Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1335-21

Reclamante:	CAMILA GAYTÁN MUÑOZ
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Prevención del Delito, requiriéndose la entrega de información sobre el nombre del funcionario/a de la Institución que cumple el rol de punto focal del "Plan Nacional de Derechos Humanos". Lo anterior, por cuanto el órgano reclamado no explicó las razones específicas por las cuales el órgano derivado es competente y se encuentra en una mejor posición jurídica para satisfacer el requerimiento de acceso a la información de especie. Asimismo, por cuanto se trata de información referida a la función pública, la que según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella. En el mismo sentido, se resolvieron los amparos Roles C7701-20 y C7876-20.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/11/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C7701-20 C7876-20
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DECISIÓN AMPARO ROL C1335-21   Entidad pública: Subsecretaría de Prevención del Delito Requirente: Camila Gaytán Muñoz Ingreso Consejo: 26.02.2021 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Prevención del Delito, requiriéndose la entrega de información sobre el nombre del funcionario/a de la Institución que cumple el rol de punto focal del "Plan Nacional de Derechos Humanos". Lo anterior, por cuanto el órgano reclamado no explicó las razones específicas por las cuales el órgano derivado es competente y se encuentra en una mejor posición jurídica para satisfacer el requerimiento de acceso a la información de especie. Asimismo, por cuanto se trata de información referida a la función pública, la que según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella. En el mismo sentido, se resolvieron los amparos Roles C7701-20 y C7876-20.  En sesión ordinaria N° 1178 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1335-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1° de diciembre de 2020, doña Camila Gaytán Muñoz solicitó a la Subsecretaría de Prevención del Delito "el nombre del funcionario/a de su institución que cumple el rol de punto focal del "Plan Nacional de Derechos Humanos", quien se relaciona directamente con el cumplimiento de las medidas comprometidas en dicho plan". 2) RESPUESTA: Mediante comunicación electrónica, de fecha 10 de febrero de 2021, la Subsecretaría de Prevención del Delito respondió a dicho requerimiento de información, haciendo presente su derivación, en conformidad de lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 26 de febrero de 2021, doña Camila Gaytán Muñoz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la improcedencia de la derivación efectuada. Al respecto, señaló que "cada institución partícipe del Plan Nacional de Derechos Humanos cuenta con un Punto Focal o funcionario responsables de las acciones comprometidas en dicho plan. La Subsecretaría de Prevención del Delito es partícipe del Plan por lo que se solicita el nombre del funcionario/a que cumple dicho rol y no corresponde que otra institución me dé el nombre." 4) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Prevención del Delito, mediante Oficio N° E6540, de fecha 18 de marzo de 2021, con el objeto de que presente sus descargos y observaciones. A la fecha del presente Acuerdo, no consta que el órgano recurrido haya evacuado sus descargos y observaciones al requerimiento en análisis. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la improcedencia de la derivación efectuada por el órgano reclamado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. 2) Que, respecto de la información solicitada se debe tener presente que el artículo 15 del decreto con fuerza de ley N° 3, año 2017, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, establece que "El Plan Nacional de Derechos Humanos tendrá una duración de cuatro años y contendrá el diseño e implementación de las políticas encaminadas al respeto, promoción y protección de los derechos humanos, debiendo considerar al menos: a) El señalamiento de los objetivos y las metas. b) La identificación de responsables. c) Los recursos financieros disponibles. d) Los mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados, a efectos de identificar las dificultades y adoptar las medidas correctivas o complementarias pertinentes. // Dicho Plan será elaborado a partir de las prioridades sectoriales, intersectoriales y de política exterior propuestas por el Comité Interministerial de Derechos Humanos y en su formulación se deberá tener en consideración la opinión de la sociedad civil, según lo dispuesto en el literal h) del artículo 8°, y los informes, propuestas y recomendaciones, conforme sea pertinente, procedentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, así como también