Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1595-21

Reclamante:	N. N.
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, ordenando la entrega de copia de los antecedentes con los mensajes de texto referidos en el primer considerando del dictamen aludido. Lo anterior, por cuanto, se trata de información pública fundamento de un acto administrativo, respecto de la cual, no es posible estimar como atendida la solicitud, sin haber alegado el órgano causal legal de reserva o secreto que impidan su entrega al reclamante. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano los antecedentes solicitados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/25/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2146-18
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Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C1595-21   Entidad pública: Superintendencia de Seguridad Social Requirente: N.N. Ingreso Consejo: 10.03.2021 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, ordenando la entrega de copia de los antecedentes con los mensajes de texto referidos en el primer considerando del dictamen aludido. Lo anterior, por cuanto, se trata de información pública fundamento de un acto administrativo, respecto de la cual, no es posible estimar como atendida la solicitud, sin haber alegado el órgano causal legal de reserva o secreto que impidan su entrega al reclamante. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano los antecedentes solicitados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10. En sesión ordinaria N° 1188 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1595-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de marzo de 2021, una persona que solicitó reserva de identidad respecto de los sistemas de búsqueda públicas (en adelante N.N. o el reclamante), solicitó a la Superintendencia de Seguridad Social la siguiente información: "en virtud de la respuesta recibida a mi solicitud código AL009T0002951, vengo por tercera vez a reiterar mi requerimiento de información de origen AL009T0002929". A su vez, la solicitud AL009T0002929 señala: "vengo en solicitar copia de los antecedentes con los mensajes de texto referidos en el primer considerando del Dictamen (...), de acuerdo a lo afirmado y señalado en el por la SUSESO, con relación a que el suscrito requirente "(...) Respalda su argumentación con documentos administrativos, copias de correos electrónicos y mensajes de texto respecto a su problemática familiar". Lo anterior con motivo de mi reclamo caso (...)". 2) RESPUESTA: El 10 de marzo de 2021, mediante Oficio Ord. N° 863, la Superintendencia de Seguridad Social respondió al requerimiento, indicando que la solicitud AL009T0002929 ya fue resuelta mediante el Oficio Ord. N° 761, de 3 de marzo de 2021, mediante el cual ya se le remitió, en formato digital a su correo electrónico, los antecedentes contenidos en el expediente administrativo PAE. Indica que, por otra parte, la entrega de antecedentes referidos al "Informe de Evaluación de Puesto de Trabajo Patologías Siquiátricas", afectaría el debido funcionamiento de la Superintendencia, por lo que se procede a aplicar la causal de reserva del artículo 21, N° 1, de la Ley de Transparencia. Explica que, en el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de la Superintendencia, en su Libro III "DENUNCIA, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES", Título III "Calificación de enfermedades profesionales", Letra C. "Protocolo de patologías de salud mental", Capítulo II "Normas especiales del proceso de calificación", Número 2. "Evaluaciones de condiciones de trabajo", se señala: "El EPT-PM se deberá realizar exclusivamente mediante entrevistas semi-estructuradas y confidenciales a una cantidad razonable de informantes aportados tanto por la empresa, como por el trabajador, con la finalidad de efectuar una evaluación equilibrada de los factores de riesgo psicosociales presentes en el trabajo, lo que incluye las posibles conductas de acoso, de un modo sistemático y apegado al método científico. Si no fuera posible entrevistar a los informantes referidos por el trabajador, se deberá dejar constancia de las razones que impidieron hacerlo". El Estudio de Puesto de Trabajo solicitado contiene declaraciones de trabajadores designados por la empresa y el afectado y las jefaturas, es decir, implica a terceros a quienes se les ha garantizado su no divulgación, a fin de facilitar la veracidad de las deposiciones, lo que, de vulnerarse, provocaría la inhibición en ellos. Al respecto, es posible señalar que conforme a las facultades de regulación y fiscalización que la Superintendencia tiene respecto del Seguro Social establecido en la Ley N° 16.744, en particular a que "deberá impartir instrucciones a las instituciones sometidas a su fiscalización sobre los procedimientos para el adecuado otorgamiento de las prestaciones que en cada caso correspondan, dentro del ámbito de su competencia" (artículo 2, letra b), de la ley N° 16.395), se estima que es posible invocar la causal de que la divulgación de la información afecte el debido cumplimiento de las funciones del Servicio. En efecto, conforme al Protocolo señalado, resulta fundamental para contar con evaluaciones de puesto de trabajo que entreguen todos los elementos necesarios para efectuar la calificación como común o laboral de la patología de salud mental, que a los declarantes se les asegure la confidencialidad de sus dichos, ya sean presentados por el mismo trabajador evaluado como por la empresa, o que se detecten y entrevisten durante la evaluación que realizan los Organismos Administradores