentó sus descargos en esta sede reiterando la procedencia de la causal de reserva invocada. Alega, en resumen, que la deliberación previa dice relación "a que con fecha 21 de diciembre de 2020, la Dirección de Obras Municipales, cursó la citación a tribunal folio N° 17225, la cual, recayó en el Tercer Juzgado de Policía Local de Maipú. Así las cosas, según las averiguaciones realizadas, dicho Tribunal citó para audiencia de comparendo de conciliación, contestación y prueba, para el día 16 de junio de 2021, a las 10:00, por lo que la decisión que se adopte, como bien se desprende, está pendiente". Y CONSIDERANDO: 1) Que, lo solicitado corresponde a toda documentación emitida por la Dirección de Obras Municipal relativo al denuncio que indica; así como, todo otro antecedente que obre en su poder con relación al tema, entre ellos, las resoluciones y sentencias que hayan sido dictadas por el Juzgado de Policía Local pertinente. Por su parte, el organismo justificó la denegación en la concurrencia de la causal de privilegio deliberativo reconocida en el 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia. 2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 3) Que, respecto de la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia invocada por el órgano, ésta permite denegar la información que se solicite cuando su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. 4) Que, así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos rol C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otros, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Asimismo, respecto del primer requisito, debe existir, además, un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa y la resolución, debiendo dicho vínculo ser claro y evidente. En tal sentido, la aplicación de la causal supone que exista certidumbre de la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, incluso si la decisión consistiese, al final, en no hacer nada. 5) Que, en lo atingente a los requisitos enunciados, el organismo se ha limitado a señalar que los antecedentes pedidos se refieren a deliberaciones previas a la revisión por parte de la Municipalidad de Maipú, pues con fecha 21 de diciembre de 2020, la Dirección de Obras Municipales, cursó la citación a tribunal folio N° 17225, la cual recayó en el Tercer Juzgado de Policía Local de Maipú, quien citó para audiencia de comparendo de conciliación, contestación y prueba, para el día 16 de junio de 2021, a las 10:00, por lo que la decisión que se adopte, como bien se desprende, está pendiente. Sin embargo, de los antecedentes del expediente, no es claro ni manifiesto cómo se produce el vínculo de causalidad entre el expediente administrativo consultado, originado a raíz de la denuncia formulada por la propia reclamante en el año 2018 y la citación a tribunal a que hace referencia el órgano, atendido el tiempo intermedio entre un hecho y el otro. Además, de ser efectivo que a consecuencia de la denuncia consultada se determinó derivar los antecedentes al Juzgado de Policía Local, dicha circunstancia por si sola da cuenta de que el municipio ya ha adoptado decisiones y medidas en el caso. 6) Que, por su parte, en relación con la exigencia de afectación a las funciones del órgano, éste tampoco ha acreditado sustantivamente cómo es que aquella se produciría. En efecto, la reclamada no ofreció ningún antecedente que genere al menos un indicio de que la divulgación de la información comprometa sus posibilidades o formas de actuación en el caso, dilatando innecesariamente los procedimientos y plazos para la toma de decisiones, en los términos pretendidos. Conviene señalar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume, sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Estándar que en la especie no concurre. 7) Que, en consecuencia, atendido que la Municipalidad de Maipú no acreditó fehacientemente la configuración de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, se acogerá el presente amparo y se ordenará la entrega de la información reclamada. Con todo, el órgano reclamado deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Daniela Beltrán Gallardo en contra de la Municipalidad de Maipú, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, lo siguiente: a) Hacer entrega a la reclamante de copia de toda documentación emitida por la Dirección de Obras Municipal relativo al denuncio N° 277, de 2018; así como, todo otro antecedente que obre en su poder con relación al tema a la fecha del requerimiento, entre ellos, las resoluciones y sentencias que hayan sido dictadas por el Juzgado de Policía Local pertinente. Lo anterior, previa reserva de aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Daniela Beltrán Gallardo y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.