<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C1229-21</p>
<p>
</p>
<p>
Entidad pública: Ejército de Chile</p>
<p>
Requirente: Jorge Rodrigo Guzmán Fredes</p>
<p>
Ingreso Consejo: 23.02.2021</p>
<p>
RESUMEN</p>
<p>
Se acoge el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega de la siguiente información:</p>
<p>
i. Total de comisiones de servicio por Unidad de Armas Combinadas, años 2009, 2010 y 2011; con el siguiente detalle:</p>
<p>
- Cantidad total de comisiones de servicio.</p>
<p>
- Cantidad total separado por Escalafón: Oficiales, Cuadro Permanente y Empleados Civiles (EE.CC).</p>
<p>
ii. Becas de estudio otorgada a los oficiales de los servicios de sanidad; y personal que fue enviado a INACAP; años 2009, 2010 y 2011. Especificándose, organismos a los que pertenecían y especialización realizada.</p>
<p>
iii. Contrataciones personal a contrata (PAC) y a honorarios (PAH), en la IV. División, 2008, 2009, 2010 y 2011.</p>
<p>
Lo anterior, por referirse a antecedentes a los que resulta aplicable la Ley de Transparencia; y por tratarse de información estadística, respecto de la cual se ha desestimado la afectación al privilegio deliberativo alegado por el órgano, toda vez que no se acreditó la forma en que la publicidad de dichos antecedentes podría entorpecer la decisión de la institución al respecto.</p>
<p>
Aplica criterio decisiones de amparo roles C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 1180 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1229-21.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de enero de 2021, don Jorge Rodrigo Guzmán Fredes solicitó al Ejército de Chile la siguiente información:</p>
<p>
a) "El detalle numérico, del total de comisiones de servicio nacionales, por Unidad de Armas Combinadas, que dispuso el Ejército durante los años 2009, 2010 y 2011; con el siguiente detalle:</p>
<p>
- Cantidad total de comisiones de servicio</p>
<p>
- Cantidad total de personas que salieron en comisión de servicio, separado por Escalafón: Oficiales, Cuadro Permanente y EE.CC.</p>
<p>
b) Becas de estudio otorgada a los Oficiales de los Servicios de: Sanidad (médicos), Sanidad Dental, Veterinaria u otro durante los años 2009, 2010 y 2011. Interesa saber a los organismos a los que pertenecían y la especialidad que realizaron.</p>
<p>
Además, personal que fue enviado a INACAP durante los años 2009, 2010 y 2011. Interesa saber a los organismos a los que pertenecían y la especialización que realizaron. A modo de ejemplo Curso de inyectores de vehículos Diesel.</p>
<p>
c) Contrataciones de PAC y PAH. en la IV. División, durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011., de procedencia civil y militar".</p>
<p>
2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por oficio de fecha 01 de febrero de 2021, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
3) RESPUESTA: El 05 de febrero de 2021, el Ejército de Chile respondió a dicho requerimiento de información, mediante JEMGE DETLE (P) 6800/1370, de esa fecha, señalando, en síntesis, lo siguiente:</p>
<p>
Después de efectuar un análisis de admisibilidad, hace presente que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública regido por la Ley N° 20.285, permite acceder a antecedentes contenidos en actos, resoluciones, expedientes, contratos y acuerdos, que se encuentren en algún formato o soporte, pero no así formular consultas, emitir informes, realizar minutas o requerimientos ajenos al acceso de información, como ocurre en la especie.</p>
<p>
Sin perjuicio de lo anterior, expresa que aún está en tramitación un sumario administrativo relacionado con la FAM, el cual tiene el carácter de reservado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, razón por la cual no es posible su remisión, además de instruirse paralelamente una causa en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, Causa Rit 1356-2018, RUC 1800306783-8.</p>
<p>
Finalmente, señala que la reserva de las investigaciones sumarias administrativas en curso y/o tramitación, ha sido ratificada por la Contraloría General de la República en diversos dictámenes, entre ellos N° 59798 de 2008 y N° 14807 de 2004 y por el Consejo para la Transparencia en Causa Rol C- 715-12 y C411-09, entre otros.</p>
<p>
4) AMPARO: El 23 de febrero de 2021, don Jorge Rodrigo Guzmán Fredes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información.</p>
<p>
Además, el reclamante hizo presente, en síntesis, que la negativa del Ejército carece de fundamento legal, es injustificada y arbitraria; pues la información pedida se encuentra contenida en algún soporte documental y fue elaborada con presupuesto público, no habiendo excepción legal que impida su conocimiento, ya que en caso alguno conlleva un manejo de datos, como redactar minutas, informes etc.</p>
<p>
La institución alude a un sumario administrativo relacionado con la FAM, con carácter de reservado y a una causa del Juzgado de Garantía de Coyhaique. Al respecto, la institución no específica ni explica de que manera la información solicitada constituye antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política que obliguen a su reserva. Agrega que en dicho sumario el Ejército le otorgó la calidad procesal de inculpado y, en esa calidad tiene derecho a conocer las actuaciones y diligencias de las investigaciones que se promuevan, si no se ha decretado tal reserva a su respecto. En este sentido, la alusión a la causa del Juzgado de Garantía de Coyhaique, en la que ha sido a su vez inculpado, también es improcedente, porque el Código Procesal Penal garantiza su derecho al acceso a las diligencias y actuaciones que no se hayan decretado secreto; cuya negativa coarta gravemente el ejercicio de su derecho de defensa en los dos procesos aludidos, la que precisamente requiere para poder defenderse.</p>
