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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C1429-12</strong></p>
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Entidad pública: Ministerio de Economía</p>
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Requirente José Soto Bueno</p>
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Ingreso Consejo: 02.10.2012</p>
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En sesión ordinaria Nº 405 del Consejo Directivo, celebrada el 16 de enero de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1429-12.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; el D.F.L N°29 que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, así como el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de agosto de 2012, don José Soto Bueno, haciendo mención a la carta enviada por la Asociación de Bancos e Instituciones Financiera al Ministro de Economía, criticando el actuar del Servicio Nacional del Consumidor, publicada el mes de agosto de 2012 en el Diario El Mercurio, requirió a dicho Ministerio “copia digital de dicha carta y las que hubieran sido enviadas por esa asociación en los últimos 60 días”.</p>
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2) RESPUESTA: El 2 de octubre de 2012, el Subsecretario de Economía respondió a dicho requerimiento, señalando que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, se podrá denegar total o parcialmente el acceso a información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de la esfera de su vida privada tal y como ocurre respecto del documento requerido, toda vez que este trata de un antecedente de naturaleza personal referido a la correspondencia del Ministro de Economía.</p>
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3) AMPARO: El 2 de octubre de 2012, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio de Economía, fundado en que habría recibido respuesta negativa a su solicitud de información, y señalando que “Su solicitud consistió en copia de una carta que el Ministerio de Economía recibió por parte de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, que fue ampliamente difundida en la prensa”, que le fue denegada “por tratarse de una correspondencia personal del ministro, algo que resulta del todo irregular pues el ministro la recibió en razón de su cargo….”</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Subsecretario de Economía mediante Oficio N° 3.912 de 12 de octubre de 2012, quien evacuó sus descargos, mediante presentación de 5 de noviembre de 2012, señalando en síntesis lo siguiente:</p>
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a) Indicó que la denegación de la información requerida, tuvo por fundamento la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Señala que proporcionar dicho antecedente, vulneraría la vida privada del Sr. Pablo Longueira Montes y del remitente, transgrediéndose directamente los derechos a la protección de la vida privada y honra de su persona, así como la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, derechos los cuales se encuentran consagrados en el artículo 19 Nos 4 y 5 de la Constitución.</p>
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b) El órgano reclamado argumenta que el derecho consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución, es un derecho humano cuyo fundamento radica en la dignidad de las personas y en tal condición, es anterior y superior al Estado, derivándose de ello la obligación de la Administración de respetarlo y ampararlo.</p>
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c) En cuanto a la inviolabilidad de toda forma de comunicación, indica que dicho derecho no tiene un carácter absoluto, ya que puede ser objeto de limitación en virtud de la ley.</p>
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d) Agrega que del artículo 8° de la Constitución puede colegirse, que solo son públicos los actos administrativos, así como los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y no cualquier información o actividad de la Administración. De conformidad a lo expresado por el Tribunal Constitucional en sentencia Rol 2153-11, al referirse a los documentos privados, señala que el legislador solo puede autorizar el acceso a documentos de naturaleza privada cuando estos son indispensables para llevar a buen puerto objetivos de una relevancia mayor, y bajo circunstancias estrictas que avalen su publicidad.</p>
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e) Finalmente, hace presente que la calidad de funcionario público del Ministro no obsta a que, de conformidad a las garantías citadas, la carta requerida se encuentre dentro del ámbito de su vida privada.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio Nº 4.534, de 27 de noviembre de 2012, notificó a don Ricardo Matte Eguiguren en su calidad de Gerente General de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G, a fin de que presente sus descargos y observaciones, quién los evacuó mediante presentación de 12 de diciembre del presente año, indicando en síntesis lo siguiente:</p>
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a) Las presentaciones que cualquier persona natural o jurídica efectúe ante una autoridad pública, corresponden al legítimo ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución. Agrega que, de conformidad al numeral 26 del artículo citado, este no puede quedar sujeto por ley ni por decisión de la autoridad, a condiciones o requisitos que inhiban su libre ejercicio o que lo afecten en su esencia.</p>
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b) En cuanto a la publicidad que establece el artículo 8° de la Constitución, señala que ésta se refiere exclusivamente a los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como a sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen.</p>
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c) Finalmente hace presente que, por aplicación de los principios de supremacía constitucional y coherencia normativa, las solicitudes de publicidad que se formulen en virtud del artículo 8° de la Constitución, solo pueden dirigirse a los órganos del Estado para acceder a información acerca de sus actos y resoluciones. Ello supone necesariamente la adopción previa de un acto o resolución, y verificada esta condición, podrá extenderse a sus fundamentos y los procedimientos utilizados en su caso, pero no para que se otorgue acceso a cualquier información o antecedentes de terceros por el mero hecho de obrar en poder de la autoridad.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, a fin de determinar la publicidad de la carta materia de la solicitud de información, cabe tener presente que, de conformidad con los antecedentes tenidos a la vista en el presente amparo y lo señalado por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (en adelante ABIF), dicha presentación fue realizada en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, cuya tramitación, a falta de normativa especial que la regule, debe someterse al procedimiento contemplado en la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.</p>
