Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1659-21

Reclamante:	MAURICIO BUSTAMANTE GIUFFRA
Reclamado:	DIRECCIÓN DEL TRABAJO
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección del Trabajo, relativo a la entrega de información sobre la fecha de inicio y término de los contratos colectivos de cada sindicato, durante el periodo consultado. Lo anterior, por cuanto dicha información es privada, de exclusivo interés de las partes involucradas, y no constituye el fundamento de un acto o resolución administrativa. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparos Roles C1849-13; C2507-15; C610-17, C2391-17, C2672-17, C1281-20 entre otras.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/14/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2497-17 C2672-17 C1320-18 C1849-13 C2507-15 C610-17 C2391-17 C1281-20
Jurisprudencia a:	C5440-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Causales de secreto o reserva >> Debido cumplimiento de las funciones del órgano >> Elevado número de actos
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C1659-21   Entidad pública: Dirección del Trabajo Requirente: Mauricio Bustamante Giuffra Ingreso Consejo: 12.03.2021 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección del Trabajo, relativo a la entrega de información sobre la fecha de inicio y término de los contratos colectivos de cada sindicato, durante el periodo consultado. Lo anterior, por cuanto dicha información es privada, de exclusivo interés de las partes involucradas, y no constituye el fundamento de un acto o resolución administrativa. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparos Roles C1849-13; C2507-15; C610-17, C2391-17, C2672-17, C1281-20 entre otras. En sesión ordinaria N° 1188 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1659-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de enero de 2021, don Mauricio Bustamante Giuffra solicitó a la Dirección del Trabajo, lo siguiente: "nombre de sindicato con fecha de inicio y número de meses de vigencia de contratos colectivos firmados por organizaciones sindicales durante el periodo 2018, 2019 y 2020". 2) SUBSANACIÓN Y RESPUESTA: El 2 de febrero de 2021, la Dirección del Trabajo solicitó al reclamante, en virtud de lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, subsanar su requerimiento, a fin de que indicara nombre y apellidos. Una vez subsanada la solicitud, por medio de Ord. CAS- 29830, de 23 de febrero de 2021, la Dirección del Trabajo otorgó respuesta a la solicitud, indicando que la base de datos requerida tiene el carácter de reservada, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, argumentan, en atención a que los antecedentes requeridos tienen relación directa con aquellas materias propias del servicio, como lo es el tomar conocimiento del proceso negociador de las organizaciones sindicales con sus respectivos empleadores; negociaciones de naturaleza privada en las cuales se han tratado materias que dicen relación directa con sus derechos comerciales y económicos, tanto para las empresas como para los sindicatos. Lo que queda redactado en un instrumento, el cual es depositado en el servicio, no procediendo su publicidad, toda vez que se trata de información que ha sido recogida de fuentes no accesibles al público En este mismo sentido, expresan, las bases de datos existentes en este servicio quedan comprendidas en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, ello por su carácter de órgano fiscalizador como su investidura de ministro de fe respecto de todas aquellas actuaciones realizadas dentro del ámbito de su competencia, ya que dichas bases de datos han sido construidas en el marco de las funciones propias del servicio, lo cual obliga a observar y dar pleno cumplimiento a lo dispuesto el D.F.L. N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión social. Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, en su Título V sobre Prohibiciones, artículo 40 señala expresamente: "queda prohibido a los funcionarios del Trabajo, bajo pena de suspensión o destitución, divulgar los datos que obtengan con motivo de sus actuaciones. Incurrirán, además, en las sanciones establecidas en el artículo 246 del Código Penal si revelaren secretos industriales o comerciales de que hubieran tenido conocimiento en razón de su cargo". Norma que importa que el deber de reserva alcanza no sólo a los funcionarios de la de la Dirección del Trabajo, sino también al órgano en cuanto tal. El Consejo para la Transparencia, en diversas decisiones de amparo roles C2497-17, C2391-17, C1320-18 ha reiterado la naturaleza privada del proceso