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DECISIÓN AMPARO ROL C1719-21</p>
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Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile</p>
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Requirente: Gustavo Cubillos Vera</p>
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Ingreso Consejo: 15.03.2021</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, referido a la entrega de la información correspondiente a las medidas disciplinarias aplicadas a los funcionarios del órgano, calificados en Listas 3 y 4, para el periodo calificatorio 2019-2020.</p>
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Lo anterior, por cuanto, lo pedido no es la respectiva resolución o acto administrativo donde se consigne la sanción aplicada, sino que, el tratamiento posterior de dicha información, resultando aplicable a dichos antecedentes la hipótesis contemplada en el artículo 21 de la Ley N° 19.628.</p>
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Aplica criterio contenido en las decisiones de amparo Roles C1454-13, C910-14 y C3243-17.</p>
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En sesión ordinaria N° 1180 del Consejo Directivo, celebrada el 11 de mayo de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1719-21.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1 de febrero de 2021, don Gustavo Cubillos Vera solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile la siguiente información: "listado completo de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, calificados en Lista Nro. 3 y Lista Nro. 4, incluyendo su grado, nota y medida disciplinaria aplicada expresada en días de permanencia en el cuartel, para el último periodo calificatorio 2019-2020".</p>
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2) RESPUESTA: El 2 de marzo de 2021, la Policía de Investigaciones de Chile respondió al requerimiento, indicando que se remite información proporcionada por la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas que incide en los antecedentes solicitados, sin embargo, respecto a las sanciones aplicadas, se indica que se trata de datos personales relativos a una sanción cumplida, cuyo tratamiento y comunicación se encuentra prohibida por el artículo 21 de la Ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, razón por la cual, se aplicó el Principio de Divisibilidad, del artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: El 15 de marzo de 2021, don Gustavo Cubillos Vera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que lo entregado no corresponde a lo solicitado y en respuesta incompleta o parcial. Además, el reclamante hizo presente que: "Se proporcionó listado de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, calificados en Lista Nro. 3 y Lista Nro. 4, incluyendo su grado y nota, sin embargo, la información carece de la medida disciplinaria aplicada expresada en días de permanencia en el cuartel, para el último periodo calificatorio 2019-2020".</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio E7541, de 5 de abril de 2021, solicitando que: se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada. Mediante Ord. 295, del 14 de abril de 2021, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, manifestó que respecto de la denegación de la información correspondiente a las medidas disciplinarias aplicadas, el artículo 21 de la Ley sobre Protección de la Vida Privada prescribe que los organismos públicos: "que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarías, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena".</p>
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En la especie, las medidas disciplinarias solicitadas fueron aplicadas a los funcionarios clasificados en Lista 3 y 4, entre el año 2019 y el mes de julio del 2020, tratándose, por ende, de datos personales relativos a una sanción cumplida, cuyo tratamiento y comunicación se encuentra prohibida, conforme a la normativa señalada.</p>
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Indica que, en este sentido se ha pronunciado este Consejo señalando que, frente a una solicitud de información referente a sumarios afinados en los que se hubiera aplicado alguna sanción a personas naturales (C664-10), en el caso que dicha sanción hubiere sido cumplida, pasaría a ser un "dato caduco", conforme al artículo 2, letra d), de la Ley 19.628. Cita la decisión de amparo Rol C876-18.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información correspondiente a las medidas disciplinarias, expresadas en días de permanencia en el cuartel, aplicadas a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, calificados en Listas 3 y 4, para el periodo calificatorio 2019-2020. Por su parte, el órgano reclamado denegó el acceso a la información por tratarse de datos personales relativos a una sanción cumplida, cuyo tratamiento y comunicación se encuentra prohibida, conforme al artículo 21 de la Ley sobre Protección de la Vida Privada.</p>
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2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.</p>
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3) Que, respecto de la alegación efectuada por el órgano reclamado, cabe señalar que el artículo 21 de la ley N° 19.628 efectivamente dispone la prohibición de tratamiento de sanciones cumplidas, sin embargo, se debe especificar que este Consejo al analizar el sentido y alcance del mencionado precepto, igualmente ha razonado que la voz "tratamiento" no se extiende a las medidas disciplinarias contenidas en la resolución que impone una sanción determinada, por cuanto, tal expresión no puede alcanzar a los actos administrativos que dan lugar u originan una medida disciplinaria o sancionatoria, sino más bien, al volcamiento de estos antecedentes en registros o bancos de datos, según expresamente lo señala el artículo 1° del cuerpo legal citado.</p>
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4) Que, en efecto, esta Corporación, por ejemplo, en las decisiones Roles C1454-13, C910-14 y C3243-17, ha concluido que: "debe efectuarse una interpretación del artículo 21 de la ley N° 19.628 que resulte armónica con los principios y normas que gobiernan la publicidad de los actos administrativos. Dicha interpretación exige ajustar su alcance al de una prohibición para los organismos públicos que hacen tratamiento de datos para revelar aquellos de orden caduco -sanciones prescritas o cumplidas- en las publicaciones o registros confeccionados a partir de determinados datos, pero no puede extenderse a la prohibición de conocer la sanción contenida en el acto administrativo que originalmente impuso la medida disciplinaria. Esta interpretación coincide con la práctica de, por ejemplo, excluir del certificado de antecedentes de una persona determinadas sanciones ya cumplidas, sin que ello conlleve el secreto de la sentencia judicial que la adoptó en su oportunidad. Así pues, es posible y necesario distinguir entre el tratamiento posterior de un dato que la ley considera caduco, de la publicidad que rige a los actos administrativos que originalmente impusieron la sanción que por el paso del tiempo, o su cumplimiento efectivo, devienen en dato caduco. En definitiva, el artículo 21 es un llamado a abstenerse de difundir un dato caduco, pero no un mandato de reserva absoluto sobre un acto administrativo".</p>
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5) Que, en el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 3 de marzo de 2016, en causa Rol N° 13.562-2015 (sentencia confirmada por la Corte Suprema, rechazando la Queja que se interpuso al respecto, en causal Rol N° 16.628-2016), la que al efecto sostuvo que: "estos sentenciadores comparten el criterio sustentado por el Consejo de Transparencia en cuanto a que el artículo 21 de la Ley 19.628 debe interpretarse de una forma armónica con el principio general de publicidad de los actos administrativos, y que dicha interpretación exige ajustar su alcance al de una prohibición para organismos públicos que hacen tratamiento de datos para revelar aquellos caducos como sanciones prescritas o cumplidas en las publicaciones o registros confeccionados a partir de determinados datos, pero que no puede extenderse a las sanciones contenidas en actos administrativos que originalmente impusieron la medida disciplinaria. Es como si por ejemplo extrapolada la situación al caso de las sanciones penales, se pretendiera que por no poder figurar ya una sanción en el extracto de filiación y antecedentes, pasare por ello a estar prohibido el otorgar copia de la sentencia que la impuso".</p>
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6) Que, en el presente caso, lo requerido no corresponde a los actos administrativos en los que consten las sanciones cumplidas consultadas, sino que, recae sobre un listado en el que, entre otros, dicho dato sea consignado, por lo que, resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 21 de la ley N° 19.628, en los términos descritos en los considerandos precedentes, por lo que, en consecuencia, y atendido que lo pedido no es la respectiva resolución o acto administrativo donde se consigne la sanción aplicada, sino que, el tratamiento posterior de dicha información, configurándose respecto de dichos antecedentes la hipótesis contemplada en la mencionada norma, el presente amparo será rechazado.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Gustavo Cubillos Vera en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Gustavo Cubillos Vera y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.</p>