de la Ley N° 16.744. De esta forma, revelar la identidad y las declaraciones de los testigos en una evaluación de puesto de trabajo respecto de una patología de salud mental puede afectar la confiabilidad, la exactitud y completitud de ésta, al inhibir a los declarantes a presentarse, ya sea a solicitud del propio trabajador, de la empresa o de los Organismos Administradores. Indica que este Consejo, mediante decisión de amparo Rol C2146-18, de 13 de septiembre de 2018, ha determinado que corresponde entregar las conclusiones del estudio de puesto de trabajo de la propia reclamante, siempre que previamente se proceda a tarjar cualquier dato o antecedente que directamente revele la identidad de los testigos que allí declararon o que en su caso permita colegir dicha información, en aplicación del principio de divisibilidad establecido en la letra e) del artículo 11 de la Ley N° 20.285. El ejercicio de las funciones de la Superintendencia se vería comprometido si se dieran a conocer los nombres y la individualización de los testigos, lo que afectaría su función referida al correcto otorgamiento de los beneficios contemplados en la Ley N° 16.744. Por ello, ya se le envío al solicitante la evaluación de puesto de trabajo que forma parte del expediente código R-935-2021, la cual solamente se le puede remitir tarjando previamente todo dato o antecedente que revele la identidad de los testigos que allí declararon, o que permita colegir de cualquier modo dicha información. 3) AMPARO: El 10 de marzo de 2021, el reclamante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que los antecedentes entregados no corresponden a los solicitados. Además, el reclamante hizo presente que: "Los mensajes de texto que pedí y que la SUSESO en su dictamen (...) dijo en su considerando primero que yo habría aportado, los cuales se relacionarían con una supuesta problemática familiar, es falso, es decir, no existen tales mensajes de texto que yo habría aportado a mi reclamo. Por lo tanto, en virtud de la ley de transparencia y su reglamento, lo que deben responder desde la SUSESO es que dichos mensajes requeridos son inexistentes, asumiendo que se equivocaron en su dictamen, lo cual deben corregir porque me perjudica gravemente". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Seguridad Social, mediante Oficio E7359, de 31 de marzo de 2021, solicitante que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si los mensajes de texto a los que se refiriere el considerando primero del dictamen aludido, obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; y, (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa. Mediante Oficio Ord. N° 1342, de 9 de abril de 2021, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que, en respuesta a la solicitud, señaló al reclamante que los antecedentes contenidos en el expediente administrativo PAE asociado a la consulta, ya le fueron remitidos en formato digital. Indica que se le señaló al reclamante que los mensajes de texto a los cuales se hace referencia en la Resolución Exenta aludida, se encuentran contenidos en el referido expediente administrativo, en las páginas 102 a 142, y 193. Asimismo, los correos electrónicos que se señalan en la Resolución Exenta, se encuentran entre las páginas 151 a 156. Indica que, luego, mediante una nueva solicitud de información de 4 de marzo de 2021, el reclamante manifestó que: "vengo por segunda vez a reiterar mi requerimiento de origen, toda vez que lo señalado en el numeral 3 del oficio de respuesta, no tiene relación alguna con lo expresado por la SUSESO en su dictamen. Al respecto, los mensajes de las páginas 112 (y no desde la 102 como lo señalaron) a 142 son conversaciones de WhatsApp (no de texto) que yo no aporté, sino que estas fueron aportadas por (...). En cuanto a los mensajes de texto de la página 193, estos corresponden a mensajes recibidos de un profesional de la Mutual de Seguridad que me escribió y los cuales remití a la SUSESO. Así, estos mensajes de texto no fueron entregados por mí y tampoco están relacionados con una problemática familiar que yo hubiera informado de acuerdo con lo afirmado en el considerando primero del dictamen aludido (...). Por lo tanto, la SUSESO se equivocó porque los mensajes de texto señalados en su dictamen son inexistentes, y es eso justamente lo que deben corregir y responder con motivo de mi solicitud de información". En esa oportunidad, mediante el Oficio Ord. N° 840, de 9 de marzo de 2021, se señaló al reclamante que su requerimiento no correspondía a una solicitud de acceso a la información pública, por lo que no es dable someter su presentación al procedimiento previsto en la Ley N° 20.285, ya que estos tienen por objeto absolver las solicitudes de información pública, no resultando aplicable el referido procedimiento al ejercicio del derecho de petición que ejerce al solicitar la rectificación de lo dictaminado en su caso por este Servicio. Se le manifestó al solicitante que, para efectuar un reclamo o requerir una rectificación de lo resuelto en su caso, debía recurrir por las vías que indica. Conforme a lo indicado por el mismo reclamante al formular el amparo, está requiriendo a la Superintendencia una rectificación de lo resuelto en su caso mediante la Resolución Exenta aludida, la cual puso término al expediente administrativo en cuestión, ya que se señala en el amparo: "asumiendo que se equivocaron en su dictamen, lo cual deben corregir porque me perjudica gravemente". De esta forma, reitera que a lo requerido no resulta aplicable el procedimiento establecido en la Ley N° 20.285, ya que el reclamante, al solicitar la rectificación o modificación de lo resuelto en su caso por esta Superintendencia, se está refiriendo al ejercicio del derecho de petición que ejerce en virtud de lo dispuesto en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República. 