Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1127-21

Reclamante:	N. N.
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resumen del caso: Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, referido a la entrega de todos los documentos remitidos con motivo de una solicitud de acceso anterior sin el tarjado de la información contenida en ellos. Lo anterior, por cuanto la información tarjada corresponde a la identidad y las declaraciones de los trabajadores designados por la empresa, el afectado y las jefaturas. En efecto, el obrar del órgano requerido, al reservar dichos antecedentes en el estudio consultado, se aviene a lo dispuesto en los artículos 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, como asimismo con los preceptos de la Ley N° 19.628.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/3/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C6532-18 C2323-14 C1174-15 C890-17 C457-21 C272-10
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DECISIÓN AMPARO ROL C1127-21   Entidad pública: Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) Requirente: N. N. Ingreso Consejo: 18.02.2021 RESUMEN Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, referido a la entrega de todos los documentos remitidos con motivo de una solicitud de acceso anterior sin el tarjado de la información contenida en ellos. Lo anterior, por cuanto la información tarjada corresponde a la identidad y las declaraciones de los trabajadores designados por la empresa, el afectado y las jefaturas. En efecto, el obrar del órgano requerido, al reservar dichos antecedentes en el estudio consultado, se aviene a lo dispuesto en los artículos 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, como asimismo con los preceptos de la Ley N° 19.628. En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1127-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de febrero de 2021, el reclamante solicitó a la Superintendencia de Seguridad Social -en adelante, indistintamente SUSESO-, "en virtud del dictamen R-935-2021 de la SUSESO y de la respuesta recibida a mi solicitud de información de código N° AL009T0002820 con motivo de mi reclamo caso FUI N° 247429, vengo en solicitar copia íntegra de todos los antecedentes remitidos en dicha respuesta sin tarja o tacha alguna de la información contenida en estos, y que en la citada respuesta fue denegada tarjándola". 2) RESPUESTA: Mediante Ordinario, de fecha 18 de febrero de 2020, la Superintendencia de Seguridad Social respondió a dicho requerimiento de información, señalando que en la especie resulta aplicable la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, en lo referente al "informe de evaluación de puesto de trabajo patologías psiquiátricas". Sobre este punto, reseñó que el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de esta Superintendencia, en su Libro III "DENUNCIA, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES", Título III "Calificación de enfermedades profesionales", Letra C. "Protocolo de patologías de salud mental", Capítulo II "Normas especiales del proceso de calificación", Número 2. "Evaluaciones de condiciones de trabajo", se señala: "El EPT-PM se deberá realizar exclusivamente mediante entrevistas semi-estructuradas y confidenciales a una cantidad razonable de informantes aportados tanto por la empresa, como por el trabajador, con la finalidad de efectuar una evaluación equilibrada de los factores de riesgo psicosociales presentes en el trabajo, lo que incluye las posibles conductas de acoso, de un modo sistemático y apegado al método científico. Si no fuera posible entrevistar a los informantes referidos por el trabajador, se deberá dejar constancia de las razones que impidieron hacerlo". Al respecto, señaló que el estudio de puesto de trabajo solicitado contiene declaraciones de trabajadores designados por la empresa, el afectado y las jefaturas, es decir, implica a terceros a quienes se les ha garantizado su no divulgación, a fin de facilitar la veracidad de las deposiciones, lo que, de vulnerarse, provocaría la inhibición en ellos. Al efecto, complementó que resulta fundamental para contar con evaluaciones de puesto de trabajo que entreguen todos los elementos necesarios para efectuar la calificación como común o laboral de la patología de salud mental, que a los declarantes se les asegure la confidencialidad de sus dichos, ya sean presentados por el mismo trabajador evaluado como por la empresa, o que se detecten y entrevisten durante la evaluación que realizan los Organismos Administradores de la Ley N° 16.744. Agregó que, el ejercicio de las funciones de la Superintendencia se vería comprometido si se dieran a conocer los nombres y la individualización de los testigos, lo que afectaría su función referida al correcto otorgamiento de los beneficios contemplados en la ley citada. A fin de ilustrar lo anterior, citó jurisprudencia emanada de esta Corporación. Por los motivos esgrimidos precedentemente, refirió que respecto de la "evaluación de puesto de trabajo para patologías mentales", realizada el 16 de diciembre de 2020, sólo se puede proporcionar tarjando todo dato o antecedente que revele la identidad de los testigos que allí declararon, o que permita colegir dicha información, por lo que no es posible acceder a su requerimiento. 3) AMPARO: El 18 de febrero de 2021, el reclamante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. 4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Este Consejo mediante Oficio N° E5064, de fecha 26 de febrero de 2021, solicitó al peticionario la subsanación de su presentación, requiriéndole que: (1°) En razón de que actualmente se encuentra en tramitación ante este Consejo el amparo Rol C457-21, relativo a la misma materia, indique si desea desistirse de la presente reclamación; y, (2°) en caso contrario, justifique por qué desea continuar con la tramitación del mismo. Mediante comunicación electrónica, de fecha 1° de marzo de 2021, el peticionario manifestó su intensión de continuar con el presente procedimiento de acceso. Al efecto, puntualizó que "se trata de dos solicitudes de información denegadas diferentes y, en la segunda de estas, la SUSESO esgrimió nuevos argumentos a pesar de haberse pronunciado mediante su dictamen R-935-2021". 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Seguridad Social, mediante Oficio N° E6831, de fecha 22 de marzo de 2021, con el objeto de que presente sus descargos y observaciones. Mediante Ordinario, de fecha 24 de marzo de 2021, el organismo evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta. A su vez, mediante complementación de aquellos, de fecha 1° de abril de 2021, remitió copia del expediente consultado sin tarjar su contenido. