Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1510-12

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Reclamante:	CARLOS BASAURE CASTE
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información sobre los informes técnicos de sus 2 visitas y que diga donde esta mi arranque” (sic). En el mismo escrito el solicitante señaló que “una inspectora confundió el arranque del cliente 454048 con una válvula de seguridad por lo cual todavía no sé dónde está el arranque del cliente 454048…”. El Consejo señaló que la respuesta al requerimiento sobre la ubicación del arranque correspondiente al cliente ID 454048 no irrogaría un costo excesivo al órgano. Por lo tanto, se acogerá el amparo y se requerirá a la SISS hacer entrega de dicha información al reclamante, siempre que la misma sea obtenida a partir de los antecedentes que ya obran en poder de la SISS, a raíz de las visitas técnicas efectuadas. Con todo, el órgano reclamado podrá acreditar la inexistencia de la información reclamada, debiendo comunicar tal circunstancia al reclamante.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/21/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C603-09 C97-09 C533-09 C271-12 C16-10 C539-10
Jurisprudencia a:	C931-13 C681-13
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Que no invoca la LT
Descriptores analíticos:	Bienes Públicos

DECISIÓN AMPARO ROL C1510-12 Entidad pública: Superintendencia de Servicios Sanitarios Requirente: Carlos Basaure Caste Ingreso Consejo: 23.10.2012 En sesión ordinaria N° 406 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de enero de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1510-12. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; en el D.F.L. N° 382/1988, del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que contiene la Ley General de Servicios Sanitarios; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de septiembre de 2012, don Carlos Basaure Caste solicitó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (en adelante indistintamente SISS) lo siguiente: “...que entregue los informes técnicos de sus 2 visitas y que diga donde esta mi arranque” (sic). En el mismo escrito el solicitante señaló que “doña María Luisa Rivas confundió el arranque del cliente 454048 con una válvula de seguridad por lo cual todavía no sé dónde está el arranque del cliente 454048…”. 2) RESPUESTA: Mediante oficio Ord. N° 3.756, de 11 de octubre de 2012, el órgano requerido respondió al solicitante en los siguientes términos: “Las reclamaciones que reitera han sido ampliamente estudiadas por parte de este Organismo, siendo respondidas mediantes diversos oficios e informes y no existen nuevos antecedentes que permitan modificar los pronunciamientos que se han formulado sobre la materia”. 3) AMPARO: El 23 de octubre de 2012, don Carlos Basaure Caste dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante oficio N° 4.183, de 5 de noviembre de 2012, a la Sra. Superintendenta de Servicios Sanitarios, quien presentó sus descargos y observaciones mediante oficio N° 4.785, de 22 de noviembre de 2012, señalando lo que se resume a continuación: a) Los hechos que dan origen al reclamo del requirente son de larga data y con relación a ellos el reclamante ha efectuado reiteradas presentaciones ante la Contraloría General de la República, el Ministerio de Obras Públicas, el mismo Consejo para la Transparencia y organismos pro defensa de los Derechos Humanos, entre otros. b) A modo de contexto explica que en enero del año 2000, la empresa sanitaria ESVAL S.A. aprobó el proyecto domiciliario ubicado en Wenceslao Vargas N° 3.355, Población Teniente Serrano, comuna de Quilpué, asignándose el número de cliente (ID) N° 454048-4. Al efecto, fue emitido el certificado de factibilidad N° 02288, que con respecto del agua potable indicó que el cliente se podría conectar a la matriz de 250 mm. de diámetro ubicado en calle Wenceslao Vargas. c) A raíz de un reclamo formulado por el Sr. Basaure, el 19 de junio de 2009, funcionarios de esa Superintendencia realizaron visitas inspectivas a la propiedad del requirente, de manera conjunta con personal de la empresa sanitaria ESVAL, con el objeto de dar respuesta a sus reclamaciones. A este respecto, fue elaborado el Oficio Regional SISS N° 5.921/09 que señaló que con relación al inmueble de propiedad del reclamante era procedente el término de la relación contractual con la empresa sanitaria. d) Informa que, aparte del análisis técnico y jurídico contenido en el oficio referido, ese organismo no ha emitido otros informes que digan relación con las visitas realizadas, puesto que el objetivo de la fiscalización era determinar la existencia y ubicación del arranque que abastecía la vivienda del cliente y así resolver el reclamo de éste. e) Todos los antecedentes con relación a este caso han sido entregados íntegramente al Sr. Basaure en varias ocasiones. De ahí el tenor de la respuesta que se diera al reclamante en el Oficio N° 3.756/12 (N° 2 de la parte expositiva), puesto que esa Superintendencia ha agotado todos los recursos que sus facultades le permiten, con el objeto de satisfacer los requerimientos del reclamante, sin que logre acusar recibo de la realidad de los hechos. f) Entre otros documentos, se adjunta el oficio Ord. N° 648, de 18 de febrero de 2011, mediante el cual esa Superintendencia informó al Contralor General de la República, en relación al reclamo deducido el 19 de junio de 2009 por el requirente, lo siguiente: “Para resolver el reclamo, personal de la Oficina Regional de esta Superintendencia realizó una primera inspección en conjunto con la sanitaria, sin que pudiera encontrarse el arranque de la vivienda. Posteriormente, se realizó una segunda visita –en presencia del cliente– encontrándose dos arranques, uno de 50 mm., no autorizado por la empresa y dirigido hacia la Parcela N° 5 de propiedad del Sr. Basaure y otro arranque de 13 mm. correspondiente al cliente ID 454048-4, esto es, el terreno calle Wenceslao Vargas”, también de propiedad del reclamante. 