Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1459-12

Reclamante:	VÍCTOR MELÉNDEZ MACKENZIE
Reclamado:	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Ministerio, fundado en haber recibido respuesta negativa a su solicitud de información sobre se le informara si el ciudadano argentino que indica tiene permiso de trabajo en Chile. El Consejo señaló que la difusión de dicha información no contravendría la finalidad por la cual el particular ha hecho entrega de sus datos personales a la Administración, encontrándose la Administración autorizada para dicha comunicación, por cuanto ésta resulta adecuada y pertinente a la finalidad que motivó su recolección, y su comunicación no aparece como excesiva en relación con ella. En consecuencia, la información requerida debe tener el carácter de pública, correspondiendo acoger el amparo deducido, ordenando al Ministerio informar la situación migratoria consultada, además, existe un interés público prevalente en conocer si un determinado extranjero que ha ingresado a Chile se encuentra residiendo en conformidad a las exigencias, condiciones y prohibiciones que nuestro ordenamiento jurídico y en particular el Decreto Ley N° 1.094, le imponen, toda vez que la comunicación de la información facilita a los particulares verificar el cumplimiento de una autorización administrativa, cuando ésta les resulta oponible.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/16/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C315-12
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Órganos sujetos a la competencia del Consejo >> Corporaciones y fundaciones de Derecho Privado >> Corporaciones Municipales
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C1459-12 Entidad pública: Ministerio del Interior y Seguridad Pública Requirente: Víctor Meléndez Mackenzie Ingreso Consejo: 10.10.2012 En sesión ordinaria N° 399 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de diciembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1459-12. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de septiembre de 2012, don Víctor Meléndez Mackenzie solicitó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública (en adelante el Ministerio), le informara si el ciudadano argentino que indica tiene permiso de trabajo en Chile. 2) RESPUESTA: El Ministerio, a través de su Departamento de Extranjería y Migración, contestó dicha solicitud mediante carta N° 23.630, de 27 de septiembre de 2012, señalando lo siguiente: “me permito informarle que en conformidad el artículo 7° de la Ley N° 19.628 de 1999, sobre Protección de la Vida Privada, se encuentra legalmente prohibido divulgar cualquier dato de carácter personal y sensible de nuestros usuarios”. 3) AMPARO: El 10 de octubre de 2012, don Víctor Meléndez Mackenzie dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio, fundado en haber recibido respuesta negativa a su solicitud de información. Agregó que el ciudadano argentino por el cual consulta puso término a su contrato laboral, por lo que en el caso que éste no tuviera un permiso laboral, su despido sería nulo de acuerdo con lo estipulado en el artículo 10 del Código Civil. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Subsecretario del Interior, mediante oficio N° 3.948, de 18 de octubre de 2012, requiriendo en particular que se refiriera a: (1°) las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (2°) proporcione a este Consejo los datos de contacto del ciudadano argentino indicado en la solicitud, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Dicha autoridad presentó sus descargos y observaciones por medio del oficio N° D-18.882, del 7 de noviembre de 2012, señalando –en síntesis– lo siguiente: a) Se dio respuesta a la solicitud presentada por el requirente denegando el acceso al documento solicitado, por concurrir la causal de secreto y reserva del N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, ya que otorgar el acceso a la solicitud del requirente vulneraría la esfera de la vida privada del titular aludido en la presentación; siendo dable anotar que tal transgresión no constituye simplemente una amenaza a un interés legítimo de aquél, sino que una afectación directa a un derecho garantizado por la Constitución, a saber, el artículo 19 N° 4 que asegura el respeto y protección a la vida privada de la persona y su familia. b) Los diversos Organismos Públicos mantienen la obligación de respetar y garantizar los derechos fundamentales de todo titular, resguardando así aquellos antecedentes o documentos que contengan información acerca de la vida personal y privada de una persona. Las