de negociación colectiva, de lo cual es dable señalar que los escrutinios constituyen actos realizados dentro del marco de la negociación. Ahora, siendo los procesos negociadores de naturaleza privada, solo puede hacerse entrega de la información a las partes involucradas en cada proceso, derecho que tienen todo titular de la información, esto es, los trabajadores parte en dicha negociación o el representante del empleador, quienes puede solicitar personalmente su información al amparo de la Ley N° 19.880. En este mismo orden de ideas, el servicio en virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia, podría dar traslado a la organización sindical y Empleador que fuese identificado claramente y que concurrieron a un determinado proceso de negociación colectiva privada, afectándose sus derechos como terceros, si no se da traslado como ordena la ley, sin embargo, en el presente caso esta solicitud es de carácter genérica lo que hace imposible dar traslado a cada sindicato y cada empleador a lo largo del país, además resultaría excesivo, distrayendo indebidamente las funciones habituales de uno o varios funcionarios en cada Inspección del Trabajo. De esta forma, finalizan, toda la información contenida en estos Instrumentos colectivos; requeridos en su presentación, se elabora con los antecedentes proporcionados por entes privados, sobre la cual recae un derecho de propiedad emanado de sus procesos de negociación, otorgándoles la titularidad a quienes lo suscriben, siendo amparados de esta forma por la garantía constitucional del Articulo 19 N° 24 de la Carta Fundamental. 3) AMPARO: El 12 de marzo de 2021, don Mauricio Bustamante Giuffra dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa. Al efecto, argumenta "La información solicitada no afecta derechos de las personas, pues no se está pidiendo individualización de los socios ni socias ni tampoco el contenido de los contratos colectivos. Además, no se está pidiendo que se singularicen los derechos comerciales ni económicos, ni de la empresa ni de los sindicatos ni tampoco copia de los instrumentos colectivos, como asevera la recurrida. Y la jurisprudencia que cita la DT está estrechamente vinculada a obtener el contenido de las resoluciones que involucran a privados, cuestión que no corresponde relacionar con la solicitud toda vez que lo que se ha solicitado corresponde a información que se elaborada con presupuesto público y es prácticamente el nombre del sindicato y la fecha de inicio y vigencia de sus contratos colectivos. Esta información continuamente se encuentra en Estudio por diversos organismos tanto públicos como privados. Existe un antecedente importante que ante similar solicitud hace un plazo de 1 año y 9 meses la información fue entregada por la entidad, en un formato de base de datos tipo plantilla Excel. Es también contradictorio que se asuma la propiedad de la información toda vez que de igual manera el Servicio entrega la información vía transparencia activa de datos tales como nombres de dirigentes, nombres de empresa, cantidad de socios y socias, correo electrónico y número telefónico". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Trabajo, mediante Oficio E7501, de 5 de abril de 2021. Posteriormente, el 19 de abril de 2021, el organismo remite sus descargos, reiterando lo expuesto en la respuesta objetada, no obstante, agregan que: - Se ajustan a derecho las causales de reserva invocadas y la imposibilidad legal del servicio de hacer entrega de la base de datos pedida, por cuanto tiene como fundamento que ellas han sido construidas en el ejercicio de las funciones de su competencia, motivo por el cual les afecta la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, haciendo presente que estas negociaciones privadas tienen un carácter patrimonial que otorgan derechos y beneficios económicos a un determinado grupo de trabajadores durante su vigencia, por lo que la información detallada de cada cláusulas, dentro de las cuales están las fechas de su vigencia, pertenece solo a sus titulares. - Hacen presente lo resuelto por este Consejo en decisión Rol C1281-20, en la cual este Consejo ha determinado con claridad -en sentido contrario a lo expuesto por el reclamante-, que la información solicitada corresponde a antecedentes de carácter privado, sobre los cuales no puede aplicarse sin más el principio de publicidad, asumiendo de esta manera que la entrega de dichos antecedentes sí afectaría los derechos de las personas. En este sentido, hacen hincapié en el hecho de que no sólo los instrumentos colectivos tienen naturaleza privada, sino que todo el proceso de