Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1364-21

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Reclamante:	JOAQUIN EBENSPERGER
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Maipú, ordenando la entrega de todas las facturas pendientes de pago, independiente del tipo de contrato que origine la deuda, siempre que se trate de personas jurídicas, por servicios prestados, ya sea por licitación, trato directo o cualquier otra similar, durante el año 2020. Lo anterior, por cuanto, la solicitud recae sobre antecedentes referidos al manejo presupuestario y contable del municipio, información que debe encontrarse debidamente organizada, permitiendo acreditar el buen uso de los recursos públicos, desestimándose, por ello, la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano. Se ordena al municipio, previo a su entrega, tarjar los datos personales de contexto de personas naturales que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia. Se remiten los antecedentes del presente amparo a la Contraloría General de la República, para los fines que estime pertinentes.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/20/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C1363-16
Jurisprudencia a:	C8994-21 C2893-22
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Municipalidades >> Permisos y derechos municipales >> Otros
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C1364-21   Entidad pública: Municipalidad de Maipú Requirente: Joaquín Ebensperger Ingreso Consejo: 01.03.2021 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Maipú, ordenando la entrega de todas las facturas pendientes de pago, independiente del tipo de contrato que origine la deuda, siempre que se trate de personas jurídicas, por servicios prestados, ya sea por licitación, trato directo o cualquier otra similar, durante el año 2020. Lo anterior, por cuanto, la solicitud recae sobre antecedentes referidos al manejo presupuestario y contable del municipio, información que debe encontrarse debidamente organizada, permitiendo acreditar el buen uso de los recursos públicos, desestimándose, por ello, la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano. Se ordena al municipio, previo a su entrega, tarjar los datos personales de contexto de personas naturales que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia. Se remiten los antecedentes del presente amparo a la Contraloría General de la República, para los fines que estime pertinentes. En sesión ordinaria N° 1180 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1364-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de enero de 2021, don Joaquín Ebensperger solicitó a la Municipalidad de Maipú la siguiente información: "todas las Facturas pendientes de pago independiente del tipo de contrato que sea el origen de dicha deuda, siempre que se trate de personas jurídicas, por servicios prestados, ya sea por licitación o trato directo, o cualquier otra similar, durante el año 2020". 2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por Resolución Núm. 181, de fecha 8 de febrero de 2021, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: El 26 de febrero de 2021, a través de Resolución N° 241/2021, la Municipalidad de Maipú respondió al requerimiento, indicando que se deberá denegar el acceso a la información, en virtud de lo dispuesto por el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, ya que, lo solicitado contiene antecedentes relevantes, que se refieren a deliberaciones previas a la revisión, por parte del órgano, que actualmente se encuentra en etapa de análisis del mismo, y que dar acceso a dichos antecedentes de manera previa a lo que se resuelva, afectará el funcionamiento del ente edilicio, en cuanto lo expone a entregar información cuyo contenido no está completamente definido. Indica que resulta plausible concluir que, por tratarse de una serie de antecedentes cuyo contenido no está completamente definido, la información solicitada será utilizada en un eventual acto administrativo que aún se encuentra pendiente. A su vez, la divulgación de lo requerido, de manera previa a la revisión, provocará la afectación a las funciones del órgano, por cuanto, facilitará la interposición de alegaciones u oposiciones de terceros, de manera anticipada, al contener información sensible respecto del ejercicio de las facultades y deberes propios del órgano, que comprometen sus posibilidades o formas de actuación en el caso, y, dilatando innecesariamente los procedimientos y plazos para la toma de decisiones. Asimismo, divulgar información que está siendo recabada para su análisis, en forma anticipada, supone inmiscuirse en el ámbito de decisión del órgano, en forma previa a la adopción de una medida en particular sobre la materia. Cita la decisión de amparo rol C1363- 16. 