oficinas del Departamento de Extranjería y Migración mantienen en su poder datos personales que conforman el registro de expedientes e información de extranjeros, los cuales han sido obtenidos de fuentes no accesibles al público. Esa Cartera se encuentra impedida de comunicar y entregar dichos datos personales a terceros distintos de sus titulares, sin que medie autorización legal ni consentimiento de dichos titulares. La información recabada que obra en poder de ese Departamento, constituye una base de datos conformada por todos los antecedentes necesarios de personas extranjeras, y sólo pueden ser solicitados y retirados por el titular de aquéllos o por las personas que realizan diligencias con mandato o poder, en representación de terceros, por el hecho de tratarse de contenidos de carácter personal y sensible. c) Por último, informó la calidad migratoria del tercero a que se refiere la solicitud. 5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Atendido que el Ministerio no se pronunció acerca de la solicitud de los datos de contacto del tercero involucrado, formulada por este Consejo, el Consejo Directivo de este órgano colegiado, en su sesión ordinaria N° 390, de 21 de noviembre pasado, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 34 de la Ley de Transparencia, determinó solicitar nuevamente a dicho órgano los datos de contacto del aludido ciudadano argentino, toda vez que conferirle audiencia en este proceso resultaba indispensable para arribar a un fundado y correcto acuerdo en el amparo interpuesto. Dicho requerimiento se materializó a través del oficio N° 4.514, de 26 de noviembre de 2012. En respuesta al citado oficio, el Sr. Subsecretario del Interior comunicó a través del oficio N° D-20.161, de 30 de noviembre de 2012, lo que se resume a continuación: a) Reitera lo informado por medio del oficio N° 18.882/ 2012, señalado en el N° 4° precedente. b) Se adjunta “Acta de Búsqueda de Información” de fecha 30 de noviembre de 2012, suscrita por el Jefe Departamento de Extranjería y Migración que –en síntesis– señala: i. Se ha realizado la búsqueda de la ficha del referido extranjero en la base de datos del sistema de extranjería B3000 que almacena información de los extranjeros en Chile. En dicho sistema informático figura una ficha para dicha persona que contiene la carta presentada por don Víctor Hugo Meléndez Mackenzie con fecha 10 de septiembre de 2012 en que solicita información sobre el aludido extranjero y la carta de respuesta de fecha 27 de septiembre de 2012, del Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, que responde el requerimiento. ii. Respecto de la solicitud de información de datos de contacto del extranjero en comento formulada por este Consejo, indica que se han hecho revisiones en el sistema de extranjería y no se cuenta con la información solicitada. Con todo, informó los movimientos migratorios del extranjero aludido. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, conforme al Decreto Ley N° 1.094, que Establece Normas sobre Extranjeros en Chile, para ingresar al territorio nacional los extranjeros deberán cumplir los requisitos que señala dicho decreto ley, y para residir en Chile deberán observar sus exigencias, condiciones y prohibiciones, entre las cuales se encuentra la de contar con una visa. De acuerdo al artículo 5° del decreto ley, la visación “es el permiso otorgado por la autoridad competente, estampado en un pasaporte válido y que autoriza a su portador para entrar al país y permanecer en él por el tiempo que determine”; esta autorización es otorgada por el Ministerio del Interior, salvo en el caso del “residente oficial”, que es autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los extranjeros podrán ingresar a Chile en calidad de turistas, residentes, residentes oficiales e inmigrantes. Según su artículo 44, se consideran turistas los extranjeros que ingresen al país con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios, familiares, religiosos u otros similares, sin propósito de inmigración, residencia o desarrollo de actividades remuneradas. De hecho, el artículo 48 prohíbe expresamente a los turistas desarrollar actividades remuneradas. Por su parte, el artículo 22 dispone que a los residentes se les otorgarán visaciones con las siguientes denominaciones: “residente sujeto a contrato”, “residente estudiante”, “residente temporario” y “residente con asilo político o refugiado”. Los titulares de visación de residente sujeto a contrato, temporario y refugiado podrán realizar actividades remuneradas, mientras que el residente estudiante podrá hacerlo en la medida que cuente con la correspondiente autorización de trabajo . 