Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1861-21

Reclamante:	SANDRA BASSO
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE ARICA
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Arica, ordenando entregar a la reclamante la diversa información pedida sobre antenas radiantes de telecomunicaciones ubicadas en la comuna. Lo anterior, por cuanto se trata de información pública, cuyo requerimiento se encuentra amparado por la Ley de Transparencia y respecto de la cual el órgano requerido no acreditó fehacientemente la configuración de la causal de reserva de distracción indebida de sus funciones.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/14/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C603-09 C377-13 C539-10 C16-10 C467-10
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C1861-21   Entidad pública: Municipalidad de Arica Requirente: Sandra Basso Ingreso Consejo: 19.03.2021 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Arica, ordenando entregar a la reclamante la diversa información pedida sobre antenas radiantes de telecomunicaciones ubicadas en la comuna. Lo anterior, por cuanto se trata de información pública, cuyo requerimiento se encuentra amparado por la Ley de Transparencia y respecto de la cual el órgano requerido no acreditó fehacientemente la configuración de la causal de reserva de distracción indebida de sus funciones. En sesión ordinaria N° 1188 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1861-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de enero de 2021, doña Sandra Basso solicitó a la Municipalidad de Arica la siguiente información: "(...) otorgue acceso y copia a los documentos cualquiera sea su formato o soporte y que obre en su poder o, según sea el caso, el link de la información en la web de transparencia activa de la entidad: 1) Que informe si se ha determinado mediante ordenanza las zonas de bienes municipales o bienes nacionales de uso público que administran donde preferentemente se tendrá derecho uso para el emplazamiento de torres de soporte de antenas radiantes de telecomunicaciones de más de 12 metros. En caso afirmativo, otorgar copia de aquella; 2) Que informe por el DOM el total de autorizaciones de instalación de soporte de antenas radiantes de telecomunicaciones otorgados a la fecha. Otorgar copia de cada una de ellas; 3) Que informe por el DOM el total de autorizaciones de instalación de soporte de antenas radiantes de telecomunicaciones otorgados en zonas de instalación preferente (bienes municipales/nacionales de uso público) a la fecha. En caso afirmativo otorgar copia de cada una de ellas; 4) Que informe por el DOM el total de autorizaciones de instalación de soporte de antenas radiantes de telecomunicaciones otorgados en zonas de riesgo a la fecha. En caso afirmativo otorgar copia de cada una de ellas; y 5) Que se informe por el DOM el total de autorizaciones de instalación de soporte de antenas radiantes de telecomunicaciones otorgados en áreas de protección a la fecha. En caso afirmativo otorgar copia de cada una de ellas". 2) RESPUESTA: Mediante Ord. N° 704, de 24 de febrero de 2021, la Municipalidad de Arica respondió a dicho requerimiento indicando, en resumen, que se deniega la entrega de información, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. Fundamenta la distracción indebida en las medidas extraordinarias a adoptar por el COVID-19. En tal sentido indica "no es posible atender a su consulta toda vez que atendida a la cantidad de antecedentes y el análisis de los mismos implica a esta Corporación destinar recursos físicos y humanos que en estos momentos se están direccionando a dar satisfacción a otras necesidades y requerimientos de la población de la comuna de Arica, especialmente considerando que para evitar contagios dentro de los funcionarios se ha implementado un sistema de turnos y de trabajo a distancia que hace imposible recopilar y analizar lo solicitado". 3) AMPARO: El 19 de marzo de 2021, don Sandra Basso dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que respuesta negativa a la solicitud de información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Arica, mediante Oficio E8092, de 13 de abril de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Mediante Ord. N° 1450, de 22 de abril de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones del caso señalando, en síntesis, que en la solicitud ingresada, se pide realizar informes en base a los datos solicitados, lo cual está fuera de la Ley de Transparencia. Agrega, que la falta de personal presencial en nuestra Dirección de Obras Municipales por la contingencia se está trabajando con sistema de turnos, donde como dirección, se le está dando prioridad a la revisión de expedientes que tenga que ver con proyectos habitacionales del SERVU. "Por lo tanto, el personal con el que contamos hoy como revisores, trabajan de lleno en astas solicitudes demandantes, a lo cual se menciona que, en nuestra Unidad de Archivo y Digitalización en la Dirección de Obras Municipales, cuenta con 01 funcionario para todas las tareas diarias que se están demandando, desempeñándose bajo la modalidad de turnos éticos". Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa entregada por la Municipalidad de Arica a la solicitud del requirente relativa a diversa información sobre antenas radiantes de telecomunicaciones en la comuna. Al efecto, el órgano negó su acceso fundado en la causal de reserva de distracción indebida del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. Posteriormente, en sus descargos, el órgano sostuvo que la solicitud de acceso implica la realización o elaboración de información, lo que no estaría amparo por la Ley de Transparencia. 2) Que, en primer término, conviene señala que este Consejo ha concluido, entre otras, en las decisiones de los amparos Roles C539-10, C603-09 y C16-10, que se encuentran amparados por el derecho de acceso a la información aquellas solicitudes que impliquen informar, afirmativa o negativamente. Asimismo, se ha razonado que se encuentran amparadas por la Ley de Transparencia aquellas solicitudes que, aun siendo formuladas como interrogantes, se refieran a información que puede desprenderse fácilmente de los registros o antecedentes que el organismo reclamado mantenga en su poder, cuya respuesta no suponga la imposición de un gravamen a su respecto, ni la configuración de ninguna de las causales de reserva alegadas, conforme al criterio desarrollado en la decisión de amparo Rol C467-10, así como en aplicación de los principios de máxima divulgación y de facilitación, consagrados en el artículo 11, letras d) y f) de la Ley de Transparencia. 