Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1095-21

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Reclamante:	PATRICIO LOPEZ CERDA
Reclamado:	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Unidad de Análisis Financiero, requiriéndose la entrega de información sobre la cantidad de casos y montos totales que ha investigado el órgano requerido que involucre el uso de criptomonedas. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que aquella no obre en su poder, deberá informar dicha circunstancia expresa y fundadamente al reclamante y a este Consejo, en la etapa de cumplimiento de esta decisión. Lo anterior, por cuanto se desestimó la causal de reserva de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, toda vez que el organismo no específico -de forma concreta y fehaciente-, ni detalló de qué manera la entrega de la información consultada podría suscitar la afectación esgrimida, máxime si se considera que los antecedentes pedidos se circunscriben a información puramente estadística -datos numéricos-, de carácter general, global y no personalizada, la cual no permite identificar un procedimiento investigativo determinado, ni implica la develación de los reportes de operaciones sospechosas evacuados por las personas naturales y jurídicas obligadas. Asimismo, con respecto a la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia que fuere alegada por el órgano reclamado, se desestimó su concurrencia, pues el precepto invocado por la reclamada no constituye en sí mismo un caso de reserva, pues no otorga carácter secreto a los datos que indica sino que simplemente explicita un deber funcionario aplicable a las personas que, a cualquier título, presten servicios en la UAF. Aplica -en lo pertinente- criterio razonado en las decisiones Roles C1580-14, C1732-19, C1747-19 y C6617-20.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/4/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1580-14 C1732-19 C1747-19 C6617-20
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DECISIÓN AMPARO ROL C1095-21   Entidad pública: Unidad de Análisis Financiero (UAF) Requirente: Patricio López Cerda Ingreso Consejo: 17.02.2021 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Unidad de Análisis Financiero, requiriéndose la entrega de información sobre la cantidad de casos y montos totales que ha investigado el órgano requerido que involucre el uso de criptomonedas. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que aquella no obre en su poder, deberá informar dicha circunstancia expresa y fundadamente al reclamante y a este Consejo, en la etapa de cumplimiento de esta decisión. Lo anterior, por cuanto se desestimó la causal de reserva de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, toda vez que el organismo no específico -de forma concreta y fehaciente-, ni detalló de qué manera la entrega de la información consultada podría suscitar la afectación esgrimida, máxime si se considera que los antecedentes pedidos se circunscriben a información puramente estadística -datos numéricos-, de carácter general, global y no personalizada, la cual no permite identificar un procedimiento investigativo determinado, ni implica la develación de los reportes de operaciones sospechosas evacuados por las personas naturales y jurídicas obligadas. Asimismo, con respecto a la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia que fuere alegada por el órgano reclamado, se desestimó su concurrencia, pues el precepto invocado por la reclamada no constituye en sí mismo un caso de reserva, pues no otorga carácter secreto a los datos que indica sino que simplemente explicita un deber funcionario aplicable a las personas que, a cualquier título, presten servicios en la UAF. Aplica -en lo pertinente- criterio razonado en las decisiones Roles C1580-14, C1732-19, C1747-19 y C6617-20. En sesión ordinaria N° 1186 del Consejo Directivo, celebrada el 1 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1095-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de febrero de 2021, don Patricio López Cerda solicitó a la Unidad de Análisis Financiero -en adelante, indistintamente UAF-; "cuantos casos y montos totales ha investigado la UAF que involucren el uso de criptomonedas". 2) RESPUESTA: Mediante resolución exenta N° 09, de fecha 17 de febrero de 2021, la Unidad de Análisis Financiero otorgó respuesta al requerimiento, denegando la entrega de los antecedentes consultados. Al efecto, argumentó que el contenido de los señalados reportes de operaciones sospechosas o en efectivo, así como también todos los antecedentes que componen o se acompañan a dichos reportes, son sometidos a análisis de inteligencia financiera, encontrándose protegidos por el deber de estricto secreto respecto de todos quienes presten servicios a la UAF, según lo prescribe el artículo 13 de la ley N° 19.913, crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos - en adelante ley N° 19.913-. Agregó que, la información que se recibe puede usarse exclusiva y excluyentemente para los propósitos que establece el citado texto legal, no pudiendo en caso alguno