<p>
5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E5796, de 8 de marzo de 2021, confirió traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, solicitando que: (1°) indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) señale si la información solicitada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (5°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (6°) señale el estado procesal en que se encuentra la investigación a que se hace mención en la respuesta otorgada a la solicitud de información que motiva el presente amparo, y la fecha aproximada de término del mismo.</p>
<p>
Mediante JEMGE DETLE (P) 6800/2790, de 23 de marzo de 2021. El órgano efectuó sus descargos señalando, en síntesis, lo siguiente:</p>
<p>
1. Reitera que se denegó la información en razón de que su atención importaría elaborar documentación, lo que escapa al derecho de acceso a la información pública según lo previsto por el inciso 2° del artículo 10° de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
2. Asimismo, por cuanto la información requerida dice relación con el Fondo de Ayuda Mutua (FAM), actualmente judicializado, por fraude al fisco, instruyéndose por el Juzgado de Garantía de Coyhaique la causa que indica, en estado de resolución de la Corte Suprema. Del mismo se instruyó la Investigación Sumaria Administrativa (ISA) que especifica, en trámite de revisión por la Asesoría Jurídica de dicha Alta Repartición, y que en conformidad al artículo 83, inciso 2°, del "Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas."; en esta etapa tiene el carácter de secreta. Cita jurisprudencia de la Contraloría General de la República y de este Consejo en tal sentido.</p>
<p>
3. Agrega que los antecedentes dicen relación con una materia (FAM) en que el propio recurrente es objeto de investigación judicial y administrativa, en las que tiene la calidad de imputado; por lo tanto, de conformidad con el artículo 93 del Código Procesal Penal, debe solicitar al respectivo Juez de Garantía, sea recabada la información pedida. Lo anterior, por cuanto en la etapa de tramitación en que se encuentra la investigación, en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, es secreta para los terceros ajenos al procedimiento por disposición del artículo 182 del Código Procesal Penal, condición en que se encuentra la Institución. Situación similar ocurre respecto de la ISA la cual se encuentra en una etapa del procedimiento reglamentario que es secreta; sin perjuicio, que el recurrente pueda pedir al Fiscal le otorgue acceso y copia de las piezas que le interesen y/o nuevas diligencias. Cita jurisprudencia de la Contraloría General y de la Corte de Apelaciones de Santiago, sobre la materia.</p>
<p>
4. Con todo, dado que el recurrente no solicita actos o documentos específicos, sin perjuicio de los argumentos dados, los esfuerzos que implicaría atender la solicitud en los términos que está formulada, obligaría a recabar, cotejar y confrontar a lo largo de la Institución un gran número de información que no se encuentra sistematizada ni en formato material alguno, lo que obligaría a elaborar una suerte de informe que a la fecha es inexistente, operación que el Tribunal Constitucional ha desechado de plano en el Considerando Trigésimo Cuarto de la sentencia rol N° 3111-16-INA, de 23 de marzo de 2017, según indica.</p>
<p>
5. Por consiguiente, solicita con el mérito de los fundamentos que anteceden; del artículo 8° inciso 2° de la Carta Fundamental, en relación con el artículo 21 N° 1 letra b) y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 182 del Código Procesal Penal, el artículo 83 inciso 2°, del Decreto Supremo (G) N° 277, de 1974 y la jurisprudencia invocada se rechace el presente amparo.</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la información que se lee en el N° 1 de lo expositivo; la cual, en términos generales, dice relación con el total de comisiones de servicio por Unidad de Armas Combinadas dispuesta por el Ejército; las becas de estudio otorgadas a los Oficiales de los Servicios de Salud y el personal enviado a INACAP - desagregado por organismo y especialidad-; como asimismo, las contrataciones de procedencia civil y militar en la IV División, todo ello en el período indicado. Al efecto el órgano denegó la información por no corresponder al derecho de acceso a la información, y por configurarse las causales de reserva o secreto del artículo 21 N° 1 letra b) y N° 5, de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
