Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1169-21

Reclamante:	CRISTIAN FUENTES MORAPASTEN
Reclamado:	SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio Nacional de Geología y Minería, ordenándose la entrega de copia de los certificados de experiencia, contratos de trabajo, documentos adicionales, actas de calificación y todo lo que sirvió de fundamento para que los funcionarios públicos que individualiza -con ocasión de su amparo- obtuvieran la categoría "A"; tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que pueda contener. No obstante lo cual, en el evento que todo o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. Lo anterior, por tratarse de antecedentes referidos a funcionarios públicos, en tal sentido se debe considerar que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Además, se desestimó la configuración de la causal de reserva de distracción indebida de las funciones del órgano reclamado, así como tampoco, se acreditó suficientemente su inexistencia, conforme al estándar fijado por esta Corporación en su Instrucción General N° 10.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/11/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3691-17 C3692-17 C1179-11 C1186-11 C955-12 C377-13 C409-13
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DECISIÓN AMPARO ROL C1169-21   Entidad pública: Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) Requirente: Cristián Fuentes Morapasten Ingreso Consejo: 20.02.2021 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio Nacional de Geología y Minería, ordenándose la entrega de copia de los certificados de experiencia, contratos de trabajo, documentos adicionales, actas de calificación y todo lo que sirvió de fundamento para que los funcionarios públicos que individualiza -con ocasión de su amparo- obtuvieran la categoría "A"; tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que pueda contener. No obstante lo cual, en el evento que todo o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. Lo anterior, por tratarse de antecedentes referidos a funcionarios públicos, en tal sentido se debe considerar que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Además, se desestimó la configuración de la causal de reserva de distracción indebida de las funciones del órgano reclamado, así como tampoco, se acreditó suficientemente su inexistencia, conforme al estándar fijado por esta Corporación en su Instrucción General N° 10. En sesión ordinaria N° 1178 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1169-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de enero de 2021, don Cristian Fuentes Morapasten solicitó al Servicio Nacional de Geología y Minería -en adelante, indistintamente SERNAGEOMIN- "información de todos los profesionales "categoría Sernageomin A" que trabajan en el Sernageomin y el proceso mediante el cual adquirieron dicha categoría, documentación de cada proceso, actas de calificación, documentación de cada caso, títulos profesionales de ingeniero civil de minas". 2) RESPUESTA: Mediante oficio ordinario, de fecha 10 de febrero de 2021, el Servicio Nacional de Geología y Minería respondió a dicho requerimiento de información, en los siguientes términos: Primeramente, hizo presente que la información sobre el listado de personas, profesionales y funcionarios con sus respectivas categorías se encuentra disponible en enlace electrónico que indica. Acto seguido, esgrimió que en el caso de especie concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, pues la satisfacción de dicha consulta implica una evidente e indebida distracción de sus funcionarios del debido cumplimiento regular de sus labores habituales, dado el volumen de información y documentos que sería necesario revisar, pues estos no se encuentran sistematizados en los parámetros peticionados. En tal sentido, puntualizó que dicho análisis debe hacerlo un equipo de profesionales expertos en la materia con dedicación exclusiva. Por su parte, sostuvo que la documentación presentada corresponde a los originales, los cuales fueron devueltos a sus respectivos titulares. Además, indicó que con anterioridad al año 2014, aquellos no se digitalizaban, lo que se comenzó a realizar sólo a partir del año 2015. 3) AMPARO: El 20 de febrero de 2021, don Cristian Fuentes Morapasten dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta o parcial. En particular, circunscribió su requerimiento a la entrega de los certificados de experiencia, contratos de trabajo, documentos adicionales, actas de calificación, personas que firmaron dichas actas, actos administrativos y todo lo que sirvió de fundamento para que los funcionarios públicos que individualizó obtuvieran la categoría "A". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, mediante Oficio N° E5744, de fecha 6 de marzo de 2021, solicitándole que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) en relación a los antecedentes requeridos en el numeral 4 del requerimiento efectuad, se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (4°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (5°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y,(6°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Mediante presentación, de fecha 23 de marzo de 2021, el organismo evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta. Agregando que aún si dicha información estuviese en su poder, no podría ser entregada directamente al reclamante, dado que, le sería aplicable lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Consiguientemente, expresó que "el solicitante ha ingresado una veintena de requerimientos