4) AMPARO: El 1 de marzo de 2021, don Joaquín Ebensperger dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, mediante Oficio E6570, de 5 de abril de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo. Mediante Oficio N° 22/2021, de fecha 13 de abril de 2021, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que: a) Del Proceso de Facturación: Este es complejo y depende de distintas unidades municipales. Así, estos documentos se encuentran físicamente en distintas unidades técnicas, lo que hace difícil su recopilación. En este sentido, adjunta Decreto Alcaldicio N° 1793, que contiene el Reglamento de Estructura Interna de la Municipalidad, en donde se pueden verificar las distintas entidades que participan en el proceso, desde la recepción de la factura, hasta su pago. A modo de ejemplo, se incluye dentro de la sección 5.2 de contabilidad, 1.2 de la oficina de pagos del departamento de bienestar, 7.3 de administración de flota vehicular, 9 de facturación de derechos de aseo domiciliario, 2.1 de la oficina de alumbrado público, 2.2 de la Oficina de nuevos loteas, 4. Del departamento comercial, 4.2 de operaciones comerciales, entre otros. El proceso de identificación, desglose y pago es una actividad que se efectúa de manera pormenorizada dentro de las unidades correspondientes, por lo que, se maneja una gran cantidad de documentos en distintos formatos -digitales o físicos- cuya recolección corresponde a un proceso manual. Por cada uno de estos expedientes, existe un análisis previo que debe efectuarse por cada proceso de pago a fin de verificar que la suma requerida corresponde con un servicio que ha sido efectivamente prestado y respecto del cual se cuenta con todos los antecedentes. Asimismo, para dar cuenta del volumen de facturas, adjunta listado en que se puede verificar que, en el caso de contabilidad municipal, serían 3503 facturas, y, en el caso de salud, 3843, lo que suma un total de 6987 documentos por recopilar. Dentro de los expedientes de cada pago, se incluyen además otros elementos, por ejemplo, decretos, contratos, memorándum, cédulas de identidad, poderes, certificados de obligación presupuestaria, certificados de factibilidad, certificados de aprobación por Concejo, escrituras del Registro de Comercio, entre otras, todas dependiendo del tipo de servicio prestado. En promedio estos expedientes tienen un total de 40 hojas, y se estima que en la revisión y recopilación de factura tomaría un total de 3 minutos por expediente. Por tanto, en la revisión de aproximadamente 7.000 expedientes tomaría alrededor de 21.000 minutos o 350 horas. Considerando una jornada laboral de 8 horas diarias, da un total de 43.75 días. Un funcionario, dedicándose exclusivamente a la recolección de esta información tardaría alrededor de 8.75 semanas, es decir, más de dos meses. Respecto del artículo 17 de la ley 20.285, en relación con el número 8 de la Instrucción General N° 6, sobre gratuidad y costos directos de reproducción, manifiesta que para la municipalidad efectuar esta labor es tan onerosa que forzaría la contratación de un funcionario administrativo durante dos meses. Según la "Escala Municipal de Sueldos Año 2020", un funcionario administrativo grado 18, esto es, el inferior grado del estamento, trae aparejado un costo bruto para la municipalidad de $489.301, por lo que, en el caso de resolverse la entrega de la información, la Municipalidad se vería forzada a pagar aproximadamente $1.100.927 a un funcionario destinado exclusivamente a esta labor, costo que no puede ser transferido al solicitante. b) De las restricciones de movilidad: La dotación municipal se encuentra actualmente reducida, en virtud de las restricciones de movilidad impartidas por el Gobierno en el contexto de la emergencia sanitaria, dentro de las cuales no se encuentran autorizados para su traslado aquellos funcionarios que cumplen labores administrativas, lo que impide que, en la actualidad, se dediquen exclusivamente a este tipo de funciones en dependencias municipales. Además, destinar funcionarios que se encuentran legalmente autorizados para desplazarse por cumplir alguna de las funciones estimadas por la autoridad sanitaria como esenciales, para ser destinados a funciones administrativas es un hecho que se encuentra prohibido. Los funcionarios que se encuentran actualmente trabajando en dependencias municipales han debido ser destinados a cumplir labores que distan de las habituales, en base a la continuidad del servicio, o bien, han sido sometidos a doble función, lo que conlleva, necesariamente a una sobrecarga de trabajo. c) De la afectación del Servicio: Requerida la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad, indicó que el o los funcionarios