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2) Que, al respecto, el artículo 8° del D.F.L N° 1, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración, señala que: “Los órganos de la Administración del Estado actuarán por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, o a petición de parte cuando la ley lo exija expresamente o se haga uso del derecho de petición o reclamo, procurando la simplificación y rapidez de los trámites”. Sobre el particular, el ejercicio del derecho de petición lleva asociado la tramitación de un procedimiento administrativo, el que tiene por objeto otorgar respuesta al peticionario y de esa forma dar eficacia al derecho consagrado en el artículo 19 N° 14 del cuerpo legal citado. En igual sentido, se ha pronunciado la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 12.969 de 12 de marzo de 2004, al señalar que “todas las personas pueden presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. Cabe agregar que dicha facultad implica la obligación de los entes públicos de dar respuesta a las solicitudes de los administrados en un plazo prudencial, lo que por razones de certeza y de buena técnica administrativa, debe constar por escrito”.</p>
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3) Que, el derecho de acceso a la información, no solo comprende los actos o resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación, sino también se extiende, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5º de la Ley de Transparencia a “…la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento…” (en tal sentido se ha expresado este Consejo en las decisiones Roles C1101-11, C1482-11, C819-12, entre otras). En consecuencia, el documento requerido en la especie es, en principio, de carácter público, sin perjuicio de la concurrencia de alguna causal de secreto. En el presente caso se ha denegado su entrega en virtud de la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, respecto de la cual cabe determinar su procedencia.</p>
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4) Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de la causal invocada, es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella. Según ya ha señalado este Consejo, no basta que la información solicitada diga relación con los bienes jurídicos sobre los que éstas versan, pues además la afectación debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva (así, por ejemplo, decisiones Roles A96-09, A165-09, A193-09, C840-10, C850-10, C492-11, C929-11, etc.)</p>
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5) Que, la reclamada indica que, de divulgarse la carta materia del presente amparo, se afectaría la garantía de protección de la vida privada del Ministro de Economía –por tratarse de un documento protegido por el derecho a la inviolabilidad de toda forma de comunicación consagrado en el artículo 19 N° 5 de la Constitución-. Al respecto cabe tener presente que la misiva objeto de la solicitud en análisis, fue enviada a un funcionario público en su calidad de Jefe Superior de un órgano de la Administración del Estado, en el ámbito del ejercicio de una función pública, como lo es la supervigilancia del Servicio Nacional del Consumidor, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley N° 19.496 sobre Protección de Derechos de los Consumidores. En efecto, no siendo el objeto de la presente misiva dirigirse única y personalmente a don Pablo Longueira Montes en su calidad de persona natural, este Consejo ha estimado innecesario darle traslado de la presentación, por considerar que no existe una afectación a su vida privada.</p>
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6) Que, refiriéndose la solicitud en análisis a un documento presentado en virtud del derecho de petición, como se ha señalado anteriormente, el cual se ejerce solo respecto de la Administración del Estado y no respecto de un particular, cabe descartar que en la especie estemos en presencia de una comunicación de naturaleza privada.</p>
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7) Que, en cuanto a lo señalado por la ABIF, en torno a que la carta requerida no constituye un antecedente de aquellos contemplados por el artículo 8° de la Constitución Política, cabe igualmente desestimar dicha alegación, por los mismos motivos ya expresados en el considerando 3° precedente, estimando además este Consejo que, lo señalado por la referida entidad gremial no resulta suficiente para acreditar una afectación a sus derechos que justifique la denegación de la carta por parte de la reclamada.</p>
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8) Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, siendo de naturaleza pública la carta enviada por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras al Ministro de Economía, se deberá acoger el presente amparo y conjuntamente con ello, se requerirá al Ministerio de Economía la entrega al requirente de una copia de dicho documento.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger el amparo interpuesto por don José Soto Bueno en contra del Ministerio de Economía por las razones precedentemente expuestas.</p>
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II. Requerir a la Sr. Ministro de Economía que:</p>
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a) Entregue al solicitante copia de la carta que le fuera enviada por la Asociación de Bancos e Instituciones financieras con motivo de las acciones emprendidas por el Servicio Nacional del Consumidor.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Ministro de Economía, a don José Soto Bueno; y a don Ricardo Matte Eguiguren en su calidad de Gerente General de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. en su calidad de tercero interviniente en este amparo.</p>
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En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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