de información y reclamos en la misma línea argumentativa, en todos se le ha entregado la información con que cuenta el organismo y señalado porque no contamos con otra previa búsqueda exhaustiva de la misma, de los cuales varios han terminado en reclamos ante Vuestro Consejo, lo que escapa a toda prudencia y modo razonable de ejercer el derecho establecido en la Ley de Transparencia afectando la gestión normal de este Servicio" Asimismo, señaló que se consultó nuevamente con el área técnica -Centro de Capacitación del SERNAGEOMIN- para que aportaran cualquier documento, resolución o archivo que diga relación con lo requerido en la solicitud antes singularizada. En dicho sentido, esgrimió que se realizaron las búsquedas necesarias -tanto en medios físicos como electrónicos-, y no fueron hallados antecedentes nuevos que complementar. A fin de refrendar lo anterior, acompañó declaración simple efectuada por el Jefe del Centro de Capacitación del organismo, de fecha 11 de marzo de 2021, declarando lo siguiente "realizada una nueva búsqueda en razón del amparo Rol C1169-21, no tenemos más antecedentes que complementar, solo lo consignado en el oficio antes mencionado y lo que está en la página web de la Institución. Cabe mencionar que esta búsqueda ha sido constatada en medios y formatos; gestor documental, soportes físicos y electrónicos". Por lo anterior, argumentó el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2.3) de la Instrucción General N° 10, de este Consejo. Por último, hizo presente que "la información entregada es toda la que obra en poder de este Servicio Nacional, es necesario que el peticionario siga los caminos correspondientes para realizar sus alegaciones, y no ocupe este procedimiento de la Ley de Transparencia para conseguir objetivos personales que deben ser llevados por otras vías". Y CONSIDERANDO: 1) Que, atendido lo expuesto por el peticionario en su amparo, el presente procedimiento de acceso se circunscribe a la entrega de antecedentes -los certificados de experiencia, contratos de trabajo, documentos adicionales, actas de calificación, personas que firmaron dichas actas, actos administrativos y todo lo que sirvió de fundamento- para que los funcionarios públicos que individualizó obtuvieran la categoría "A" de SERNAGEOMIN. Al respecto, el órgano recurrido se opuso a su entrega, argumentando la concurrencia en la especie de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Asimismo, con ocasión de sus descargos, sostuvo que aquella no obra en su poder. 2) Que, primeramente, en cuanto al enlace electrónico remitido por el órgano recurrido, es menester tener presente lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, en orden a que "Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar". (Énfasis agregado) 3) Que, a partir de la decisión amparo Rol C955-12, este Consejo ha razonado que la antedicha disposición consagra una modalidad especial de entrega de la información que resulta equivalente a su entrega material o en soporte físico, y que incluso puede llegar a reemplazar a esta última forma, en la medida que el acceso a lo requerido sea permanente, expedito, completo y suficiente. Esto atiende particularmente a la finalidad perseguida por dicha norma, cual es, evitar que los órganos de la Administración incurran en gastos innecesarios asociados a la reproducción material de la información que le ha sido requerida, cuando esta se encuentra disponible en otro medio que permita el acceso a la misma del modo ya indicado, y que satisfaga cumplidamente lo requerido. (Énfasis agregado) 4) Que, en tal contexto, esta Corporación procedió a revisar el enlace electrónico proporcionado por el órgano reclamado, verificando que mediante aquel se accede a un reservatorio general de información, que consigna el listado de los profesionales de cada categoría, sin contener, específicamente los antecedentes solicitados. Por lo anterior, no resulta aplicable, en el presente caso, la forma especial de entrega contenida en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. (Énfasis agregado) 5) Que, el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, la cual permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7 numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley, precisa que dicha hipótesis se verifica cuando la satisfacción de una solicitud requiera por parte de aquellos, de la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales. 6) Que, en dicho contexto, y de conformidad a la causal de reserva esgrimida por el organismo, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado. 7) Que, en tal sentido, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 8) Que, el órgano recurrido no precisó, ni cuantificó el volumen de la información que deben recopilar, procesar y remitir, la medida de tiempo que comprende la satisfacción de la solicitud de acceso, la que puede referirse a días, semanas, meses o años, ni el número de horas-hombre destinadas especialmente para aquello. Al efecto, sólo se limitó a señalar que no existe un documento o archivo que contenga aquella sistematizada en los términos requeridos y que dicho análisis debe hacerlo un equipo de profesionales expertos en la materia con dedicación exclusiva. 