3) Que, a la luz de los citados criterios, el requerimiento de información en análisis se encuentra amparado por la Ley de Transparencia, por tanto, se desestimará la alegación en sentido contrario invocada por la Municipalidad de Arica en sus descargos. 4) Que, ahora bien, en cuanto a la causal de reserva esgrimida, es menester señalar que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Luego, para que se verifique la procedencia de una causal de secreto, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. 5) Que, en lo relativo a la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, ésta permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento precisa por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales. 6) Que, sobre la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". 7) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado. 8) Que, en efecto, respecto de los elementos necesarios para la configuración de la causal invocada, la reclamada se limitó a señalar que atendidas las medidas adoptadas por la pandemia Covid-19 no se cuenta con personal para buscar, recopilar y entregar la información pedida. Agrega, que la Unidad de Archivo y Digitalización en la Dirección de Obras Municipales, cuenta con 01 funcionario, sin embargo, no especificó cuál es el volumen total de la información reclamada, cuántos funcionarios se requerirían para lograr su entrega, cuánto es el tiempo de dedicación que se requeriría a dicha actividad ni cuál es el costo de oportunidad asociado a estas. En tal orden de ideas, a la luz del estándar descrito en los considerandos procedentes, las alegaciones de distracción indebida invocada por el municipio aparecen como desproporcionadas, inclusive considerando las dificultades que implica la realización de actividades de carácter presencial en el marco del estado de excepción constitucional decretado a raíz de la pandemia por Coronavirus. 9) Que, en efecto, respecto a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe ante la emergencia por Coronavirus COVID-19, decretada por el Presidente de la República, conviene tener presente lo establecido en el dictamen N° 3610, de 17 de marzo de 2020, de la Contraloría General de la República, que establece "conforme lo disponen los artículos 1°, inciso quinto, y 5°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, es deber del Estado dar protección a la población y a la familia (...) Asimismo, cabe anotar que, en resguardo del derecho a la protección de la salud, garantizado por el artículo 19, N° 9°, de la Constitución Política y en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, aprobado por la Organizaban Mundial de la Salud -de la que Chile es miembro-, mediante el decreto supremo N° 4, de 2020, del Ministerio de Salud, se declaró alerta sanitaria para enfrentar la amenaza a la salud publica producida por la propagación a nivel mundial del Coronavirus 2019 (...) ante una pandemia como la que afecta al territorio nacional, corresponde a los órganos de la Administración del Estado adoptar las medidas que el ordenamiento jurídico les confiere a fin de proteger la vida y salud de sus servidores, evitando la exposición innecesaria de estos a un eventual contagio; de resguardar la continuidad del servicio público y de procurar el bienestar general de la población" (énfasis agregado). 10) Que, en el mismo sentido, mediante Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, disponible en el link https://www.consejotransparencia.cl/wp-content/uploads/2020/03/Oficio%C2%B0000252-CPLT.pdf, este Consejo indicó que "En el contexto de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, con fecha 11 de marzo del presente año, como consecuencia del brote de COVID-19, también denominado Coronavirus, y habiendo nuestro país entrado, el día 16 de marzo del corriente, a Fase 4 de dicha pandemia, desde el Estado, se ha hecho un llamado a otorgar a todas las trabajadoras y trabajadores las facilidades que sean necesarias, con el fin de evitar que, en lo posible, acudan a sus lugares de trabajo, y eviten las aglomeraciones masivas. Por cierto, esto también alcanza a quienes se desempeñan en los distintos órganos de la Administración del Estado, procurando, en todo caso, mantener el funcionamiento de todos aquellos servicios que sean necesarios para una adecuada atención, y resguardando la salud de los usuarios de dichas entidades (...) Con todo, el Consejo para la Transparencia, en su calidad de órgano del Estado, se encuentra, por sobre todo, al servicio de la persona humana, promoviendo el bien común; y, en estas circunstancias de excepción, junto con garantizar el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la información, le asiste a su vez el deber de proteger la vida y salud de las personas, evitando la exposición innecesaria, tanto de funcionarias y funcionarios públicos, como de la ciudadanía en general, a un eventual contagio; como también de resguardar la continuidad del servicio público y de procurar el bienestar de toda la población", efectuando diversas recomendaciones a los servicios públicos en relación con los efectos de la pandemia y el ejercicio del Derecho de Acceso a Información Pública que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado. 11) Que, consecuencia, no habiéndose acreditado fehacientemente la concurrencia de la causal de distracción indebida, se acogerá el amparo ordenando entregar a la reclamante la información señalada en el numeral 1) de lo expositivo del presente acuerdo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Sandra Basso en contra de la Municipalidad de Arica, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Arica, lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante de la información pedida en el numeral 1) de lo expositivo del presente acuerdo. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Sandra Basso y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Arica. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.