darla a conocer o entregarla a personas, organismos o servicios distintos al Ministerio Público o a los Tribunales de Justicia. Expuso que, el deber de reserva o secreto se extiende a la información relacionada con el resultado y actuaciones realizadas por la Unidad de Análisis Financiero frente a la remisión de un reporte de operaciones sospechosas (ROS) o de operaciones en efectivo (ROE) enviados por un Sujeto Obligado de la ley N° 19.913. En virtud de lo anterior, justificó que en la especie concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, puntualizando que, cualquier información acerca de la efectividad o no de haberse deducido un reporte ROS y/o ROE por parte de cualquiera de las personas jurídicas o naturales descritas en el artículo 3 de la ley N° 19.913, sobre determinada operación económica que involucre activos virtuales y/o criptomonedas, como asimismo el contenido de los mismos y los documentos fundantes de aquellos, que son los antecedentes utilizados por la UAF para realizar sus procesos de inteligencia financiera, podría implicar el despliegue de acciones por parte de los eventuales involucrados en las operaciones informadas que dificulten el ejercicio de función institucional de prevención de lavado de activos y del Financiamiento al Terrorismo, en adecuación de lo dispuesto en el artículo 1° del texto legal antes citado. A fin de refrendar lo anterior, citó jurisprudencia emanada de este Consejo. Adicionalmente, hizo presente que en la especie también concurre la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, con respecto a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 19.913, por cuanto establece excepciones a la mencionada reserva al facultar en el inciso segundo al Director de la Unidad de Análisis Financiero para dar a conocer o proporcionar información global y no personalizada, para fines exclusivamente estadísticos o de gestión, antecedentes que se encuentran publicados en la página web de nuestro Servicio. Complementó que, el inciso quinto de la norma legal precitada dispone que el su director deberá concurrir anualmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con el objeto de informar sobre aspectos generales de su gestión en sesión secreta. Asimismo, indicó que el inciso final de aquella norma exceptúa del deber de secreto las informaciones y antecedentes que requiera el Ministerio Público o el tribunal que conozcan del procedimiento criminal. Arguyó que, el deber de estricto secreto sólo contiene contadas excepciones dentro de las cuales no se encuentra la información pedida por el requirente, por el contrario, si se accede a dicha petición se transgrediría gravemente el deber de secreto descrito. 3) AMPARO: El 17 de febrero de 2021, don Patricio López Cerda dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director de la Unidad de Análisis Financiero, mediante Oficio N° E5734, de fecha 6 de marzo de 2021, solicitando se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega de aquella afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa. Mediante Oficio Ordinario N° 77, de fecha 17 de marzo de 2021, el organismo presentó sus descargos y observaciones, en los siguientes términos: 4.1) Primeramente, ilustró que la ley N° 19.913 faculta a la Unidad de Análisis Financiero para realizar diversas labores, tales como implementar y difundir el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (en adelante, Sistema Preventivo); fiscalizar el cumplimiento de la normativa anti-lavado; impartir instrucciones generales para el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas por dicha ley; efectuar inteligencia financiera por medio del análisis de la información entregada por los denominados sujetos obligados previstos en el artículo 3 del cuerpo normativo citado, lo que se materializa por medio de los denominados Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE), entre otras. Adicionalmente, hizo presente que la ley N° 19.913 contiene dos obligaciones principales con los sujetos obligados: - Informar sobre los actos, operaciones o transacciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades económicas, de conformidad con el concepto de operación sospechosa establecido en el artículo 3 de la ley N° 19.913. - Mantener registros especiales por el plazo de mínimo de cinco años e informar a la Unidad de Análisis Financiero, de toda operación en efectivo superior a US$ 10.000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en pesos chilenos. 