Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1408-21

Reclamante:	PATRICIO ELÍAS SARQUIS
Reclamado:	DIRECCIÓN DE VIALIDAD DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, ordenándose la entrega de lo requerido en los numerales 2, 3, y 4 del requerimiento, referidos a información sobre los terrenos fiscales del ex Ferrocarril Militar de Puente Alto a El Volcán. Lo anterior, por tratarse de información pública, cuya entrega no fue acreditada en esta instancia. Se rechaza en lo que dice relación con el N° 1 del requerimiento, por cuanto, la reclamada informó que no ha llevado a cabo ninguno de los actos consultados, por lo tanto, lo pedido es inexistente. El Consejero Don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/17/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C533-09
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DECISIÓN AMPARO ROL C1408-21   Entidad pública: Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas Requirente: Patricio Elías Sarquis Ingreso Consejo: 02.03.2021 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, ordenándose la entrega de lo requerido en los numerales 2, 3, y 4 del requerimiento, referidos a información sobre los terrenos fiscales del ex Ferrocarril Militar de Puente Alto a El Volcán. Lo anterior, por tratarse de información pública, cuya entrega no fue acreditada en esta instancia. Se rechaza en lo que dice relación con el N° 1 del requerimiento, por cuanto, la reclamada informó que no ha llevado a cabo ninguno de los actos consultados, por lo tanto, lo pedido es inexistente. El Consejero Don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso. En sesión ordinaria N° 1191 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1408-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 31 de enero de 2021, don Patricio Elías Sarquis solicitó a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, lo siguiente: "1) Solicito se entregue a este solicitante, copia íntegra de todo Decreto, Resolución, Informe, Acto, contrato o convención dictada, destinada, recibida, ordenada y/o celebrada por/a la Dirección de Vialidad, entre el 29 de diciembre de 1983 y el 1 de junio de 2018, donde se acredite, informe, comunique, revise, aclare, rectifique, convenga, resuelva y/o ponga en conocimiento, que se ha puesto termino, revocado, anulado o dejado sin efecto o quedado sin vigencia por cualquier otra forma o hipótesis, a la destinación de bienes fiscales ordenada en forma condicional y para un fin específico, según el Decreto Exento del Ministerio de Bienes Nacionales N 64 del 29 de diciembre de 1983, teniendo como antecedentes para su dictación lo solicitado por la Subsecretaria de Bienes Nacionales, en oficio N° 126 del 14 de junio de 1983, considerando los informes emitidos por la Comisión Técnica de Estudio, encargada de determinar el uso que deberá darse a los terrenos fiscales en que funcionara el ex Ferrocarril Militar de Puente Alto a El Volean, en oficio N40 del 7 de junio de 1983, y teniendo presente la Resolución N° 050 de 1980 de la Contraloría General de la República. 2) Solicito se me informe en forma documental, con los respaldos pertinentes, si actualmente, los otrora terrenos fiscales en que funcionó el ex Ferrocarril Militar de Puente Alto a El Volcán, precisando cuál o cuáles de los tramos que lo componían, mantienen tal titularidad por parte del Fisco de Chile, indicando cuáles son las fojas, número, año y Conservador de Bienes Raíces donde se practicó la inscripción o inscripciones de dominio donde se acredite el dominio fiscal actual y el número, fecha y Conservador donde se archivó el plano donde se describen los tramos y/o la propiedad fiscal correspondiente al ex Ferrocarril Militar señalado. 3) Por otra parte, y en relación a lo precedente, solicito entregar a este requirente, copia íntegra de los decretos, resoluciones, certificados, certificaciones, informes y/o cualquier otra especie de acto, contrato o convención, que acredite, convenga, informe, garantice, comunique, aclare, rectifique y/o respalde. junto con la respectiva publicación en el Diario Oficial o declaración de no haber tal, de ser pertinente, en relación a la utilización de todos los bienes fiscales destinados con el objeto de emplearlos en la ejecución de las obras tendientes al mejoramiento de la red vial, conforme a lo prescrito por el Ministerio de Bienes Nacionales a la Dirección de Vialidad, que corresponden a los tramos singularizados bajo las letras