5) GESTIÓN OFICIOSA: El 14 de enero de 2013, a requerimiento de la Unidad de Análisis de Fondo, doña Lucía Tomic, funcionaria y enlace del SISS, remitió a este Consejo copia digital del referido Oficio Regional SISS N° 5.921/09, donde además de informar la procedencia del término de la relación contractual entre la sanitaria y el Sr. Basaure, le informó a éste lo siguiente: “Cabe aclarar, que el arranque enrolado bajo el N°454048 ubicado en Wenceslao Vargas N°3355, corresponde a un arranque de 13, y no tiene relación con conexión ilegal relacionada con un fallo judicial, que resolvió la efectividad de la existencia de un arranque irregular en el inmueble, respecto del cual esta Superintendencia no tiene competencia ni atribuciones para pronunciarse”. 6) INFORMACIÓN ADICIONAL: En el amparo rol C271-12, deducido ante este Consejo por don Carlos Basaure en contra la SISS, consta que doña María Luisa Rivas habría sido la funcionaria de esa Superintendencia que, junto a personal de ESVAL, habría concurrido el 5 de agosto de 2009 a una de las visitas inspectivas efectuadas a la propiedad del reclamante. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, si bien el órgano de la Administración del Estado reclamado emitió una respuesta a la solicitud de información dentro del plazo de 20 días hábiles establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, dicha respuesta no se refirió derechamente a lo solicitado, ya que no comunicó al Sr. Basaure la inexistencia de los informes técnicos requeridos –como sí lo hizo en sus descargos ante este Consejo– y tampoco se hizo cargo de indicar la ubicación del arranque ID 454048, establecido luego de las visitas de fiscalización realizadas en 2009. Por lo tanto, se representará a la SISS no haber dado respuesta oportuna a la solicitud de información del reclamante, actitud que además de infringir el citado artículo 14, transgredió el principio de oportunidad consagrado en el literal h) del artículo 11 de la Ley de Transparencia. 2) Que, en relación a los informes técnicos solicitados por el requirente, el órgano de la Administración del Estado reclamado informó en sus descargos ante este Consejo, que aparte del análisis técnico y jurídico contenido en el Oficio Regional SISS N° 5.921/09, ese organismo no ha emitido otros informes que digan relación con las visitas inspectivas realizadas a la propiedad del solicitante. Es decir, la Superintendencia ha alegado la inexistencia de los informes técnicos solicitados, declarando que sólo existiría un oficio que contiene un “análisis técnico y jurídico”, el cual ya habría sido entregado al reclamante. 3) Que, como lo ha resuelto previamente este Consejo, por ejemplo en el amparo C533-09, la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse “en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos” o en un “formato o soporte” determinado, según reza el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, no pudiendo requerirse la entrega de información que no obra en poder del órgano reclamado o que resulta inexistente, por lo que deberá rechazarse esta parte del amparo. Sin perjuicio de lo anterior, no constando que el reclamante haya tomado conocimiento de la aludida inexistencia, en conformidad al principio de facilitación, consagrado en el literal f) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, y de manera excepcional, este Consejo remitirá al reclamante copia de los descargos presentados por la SISS, conjuntamente con la notificación de esta decisión, momento en el cual se tendrá por cumplido –aunque extemporáneamente– el deber de informar que pesaba sobre el órgano de la Administración del Estado reclamado. 4) Que, en cuanto a aquella parte de la solicitud de acceso que requiere a la SISS informar “dónde está” o donde se ubica el arranque correspondiente al inmueble del Sr. Basaure (ID 454048), cabe tener presente que conforme al literal c) del artículo 53 de Ley General de Servicios Sanitarios, “arranque de agua potable” es el tramo de la red pública de distribución, comprendido desde el punto de su conexión a la tubería de distribución hasta la llave de paso colocada después del medidor, inclusive. 5) Que, el órgano reclamado nada dijo en su respuesta al solicitante o en sus descargos ante este Consejo acerca de la ubicación consultada. Si bien ha alegado que en forma previa ha entregado ésta y otra información al Sr. Basaure, dicha entrega no ha sido acreditada en este procedimiento de amparo, por lo que no es posible tener por cumplida la obligación de informar a este respecto. 