4.2) Puntualizó que la información solicitada sólo puede obtenerse mediante los reportes de operaciones sospechosas (ROS) enviados por los sujetos obligados a la UAF, que, para el presente caso, involucraren el uso de criptomonedas para el lavado de dinero y la comisión de otros delitos. En tal contexto, esgrimió que el ROS y el ROE se encuentra protegido por el deber de estricto secreto consagrado en el artículo 13 de la ley N° 19.913, reiterando que la información que se recibe por medio de dichos reportes, debe usarse exclusiva y excluyentemente para los propósitos que establece el referido cuerpo normativo. A su vez, indicó que tal protección es necesaria para el debido cumplimiento de las funciones que desempeña el organismo, mediante la generación de procesos de inteligencia financiera, los cuales en caso de permitir estimar la existencia de indicios de la comisión de alguno de los delitos que se indican, se remite la información al Ministerio Público. Por tal motivo, argumentó que la publicidad del número y montos involucrados en los Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos como Unidad, y que ha sido, afecta directamente el debido cumplimiento de las funciones del órgano recurrido, en los términos previstos en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Acto seguido, hizo presente que la prohibición de divulgación prevista en el artículo 13 de la ley N° 19.913, constituye una disposición legal de contenido amplio, comprendiendo a todos los que presten servicios a la UAF a cualquier título, y abarcando todas las informaciones y cualquier otro tipo de antecedente que conozca en el ejercicio de sus cargos, por lo que su interpretación no puede ser restrictiva. 4.3) Asimismo, hizo presente el carácter altamente sensible de la información requerida, dado que los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) son enviados de buena fe a la UAF cuando los sujetos obligados por la ley N° 19.913 llegan a detectar una operación sospechosa, esto es, la comisión aislada o reiterada de un acto, operación o transacción que conforme al normal funcionamiento de la actividad que desarrollan, resulta inusual o carece de justificación económica o jurídica aparente. En tal sentido, ilustró que, del análisis de la información contenida en uno o más ROS remitidos de buena fe por un sujeto obligado, el órgano desarrolla un proceso de inteligencia financiera con la finalidad de detectar indicios de lavados de activos o de financiamiento al terrorismo, que en caso de estimarse por parte del Director de la UAF que existen tales indicios éste ordena remitir un informe al Ministerio Público, si legalmente corresponde, según lo preceptuado en el artículo 2 inciso final de la mencionada ley. Por tal motivo, argumentó que la materialidad de los ROS recibidos, como asimismo la información contenida en ellos, constituyen los insumos principales con que el organismo cuenta para desarrollar y llevar a cabo procesos de inteligencia financiera y de esta manera, dar cumplimiento a su objetivo legal contemplado en el artículo 1 de la ley N° 19.913, que es prevenir e impedir la utilización de distintos sectores de la actividad económica en la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo descritos en el artículo 27 del singularizado cuerpo legal y en el artículo 8 de la ley N° 18.314, determina conductas terroristas y fija su penalidad - en adelante ley N° 18.314-. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso a la información formulada por el peticionario, referente a la entrega de la cantidad de casos y montos totales que ha investigado la Unidad de Análisis Financiero que involucren el uso de criptomonedas. Al respecto, el órgano recurrido se opuso a su entrega, por concurrir en la especie las hipótesis de reserva consagradas en el artículo 21 N° 1 y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última, en adecuación de lo prescrito en el artículo 13 de la ley N° 19.913. 2) Que, a modo de contexto, cabe ilustrar el marco normativo que regula las materias consultadas en el presente procedimiento de acceso, siendo dable consignar que la Unidad de Análisis Financiero tiene por objeto prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de alguno de los delitos descritos en el artículo 27 de esta ley, y en el artículo 8 de la ley N° 18.314 (artículo 1° ley N° 19.913), en particular, la prevención de lavado de activos y del Financiamiento al Terrorismo. Luego, el artículo 3 del cuerpo legal previamente singularizado dispone que "los bancos e instituciones financieras" estarán obligadas a informar sobre "operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades", entendiendo por éstas "todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente o pudiera constituir alguna de las conductas contempladas en el artículo 8° de la ley N° 18.314, o sea realizada por una persona natural o jurídica que figure en los listados de alguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea que se realice en forma aislada o reiterada." A su vez, el inciso final del artículo 2 de dicho cuerpo legal establece la obligación de remitir al Ministerio Público aquellos antecedentes que el Director de la Unidad de Análisis Financiero estime que aparecen indicios de que se ha cometido alguno de los delitos previamente referidos. 3) Que, cabe tener presente que el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". 