a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), 1), m), n) y o) del numeral 1 del Decreto Exento del Ministerio de Bienes Nacionales N° 64 del 29 de diciembre de 1983. En caso de no haber tal utilización de todos los bienes destinados en comento, por favor, precisar respecto de cuáles sí y de cuáles no se verifica tal utilización y/o destinación efectiva; y, se proceda a entregar a este requirente, copia íntegra de los decretos, resoluciones, certificados, certificaciones, informes y/o cualquier otra especie de acto, contrato o convención, que acredite, convenga, informe, garantice, comunique, aclare, rectifique y/o respalde, junto con la respectiva publicación en el Diario Oficial o declaración de no haber tal, de ser pertinente, respecto de la utilización en una parte o algunos de éstos; y, en caso de no haber utilización alguna de todos los bienes en comento, agradecería así informar a este solicitante. 4) Se confirme, rectifique o aclare, con los debidos respaldos documentarios que acrediten lo que fuere manifestado en rectificación y/o aclaración de lo que se indicará, que, en los terrenos fiscales en que funcionara el ex Ferrocarril Militar de Puente Alto a El Volcán, destinados al Ministerio de Obras Publicas Dirección de Vialidad, Región Metropolitana, para el cumplimiento de los fines propios del servicio y, específicamente, con el objeto de emplearlos en la ejecución de las obras tendientes al mejoramiento de la red vial, que comprende 16 tramos detallados en Decreto N° 64 de fecha 29-12-1983: Vialidad no ha ejecutado, cumplido y/o desarrollado algún proyecto de Mejoramiento Ruta G-25 desde 1983 a la fecha". 2) RESPUESTA: El 20 de febrero de 2021, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas respondió el requerimiento indicando que de acuerdo al decreto de destinación N° 64, de fecha 29 de diciembre de 1983, del Ministerio de Bienes Nacionales, esta Área de B S regional cumple con informar lo siguiente: a) "Que, de acuerdo a información en catastro del Área Regional de Administración y Control de Bienes, de la Dirección de Vialidad, Región Metropolitana, estos terrenos se encuentran bajo la tuición del Ministerio de Obras Públicas, tanto la antigua línea férrea y el Sector El Canelo, Cajón del Maipo. Dichos terrenos se localizan dentro de la Faja del camino Rol G- 25; este camino de acuerdo con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) que nomina a la ruta con la nomenclatura E11S, de acuerdo a dicho instrumento, y que hasta el día de hoy está vigente en la SEREMI MINVU RM., se encuentra grabado con un ancho de Faja Fiscal de 52 metros" b) "Que, según la información aportada por el Depto. de Planificación Regional, el referido terreno fiscal comprende futuros proyectos que se detallan a continuación 1.- Se realizará Licitación próximamente en la ejecución de los puentes de la ruta G-25, ubicados en el tramo entre San José de Maipo y San Gabriel 2.- Se debe rediseñar el mejoramiento del tramo entre las Vizcachas y San José de Maipo que implica cambios en puentes y ruta propiamente tal.3.- Se contempla estudiar la conexión entre las Rutas G-25 y G-27, lo cual implica buscar alternativas de conectividad en todo lo largo de la ruta.4.- Próximamente se debe estudiar la posibilidad de generar un proyecto de senda/ciclovía de la ruta en toda su extensión" "Se informa que la Dirección de Vialidad Regional tiene establecida una mesa de Trabajo relativa a terrenos Fiscales, en la que interactúa con otros Servicios como Serviu, y en esa instancia se verifican tenencias, metrajes entre otros temas de los terrenos, respecto de la necesidad de contar con la debida información para los proyectos señalados precedentemente en el mes de marzo de este año corresponde analizar dentro de las prioridades regionales los terrenos fiscales ubicados en el sector del ex Ferrocarril Militar de Puente Alto a El Volcán, para lo cual puede contactarse con nuestro Encargado de Bienes y Servicios y coordinar una reunión de trabajo respecto de este Sector en particular, donde por el gran volumen de documentación que señala, podrá indicársele o entregar lo que requiera, que este en nuestro poder, conforme a la normativa vigente (...) Por otra parte es importante indicar que Los órganos de la Administración del Estado deberán custodiar los documentos que generen, conservan o reúnan por el tiempo que en cada caso establece la Ley, los Ministerios y nuestro Servicio, el plazo es de 5 años de antigüedad, por lo tanto gran parte de los documentos que solicita, son de antigua data, y supera ampliamente los cinco años legales de permanencia en la Oficina de Partes, motivo por el cual no contamos a la fecha con copia de dichos Oficios." 