Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1998-21

Reclamante:	LUIS NARVAEZ ALMENDRAS
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, ordenando la entrega de la información correspondiente a copia de las comunicaciones, enviadas y recibidas, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Chile en Australia entre el 2 de enero de 1974 y el 10 de marzo de 1990; y entre la Dirección General Consular y el Consulado General en Sydney, por una parte, y con el Consulado General en Melbourne, entre el 2 de enero de 1974 y el 10 de marzo de 1990. Lo anterior, por cuanto, se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano, al no haber justificado ni acreditado de manera debida los presupuestos que la ley y la jurisprudencia de este Consejo, han determinado para su configuración, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto o reserva deben aplicarse en forma restrictiva, no pudiendo constituir las condiciones extraordinarias generadas por la emergencia sanitaria una circunstancia de hecho que impida el acceso a la información pública. Previo a la entrega de la información deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación requerida, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/8/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3289-17 C377-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Actos/resoluciones >> Fundamentos >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C1998-21   Entidad pública: Subsecretaría de Relaciones Exteriores Requirente: Luis Narváez Almendras Ingreso Consejo: 24.03.2021 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, ordenando la entrega de la información correspondiente a copia de las comunicaciones, enviadas y recibidas, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Chile en Australia entre el 2 de enero de 1974 y el 10 de marzo de 1990; y entre la Dirección General Consular y el Consulado General en Sydney, por una parte, y con el Consulado General en Melbourne, entre el 2 de enero de 1974 y el 10 de marzo de 1990. Lo anterior, por cuanto, se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de los funcionarios del órgano, al no haber justificado ni acreditado de manera debida los presupuestos que la ley y la jurisprudencia de este Consejo, han determinado para su configuración, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto o reserva deben aplicarse en forma restrictiva, no pudiendo constituir las condiciones extraordinarias generadas por la emergencia sanitaria una circunstancia de hecho que impida el acceso a la información pública. Previo a la entrega de la información deberán tarjarse aquellos datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación requerida, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre protección de la vida privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia. En sesión ordinaria N° 1186 del Consejo Directivo, celebrada el 1 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1998-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de marzo de 2021, don Luis Narváez Almendras solicitó a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores la siguiente información: Solicitud AC001T0003220: "Copia de comunicaciones, enviadas y recibidas, entre el ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Chile en Australia entre el 2 de enero de 1974 y el 10 de marzo de 1990". Solicitud AC001T0003220: "Copia de comunicaciones, enviadas y recibidas, entre la Dirección General Consular y el Consulado General en Sydney, por una parte, y con el Consulado General en Melbourne, entre el 2 de enero de 1974 y el 10 de marzo de 1990". En ambas solicitudes agrega como observaciones: "Entiéndase como parte del concepto de "comunicaciones" planteada en esta solicitud, todos los "mensajes", "Notas", "oficios ordinarios", "aerogramas" y "télex"" y "Habida consideración de las medidas vigentes, a raíz de la Pandemia de Coronavirus, que restringen, tiempos, traslados, etc., hacia el Archivo Histórico del Ministerio de relaciones Exteriores, solicito copia digital de los documentos". 2) RESPUESTA: El 24 de marzo de 2021, a través de Res. Exenta N° 710, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores respondió a los requerimientos, indicando que deniega el acceso a la información por configurarse la causal de secreto o reserva del literal c) del N° 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. Cita lo dispuesto en la decisión de amparo Rol C3289-17. Indica que el Archivo General Histórico de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, es la Unidad que recibe, clasifica, archiva y conserva los antecedentes y documentos de ésta, teniendo la custodia de los mismo. Luego, en el contexto de la actual pandemia global, desde el Estado, se ha hecho un llamado al aislamiento social, otorgando a los trabajadores las facilidades necesarias para resguardarse en sus hogares y disponer de trabajo remoto, evitando la posibilidad de contagio. La referida medida también alcanza a los funcionarios de la Subsecretaria la que, tal como lo instruyó