Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1138-21

Reclamante:	GUIDO SOTO SOTO
Reclamado:	SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG)
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, requiriéndose la entrega de información sobre los plaguicidas o productos equivalentes señalados en el Informe Final que autorizó la liberación de organismos modificados en los predios que se indican; como asimismo, de los plaguicidas obligatoriamente declarados en el referido informe, identificados por su principio activo e indicación de la fecha de emisión de los Informes Finales. Lo anterior, por cuanto, se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano, al no haber justificado ni acreditado de manera debida, los presupuestos que la ley y la jurisprudencia de este Consejo, han determinado para su configuración, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto o reserva deben aplicarse en forma restrictiva. Se ordena al órgano, previo a su entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia. Aplica criterio contenido en las decisiones Roles C4903-20, C4905-20, C4961-20, C4963-20, C5706-20 y C5708-20.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/3/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C4903-20 C4905-20 C4961-20 C4963-20 C5706-20 C5708-20
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DECISIÓN AMPARO ROL C1138-21   Entidad pública: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) Requirente: Guido Soto Soto Ingreso Consejo: 19.02.2021 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, requiriéndose la entrega de información sobre los plaguicidas o productos equivalentes señalados en el Informe Final que autorizó la liberación de organismos modificados en los predios que se indican; como asimismo, de los plaguicidas obligatoriamente declarados en el referido informe, identificados por su principio activo e indicación de la fecha de emisión de los Informes Finales. Lo anterior, por cuanto, se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano, al no haber justificado ni acreditado de manera debida, los presupuestos que la ley y la jurisprudencia de este Consejo, han determinado para su configuración, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto o reserva deben aplicarse en forma restrictiva. Se ordena al órgano, previo a su entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia. Aplica criterio contenido en las decisiones Roles C4903-20, C4905-20, C4961-20, C4963-20, C5706-20 y C5708-20. En sesión ordinaria N° 1176 del Consejo Directivo, celebrada el 27 de abril de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1138-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de enero de 2021, don Guido Soto Soto solicitó al Servicio Agrícola y Ganadero - en adelante, indistintamente SAG-; lo siguiente: 1.1) "El listado de plaguicidas o productos equivalentes señalados en el Informe Final que autorizó la liberación de Organismos Modificados en cada uno de los siguientes predios ubicados en las Regiones que se indican: Región/ Predio: - VII del Maule La Hormiga; - VII del Maule La Hormiga cy20; - VII del Maule la Peña; - VII del Maule la Peña cy20; - VII del Maule reserva Las Lomas cy20; - XVI del Ñuble La Palma; - XVI del Ñuble Buena Vista (maíz/soya); - XVI del Ñuble Las Mariposas; - XVI del Ñuble el Roble; - XVI del Ñuble San Luis; - XIII Metropolitana mc 18 Haras Santa Eladia; - XIII Metropolitana El Sauce; - XIII Metropolitana mp19- Santa Rebeca; - XIII Metropolitana mp19- Monte Redondo; y - XIII metropolitana s-19 Monte Blanco". 1.2) "Solicitamos que los plaguicidas en consulta, obligatoriamente declarados en el Informe Final de Evaluación del Análisis de Riesgo, como señala el N° 16 del Artículo 30° de la Resolución Exenta N° 1523/2001, sean identificados por su principio activo y que se indique la fecha de emisión de los Informes Finales ya referidos". 2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 873, de fecha 12 de febrero de 2021, el Servicio Agrícola y Ganadero respondió a dicho requerimiento de información, denegando su entrega por concurrir, en la especie, la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21° N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Al efecto, esgrimió que aquella debe ser revisada manualmente y caso a caso, por 2 profesionales, los que deberán dedicarse en forma exclusiva a dicha tarea, afectando el debido cumplimiento de sus funciones. Al respecto, estimó que el tiempo total para atender la solicitud de especie sumará 33 horas, por cuanto se debe verificar las solicitudes en forma individual y manual, para cruzar los datos consultados o bien, revisar potenciales avisos de aplicación de los plaguicidas consultados. 3) AMPARO: El 19 de febrero de 2021, don Guido Soto Soto dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, mediante Oficio N° E5735, de fecha 6 de marzo de 2021, solicitando lo siguiente: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Mediante Ordinario N° 992, de fecha 23 de marzo de 2021, el SAG evacuó sus descargos y observaciones, reiterando lo señalado en su respuesta, en orden a que concurre la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, la que tiene su fundamento en que el reclamante ha formulado más de 30 solicitudes, en un periodo corto de tiempo, lo cual ha provocado una distracción en la realización de sus funciones. Asimismo, consideran que el cruce de datos planteados requiere de 40 horas de revisión por parte de 2 profesionales del organismo, quienes deberán dedicarse, en forma exclusiva a revisar predio por predio. Agregó que, los requerimientos de acceso, no pueden conllevar