3) AMPARO: El 2 de marzo de 2021, don Patricio Elías Sarquis dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió una respuesta incompleta a su solicitud, haciendo presente que "respecto de la totalidad de la información pedida, este solicitante requirió se le entregue la correspondiente documentación de respalde que acredite lo informado. Sin embargo, en la respuesta del órgano solicitado, no se acompañó documentación alguna". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, mediante Oficio N° E6218, de 13 de marzo de 2021 solicitando que: (1°) refiérase a las alegaciones del parte reclamante, quien sostiene se le remitió información incompleta a su requerimiento; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) indique si procedió a efectuar la búsqueda de la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre Procedimiento Administrativo de acceso a la información;(4°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (5°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (6°) en caso no existir inconvenientes para la entrega de la información solicitada ni causal de reserva aplicable, remita la misma a la parte reclamante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, tarjando previamente los datos personales de terceros que pudiere contener, como, por ejemplo, el número de cédula nacional de identidad u otro dato personal de contexto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Mediante el oficio digital N° 595, de 12 de abril de 2021, el órgano reclamado presentó sus descargos señalando, en síntesis, lo siguiente: En cuanto a lo requerido en el N° 1 de la solicitud, que "le corresponde dentro del territorio que comprende la Provincia de Cordillera, la administración de los terrenos Fiscales que le fueran destinados por el Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el Decreto N° 64 de fecha 29-12-1983, para el desarrollo de sus labores propias así como también para la ejecución de obras tendientes al mejoramiento de la red Vial, todos ellos ubicados en la Provincia señalada y para dichos terrenos a la fecha no se ha puesto termino, revocado, anulado o dejado sin efecto o quedado sin vigencia por cualquier otra forma o hipótesis, a la destinación de bienes fiscales ordenada por el Decreto señalado, por tanto los sectores individualizados se encuentran en la actualidad bajo la administración de nuestra Dirección Regional de Vialidad Metropolitana". Al efecto acompañó el decreto N° 64 antes mencionado, señalando que no se hizo entrega de aquel previamente por ser un documento casi ilegible. Sobre lo requerido en el N° 2 de la petición, indicó que, "desconoce si nuestro servicio realizó inscripciones en el conservador de Bienes Raíces, a fin de acreditar dominio de los bienes destinados por Bienes Nacionales. Aquí es preciso señalar que esta administración instauró una mesa de trabajo compuesta por profesionales de distintas áreas de nuestra Dirección Regional (Departamento de Planificación, Asesoría Jurídica, Área de Administración y Gestión de Bienes, Equipo de Topografía y Expertos en Expropiaciones del Depto. de Proyectos Regional) y que se trabaja de forma Coordinada con el Ministerio de Bienes Nacionales y Serviu, los municipios y gobernaciones en lo que corresponda, a fin de normalizar los diversos terrenos que son de nuestra Administración, las demasías producto de expropiaciones afectadas en favor del fisco, y poder tener actualizados todos los expedientes de cada uno de ellos, lo que ha significado la realización de variadas reuniones con los equipos señalados, la concurrencia a terreno a ver cada caso, efectuar mediciones topográficas correspondientes, catastro de familias entre otras actividades, por lo que antecedentes respecto de las inscripciones propiamente tal, está en análisis del Área Jurídica de nuestra Dirección Regional". Con respecto a lo solicitado en el N° 3 del requerimiento, indicó que, "en el marco de la mesa trabajo de terrenos fiscales señalada, se han efectuado levantamientos de algunos de los sectores singularizados, unos realizados por el Ministerio de Bienes Nacionales y otros en desarrollo por nuestra Dirección Regional (Se adjuntan levantamientos preliminares (Anexos 2 y 3), sin embargo, aquí es preciso señalar que en varios de esos sectores existen ocupaciones ilegales, sin