Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1021-21

Reclamante:	ISMAEL MENA ABRIGO
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de San Miguel, ordenándose la entrega de la documentación de la propuesta para la modificación de los proyectos ubicados en los terrenos de la Ex Ciudad del Niño. Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de la cual se desestimó que su entrega afecte el privilegio deliberativo del órgano reclamado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/11/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	DFL 458 1976 - Ley General de Urbanismo y Construcción Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C12-09 C79-09 C3014-15
Jurisprudencia a:	C2987-21 C3430-21 C6494-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Datos personales >> Niños >> Otros
Descriptores analíticos:	Gestión y administración territorial (Urbanismo)

DECISIÓN AMPARO ROL C1021-21   Entidad pública: Municipalidad de San Miguel Requirente: Ismael Mena Abrigo Ingreso Consejo: 15.02.2021 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de San Miguel, ordenándose la entrega de la documentación de la propuesta para la modificación de los proyectos ubicados en los terrenos de la Ex Ciudad del Niño. Lo anterior, por tratarse de información pública respecto de la cual se desestimó que su entrega afecte el privilegio deliberativo del órgano reclamado. En sesión ordinaria N° 1178 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1021-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de enero de 2021, don Ismael Mena Abrigo solicitó a la Municipalidad de San Miguel, "conocer la documentación de la propuesta para la modificación de los proyectos ubicados en los terrenos de la Ex Ciudad del Niño presentada el "30 de noviembre 2017" por la "Fundación Ciudad del Niño" a la Municipalidad de San Miguel. Esto en base, por lo dicho el "6 de enero de 2021" en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados por el Sr. Edmundo Crespo Pisano (minuto 44:47) Director Ejecutivo y representante de la "Fundación Ciudad del Niño" ante la Comisión de Vivienda". 2) RESPUESTA: Mediante Carta N° 1635, de fecha 4 de febrero de 2021, la Municipalidad de San Miguel denegó el acceso a la información solicitada por concurrir a su respecto la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, por tratarse de antecedentes previos a la adopción de una resolución, y que sus fundamentos serán públicos una vez que ésta sea adoptada. 3) AMPARO: El 15 de febrero de 2021, don Ismael Mena Abrigo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió una respuesta negativa a su solicitud. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Miguel, mediante Oficio N° E5720, de fecha 6 de marzo de 2021, solicitando lo siguiente: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo. Mediante Oficio N° 38/314, de fecha 23 de marzo de 2021, la Municipalidad evacuó sus descargos, señalando principalmente que: "los documentos que contempla la propuesta presentada por la Fundación Ciudad del Niño informan la adopción de una resolución y como tal; configuran una causal de secreto, toda vez que su conocimiento afecta el debido cumplimiento de las funciones de la dirección de obras municipales, ya sea porque constituye la base de la resolución que debe emitir el director de obras y/o porque, a su respecto, dado la envergadura del proyecto, se ha solicitado una reunión al ministro de Vivienda y Urbanismo, con fecha 25 de enero de la anualidad, que tiene por objeto, precisamente, salvaguardar los intereses de la comunidad, cuyo resguardo solicita el recurrente". Añadiendo luego que, lo requerido afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano, por cuanto: a) Lo solicitado por el requirente, sirve de antecedente para la adopción de una resolución, y en definitiva, de una política futura, toda vez que los documentos relacionados con la modificación de los proyectos de construcción en la ex Ciudad del Niño, que fueron autorizados por orden de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, importan, en definitiva, una decisión sobre un tema de que es gran envergadura y connotación para la comuna de San Miguel, y respecto de la cual han solicitado una auditoría a la Contraloría General de la República. b) La entrega de los antecedentes solicitados que integran el expediente de los permisos de edificación, vulneraría el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida aplicar, ya que la resolución que se adopte respecto de la modificación de los permisos otorgados a la fundación ciudad del niño, es de vital importancia para la futura planificación de la comuna de San Miguel, lo que queda plenamente demostrado con las solicitudes de invalidación presentadas por vecinos, de los requerimientos realizados a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y a la Cámara de Diputados que, en definitiva, han entorpecido una adecuada toma de decisión, la que requiere del estudio de dicha normativa plasmada en la Ley y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y de las resoluciones de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo que han sido contradictorias entre sí. c) En consecuencia, existiría una real afectación del bien jurídico que se pretende cautelar, por cuanto la resolución que se encuentra pendiente de adoptar, y cuyos antecedentes han sido solicitados por el recurrente, conlleva una serie de significancias para la comunidad de San Miguel, lo que se evidencia en las diversas instancias que se han utilizado por vecinos, en representación de la comuna, para revisar la legalidad de los permisos de construcción otorgados los que en definitiva entorpecido las funciones de la dirección de obras municipales para adoptar una correcta resolución. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información, al respecto el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. 2) Que, en virtud de la causal de reserva alegada por el órgano reclamado, se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1 letra b) del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de estas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. 3) Que, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos Roles C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otros, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. 4) Que, del análisis de los antecedentes acompañados a este procedimiento, en la especie, respecto del primero de los requisitos, se advierte que, tal como señaló la reclamada, los documentos solicitados, servirán de base para la dictación de una resolución que debe emitir el Director de Obras de la Municipalidad. Sin embargo, en cuanto a cómo su publicidad, conocimiento o divulgación afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, el municipio no ha aportado elementos suficientes que permitan sostener que existiría una afectación presente o probable en la resolución que debe adoptar, pues no se ha acreditado fehacientemente un vínculo preciso de causalidad entre los antecedentes pedidos y la resoluciones que deberá dictar la autoridad. 5) Que, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes específicos que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. De esta forma, el órgano reclamado no especificó ni detalló de qué manera la entrega de cada uno de los antecedentes pedidos podría generar la afectación alegada, en consecuencia, se desestimará la concurrencia de la causal alegada. 6) Que en cuanto a la información solicitada se debe tener presente que el inciso primero del artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción establece que "la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza General". Agregando en su inciso noveno y final que "la Dirección de Obras Municipales deberá exhibir, en el acceso principal a sus oficinas, durante el plazo de sesenta días contado desde la fecha de su aprobación u otorgamiento, una nómina con los anteproyectos, subdivisiones y permisos a que se refiere este artículo. Asimismo, deberá informar al concejo y a las juntas de vecinos de la unidad vecinal correspondiente y mantener a disposición de cualquier persona que lo requiera, los antecedentes completos relacionados con dichas aprobaciones o permisos". 7) Que, por su parte, el artículo 1.1.7 del decreto supremo N° 47, año 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que fija nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley General Urbanismo y Construcciones refuerza la norma indicada en el considerando anterior, señalando expresamente que "las Direcciones de Obras Municipales otorgarán el debido acceso a los documentos públicos que les sean solicitados por cualquier persona", precisando que los referidos documentos "serán especialmente aquellos relacionados, directa o indirectamente, con la aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de esta Ordenanza o de los Instrumentos de Planificación Territorial, incluyendo los oficios, actas, resoluciones o pronunciamientos, de cualquier naturaleza, que se relacionen con exigencias u obligaciones efectuadas a particulares con motivo de la tramitación de solicitudes o expedientes o bien en respuesta a consultas sobre la aplicación de las materias señaladas". 8) Que, en consecuencia, se acogerá el presente amparo, requiriendo la entrega de la información solicitada, tarjando, previamente, todos aquellos datos personales de contexto, que puedan contener. Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Ismael Mena Abrigo en contra de la Municipalidad de San Miguel, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Miguel, lo siguiente: a) Entregue al reclamante copia de "la documentación de la propuesta para la modificación de los proyectos ubicados en los terrenos de la Ex Ciudad del Niño presentada el "30 de noviembre 2017" por la "Fundación Ciudad del Niño" a la Municipalidad de San Miguel."; tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que puedan contener. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Ismael Mena Abrigo y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Miguel En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.