5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio E9432, de 30 de abril de 2021, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en el último caso, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada. A través de correo electrónico del 30 de abril de 2021, el solicitante manifestó su disconformidad respecto de la información entregada, debido a que se persiste en evadir la real respuesta a la solicitud, negándose nuevamente a responder lo que en derecho corresponde. Aclara que no está pidiendo la corrección del dictamen del caso, sino que eso lo mencionó a raíz del error cometido por la SUSESO, al señalar que él habría presentado copia de mensajes de texto relacionados con su problemática, lo cual es cierto. La SUSESO en vez de responder que los mensajes son inexistentes, de acuerdo a lo prescrito por la Ley de Transparencia cuando la información solicitada no existe en el servicio, ha respondido remitiendo copia parcial del expediente con la indicación de las páginas en las cuales figuran mensajes de texto que no son los solicitados, porque esos corresponden a otros tipos de mensajes, los que no guardan relación a los mensajes de texto señalados en el considerando primero del dictamen aludido y que pidió de manera clara y precisa. Indica que cree que la SUSESO para poder evadir el reconocimiento del error en su dictamen, es que ha evacuado las respuestas que en su oficio señaló, dictamen en contra del cual presentó el recurso correspondiente. Finalmente, recalca que lo que persigue con el presente reclamo, es que, de acuerdo con la Ley de Transparencia, la SUSESO responda lo que en derecho corresponde ante el requerimiento de información del caso, es decir, que los mensajes de texto del expediente respectivo que fueron pedidos expresamente por el suscrito son inexistentes. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información correspondiente a copia de los antecedentes con los mensajes de texto referidos en el primer considerando del dictamen señalado. El órgano, por su parte, alega haber atendido la solicitud mediante la entrega de copia digital del expediente, y señala que el reclamante no está ejerciendo el derecho de acceso a la información pública, sino que el de petición, buscando la rectificación de lo resuelto en su caso. 2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. 3) Que, en este caso, la solicitud de acceso a la información recae sobre copia de los antecedentes con los mensajes de texto referidos en el primer considerando del dictamen aludido, centrándose la disconformidad en que el órgano no ha proporcionado los referidos mensajes. Al respecto, se debe destacar que, como sostiene el solicitante, en la mencionada resolución administrativa se señala expresamente que el reclamante, al recurrir a la Superintendencia: "Respalda su argumentación con documentos administrativos, copias de correos electrónicos y mensajes de texto respecto a su problemática familiar" (énfasis agregados), por lo que, dichos antecedentes constituyen fundamentos del acto administrativo dictado, procediendo su entrega, en virtud del marco normativo reseñado en el considerando precedente. 4) Que, sin embargo, de los antecedentes proporcionados por la Superintendencia, específicamente copia del expediente administrativo en cuestión, no es posible advertir que los mensajes (de la aplicación WhatsApp) que en aquel se contienen hayan sido aportados por el reclamante, ni que den cuenta de una problemática familiar, no pudiendo, por ello, considerarse concordantes con lo expresado en el pasaje citado del dictamen, ni, por ende, con lo requerido en la solicitud de acceso a la información. De esta manera, existiendo discordancia entre la información proporcionada y aquella específica requerida, no resulta procedente tener por atendida la solicitud, debiendo, en consecuencia, ser acogido el presente amparo. 5) Que, por otra parte, al contrario de lo sostenido por el órgano, a juicio de este Consejo, lo requerido en la solicitud corresponde a copia de los mensajes de texto ya aludidos, y no a la modificación del dictamen al que se hace referencia en la solicitud, correspondiendo la afirmación efectuada por el reclamante solo a un antecedente de contexto incorporado al formular su amparo. 6) Que, en consideración de lo anterior, y tratándose lo solicitado de información de naturaleza pública, al alero de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8 de la Carta Fundamental, que obra en alguno de los soportes documentales consignados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, respecto de la cual, no es posible estimar como atendida la solicitud, y sin haber alegado el órgano causales legales de reserva o secreto, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de la información requerida. No obstante, en el evento de no obrar en poder del órgano los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por N.N. en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Superintendente de Seguridad Social, lo siguiente: a) Entregue al reclamante copia de los antecedentes con los mensajes de texto referidos en el primer considerando del dictamen aludido. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano los antecedentes antes indicados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a N.N. y al Sr. Superintendente de Seguridad Social. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.