2) Que, conforme a la normativa antes indicada, los citados permisos “de turismo” o “residencia”, en tanto autorizaciones, constituyen actos administrativos –definidos por el artículo 3° de la Ley N° 19.880–, los cuales conceden al administrado (extranjero en Chile) un poder o derecho preexistente en estado potencial. 3) Que la información solicitada por el Sr. Meléndez Mackenzie consiste en datos personales de un tercero, pues el hecho de que un extranjero determinado se encuentre o no habilitado para desarrollar actividades remuneradas en Chile es información concerniente a una persona natural identificada, en los términos del artículo 2°, letra f, de la Ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 4° del citado cuerpo legal, el tratamiento o comunicación de dichos datos personales “sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello”. Además, según lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley 19.628, éstos “deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público”. 4) Que, con todo, según ya ha indicado este Consejo, “…no toda información subsumible en la categoría de dato personal es per se secreta, pues ello obviaría la inteligencia o sentido de la regla de publicidad de la información que obre en poder de la Administración del Estado, contenida en los artículos 5°, 11 letra c) y 21 de la Ley de Transparencia” (decisión de amparo Rol C315-12). Ello resulta especialmente atendible respecto de aquellos datos personales que constituyen elementos esenciales de los actos administrativos, como lo es la autorización administrativa sobre la que versa el presente amparo. En efecto, el artículo 8° de la Constitución Política y los artículos artículo 5° y 10 de la Ley de Transparencia reconocen expresamente una regla de publicidad de los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado. 5) Que, en el presente caso, resulta claro que la autorización o permiso en comento comprende el conocimiento y expectativa de que ésta será pública, toda vez que conforme a su marco normativo dicho permiso está destinado, por su naturaleza, a ser expuesto ante terceros, para dar cuenta de la titularidad de la autorización respectiva. Así se concluye de la lectura de los artículos 74, 76 y 77 del D.L. N° 1.094, según los cuales “no se podrá dar ocupación a los extranjeros que no acrediten previamente su residencia o permanencia legal en el país o que están debidamente autorizados para trabajar o habilitados para ello”; los organismos estatales “deberán exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de la competencia de esos servicios, que previamente comprueben su residencia legal en el país y que están autorizados o habilitados para realizar el correspondiente acto o contrato; y los hoteles, residenciales, casas de hospedaje, propietarios y arrendadores que convengan o contraten con ellos arrendamiento, deberán exigirles previamente que acrediten su residencia legal en el país. En ese contexto, la difusión de dicha información no contravendría la finalidad por la cual el particular ha hecho entrega de sus datos personales a la Administración, encontrándose la Administración autorizada para dicha comunicación, por cuanto ésta resulta adecuada y pertinente a la finalidad que motivó su recolección, y su comunicación no aparece como excesiva en relación con ella. En consecuencia, la información requerida debe tener el carácter de pública, correspondiendo acoger el amparo deducido por el Sr. Meléndez Mackenzie, ordenando al Ministerio informar la situación migratoria consultada. 6) Que, además, existe un interés público prevalente en conocer si un determinado extranjero que ha ingresado a Chile se encuentra residiendo en conformidad a las exigencias, condiciones y prohibiciones que nuestro ordenamiento jurídico y en particular el Decreto Ley N° 1.094, le imponen, toda vez que la comunicación de la información facilita a los particulares verificar el cumplimiento de una autorización administrativa, cuando ésta les resulta oponible. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo deducido por don Víctor Meléndez Mackenzie, de 10 de octubre de 2012, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior que: a) Informe al reclamante si don Hernán Juan Rodríguez tiene permiso de trabajo en Chile. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Subsecretario del Interior y a don Víctor Meléndez Mackenzie. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que no concurre al presente acuerdo la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.