<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C870-21</p>
<p>
</p>
<p>
Entidad pública: Gobierno Regional de la Región de Los Ríos</p>
<p>
Requirente: Cecilia Camila Quintana Binimelis</p>
<p>
Ingreso Consejo: 08.02.2021</p>
<p>
RESUMEN</p>
<p>
Se acoge el amparo deducido en contra del Gobierno Regional de la Región de Los Ríos, requiriendo la entrega de copia de la prueba técnica de concurso que indica, tarjando previamente todo dato personal de contexto contenido en aquella.</p>
<p>
Lo anterior, debido a que la circunstancia de estar pendiente el control de legalidad de la resolución final de nombramiento del cargo objeto del referido concurso por parte de la Contraloría Regional de los Ríos, no es obstáculo a su divulgación, según ha sostenido reiteradamente este Consejo en los amparos Roles A253-09, A309-09, C870-10, C743-12, y C4199-17 y C5993-19, entre otros.</p>
<p>
Adicionalmente, se trata de antecedentes que se han sido tenidos a la vista para la selección de personal en un concurso público, por tanto constituyen fundamento del acto administrativo que los designa y que, además, acreditarían la idoneidad profesional del seleccionado.</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 1178 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C870-21.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de enero de 2021, doña Cecilia Camila Quintana Binimelis solicitó a la Gobierno Regional de la Región de Los Ríos "Copia de la prueba técnica rendida en el Concurso Público llamado por Resolución Afecta N° 23, de fecha 24 de febrero de 2020".</p>
<p>
2) RESPUESTA: Mediante Ord. G.R. N° 233, de fecha 4 de febrero de 2021, el Gobierno Regional de la Región de Los Ríos respondió a dicho requerimiento indicando que deniega la entrega de la información por configurarse la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, considerando que lo solicitado tiene que ver con antecedentes y/o deliberaciones de un concurso público de ingreso a planta profesional que aún tiene su Resolución Final de Nombramiento en estudio y en trámite ante la Contraloría Regional de Los Ríos, conforme al artículo 11 de la Resolución N° 6/2018, de la Contraloría General de la República, es decir, aún no está totalmente tramitada y por lo mismo no es válida, lo que significa que a esta fecha no puede afirmarse que tal o cual candidato detente la calidad que le podría dar el nombramiento totalmente tramitado ni puede ejercer en ese Servicio como profesional grado 6 de la Planta.</p>
<p>
3) AMPARO: El 8 de febrero de 2021, doña Cecilia Camila Quintana Binimelis dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta negativa a la solicitud.</p>
<p>
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Intendente de la Región de Los Ríos, mediante Oficio N° E5364, de fecha 3 de marzo de 2021, solicitando lo siguiente: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.</p>
<p>
Mediante Oficio Ord. N° 535, de fecha 29 de marzo de 2021, el órgano reclamado acompañó presentación, en la que precisó que la solicitante no ha sido ni postulante ni participante en el concurso público respectivo y reiterando la causal de reserva de la información hecha valer en su respuesta, pues se trata de antecedentes previos a "la adopción de una resolución", cuyo conocimiento afectaría sus funciones y certezas vinculadas a la validez de un proceso que culmina con una decisión (Resolución Afecta), pues se trata de un proceso concursal aún no terminado y en etapa de control de legalidad por parte de la Contraloría General de la República (sede regional), tanto la Resolución de nombramiento como sus antecedentes, dentro de los cuales se encuentran necesariamente las actas del Comité de Selección (deliberaciones). El entregar una información que aún no ha terminado el control de legalidad mencionado, pudiera significar, que si bien el proceso no "pasa" satisfactoriamente dicho control de legalidad, la información y el nombramiento que eventualmente se podrían haber entregado (a propósito de la solicitud), no sean válidos. Indica que el proceso concursal ha sido representado dos veces por oficios que indica, por la mencionada Contraloría Regional.</p>
<p>
Acto seguido, la reclamada se refiere al control de legalidad ejercido por la Contraloría General de la República, establecido en los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República, lo dispuesto en el decreto supremo N° 2421, año 1964, del Ministerio de Hacienda, fija el texto refundido de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República - en adelante D.S. N° 2421/1964-; con relación a lo prescrito en el decreto con fuerza de ley N° 1/19653, año 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado - en adelante D.F.L. N° 1/19653-; y a la ley N° 19.880, establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; por medio de las cuales el órgano Contralor examina si los decretos, resoluciones y decretos con fuerza de ley cumplen con los requisitos de fondo y forma que a su respecto exige el ordenamiento jurídico, lo que supone necesariamente revisar (control preventivo) también sus antecedentes y deliberaciones y no solo el acto final para otorgar validez. Agrega asimismo, que los concursos públicos de acceso a la planta están afectos al trámite de Toma de Razón, conforme a la Resolución N° 6/2019, de la Contraloría General de la República.</p>
<p>
Finalmente, reiteró su disposición a entregar lo solicitado, una vez que se disponga de una resolución totalmente tramitada respecto del concurso público consultado.</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que, el presente amparo se funda en respuesta negativa a la solicitud de información, al respecto el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