que la entidad pública llegue a distraer irracionalmente a sus funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, entorpeciendo el debido ejercicio de las funciones propias en los términos de afectar la obligación y principios establecidos en el artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado. Por otra parte, indicó que "la información solicitada no se encuentra en un reporte que consolide los datos consultados, se encuentra en forma de varios reportes en excel, sin que exista un cruce directo entre el nombre de un predio con la aplicación de plaguicidas, debiendo hacer un cruce de datos en forma manual entre buscando el nombre del predio en un reporte maestro que lo asocia con el número de solicitud. Este cruce es manual y se debe hacer por cada predio consultado y cada aplicación realizada en este predio (pudiendo ser múltiples datos), además requiere de una validación entre la Sección de Autorización y Control de OGM con el Subdepartamento de Plaguicidas y Fertilizantes para revisar la correcta nomenclatura de los plaguicidas que el peticionario requiere saber por su ingrediente activo". En tal contexto, argumentó que para satisfacer la solicitud se requeriría distraer al personal de la Sección Autorización y Control de OGM´s de la División Protección Agrícola y Forestal del cumplimiento de sus funciones habituales, para asignarlos en forma exclusiva al procesamiento de dicha información, lo que resulta inviable al afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales de esa área técnica. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso. Al respecto, el SAG argumentó que concurre la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21° N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. 2) Que, en primer lugar, respecto a lo señalado por el órgano reclamado referido a que no se encontraba claro el sentido y alcance de la información solicitada, ello debe ser desestimado, por cuanto, de la revisión del requerimiento, se constata que se identifica claramente lo pedido. Sin perjuicio de lo cual, si el SAG estimaba aquello debió proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, requiriendo la subsanación de la presentación, lo que no fue realizado en su oportunidad. 3) Que, respecto a la causal de secreto o reserva alegada se debe hacer presente que este Consejo ha establecido que aquella sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la concurrencia de aquella supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad. 4) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 5) Que, el órgano reclamado alegó, por una parte, que el peticionario ha efectuado 30 solicitudes de acceso a la información en un periodo corto de tiempo, lo cual ha provocado una distracción de las funciones. Sin embargo, no otorga mayores antecedentes en tal sentido, no las identifica, ni señala el periodo contabilizado o el contenido de cada una de éstas, así como tampoco acredita, de forma fehaciente, cómo el conocimiento de éstas presentaciones lo obligaría a destinar un tiempo excesivo y desproporcionado de la jornada de sus funcionarios a la atención de los requerimientos de una sola persona, comprometiendo, de esta forma, su debido funcionamiento, con el evidente perjuicio de su normal quehacer institucional. 6) Que, por otra parte, el órgano reclamado sostuvo que el cruce de datos que debe realizar para otorgar acceso a lo solicitado, requiere de 40 horas de dedicación exclusiva de dos funcionarios, los que deberán revisar, de forma manual, los antecedentes referidos a cada uno de los predios. Lo anterior, debido a que lo requerido no se encuentra consolidado, sino que está contenido en varios reportes en formato Excel. 7) Que, en consecuencia, se considera que las alegaciones del órgano reclamado no otorgan antecedentes para configurar la causal de excepción al principio de publicidad que rige el actuar de los órganos de la Administración del Estado alegada, careciendo de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, al no proporcionar elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva, descartándose su concurrencia. Razón por la cual, se acogerá el presente amparo, requiriendo la entrega de la información solicitada tarjando, previamente, todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento que esta información o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. En el mismo sentido se resolvieron los amparos Roles C4903-20, C4905-20, C4961-20, C4963-20, C5706-20 y C5708-20, seguidos entre las mismas partes. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Guido Soto Soto, en contra del Servicio Agrícola y Ganadero, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, lo siguiente: a) Entregue al peticionario copia del: i) listado de plaguicidas o productos equivalentes señalados en el Informe Final que autorizó la liberación de Organismos Modificados en cada uno de los siguientes predios ubicados en las Regiones que se indican en el numeral primero de la parte expositiva del presente Acuerdo; y de ii) Los plaguicidas en consulta, obligatoriamente declarados en el Informe Final de Evaluación del Análisis de Riesgo, como señala el N° 16 del Artículo 30 de la Resolución Exenta N° 1523/2001, identificados por su principio activo e indicación de la fecha de emisión de los Informes Finales ya referidos. Lo anterior, tarjando previamente todo dato personal de contexto que puedan contener. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que todo o parte de aquello no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Guido Soto Soto y al Sr. Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.