dejarían de efectuar las siguientes labores: Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la contabilidad nacional y con las instrucciones que la Contraloría General ele la República imparta al respecto; Visar los decretos de pago verificando la debida imputación y la disponibilidad presupuestaria respectiva; Registrar y mantener actualizada la contabilidad municipal, en conformidad con las normas de la contabilidad nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la República imparta al respecto; Confeccionar el balance presupuestario y patrimonial anual de la Municipalidad, proporcionando estados e informes contables que se requieren; Controlar los ingresos y egresos de fondos municipales; Mantener el registro actualizado de todos los documentos que den origen a obligaciones de carácter financiero entre la municipalidad y terceros; Elaborar informes de variaciones de ejecución presupuestaria mensuales; y, Efectuar la rendición mensual de cuentas de la caja municipal, con sus ajustes y conciliaciones bancarias. No obstante, atendidas las restricciones de movilidad actuales, así como el Decreto Alcaldicio 563 de fecha 18 de marzo de 2020 que determina la modalidad de trabajo flexible de toda la Municipalidad, implicaría un desfase importante en el cumplimiento de plazos legales, y, por otra parte, se caería inevitablemente en incumplimientos de contratos y otros pagos de multas. Así las cosas, el requerimiento es claramente uno de carácter genérico, referido a un elevado número de actos administrativos, como se explicó, distrae indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, teniendo en cuenta además, que no toda la información se encuentra en formato digital y que igualmente, por cada acto administrativo se debe verificar que no existan datos personales o sensibles de acuerdo a la Ley N° 19.628 sobre Protección a la Vida Privada, puesto que en dicho caso se debe proceder a tarjar la información, lo cual dilata aún más la entrega de información. El municipio está intentando reducir al máximo la movilidad de los funcionarios, a fin de proteger su salud, mientras que, en la decisión de amparo rol C377-13 se señaló que: "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado", por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos, el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad y cualquier otra situación -como la pandemia que actualmente se vive, y, en particular, las restricciones sanitarias- afecta directamente a los funcionarios, la forma de trabajo y, que en la actualidad, aquellas labores que no sean estrictamente esenciales se encuentran actualmente postergadas en base a la salud pública. Por estas consideraciones, estima procedente aplicar la causal del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información correspondiente a todas las facturas pendientes de pago, independiente del tipo de contrato que dio origen a la deuda, siempre que se trate de personas jurídicas, por servicios prestados, ya sea por licitación, trato directo o cualquier otra similar, durante el año 2020. Por su parte, el órgano reclamado invoca la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por tratarse de un requerimiento de carácter genérico, referido a un elevado número de actos administrativos, que distrae indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. 2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. 3) Que, respecto de la concurrencia de la causal de secreto o reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, citada por el órgano, razonó que: "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas. 4) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 5) Que, como se enunció, la solicitud de información recae sobre todas las facturas pendientes de pago, independiente del tipo de contrato que dio origen a la deuda, siempre que se trate de personas jurídicas, por servicios prestados, ya sea por licitación, trato directo o cualquier otra similar, durante el año 2020. En este sentido, y dentro de otras alegaciones, el órgano reclamado ha especificado que, del listado que adjunta, se puede verificar que, en el caso de contabilidad municipal, serían 3503 facturas, y, en el caso de salud, 3843, lo que suma un total de 6987 documentos por recopilar, especificando que, dentro de los expedientes de cada pago, se incluyen además otros elementos, teniendo en promedio un total de 40 hojas cada uno, estimándose que su revisión y recopilación de factura tomaría un total de 3 minutos por expediente, por lo que, la revisión de los casi 7.000 expedientes tomaría alrededor de 350 horas, lo que, considerando una jornada laboral de 8 horas diarias, da un total de 43.75 días, debiendo dedicarse un funcionario exclusivamente a la recolección de la información tardando alrededor de 8.75 semanas. 