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información. Al respecto, el órgano recurrido alegó que la evaluación de puesto de trabajo para patologías mentales peticionada, contiene declaraciones de trabajadores designados por la empresa, el afectado y las jefaturas. Por tal motivo, revelar su identidad y declaraciones puede afectar la confiabilidad, exactitud y completitud de ésta, al inhibir a los declarantes a presentarse, ya sea a solicitud del propio trabajador, de la empresa o de los Organismos Administradores. 2) Que, a modo de contexto, cabe tener presente que el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Libro III "Denuncia, Calificación Y Evaluación De Incapacidades Permanentes", Título III "Calificación de enfermedades profesionales", Letra C. "Protocolo de patologías de salud mental", Capítulo II "Normas especiales del proceso de calificación", Número 2. "Evaluaciones de condiciones de trabajo", se señala: "El EPT-PM se deberá realizar exclusivamente mediante entrevistas semi-estructuradas y confidenciales a una cantidad razonable de informantes aportados tanto por la empresa, como por el trabajador, con la finalidad de efectuar una evaluación equilibrada de los factores de riesgo psicosociales presentes en el trabajo, lo que incluye las posibles conductas de acoso, de un modo sistemático y apegado al método científico. Si no fuera posible entrevistar a los informantes referidos por el trabajador, se deberá dejar constancia de las razones que impidieron hacerlo". 3) Que, según el Anexo N° 17, "Instructivo de estudio de puesto de trabajo por sospecha de patología de salud mental laboral", III Metodología, letra C. Exploración, indica: "Con respecto a la exploración propiamente tal, esta se realizará mediante entrevistas, las cuales son de carácter confidencial y reservado, y sólo podrán ser reveladas por parte del organismo administrador al respectivo entrevistado, a la Superintendencia de Seguridad Social y a los Tribunales de Justicia en caso de requerirlo de modo expreso". (Publicado en el sitio web de la Superintendencia de Seguridad Social: https://www.suseso.cl/613/articles-480876_archivo_13.pdf) 4) Que, a su vez, la ley N° 16.744, establece normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; otorga a la Superintendencia de Seguridad Social la fiscalización sobre organismos administradores de los beneficios que en esta se otorgan, y que ejercerá estas funciones en conformidad a sus leyes y reglamentos orgánicos. 5) Que, en virtud del marco normativo expuesto precedentemente, esta Corporación procedió a examinar los antecedentes remitidos, constatando que el expediente entregado contiene la "evaluación de puestos de trabajo para patologías mentales", de fecha 16 de diciembre de 2020, con parte de su contenido tarjado, el que corresponde a la identidad y a las declaraciones de trabajadores designados por la empresa, el afectado y las jefaturas. De esta forma, aquello se refiere a afirmaciones de terceras personas, a las que se les garantiza la reserva de estas, con el objetivo de facilitar la veracidad de las deposiciones, y que en caso de divulgarse provocaría la inhibición en ellos, y consecuentemente, una afectación en el procedimiento en cuestión. 6) Que, sobre la materia, es menester tener presente que este Consejo en reiteradas oportunidades ha reservado información como la solicitada, por cuanto de conocerse la identidad de quienes prestaron declaración, así como el contenido de la misma, podría devenirse en una situación que podría afectar los derechos de quienes voluntariamente tomaron parte en un procedimiento como el consultado. Asimismo, porque la divulgación de dichos antecedentes podría inhibir a otros trabajadores a colaborar ante futuras denuncias, perjudicando de dicho modo, el debido cumplimiento de las funciones del organismo respectivo, al verse privado de un insumo esencial en un procedimiento como el descrito en los considerandos anteriores. En efecto, y citando la decisión del amparo Rol C890-17, "divulgar la información requerida supone necesariamente restar efectividad a las labores que la reclamada pueda desplegar en el cuidado y protección de los trabajadores, por cuanto éstos podrían inhibirse no sólo de ingresar denuncias por concepto de vulneración de derechos fundamentales, sino también a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones puedan ser conocidas por sus empleadores actuales o futuros, todo lo cual afectaría claramente las funciones de la requerida, y con ello, el debido cumplimiento de sus funciones (...)". 7) Que, en tal sentido, cabe tener presente además que según ha razonado este Consejo a partir de la decisión del amparo Rol C272-10, refrendado con posterioridad por las decisiones de los amparos Roles C2323-14, C1174-15 y C6532-18, "no se puede desconocer la naturaleza especial de las denuncias realizadas por los trabajadores (...) y el riesgo de que su divulgación (...) o la de los trabajadores que han declarado en un proceso de fiscalización (...), afecte su estabilidad en el empleo o los haga víctimas de represalias (...) Asimismo, ha resuelto que la publicidad, comunicación o conocimiento de dicha información puede afectar los derechos de los trabajadores (...) que han prestado declaración, en particular tratándose de la esfera de su vida privada y sus derechos de carácter económico emanados de la relación laboral, configurándose de esta forma la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, la que se encuentra reforzada por lo dispuesto en el artículo 33, letra m), del mismo cuerpo legal, en cuanto se encomienda a este Consejo, velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado". 8) Que, en virtud de lo expuesto, esta Corporación estima que el obrar de la Superintendencia de Seguridad Social es congruente con lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, como asimismo con los preceptos de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, razones por las que se rechazará el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por el reclamante en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por configurarse las causales previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al reclamante y al Sr. Superintendente de Seguridad Social. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.