4) Que, en cuanto a la verificación en la especie de la causal de secreto establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, resulta del caso tener presente que dicho precepto permite la denegación de los antecedentes peticionados "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido". Sobre la interpretación de la causal señalada, cabe destacar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales"; así como lo resuelto en la sentencia sobre Recurso de Queja Rol N° 8452-2018, en la cual dicha magistratura sostuvo que frente a la regla fundamental de publicidad, la sola consideración de la naturaleza excepcional que sirve de fundamento a la reserva, no es per se suficiente para excluir el principio general básico de publicidad y libre acceso a la información, puesto que además es indispensable que mediante dicho acceso se produzca una efectiva afectación a algunos de los bienes jurídicos protegidos por el inciso 2° del artículo 8 de la Constitución. (Considerando 8°) (Énfasis agregado) 5) Que, sobre este punto, el órgano recurrido argumentó -en síntesis- que cualquier información acerca de la efectividad o no de haberse deducido un Reporte de Operaciones Sospechosas, por parte de los sujetos obligados por la ley N° 19.913 sobre determinada operación económica que involucre activos virtuales y/o criptomonedas, como asimismo el contenido de los mismos y los documentos fundantes, que son los antecedentes utilizados por la UAF para realizar sus procesos de inteligencia financiera, podría implicar el despliegue de acciones por parte de los eventuales involucrados en las operaciones informadas que dificulten el ejercicio de función institucional de prevención de lavado de activos y del Financiamiento al Terrorismo. En complementación de lo anterior, señaló que la información solicitada sólo puede obtenerse mediante los reportes de operaciones sospechosas, por lo que su materialidad, como asimismo su contenido, constituyen los insumos principales con que el organismo cuenta para desarrollar y llevar a cabo procesos de inteligencia financiera y de esta manera, dar cumplimiento a su objetivo legal contemplado en el artículo 1° de la ley N° 19.913, que es prevenir e impedir la utilización de distintos sectores de la actividad económica en la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo descritos en el artículo 27 del citado cuerpo legal y el artículo 8 de la ley N° 18.314. Agregó que, de encontrarse indicios de la comisión de alguno de los ilícitos señalados, corresponde remitir un informe al Ministerio Público, a efectos que si lo estima pertinente, ejercer las acciones para la persecución penal correspondiente. 6) Que, a juicio de esta Corporación, la Unidad de Análisis Financiero no acompañó antecedentes suficientes que permitan ponderar una afectación plausible a sus funciones encomendadas por la ley N° 19.913. En efecto, no especificó -de forma precisa, concreta y fehaciente-, ni detalló de qué manera la entrega de la información consultada podría suscitar la afectación esgrimida, máxime si se considera que los antecedentes pedidos se circunscriben a información puramente estadística -datos numéricos-, de carácter general, global, anonimizada y no personalizada, la cual no permite identificar un procedimiento investigativo determinado, ni implica la develación de los reportes de operaciones sospechosas evacuados por las personas naturales y jurídicas obligadas a informar, en conformidad de lo previsto en el artículo 3 del cuerpo legal previamente referido. En línea con lo anterior, este Consejo advierte que el requerimiento de especie no envuelve la divulgación de datos, elementos o insumos específicos, cuya publicidad entorpezcan el ejercicio de las atribuciones conferidas al mencionado organismo. 7) Que, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación a los bienes jurídicos protegidos por el inciso 2° del artículo 8 de la Constitución y el artículo 21 de la Ley de Transparencia, debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al Principio de Publicidad, teniendo presente, además que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. Bajo esta lógica, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes específicos que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que -tal y como se señaló- no se verifican en la especie. 8) Que, acto seguido, el organismo reclamado esgrimió la concurrencia en la especie de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, esto es, "cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política", cuya verificación -a juicio del órgano recurrido- encontraría sustento en la norma del artículo 13 de la ley N° 19.913, el cual preceptúa que "el que preste servicios, a cualquier título, para la Unidad de Análisis de Financiero deberá mantener en estricto secreto todas las informaciones y cualquier otro antecedente que se relacione directa o indirectamente con sus funciones y actividades (...)". Al efecto, expuso -en síntesis- que la información que se recibe en los reportes puede usarse exclusiva y excluyentemente para los propósitos que establece el citado texto legal, no pudiendo en caso alguno darla a conocer o entregarla a personas, organismos o servicios distintos al Ministerio Público o a los Tribunales de Justicia. 