6) Que, por otra parte, existen antecedentes que permiten presumir que la SISS posee información sobre la ubicación del arranque consultado, toda vez que –de acuerdo a lo comunicado en sus descargos– las visitas técnicas efectuadas precisamente tuvieron por objeto determinar la existencia y ubicación del arranque que abastecía la vivienda del reclamante, finalidad que, conforme al oficio Ord. N° 648 de 2011, dirigido a la Contraloría General de la República, habría sido alcanzada ya que se estableció la existencia de dos arranques, uno de 50 mm., no autorizado por la empresa y otro de 13 mm. correspondiente al cliente ID 454048-4, cuestión que supone que la funcionaria a cargo de la visita conoció la ubicación de los mismos, sin perjuicio que dicha locación no haya quedado expresamente señalada en el antes referido Oficio Regional SISS N° 5.921/09 o en el recién citado oficio N° 648. 7) Que, si bien este Consejo ha concluido que “la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos» o en un «formato o soporte» determinado, según reza el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, no pudiendo requerirse la entrega de información que sólo está en la mente de la autoridad” (decisión de amparo Rol C533-09), ello no obsta a que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y conforme a la historia fidedigna de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se encuentren amparadas por la Ley de Transparencia aquellas solicitudes que implican elaborar documentos o respuestas, en tanto la información que allí se vuelque obre en poder de la Administración y no suponga un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional (decisión de amparo Rol C97-09). En efecto, según se indicó en la precitada decisión, “la supresión (en la historia de la Ley) de la norma que establecía que los órganos de la Administración del Estado no estaban obligados a elaborar información y restringía su obligación a entregar sólo información ya existente no fue una omisión involuntaria del legislador. Por el contrario, la intención del legislador fue eliminar esta restricción lo que permite solicitar a los órganos de la Administración elaborar documentos, en tanto la información que allí se vuelque obre en poder de la Administración y con un límite financiero: no irrogar al Servicio un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional”. En esos mismos términos, a su vez, este Consejo ha concluido que se encuentran amparados por el derecho de acceso a la información aquellas solicitudes que impliquen informar, afirmativa o negativamente, “si se realizó o no una acción que habría acaecido en el pasado” (decisión de amparo Rol C539-10 y decisión de amparo Rol C603-09 y C16-10). 8) Que, teniendo presente el antedicho criterio y los antecedentes del caso señalados en considerando 6° precedente, cabe concluir que la respuesta al requerimiento sobre la ubicación del arranque correspondiente al cliente ID 454048 no irrogaría un costo excesivo al órgano. Por lo tanto, se acogerá el amparo en este punto y se requerirá a la SISS hacer entrega de dicha información al reclamante, siempre que la misma sea obtenida a partir de los antecedentes que ya obran en poder de la SISS, a raíz de las visitas técnicas efectuadas. Con todo, el órgano reclamado podrá acreditar la inexistencia de la información reclamada, debiendo comunicar tal circunstancia al reclamante. 9) Que el Presidente del Consejo Directivo ha hecho presente su participación en el Directorio de la empresa ESVAL S.A., ante lo cual los demás Consejeros presentes han autorizado la participación del Sr. Ferreiro Yazi en la adopción del presente acuerdo, ya que estiman que no concurre en la especie causal de inhabilidad alguna que lo impida. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo deducido por don Carlos Basaure Caste, de 23 de octubre de 2012, en contra de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente; sin perjuicio de dar por cumplida la obligación de informar que pesaba sobre el órgano de la Administración del Estado reclamado, respecto de los informes técnicos consultados, con la notificación de la presente decisión. II. Requerir a la Sra. Superintendenta de Servicios Sanitarios que: a) Entregue al reclamante información sobre la ubicación del arranque correspondiente al cliente ID 454048, siempre que la misma sea obtenida a partir de los antecedentes que ya obran en poder de la SISS. Con todo, el órgano reclamado podrá acreditar la inexistencia de la información requerida, debiendo comunicar tal circunstancia al reclamante. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas N° 1291, piso 6°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Representar a la Sra. Superintendenta de Servicios Sanitarios que con el actuar descrito en el considerando 1°, infringió el principio de oportunidad establecido en la letra h) del artículo 11 de la Ley de Transparencia y transgredió el artículo 14 de la citada ley. IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Sra. Superintendenta de Servicios Sanitarios y a don Carlos Basaure Caste, adjuntando a este último copia de los descargos y documentos adjuntos presentados por el órgano reclamado. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María. La consejera doña Vivianne Blanlot Soza no asiste al presente acuerdo, por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.