que medie autorización alguna de esta Dirección. Terrenos que se encuentran ocupados por familias tanto en los terrenos mismos, así como también han utilizado parte de la Faja Vial adyacente, por tanto una vez individualizados los sectores que han sido tomados, efectuaremos el correspondiente catastro de familias, y las coordinaciones necesarias con el Municipio de Puente Alto, toda vez que nuestro Servicio tiene delegadas atribuciones para efectuar las notificaciones de desalojo y las acciones administrativas y Judiciales para el retiro de dichas familias". Añade luego que, los ocupantes han realizado construcciones, que afectarán de forma directa iniciativas de inversión que tiene en estudio, y si bien habían comenzado a identificar los terrenos ocupados propiamente tal, estas actividades han sido suspendidas, teniendo presente la condición de pandemia en que se encuentra el país y que ha obligado a sus equipos a disminuir las actividades en terreno por riesgo de contagios, como lo ha instruido la autoridad. Con relación a lo pedido en el N° 4 de la solicitud, indicó que identificar si los terrenos señalados en el Decreto N° 64, serán empleados en la ejecución de las obras tendientes al mejoramiento de la red vial, que comprende 16 tramos; "Es preciso señalar que desde la data que el usuario consulta, nuestro Servicio ha desarrollado en los caminos varias acciones correspondientes a la conservación de los caminos asociados al Sector en consulta, tanto por Administración Directa a través de la Oficina Provincial de Cordillera, así como también por Contratos de Obra. Por otra parte y como es de su conocimiento los órganos de la Administración del Estado deberán custodiar los documentos que generen, conservan o reúnan por el tiempo que en cada caso establece la Ley, en el caso de los Ministerios y en particular de este Servicio el plazo es de 5 años de antigüedad, por lo tanto los documentos de todas las obras que ha realizado nuestro Servicio en las vías superan ampliamente los cinco años legales de permanencia en la Oficina de Partes, motivo por el cual no contamos a la fecha con copia de todos los documentos. Ahora bien, respecto de iniciativas futuras, estas si se verán directamente afectadas por la permanencia de familias toda vez que se encuentran a lo largo de la ruta G25 desde Vizcachas hacia El Volcán bajo nuestra destinación, y donde se han definidos varios proyectos, para los cuales se adjuntan las correspondientes Fichas IDI, con proyectos programados por la Dirección de Vialidad que están en las zonas descritas en el Decreto 64. Se adjuntan las Fichas IDI. (Anexo 4) Además indicar que hay otros proyectos en la cartera de más largo plazo, que también se encuentran en las áreas indicadas en el Decreto, como la reposición de todos los puentes de la Ruta G-25 entre Santiago y San José de Maipo. La ruta G-25 se encuentra en el PRMS (Plan Regulador Metropolitano), y que en la modificación N° 104 que se está tramitando actualmente, se gravará su carácter de vía troncal, tanto en la zona urbana como rural del cajón del río Maipo, y reglamentará el área de intervención de nuestros proyectos, aumentando el ancho de faja que actualmente disponemos". Luego, indicó los proyectos específicos que se están desarrollando y que se efectuaran a futuro. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo, se funda en la respuesta incompleta o parcial, pues no se le entregan los antecedentes de respaldo a lo informado por el órgano reclamado, respecto de lo consultado en el requerimiento. 2) Que, en cuanto a la información solicitada, es menester hacer presente que, en conformidad con el artículo 18 del decreto con fuerza de ley N° 850, año 1997, del Ministerio de Obras Públicas, Fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 15.840, de 1964 y del D.F.L. N° 206, de 1960; "a la Dirección de Vialidad corresponderá la realización del estudio, proyección, construcción, mejoramiento, defensa, reparación, conservación y señalización de los caminos, puentes rurales y sus obras complementarias que se ejecuten con fondos fiscales o con aporte del Estado y que no correspondan a otros Servicios de la Dirección General de Obras Públicas. La conservación y reparación de las obras entregadas en concesión, serán de cargo de los concesionarios./ Para dar cumplimiento a las acciones señaladas en el inciso precedente, la Dirección podrá considerar, en coordinación con las demás entidades que corresponda, la plantación, forestación y conservación de