9) Que, la antedicha hipótesis de reserva no sólo exige que una ley de quórum calificado establezca la reserva o secreto de documentos, datos o información, sino además, y en forma copulativa, requiere que la declaración que haga dicha ley, sea de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8 de la Constitución Política de la República, a saber: afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. Al respecto, cabe hacer presente que el precepto invocado por la reclamada no constituye en sí mismo un caso de reserva, pues no otorga carácter secreto a los datos que indica, sino que simplemente explicita un deber funcionario aplicable a las personas que, a cualquier título, presten servicios en la UAF, sin habilitar a este órgano para fundar la denegación de información que obre en su poder, máxime cuando se solicita información al órgano de la Administración y no a sus funcionarios individualmente considerados, existiendo un deber constitucional y legal de la institución de cumplir con la Ley de Transparencia. Aplica, en lo pertinente, criterio razonado en la decisión de amparo Rol C1580-14. 10) Que, sobre este punto, este Consejo reiteradamente ha señalado que los deberes de confidencialidad que contienen las normas orgánicas de los distintos organismos públicos, no puede conducir a una interpretación que suponga que todos los documentos o antecedentes de que tomen conocimiento en el desempeño de su cargo sean secretos o reservados, ya que ello invertiría, por vía interpretativa, la regla constitucional que exige al legislador establecer positivamente los casos de reserva y fundarlos en alguna de las causales del inciso 2° del artículo 8 de la Constitución Política de la República. En efecto, esta Corporación razonó en las decisiones de los amparos Roles C1732-19, C1747-19 y C6617-20 en lo que concierne a la causal de reserva del artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 28 del decreto ley N° 3.538 -norma de similar naturaleza- que "los deberes u obligaciones del personal de la institución, no pueden entenderse como una causal de reserva que pueda invocar el organismo al que pertenecen dichos funcionarios (...) una cosa es la responsabilidad de los funcionarios -que es la regulada en la norma señalada- y otra la que tiene el órgano al evaluar una solicitud de información formulada conforme a la Ley de Transparencia, caso en que corresponderá al Jefe de Servicio resolver si accede o no a entregar la información requerida. Para ello deberá invocar alguna de las causales establecidas por el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otra ley de quórum calificado, causales que para ser válidas deberían fundarse en las causales de secreto o reserva que específicamente establece el artículo 8° de la Constitución Política." 11) Que, en este sentido, resulta pertinente tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema en sentencia de 20 de diciembre de 2017, sobre una norma de similar naturaleza, es que aquella constituye: "(...) una regulación jurídica que tiene como destinatarios a los funcionarios en las áreas de sus competencias propias (...). La publicidad y la transparencia, en cambio, con su regulación jurídica actual, antes que a las personas, están referidas a los órganos del Estado", así como también, "Que el ciudadano tiene derecho a conocer la eficiencia y eficacia con que el órgano público cumple sus funciones, esto es, la información de cuyo conocimiento se trata está íntimamente ligada con el derecho que a éste asiste de conocer de qué modo la citada Superintendencia lleva a cabo sus deberes y, específicamente, aquellos relacionados con la fiscalización previa de aquellas sociedades y sus accionistas que desean constituirse como una entidad bancaria con funcionamiento en nuestro país" (considerando 10°). 12) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, habiéndose desestimado la concurrencia de las causales de reserva previstas en el N° 1 y N° 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia alegadas por el órgano reclamado, y tratándose de información estadística sobre la materia consultada, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega de los antecedentes consultados. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que aquellos antecedentes no obren en su poder, deberá informar dicha circunstancia expresa y fundadamente al reclamante y a este Consejo, en la etapa de cumplimiento de esta decisión. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Patricio López Cerda en contra de la Unidad de Análisis Financiero, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director de la Unidad de Análisis Financiero, lo siguiente: a) Entregue al peticionario copia de la información sobre cuántos casos y montos totales ha investigado la Unidad de Análisis Financiero que involucren el uso de criptomonedas. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que aquella no obre en su poder, deberá informar dicha circunstancia expresa y fundadamente al reclamante y a este Consejo, en la etapa de cumplimiento de esta decisión. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Patricio López Cerda y al Sr. Director de la Unidad de Análisis Financiero. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.