6) Que, de esta manera, proyectado el volumen y naturaleza de la información a todo el periodo consultado, en principio, resultaría pertinente concluir que la ubicación y sistematización para su entrega, en los términos requeridos por el solicitante, podrían distraer indebidamente a los funcionarios del órgano, sin embargo, se debe hacer presente que los antecedentes requeridos dicen relación con instrumentos en los que constan obligaciones de pago para el municipio, las que involucran el uso de recursos públicos, por lo que, resulta esperable que dicha información deba permanecer identificable y con un adecuado grado de sistematización, que permita su correcta gestión, ya que, ello puede redundar en un uso eficiente del presupuesto municipal. En efecto, al tratarse de información sobre el manejo presupuestario y contable, recae sobre el órgano la obligación de tenerla organizada, lo que permite acreditar el buen uso de recursos públicos. A su vez, se debe considerar que la circunstancia de no contar el municipio con un sistema organizado de la información contable, que le permita identificar y extraer los antecedentes solicitados sin distraer indebidamente a sus funcionarios, en ningún caso puede erigirse en un obstáculo al acceso a la información o constituir una justificación válida para negarse a su entrega. 7) Que, de esta manera, al tratarse de información que debe encontrarse debidamente identificada y organizada, su entrega no debería exigir al órgano la realización de esfuerzos desproporcionados, ni distraer indebidamente a los funcionarios de sus labores, debiendo, en consecuencia, desestimarse la verificación de la afectación alegada por el municipio, la cual es esencial para la configuración de la causal de reserva o secreto invocada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, N° 1, de la Ley de Transparencia. El criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad, hipótesis que no se verifica en el presente caso. Al respecto, cabe tener presente que por tratarse de normas de derecho estricto -las causales de reserva-, que se contraponen al principio general de Transparencia de los actos de la Administración, dichas normas deben ser interpretadas restrictivamente. Razones por las cuales, será desestimada la configuración de la causal de reserva o secreto invocada. 8) Que, en consideración de lo anterior, y tratándose lo solicitado de información de naturaleza pública, al alero de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8 de la Carta Fundamental, que obra en alguno de los soportes documentales consignados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, respecto de la cual, no es posible estimar configurada la causal de reserva o secreto de distracción indebida, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de la información requerida. Previa entrega, y en virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, el órgano requerido deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto correspondientes a personas naturales, como, por ejemplo, cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, que pudieran estar contenidos en los documentos cuya entrega se ordena. Lo anterior, en aplicación de lo previsto en el artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4, de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. 9) Que, sin perjuicio de lo anterior, atendido que la materia del presente amparo dice relación con la entrega de instrumentos que dan cuenta del buen uso de recursos públicos, este Consejo remitirá los antecedentes del caso a la Contraloría General de la República, para los fines que estime pertinentes. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Joaquín Ebensperger en contra de la Municipalidad de Maipú, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, lo siguiente: a) Entregue al reclamante copia de todas las facturas pendientes de pago, independiente del tipo de contrato que sea el origen de dicha deuda, siempre que se trate de personas jurídicas, por servicios prestados, ya sea por licitación o trato directo, o cualquier otra similar, durante el año 2020. Lo anterior, debiendo tarjar, en forma previa, todos los datos personales de contexto de personas naturales contenidos en la información solicitada, por ejemplo, RUT, domicilio particular, teléfono particular y correo electrónico particular, entre otros. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente: a) Notificar la presente decisión a don Joaquín Ebensperger y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú. b) Remitir los antecedentes del procedimiento a la Contraloría General de la República para los fines que estime pertinentes. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.