Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1511-21

Reclamante:	PATRICIO ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Reclamado:	POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, referido a 22 informes técnicos emitidos por la Comisión Médica de la PDI con todos sus antecedentes, mediante los cuales se otorgó la jubilación por invalidez de segunda categoría por patologías mentales a dichos funcionarios. Lo anterior, por estimar que el acceso a los antecedentes en los términos requeridos importa un riesgo de divulgación de información de carácter altamente sensibles de sus titulares, cuya divulgación producirá una afectación específica a la esfera de la vida privada de aquellos.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/14/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C26-20 C759-20
Jurisprudencia a:	C6879-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C1511-21   Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile Requirente: Patricio Alejandro Sánchez González Ingreso Consejo: 08.03.2021 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, referido a 22 informes técnicos emitidos por la Comisión Médica de la PDI con todos sus antecedentes, mediante los cuales se otorgó la jubilación por invalidez de segunda categoría por patologías mentales a dichos funcionarios. Lo anterior, por estimar que el acceso a los antecedentes en los términos requeridos importa un riesgo de divulgación de información de carácter altamente sensibles de sus titulares, cuya divulgación producirá una afectación específica a la esfera de la vida privada de aquellos. En sesión ordinaria N° 1180 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1511-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de enero de 2021, don Patricio Alejandro Sánchez González solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile, también denominada PDI, la siguiente información: Copia integra y foliada de los 22 informes técnicos emitidos por la Comisión Médica de la PDI que singulariza con número, fecha y patología, mediante los cuales se les otorgó la jubilación por invalidez de segunda categoría por patologías mentales a dichos funcionarios. "Aportando todos los antecedentes que obren en su poder respecto a ellos; tales como sus informes y exámenes médicos, técnicos, decretos, resoluciones, hojas de vida anuales, etc., así como la copia de sus fichas clínicas en la PDI, y otros documentos que, al respecto obren en poder de Dipreca y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. De ser necesario tarjar o ennegrecer los datos personales de los funcionarios, solicitando se tengan en consideración para resolver, el contenido de los amparos C-122-21 y C-8450-20, actualmente vigentes, mediante los cuales acredité que si se me entregó información médica sensible de terceras personas". 2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por oficio de fecha 12 de febrero de 2021, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: El 01 de de marzo de 2021, la Policía de Investigaciones de Chile respondió a dicho requerimiento de información, mediante Resolución denegatoria N° 1, de fecha 18 de febrero de 2021, señalando, en síntesis, que: En este caso se puede concluir que no existe un interés social relevante en la solicitud de información, sino más bien se vislumbra un interés privado, que no permite concluir que aquella información cumpla con el espíritu de la Ley sobre Acceso a la Información Pública, cual es fiscalizar la actividad de un órgano de la administración del Estado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política. En este sentido, el artículo 12, inciso segundo de la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, indica que "toda la información que surja, tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, será considerada como dato sensible, de conformidad con lo dispuesto en la letra g) del artículo 2° de la Ley N.0 19.628, sobre Protección a la Vida Privada"; lo cual debe relacionarse con los artículos 7 y 20 de este último cuerpo legal, que regulan el tratamiento de los datos personales por parte de un organismo público. En la especie el solicitante requiere copia de variados informes técnicos con todos los antecedentes médicos que obren en poder de la institución relacionados con éstos, los cuales contienen información relativa a diagnósticos y exámenes médicos y a los beneficios que dicha condición les generaría. Esta información, tal como se señaló, tienen el carácter de datos sensibles. Si bien el Sr. Sánchez solicita se aplique el principio de divisibilidad de los antecedentes, tarjando los nombres de los funcionarios, de ser procedente, sin embargo, el solicitante conoce los números y el contenido de dichos informes, por lo que aplicar este principio sería estéril y no cumpliría con la finalidad de dicha norma, cual es, resguardar y proteger los datos de carácter sensibles reconocidos y amparados por el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política. En consecuencia, se deniega lo requerido en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que su entrega afecta los derechos de los terceros. Los informes técnicos, y sus antecedentes médicos contienen información sensible, sin que sea posible usar divisibilidad por cuanto el requirente conoce el número de los informes, por lo que de igual forma se permite la individualización de los involucrados. Cita jurisprudencia de este Consejo sobre la materia. 