negociación, razón por la cual la fecha de inicio y de término de un contrato colectivo corresponde irrefutablemente a un dato privado que solo concierne a las partes (sindicato y empleador), siendo el periodo de vigencia de dichos instrumentos un punto relevante al momento de efectuarse las negociaciones entre trabajadores y empleadores, a partir del cual, surgen una serie de implicancias económicas y patrimoniales para las partes, incluso ellas pueden determinar adelantar o aplicar alguna otra acción respecto de su negociación y las fechas que se fijaron en ellas, de las cuales el servicio se encuentra legalmente obligado a guardar reserva. - No obstante, en la especie podría concurrir el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, sin embargo, atendido a que la solicitud es genérica, no limitándose a una o algunas organizaciones sindicales debidamente individualizadas, procede aplicar la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la ley señalada, por cuanto el servicio debería realizar aproximadamente 3.000 traslados a lo largo de todo el país, considerando el periodo consultado. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de una base de datos que contenga la fecha de inicio y término de los contratos colectivos de cada sindicato, durante el periodo señalado en el requerimiento; antecedentes denegados por el organismo, con base a las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia. 2) Que, sobre el particular cabe hacer presente lo razonado por esta Corporación en materia de instrumentos colectivos. En efecto, en la decisión recaída en el amparo Rol C1849-13, se expuso "que el convenio solicitado no puede ser alcanzado por el principio de publicidad que la Constitución y la Ley de Transparencia imponen a la información pública. [Lo anterior, por cuanto] de la normativa que rige los convenios colectivos (...) no se advierte que la reclamada, en ejercicio de sus atribuciones, deba registrar o mantener copia del instrumento solicitado(...). Asimismo, la normativa laboral no establece que la Inspección del Trabajo deba dictar un acto administrativo cuyo fundamento o complemento directo y esencial sea el convenio colectivo. [Luego] cuando se trata de información privada que ha sido proporcionada al Estado por particulares no se aplica, sin más, el principio de publicidad del artículo 8° inciso 2° de la Constitución y, por ende, respecto de ella no procede amparar el ejercicio del derecho de acceso a la información contemplado en la Ley de Transparencia, pues debe resguardarse la privacidad de la información, salvo que su titular consienta en revelarla, que la ley disponga expresamente su divulgación, que esa información privada que obra en poder del Estado constituya el fundamento de un acto o resolución administrativa, o bien, que se haya ejercido a su respecto alguna potestad pública, pero ninguna de estas circunstancias ha concurrido respecto del convenio solicitado". En virtud de ello, se resolvió que los instrumentos colectivos en poder de la Dirección del Trabajo constituyen información de naturaleza privada. Lo anterior, ha sido ratificado en las decisiones de amparos Roles C2507-15, C610-17, C2391-17, C2497-17 y C1281-20. 3) Que, lo solicitado en la especie, es información que en cumplimiento de una obligación normativa, establecida en el artículo 321 N° 3 del Código del Trabajo, debe ir contenida en los instrumentos consultados, relativa al periodo de vigencia de los mismos; en consecuencia lo pedido es una base elaborada a partir de información privada, proporcionada a la reclamada en su rol de entidad fiscalizadora del instrumento colectivo que fuere depositado por las organizaciones de trabajadores y las empresas involucradas, titulares de la información, para efectos de validar las actuaciones realizadas dentro de un proceso de negociación. 4) Que, en consecuencia, en virtud de lo señalado precedentemente, y no concurriendo en el procedimiento ninguna de las hipótesis de publicidad enunciadas en el considerando 2°, tratándose de información de carácter privado de exclusivo interés de las partes involucradas, se rechazará el presente amparo y conjuntamente con lo anterior, atendido a lo resuelto, este Corporación no se pronunciará sobre la procedencia de las demás causales de reserva alegadas. Lo anterior, por resultar inoficioso. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Mauricio Bustamante Giuffra en contra de la Dirección del Trabajo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Mauricio Bustamante Giuffra y al Sr. Director Nacional del Trabajo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.