Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1532-12

Reclamante:	PATRICIA ULLOA CABEZAS
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
Resumen del caso: Se deduce amparo contra la Municipalidad de Concepción fundado en que dicho órgano otorgó verbalmente con fecha 17 octubre pasado, respuesta negativa a su solicitud de información sobre un certificado de vigencia de personalidad jurídica de la organización comunitaria que preside (Junta de Vecinos Lagos de Chile), para ser presentado en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concepción; y que se registre el directorio actual de dicha organización, que se individualiza en la solicitud. El Consejo señala que la presentación realizada por el recurrente ante la Municipalidad reclamada y que origina el presente amparo, no constituye una solicitud de información, lo que deriva necesariamente en la inadmisibilidad del mismo, y aún cuando, si lo fuera, no podría declararse su admisibilidad por haber sido interpuesto en forma anticipada y por lo tanto extemporánea,
Tipo de decisión:	Decisión de inadmisibilidad
Fecha de la decisión:	11/9/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C146-09 C460-10
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Que no invoca la LT
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C1532-12 Entidad pública: Municipalidad de Concepción. Requirente: Patricia Ulloa Cabezas. Ingreso Consejo: 25.10.2012. En sesión ordinaria N° 386 de su Consejo Directivo, celebrada el 07 de noviembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol C1532-12. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) Que, el 16 de octubre de 2012, doña Patricia Ulloa Cabezas solicitó a la Municipalidad de Concepción lo siguiente: a) Se otorgue un certificado de vigencia de personalidad jurídica de la organización comunitaria que preside (Junta de Vecinos Lagos de Chile), para ser presentado en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concepción; y b) Se registre el directorio actual de dicha organización, que se individualiza en la solicitud. 2) Que, con fecha 25 de octubre de 2012, doña Patricia Ulloa Cabezas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública a través de la Gobernación Provincial de Concepción, e ingresado a este Consejo el 26 del mismo mes y año, en contra de la Municipalidad de Concepción, fundado en que dicho órgano otorgó verbalmente con fecha 17 octubre pasado, respuesta negativa a su solicitud de información. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de Transparencia. 2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la admisibilidad del reclamo presentado por la requirente, en atención a los requisitos establecidos en dichas disposiciones. 3) Que, en consecuencia, a fin de resolver la admisibilidad del amparo de la especie primeramente es necesario determinar si éste cumplió con los requisitos legales, en particular, si el requerimiento que lo motivó constituyó una solicitud de acceso a la información amparada por la Ley de Transparencia. 4) Que, según se desprende de los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y artículos 42 y siguientes de su Reglamento, para que este Consejo pueda conocer de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información interpuestos en contra de los órganos de la Administración de Estado que señalan dichos cuerpos normativos, es preciso que con anterioridad se hayan efectuado ante los mismos una o más solicitudes de acceso a la información en los términos exigidos por los artículos 12 y 14 de la Ley de Transparencia y 27 y 28 de su Reglamento. 5) Que, analizada la presentación de la reclamante, al tenor de las exigencias previstas en las normas mencionadas en el considerando precedente, este Consejo advierte que el requerimiento formulado no dice relación con el amparo al derecho de acceso a la información, toda vez que no constituye una solicitud propiamente tal amparada por la Ley de Transparencia. 6) Que, en efecto, a través de la presentación efectuada por doña Patricia Ulloa Cabezas no se requirió información alguna en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, en particular, en su artículos 5 y 10, que expresamente consagran el derecho que tiene toda persona a “solicitar y recibir información” en la forma y condiciones establecidas en dicho cuerpo legal, sino que más bien se trata de una petición dirigida a que la Institución reclamada realice una actuación determinada, que, en el caso indicado en el literal a) del numeral uno de la parte expositiva, es la emisión de un certificado, y en su letra b), es un acto de registro determinado, requerimientos que se enmarcan en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República y no en el derecho de acceso a la información pública, por lo que no cabe pronunciarse respecto a ello en esta sede. 7) Que, en relación a lo requerido en el literal a) mencionado precedentemente, resulta pertinente traer a colación el razonamiento de este Consejo a propósito de la decisión de reposición del amparo Rol C146-09 y en el amparo C460-10 donde se estableció claramente que: “una cosa es declarar el acceso a una información y otra a obligar a la reclamada a emitir uno de los certificados solicitados”, no correspondiendo a este Consejo exigir la elaboración de estos últimos. 8) Que, en este sentido, el considerando 4° de la decisión de reposición del amparo Rol C146-09 concluye, en lo que resulta aplicable al presente amparo, lo siguiente: “Que, respecto de la información que es solicitada a los órganos de la Administración en los términos de la Ley de Transparencia, este Consejo considera que respecto de ella puede requerirse la certificación de que los documentos entregados son idénticos a aquellos que se encuentran en poder del órgano de la Administración, lo que ha sido denominado como “solicitud de copia autorizada”, y que se encuentra amparada por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y su disposición acerca de que la información sea entregada “en la forma y por el medio que el requirente haya señalado”. No obstante, debe indicarse que tal certificación debe distinguirse de aquella solicitud de certificados cuya elaboración se encuentra regulada por normas especiales y, por ende, por disposiciones diversas a las contempladas por la Ley de Transparencia”. 9) Que, asimismo, cabe tener presente que, según lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y los artículos 42 y 44 del Decreto N° 13, de 2009, Reglamento de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, una vez vencido el referido plazo que disponen los órganos de la Administración del Estado para la entrega de la documentación requerida o denegada que fuere la petición, según el caso, el requirente tendrá derecho a recurrir por escrito, ante este Consejo, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información pública, reclamación que debe necesariamente presentarse dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde la notificación de la denegación de acceso a la información o desde que haya expirado el plazo previsto para la entrega de la misma. 10) Que, como se dijo, la presentación realizada por el recurrente ante la Municipalidad reclamada y que origina el presente amparo, no constituye una solicitud de información, lo que deriva necesariamente en la inadmisibilidad del mismo, y aún cuando, si lo fuera, no podría declararse su admisibilidad por haber sido interpuesto en forma anticipada y por lo tanto extemporánea, esto, considerando que, la Sra. Ulloa Cabezas deduce amparo respecto de una respuesta que el órgano reclamado habría otorgado de manera verbal, de lo cual no es posible tener constancia alguna, y encontrándose aún pendiente el plazo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia. 11) Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, fuerza concluir que no puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo declararse su inadmisibilidad. 12) Que, lo señalado precedentemente, no obsta a que el recurrente en el futuro formule una solicitud de acceso a la información pública a la Municipalidad de Concepción, o a cualquier otro órgano de la Administración del Estado, en los términos previstos en la Ley de Transparencia, en particular en sus artículos 5 y 10, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre en poder del órgano, según lo preceptuado en el artículo 3°, literal e), del Reglamento de la Ley de Transparencia. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Declarar inadmisible el amparo interpuesto por doña Patricia Ulloa Cabezas en contra de la Municipalidad de Concepción, por las razones expuestas precedentemente. II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Patricia Ulloa Cabezas y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Concepción, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la I. Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de quince días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que su Presidente, don Alejandro Ferreiro Yazigi no asiste a la sesión. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.