4) AMPARO: El 08 de marzo de 2021, don Patricio Alejandro Sánchez González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Además, el reclamante, en lo pertinente, hizo presente, en síntesis, que la PDI no puede argumentar contra los actos propios de la misma institución y de otros entes estatales relacionados, como la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública, primero, porque la misma PDI habría entregado previamente el informe técnico que indica a una tercera persona, aplicando el principio de divisibilidad, y segundo, porque la misma Subsecretaría mediante la misma Ley de Transparencia, le habría entregado el informe técnico que señala. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E6778, de 19 de marzo de 2021, confirió traslado al Sr. Director General del/de la Policía de Investigaciones de Chile solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Por Ordinario N° 250, de 26 de marzo de 2021, el órgano evacuó sus descargos, reiterando la causal de reserva y los fundamentos invocados con ocasión de su respuesta para denegar lo pedido. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de los 22 informes técnicos emitidos por la Comisión Médica de la PDI con todos sus antecedentes, que el solicitante singulariza con número, fecha y patología; mediante los cuales se otorgó la jubilación por invalidez de segunda categoría por patologías mentales a dichos funcionarios. 2) Que, en tal sentido, el órgano denegó esta información fundada en que dice relación con informes técnicos, los cuales contienen información relativa a diagnósticos y exámenes médicos por patologías síquicas y a los beneficios que dicha condición genera, los cuales tienen el carácter de datos sensibles; y que si bien el recurrente solicita se aplique el principio de divisibilidad tarjando los nombres de los funcionarios, de ser procedente, atendido que el solicitante conoce los números y el contenido de estos informes, aplicar dicho principio sería inoficioso, pues no cumpliría con la finalidad de la normativa sobre Protección de la vida privada, que resguarda y protege los datos de carácter sensibles; con lo cual se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. 3) Que, en este contexto, cabe hacer presente que, conforme a lo establecido en el artículo 2 letra g) de la ley N° 19.628 y en el punto 2.4 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, los antecedentes que den cuenta del estado de salud de una persona, como ocurre en la especie -informes médicos, fichas clínicas, entre otros-, constituyen datos sensibles, que en ausencia de autorización de su titular, no pueden ser objeto de tratamiento, salvo que, como lo dispone el artículo 10 de la ley N° 19.628, "la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares", circunstancias que no se verifican en la especie. Por consiguiente, a juicio de esta Corporación, la divulgación de los antecedentes consultados produciría una afectación presente o probable y con suficiente especificidad a la esfera de la vida privada de los funcionarios consultados, derecho consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. 4) Que, a mayor abundamiento, este Consejo en las decisiones de amparos Roles C26-20 y C759-20, entre otras, ha denegado la divulgación de información sobre informes médicos de terceros que no han autorizado a su entrega, por cuanto su divulgación daría cuenta del estado de salud de los mismos, así como la esfera de su vida privada; sin que consten en el presente procedimiento antecedentes que acrediten que el requirente detenta alguna de las calidades habilitantes para acceder a la información contenida en los informes pedidos. 5) Que, en consecuencia, se estima que el acceso a la información en los términos requeridos importa un riesgo de divulgación de antecedentes de carácter altamente sensibles, pudiendo constituir una infracción gravísima a los artículos 2° letra g) y 10 de la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, y a los artículos 12 y 13 de la Ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud. Acorde con ello, cabe hacer presente que por medio de la ley N° 21.096, que establece el derecho a la protección de los datos personales, se consagró a nivel constitucional dicho derecho, incorporándolo en el texto del artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República, condición que debe ser contemplada al ponderar la aplicación del derecho de acceso a la información pública. Esto cobra especial relevancia a efectos de elevar el estándar exigido para limitar o restringir el ejercicio de un derecho fundamental. 6) Como de lo anterior se desprende que, si bien, este Consejo debe resguardar y garantizar en todo momento el derecho de acceso a la información, aquello se debe conciliar con la protección de los datos personales consagrados, actualmente, como derecho fundamental, mandato que está cumpliendo al resguardar la información en análisis; en cuyo mérito, se rechazará la acción deducida en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. 7) Que, por último, se hace presente al reclamante que en las decisiones de amparo aludidas en su solicitud no se vislumbra que este Consejo haya ordenado la entrega de información de la naturaleza pedida. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Patricio Alejandro Sánchez González en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Patricio Alejandro Sánchez González y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.