del Sistema Interamericano y del Sistema Universal de Derechos Humanos. // El Plan Nacional se materializará en la elaboración de políticas que abordarán al menos especialmente las siguientes materias: a) La promoción de la investigación, sanción y reparación de los crímenes de lesa humanidad y genocidios, y crímenes y delitos de guerra, en especial, según correspondiere, aquellos comprendidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. b) La preservación de la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos. c) La promoción de la no discriminación arbitraria, de conformidad a la normativa nacional e internacional vigente, en especial la ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, la Constitución Política de la República y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. d) La promoción de la educación y formación en derechos humanos, en los niveles de enseñanza parvularia, básica, media y superior, así como en los programas de capacitación, formación y perfeccionamiento de todas las autoridades y funcionarios de los órganos del Estado, incluidos el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y las municipalidades. e) La promoción del cumplimiento de las medidas cautelares y provisionales, soluciones amistosas y sentencias internacionales en que Chile sea parte, dictadas en virtud del Sistema Interamericano y del Sistema Universal de Derechos Humanos, de conformidad con la letra f) del artículo 8°". 3) Que, por su parte, en el sitio web correspondiente al Plan Nacional de Derechos Humanos se consigna que aquél corresponde a "más de 600 acciones por tus derechos: una ruta común que apunta a la garantía de los derechos de todas las personas que habitan en Chile, a través de acciones de 23 Ministerios, de distintas Subsecretarías y Servicios dependientes de esos Ministerios, y de 3 instituciones públicas autónomas. Estas acciones se implementarán en el período 2018-2021". Entre los cuales se encuentra el órgano reclamado (En: https://planderechoshumanos.gob.cl/plan-nacional-de-derechos-humanos, revisada con fecha 19 de abril de 2021). 4) Que, en cuanto a lo alegado por el órgano reclamado, es menester tener presente lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia: "En caso de que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante". 5) Que, del examen de los antecedentes del presente procedimiento de acceso, esta Corporación advierte que el organismo recurrido no explicó los motivos específicos por los cuales el órgano derivado -la Subsecretaría de Derechos Humanos- es competente y se encuentra en una mejor posición jurídica para satisfacer el requerimiento de análisis, máxime si se considera que la solicitud de acceso se circunscribe a un funcionario que desempeña sus labores en el organismo reclamado. Al efecto, con ocasión de su amparo, la parte activa reseñó que cada Institución partícipe del Plan Nacional de Derechos Humanos -entre las cuales se encuentra el órgano requerido, según lo constatado por este Consejo- cuenta con un Punto Focal de las acciones comprometidas en dicho plan, alegaciones que no fueron desvirtuadas por el órgano recurrido en la instancia procesal pertinente, esto es, con ocasión del traslado conferido por este Consejo en el presente procedimiento de acceso. En mérito de lo expuesto, esta Corporación estima que el actuar del organismo no se aviene a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. 6) Que, en cuanto a la información solicitada referida a la persona que cumple el rol de punto focal del "Plan Nacional de Derechos Humanos" en el órgano reclamado, se debe tener presente que atendido el tipo de labores que desempeñan los funcionarios públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes. Luego, y en base a la referida premisa, este Consejo ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella. 7) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, tratándose de información de naturaleza pública, respecto a las labores que desempeñan los funcionarios del órgano reclamado, se acogerá el presente amparo, requiriendo que informe sobre lo consultado. En el mismo sentido, se resolvieron los amparos Roles C7701-20 y C7876-20. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Camila Gaytán Muñoz en contra de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Prevención del Delito, lo siguiente: a) Entregue la información referente al nombre del funcionario/a de su institución que cumple el rol de punto focal del "Plan Nacional de Derechos Humanos", quien se relaciona directamente con el cumplimiento de las medidas comprometidas en dicho plan. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Camila Gaytán Muñoz y a la Sra. Subsecretaria de Prevención del Delito. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.