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DECISIÓN AMPARO ROL C840-21</p>
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Entidad pública: Universidad de La Frontera.</p>
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Requirente: Carla Figueroa Saavedra.</p>
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Ingreso Consejo: 06.02.2021.</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Universidad de La Frontera, ordenando la entrega de antecedentes que acrediten fehacientemente, la experiencia profesional o académica del profesor que indica, en la temática de Voz y Audición, debiendo tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación que se entregue, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, si alguno de dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia.</p>
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Lo anterior, por haberse otorgado respuesta incompleta a la solicitud, por tratarse de información pública que debe obrar en poder del órgano, y no haber alegado causales de reserva que ponderar.</p>
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En sesión ordinaria N° 1178 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C840-21.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) CONTEXTO PREVIO: El 8 de enero de 2021, doña Carla Figueroa Saavedra solicitó a la Superintendencia de Educación Superior información relativa a la formación académica del profesor de la Universidad de La Frontera que indica. Posteriormente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, mediante Oficio N° 42 de 13 de enero de 2021, la Superintendencia derivó la solicitud de acceso a la Universidad de La Frontera, por corresponder a dicha institución otorgar respuesta a lo requerido, conforme a su contenido.</p>
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2) SOLICITUD DE ACCESO: En virtud de lo anterior, el 13 de enero de 2021, doña Carla Figueroa Saavedra requirió a la Universidad de La Frontera, lo siguiente:</p>
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a) "Solicito al Rector me indique el tipo de contrato del profesor Dr. Fernando Romero Mejía y también por qué el califica mi tesis y no me hace entrega de una pauta de evaluación con la ponderación y cálculo de nota.</p>
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b) También solicito se detalle la experiencia del académico en la temática de Voz y audición".</p>
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3) RESPUESTA: El 5 de febrero de 2021, mediante ORD. TR. N° 002/2021, la Universidad otorgó respuesta a la solicitud, indicando el tipo de contrato del profesional consultado, el formato de evaluación, los antecedentes académicos de los evaluadores, las circunstancias relativas a las evaluaciones de la solicitante, y el detalle de la experiencia del profesor en la temática de voy y audición y calificación académica, agregando que "Por ello es que en su oportunidad la Sra. Figueroa aceptó la colaboración del Dr. Romero en su trabajo de Tesis; y por lo que resulta particularmente extraño que ahora pregunte por esto".</p>
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4) AMPARO: El 6 de febrero de 2021, doña Carla Figueroa Saavedra dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Universidad de La Frontera, fundado en la respuesta incompleta a la solicitud de información. Asimismo, alegó que "No se entregó la pauta de evaluación. No se entregó evidencia del contrato de uno de los evaluadores. No se entrega evidencias de la experiencia en Voz, habla y audición".</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E5383, de fecha 3 de marzo de 2021, confirió traslado al Sr. Rector de la Universidad de La Frontera, notificando el reclamo y solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) de encontrarse disponible la información reclamada, remita la misma al solicitante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).</p>
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Mediante ORD. TR. N° 009/2021, de 17 de marzo de 2021, el órgano evacuó sus descargos, señalando en síntesis, que "debemos señalar que la requirente no indica que se adjunte o entregue documentación alguna en la solicitud de información N° AJ21T0000228, como por ejemplo, las pautas de evaluación, solo se exige indicar y explicar la materia, por consiguiente, no se adjuntaron antecedentes solo se indicó y explico conforme a lo solicitado en la misma, la Universidad dio respuesta a dicha solicitud con el Ord. N° 02/2021 de fecha 05 de febrero de 2021, el cual se adjunta. Conforme a lo indicado anteriormente, esta casa de estudios estima que no ha caído en falta, respecto de la no entrega de documentación requerida o denegación de la petición, ya que se procedió a entregar la información conforme a como la requirente lo solicitó", y agregando que la reclamante ingresó otra solicitud de información, nuevamente ante la Superintendencia de Educación Superior, y que fue igualmente derivada a dicha casa de estudios, en la cual requirió expresamente copia del contrato del profesor aludido, copia del acta en la cual se acuerda reprobar la asignatura que menciona, una lista de todas las publicaciones del mismo profesional vinculadas a voz y audición, y copia de la pauta de evaluación con su respectiva calificación, cuya respuesta se encontraría pendiente conforme los plazos de la Ley de Transparencia.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta por parte de la Universidad de La Frontera, a la solicitud de la reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a diversos antecedentes relativos a la situación contractual y a la formación académica del profesor de la Universidad de La Frontera que indica. Al respecto, el órgano indicó el tipo de contrato del profesional consultado, el formato de evaluación, los antecedentes académicos de los evaluadores, las circunstancias relativas a las evaluaciones de la solicitante, y la experiencia del profesor en la temática de voy y audición.</p>