especies arbóreas, preferentemente nativas, de manera que no perjudiquen y más bien complementen la conservación, visibilidad y la seguridad vial./ Sin perjuicio de las facultades de la Dirección, ésta se coordinará con las municipalidades respectivas y los propietarios colindantes, para los efectos del cuidado y mantención de la faja y su vegetación./No obstante lo establecido en este artículo esta Dirección tendrá a su cargo la construcción de puentes urbanos, cuando se lo encomienden las respectivas Municipalidades o Gobiernos Regionales, conviniendo con éstas el financiamiento correspondiente./Le corresponderá también la aprobación y fiscalización del estudio, proyección y construcción de puentes y badenes urbanos en los cauces naturales de corrientes de uso público/Además, tendrá a su cargo la construcción de caminos dentro de los radios urbanos cuando se trate de calles o avenidas que unan caminos públicos declarados como tales por decreto supremo./Le corresponde asimismo la aplicación del Título III de esta ley sobre caminos públicos./Tendrá a su cargo, la Vialidad Urbana que antes del DFL. N° 205, de 1976, del Ministerio de Obras Públicas, tenía la Dirección General de Metro, a excepción de la Vialidad Urbana complementaria de Metros definida en el citado Decreto con Fuerza de Ley y que continúa siendo de la competencia del actual Metro S.A."(Énfasis agregado) 3) Que, sobre lo requerido en el N° 1 de la solicitud, el órgano indicó que a la fecha no se ha puesto termino, revocado, anulado, dejado sin efecto o quedado sin vigencia a la destinación de bienes fiscales ordenada por el decreto N° 64. En consecuencia, este Consejo colige que lo requerido por el reclamante es inexistente. Al respecto, el artículo 10 de la Ley de Transparencia, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado "cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga...". En este orden de ideas, cabe tener presente que a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, se resuelve que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir proporcionar acceso a documentación que no obraría en su poder, como tampoco de aquélla que resulte inexistente. En consecuencia, y atendida la falta de antecedentes en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por la reclamada en esta sede, se rechazará el presente amparo en esta parte. 4) Que, sobre lo pedido en el N° 2 y N° 3 de la solicitud, el órgano reclamado con ocasión de sus descargos acompañó antecedentes que darían respuesta a dichos requerimientos. Sin embargo, no consta que aquellos hayan sido puestos a disposición del reclamante, en consecuencia, se acogerá el amparo en estos puntos, requiriendo su entrega. 5) Que, lo solicitado en el N° 4 del requerimiento, se circunscribe a que se confirme, rectifique y/o aclare, con los debidos respaldos, si en los terrenos indicados, no han ejecutado, cumplido y/o desarrollado algún proyecto de Mejoramiento Ruta G-25 desde 1983 a la fecha. Al efecto, este Consejo constató que el órgano reclamado no dio respuesta a aquello, por el contrario, otorgó información sobre las actividades de mejoramiento de la ruta en comento, alegando que no era posible entregar más antecedentes al respecto por cuanto el resto de la documentación forma parte de un proceso de licitación de obra, concurriendo al efecto la causal de reserva del articulo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. Sin embargo, esta no dice relación con los antecedentes requeridos, y bajo esa premisa, se desestimará su concurrencia. En mérito de lo expuesto, se acogerá el amparo en esta parte. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Patricio Elías Sarquis, en contra de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, lo siguiente: a) Entregue al reclamante los antecedentes acompañados a sus descargos, así como también, confirme, rectifique y/o aclare, con los debidos respaldos, si en los terrenos indicados, no han ejecutado, cumplido y/o desarrollado algún proyecto de Mejoramiento Ruta G-25 desde 1983 a la fecha. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo en lo que dice relación con lo pedido en el N° 1 de la solicitud de información, por no obrar en poder de la reclamada, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. IV. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Patricio Elías Sarquis y al Sr. Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, al ser hermano de dicha autoridad; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.