2) Que, el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de la contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que se encuentre sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
3) Que en cuanto a la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia alegada por el órgano reclamado, cabe hacer presente que a partir de las decisiones pronunciadas en los amparos Roles A12-09, A47-09 y A79-09, este Consejo ha sostenido reiteradamente que para configurar dicha hipótesis de reserva, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: (a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y (b) que su conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.</p>
<p>
4) Que, en cuanto a la verificación de los requisitos enunciados en el considerando anterior, esta Corporación advierte que la circunstancia de encontrarse pendiente el trámite de control de legalidad -ante la Contraloría Regional de Los Ríos- no constituye un impedimento para la divulgación de los antecedentes de la resolución de nombramiento consultada, la que si bien está sujeta al trámite de toma de razón, este no constituye una causal de reserva al alero de la Ley de Transparencia. Además, aquel persigue un fin diverso al del procedimiento de acceso a la información pública seguido ante este Consejo, que se condice con la eventual adecuación o inadecuación de la referida resolución a la normativa vigente.</p>
<p>
5) Que, en efecto, este Consejo ha sostenido, entre otras, en las decisiones recaídas en los amparos Roles A303-09, C806-10 y C575-11, que la publicidad y transparencia de los actos administrativos -sean de trámites o terminales-, constituye un principio general de orden público que permite a los interesados tener acceso a las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado, en las que se contienen sus declaraciones de voluntad, señalando especialmente que si un acto ha sido ya adoptado y sólo está pendiente la toma de razón, corresponde entregarlo, pues ello no obsta la publicidad. En tal sentido, la Contraloría General de la República, en su Dictamen N° 7.355, de 2007, afirmó que la autoridad se encuentra obligada a proporcionar a los interesados copia de los actos que emita en ejercicio de sus potestades públicas, aún en el caso de aquellos sujetos a toma de razón cuyo trámite ante este Órgano Fiscalizador se encuentre pendiente. Ello, por cuanto dicho control de juridicidad constituye una mera presunción de legalidad de los actos administrativos que no guarda relación con la existencia de la actuación administrativa de la cual emanan, ni con las causales que podrían motivar la reserva o secreto de los actos y resoluciones, sino que se establece como requisito de validez de los mismos, es decir se relaciona con sus efectos y obligatoriedad. Además, en dicho Dictamen se agrega que esta entrega de información debe realizarse sin perjuicio de que se ponga en conocimiento de los interesados que dicho acto administrativo no produce efectos mientras no se haya cumplido su total tramitación, dentro de lo cual debe considerarse, en este caso, la toma de razón. (Aplica dictámenes N° 33.659, de 2000, y N° 10.246, de 2006)</p>
<p>
6) Que, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie.</p>
<p>
7) Que, de hecho, la reclamada adoptó una decisión al dictar la resolución de nombramiento, respecto de cual sirven de antecedentes los documentos solicitados, circunstancia que es independiente del trámite de toma de razón ante el Ente de Control y de lo que, en definitiva, determine aquel en torno a su juridicidad. En efecto, cabe desestimar la alegación expuesta, atendido que ello importaría que los fundamentos de la decisión fuesen indefinidamente reservados, lo que pugna con el sentido de la Ley de Transparencia. Por lo que, se debe descartar la concurrencia de la causal de reserva alegada.</p>
<p>
8) Que, en consecuencia, se acogerá el presente amparo, requiriendo la entrega de la prueba técnica rendida en concurso público que indica, debiendo tarjar, en forma previa, todos los datos personales de contexto, como por ejemplo, domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros, que pudieran estar contenidos en aquella. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la Republica, en la ley N° 19.628, sobre la Protección de la Vida Privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a esta Corporación por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. Con todo, se hace presente al órgano que al momento de entregar la información podrá comunicar al peticionario su condición de acto administrativo pendiente de trámite de toma de razón, de ser ese aún el caso.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Acoger el amparo deducido por doña Cecilia Camila Quintana Binimelis en contra del Gobierno Regional de la Región de Los Ríos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
II. Requerir al Sr. Intendente de la Región de Los Ríos, lo siguiente:</p>
<p>
a) Entregue a la reclamante acceso a la prueba técnica rendida en concurso público que indica tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que pueda contener.</p>
<p>
b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
<p>
III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Cecilia Camila Quintana Binimelis y al Sr. Intendente de la Región de Los Ríos.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.</p>