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2) Que, en primer lugar, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) Que, en segundo lugar, con relación a lo señalado por la reclamante en su amparo, en el sentido de que "No se entregó la pauta de evaluación. No se entregó evidencia del contrato de uno de los evaluadores", cabe tener presente que dichas peticiones no se encuentran incorporadas en la solicitud que dio origen al presente reclamo, por lo que no es posible pronunciarse sobre las mismas en esta instancia, debiendo ser desestimadas. En efecto, lo solicitado se refiere a que "me indique el tipo de contrato del profesor Dr. Fernando Romero Mejía y también por qué el califica mi tesis y no me hace entrega de una pauta de evaluación con la ponderación y cálculo de nota", de lo cual no es posible concluir ni deducir de su contenido, que lo requerido en la especie se refiera a copia del contrato de los evaluadores ni copia de las pautas de evaluación.</p>
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4) Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que, con fecha 6 de febrero de 2021, en forma posterior a la respuesta otorgada por la Universidad, la reclamante ingresó una nueva solicitud de información ante la Superintendencia de Educación Superior, en la cual requirió a la Universidad de La Frontera, expresamente, que "el Rector adjunte el contrato Ad-Honorem, Dr. Romero desde el mes de abril del 2020 a la fecha. También solicito se adjunte el acta en el que se acuerda reprobar la asignatura Tesis III. Solicito se adjunte la lista de todas las publicaciones del Dr. Romero, vinculadas a ‘voz y audición’, no a otras áreas de la neurociencia. Pido que se adjunte la pauta ad-hoc que utilizó cada evaluador de manera independiente con su respectiva calificación" (énfasis agregado). En consecuencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, respecto de esta parte.</p>
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5) Que, en tercer lugar, respecto de la información que detalle la experiencia del académico en la temática de voz y audición, el órgano se limitó a explicar algunas labores efectuadas por el profesional y parte de sus antecedentes académicos. No obstante lo anterior, la institución universitaria no entregó copia de ningún antecedente que acredite en forma fehaciente, la formación profesional y académica respecto de las materias consultadas. En efecto, la Universidad no acompañó copia de currículum vitae, ni certificado de título, ni ningún otro antecedente que compruebe la experiencia ni la carrera profesional de pregrado, cursos, postgrado, postítulos o doctorados aprobados por el profesor consultado. Al respecto, se debe considerar que esta Corporación ha resuelto que los antecedentes referidos al vínculo contractual, registro de asistencia, desempeño, calificaciones, currículum vitae, remuneraciones y bonos, de los funcionarios de la Administración del Estado, constituye información pública, atendida la naturaleza de la función en cuyo contexto se genera. Así, se ha pronunciado en las decisiones roles C203-10, C277-11, C2645-14 y C788-17, respectivamente.</p>
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6) Que, en tal sentido, cabe agregar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Carta Fundamental y 3 de la Ley de Transparencia, se debe ejercer con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En efecto, y en mérito de la función que cumple todo servidor público, se justifica un control social sobre aquella información que, si bien puede incidir en aspectos de la vida privada del funcionario, resulta relevante a fin de establecer el debido cumplimiento de sus deberes. En tal sentido, los antecedentes relativos al cumplimiento de la jornada de trabajo y su control de asistencia, cargos y funciones que desempeña, preparación y capacitación profesional, entre otros antecedentes, es información pública de conformidad a la Ley de Transparencia.</p>
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7) Que, en consecuencia, en virtud de lo expuesto, habiéndose otorgado respuesta incompleta, tratándose de información pública que debe obrar en poder del órgano, y no habiéndose alegado causales de reserva que ponderar, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, respecto de esta parte, ordenando la entrega de la información solicitada, debiendo el órgano tarjar, previamente, aquellos datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación que se entregue, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, estado civil, teléfono, correo electrónico particular, entre otros, en aplicación de lo previsto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, tanto a la reclamante como a este Consejo, si alguno de dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Carla Figueroa Saavedra en contra de la Universidad de La Frontera, por los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Rector de la Universidad de La Frontera, lo siguiente:</p>
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a) Entregar a la solicitante copia de antecedentes que acrediten fehacientemente, la experiencia profesional o académica del profesor Dr. Fernando Romero Mejía en la temática de Voz y Audición, debiendo tarjar, previamente, aquellos datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación que se entregue, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, estado civil, teléfono, correo electrónico particular, entre otros, en aplicación de lo previsto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, y del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, señalar expresa y fundadamente, tanto a la reclamante como a este Consejo, si alguno de dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Rechazar el amparo respecto de la copia del contrato y de la pauta de evaluación reclamadas, toda vez que dicho requerimiento no se encuentra contenido en la solicitud de información que dio origen al presente amparo.</p>
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IV. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Carla Figueroa Saavedra y al Sr. Rector de la Universidad de La Frontera.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y los Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.</p>