9) Que, en cuanto a lo alegado relativo a un eventual abuso de derecho por parte del peticionario, cabe hacer presente que este Consejo ha razonado, a partir de la decisión del amparo Rol C1186-11, que el conjunto de requerimientos de información interpuestos por una misma persona, ante un mismo órgano de la Administración del Estado, en un período acotado de tiempo, puede justificar la concurrencia de la hipótesis de distracción indebida de los funcionarios de dicho órgano, respecto del cumplimiento regular de sus funciones, recogidas en el artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia, cuando se acredite que su atención implica para tales funcionarios la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo, de esta forma, la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas, implicando, todo ello, una carga especialmente gravosa para el organismo, en términos de la causal de secreto o reserva antes señalada. 10) Que, sobre lo anterior, esta Corporación advierte que la reclamada sólo informa que se habría realizado una "veintena" de solicitudes de acceso a la información por parte del reclamante, sin aportar mayores antecedentes sobre el periodo en que éstas están comprendidas y su distribución en el tiempo, máxime si se considera que el eventual abuso del ejercicio del derecho de acceso, en conformidad a la jurisprudencia emanada de este Consejo, debe verificarse en un período acotado de tiempo. Asimismo, tampoco explicó suficientemente cómo el conocimiento de estas presentaciones obligaría al órgano reclamado a destinar un tiempo excesivo y desproporcionado de la jornada de sus funcionarios a la atención de las solicitudes de una sola persona, comprometiendo, de esta forma, su debido funcionamiento, con el evidente perjuicio de su normal quehacer institucional. 11) Que, a mayor abundamiento, esta Corporación advierte que el peticionario con ocasión de su amparo, acotó su requerimiento de acceso a los antecedentes académicos, profesionales, y documentos fundantes de obtención de categoría "A" a sólo 5 funcionarios públicos. Por tales motivos, se desestimará la hipótesis de reserva esgrimida en esta parte. (Énfasis agregado). 12) Que, por su parte, en cuanto a la inexistencia material esgrimida por el organismo, este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que aquella constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual esta no obra en su poder, lo que debe ser acreditado de forma fehacientemente. En tal sentido, se debe considerar lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, en orden a que "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen". 13) Que, sobre este punto, las alegaciones esgrimidas por la reclamada para acreditar la inexistencia de lo pedido, resultan poco claras toda vez que también señaló que por el volumen de información y documentos que sería necesario revisar se configuraría a su respecto la distracción indebida de sus funcionarios. Por su parte, este Consejo constató que, con ocasión de su respuesta, SERNAGEOMIN reconoció que comenzó a digitalizar los documentos de los postulantes al "cambio de categoría de experto en prevención de riesgos de la industria extractiva minera" a partir del año 2015. Por lo que, no resulta plausible que los certificados de experiencia, contratos de trabajo, calificaciones y la documentación relativa de cada proceso de obtención de categoría que indica no obren en su poder, toda vez que constituyen presupuestos esenciales en cada proceso de selección de personal y en el ejercicio de funciones públicas. 14) Que, en cuanto a la publicidad de lo requerido, cabe tener presente que esta Corporación ha sostenido reiteradamente que, atendido al tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales y relativos a su desempeño. Luego, y en base a la referida premisa, ha ordenado la entrega de instrumentos de nombramiento -contratos- y cese de funciones, medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, títulos de profesión, liquidaciones y otros antecedentes referidos al desempeño y/o comisión de sus laborales. 15) Que, a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones del personal de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En este contexto, los actos administrativos que vinculan laboralmente a determinados funcionarios a un organismo público permiten conocer las condiciones en que se encuentran sometidas tales relaciones laborales. 16) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, tratándose lo solicitado de información de naturaleza pública, y no habiendo justificado la inexistencia alegada, en los términos dispuestos en el numeral 2.3) de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, se acogerá el presente amparo, requiriendo su entrega. Sin perjuicio de lo cual, y en virtud del Principio de Divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto contenidos en aquella, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2 letras f) y g), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a esta Corporación por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. No obstante lo cual, en el evento que todo o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Cristian Fuentes Morapasten, en contra del Servicio Nacional de Geología y Minería, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, lo siguiente: a) Entregue al peticionario copia de los certificados de experiencia, contratos de trabajo, documentos adicionales, actas de calificación, personas que firmaron dichas actas, actos administrativos y todo lo que sirvió de fundamento para que los funcionarios públicos que individualiza -con ocasión de su amparo- obtuvieran la categoría "A" de SERNAGEOMIN; tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que puedan contener. No obstante lo cual, en el evento que todo o parte de aquello no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristian Fuentes Morapasten y al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.