2) Que, primeramente, respecto de la alegación del Ejército en orden a que la información pedida importaría elaborar documentación, lo que escapa al derecho de acceso a la información pública; conviene tener presente que este Consejo ha razonado que se encuentran amparadas por la Ley de Transparencia aquellas solicitudes que se refieran a información que puede desprenderse fácilmente de los registros o antecedentes que el organismo reclamado mantenga en su poder, cuya respuesta no suponga la imposición de un gravamen a su respecto, ni la configuración de ninguna de las causales de reserva alegadas, conforme al criterio desarrollado en la decisión de amparo Rol C467-10, entre otras, así como en aplicación de los principios de máxima divulgación y de facilitación, consagrados en el artículo 11, letras d) y f) de la Ley de Transparencia. Luego, si bien, el órgano reclamado señaló, que los esfuerzos que implicaría atender la solicitud en los términos que está formulada, obligaría a recabar, cotejar y confrontar a lo largo de la Institución un gran número de información, no aportó mayores antecedentes que permitan acreditar dicha circunstancia. Por tanto, se desestimará la alegación de la reclamada en tal sentido, siendo necesario avocarse a la causal de reserva esgrimida.</p>
<p>
3) Que, en consecuencia, tratándose de requerimientos amparados por la Ley de Transparencia, corresponde que este Consejo analice las alegaciones de fondo efectuadas por El Ejército de Chile, a fin de determinar si procede la entrega o reserva de la información reclamada.</p>
<p>
4) Que, en relación con la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, cabe hacer presente que, se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. Así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos rol C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.</p>
<p>
5) Que, en este sentido, el órgano reclamado se limitó a indicar, que los antecedentes requeridos dicen relación con el Fondo de Ayuda Mutua (FAM), respecto del cual existe actualmente una investigación sumaria administrativa y un procedimiento judicial por fraude al Fisco, ambas en tramitación y en etapa secreta. Así, del análisis de los antecedentes se advierte que el órgano no especificó ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes pedidos, podría generar la afectación alegada, o la manera en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, ni de qué manera la publicidad de dichos antecedentes podría entorpecer la decisión de la institución al respecto; ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva.</p>
<p>
6) Que, acto seguido, la materia consultada dice relación con información estadística, toda vez que se encuentra referida al número de comisiones de servicio dispuestas por el Ejército por escalafón; a la cantidad de becas de estudio de salud otorgadas por la Institución y del personal enviado a capacitarse a INACAP, como asimismo, al total de contrataciones efectuadas en una determinada División; todo ello en un período acotado; ante lo cual cabe tener presente que, en conformidad a lo previsto en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, es dato estadístico «...el dato que, en su origen, o como consecuencia de su tratamiento, no puede ser asociado a un titular identificado o identificable» (artículo 2° del citado cuerpo legal), como ocurre en la especie. Luego, en principio, procede la divulgación de información estadística a cualquier interesado, toda vez que carece de la idoneidad para producir algún tipo de afectación a un titular indeterminado. Por tanto, en mérito de lo expuesto, tratándose de información de naturaleza estadística, y no habiéndose acreditado suficiente y fehacientemente la hipótesis de reserva consagrada en el 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, esto es, la afectación del privilegio deliberativo del órgano reclamado en el evento que se entregue la información requerida; este Consejo procederá a acoger el presente amparo y conjuntamente con ello ordenará la entrega de los antecedentes en la forma requerida.</p>
<p>
7) Que, finalmente, se hace presente que habiéndose desestimado la causal precedentemente analizada, este Consejo no se pronunciará sobre la reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia invocada por el órgano, por resultar inoficioso.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Acoger el amparo deducido por don Jorge Rodrigo Guzmán Fredes en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile:</p>
<p>
a) Hacer entrega al reclamante:</p>
<p>
i. El detalle numérico, del total de comisiones de servicio nacionales, por Unidad de Armas Combinadas, que dispuso el Ejército durante los años 2009, 2010 y 2011; con el siguiente detalle:</p>
<p>
- Cantidad total de comisiones de servicio.</p>
<p>
- Cantidad total de personas que salieron en comisión de servicio, separado por Escalafón: Oficiales, Cuadro Permanente y empleados civiles (EE.CC).</p>
<p>
ii. Becas de estudio otorgada a los Oficiales de los Servicios de: Sanidad (médicos), Sanidad Dental, Veterinaria u otro durante los años 2009, 2010 y 2011. Específicamente, respecto de los organismos a los que pertenecían y la especialidad que realizaron.</p>
<p>
Además, personal que fue enviado a INACAP durante los años 2009, 2010 y 2011. Específicamente, respecto de los organismos a los que pertenecían y la especialización que realizaron. A modo de ejemplo Curso de inyectores de vehículos Diesel.</p>
<p>
iii. Contrataciones de personal a contrata (PAC) y a honorario (PAH). en la IV. División, durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011., de procedencia civil y militar".</p>
<p>
b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
<p>
III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Rodrigo Guzmán Fredes y al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.</p>