la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda, dispuso, mediante Resolución Exenta N° 1.237, de 19 de marzo de 2020, la modalidad de trabajo remoto y turnos presenciales. El Archivo General Histórico se encuentra en un segundo subterráneo con escasa ventilación y espacios compartidos y durante el 2020 contaba con 14 funcionarios de los cuales, 8 por encontrarse en el grupo de riesgo, se encuentran realizando labores por turnos y teletrabajo, respetando aforos restringidos. En marzo de 2021, la dotación es de 12 personas puesto que a fines del 2020 un funcionario fue destinado a prestar servicios en una Misión chilena en el exterior y el mes en curso partió otro funcionario a otra Misión, los que no serán reemplazados. De estas 12 personas, 4 asisten en forma permanente y el resto (grupo de riesgo) se turna para asistir presencialmente y hacer trabajo remoto. Las 4 personas que asisten, además, de haber asumido las tareas de los dos funcionarios destinados, tienen a cargo, entre otras funciones, colaborar con las consultas de transparencia, desarrollan tareas como la catalogación de documentación, la edición de la Memoria de la Subsecretaría y la atención de investigadores externos que asisten de manera presencial a diario desde el 10 de enero 2021. Dadas las características del subterráneo, el aforo máximo permitido es de 10 personas, debiendo incluirse a los investigadores externos, debiendo ser calendarizada su asistencia. Los requerimientos de transparencia son sólo una parte de las solicitudes o consultas que recibe el Archivo General Histórico por cuanto también se deben atender los requerimientos que a diario realizan las Misiones en el Exterior, los de las Direcciones internas y de peticiones de personas que se efectúan a través de la OIRS. Asimismo, se debe realizar el procesamiento de información de Memorias y materiales documentales para eventos como el día de la mujer o el día del patrimonio entre otros. Dar respuesta satisfactoria a la solicitud AC001T0003220 significa un periodo de búsqueda de documentación de 16 años, por lo que, implica revisar 85 volúmenes, con un total aproximado de 34.000 páginas, considerando un promedio de 400 páginas por volumen, que abarcan desde el año 1974 hasta el año 1990, lo que tomarla 2 años. Dar respuesta satisfactoria a la solicitud AC001T0003221 significa un periodo de búsqueda de documentación de 16 años, por lo que, implica revisar 31 volúmenes, con un total aproximado de 12.400 páginas, considerando un promedio de 400 páginas por volumen, que abarcan desde el año 1974 hasta el año 1990, lo que tomaría 1 año. Por ello, se configura la causal de secreto o reserva del literal c) del N° 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, toda vez que la publicidad, comunicación o conocimiento de la información requerida, afectará de forma probable, presente y específica el debido cumpliendo de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, por cuanto se trata de requerimientos cuya atención distraerá indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. 3) AMPARO: El 24 de marzo de 2021, don Luis Narváez Almendras dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. Además, el reclamante hizo presente que la respuesta vulnera el principio de transparencia, puesto que anteriormente, mediante solicitud AC001T0002891, del 28 de septiembre de 2020, se solicitó a la misma entidad: "copia digital de las comunicaciones oficiales registradas entre la Dirección General de Asuntos Consulares (DIGECONSU) y el Consulado chileno en Vincenza, Italia, tales como oficios ordinarios, aerográmas, télex que hayan sido intercambiadas (esto es desde y hacia el consulado mencionado) entre enero de 2003 y diciembre de 2019", la que, en respuesta adjuntó 87 documentos. Indica que el periodo de tiempo cuyos documentos se solicita son de 16 años, misma cantidad de tiempo que se ha pedido en la presente solicitud y que hoy, la entidad reclamada, usa como pretexto para no buscar la información, las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad, las que son las mismas que estaban vigentes a la fecha de respuesta de la solicitud anterior. Asimismo, advierte infracción al principio de divisibilidad, por cuanto, en la respuesta no se pronuncia ni indica cuántos documentos sí serían posibles de entregar o qué periodo de tiempo, de los 16 años totales solicitados, le sería razonable buscar, conforme a la argumentación sobre las actuales medidas sanitarias vigentes. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Relaciones Exteriores, mediante Oficio E8200, de 14 de abril de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y, (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Mediante RR.EE. (DIACYT) OF. PUB. N° 3800 del 4 de mayo de 2021, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, manifestó que reitera lo señalado en la respuesta, en la que denegó la información, atendidas las siguientes razones: Las peticiones versan sobre el acceso a información que se encuentra en formato papel, custodiada en el Archivo General Histórico, Unidad que recibe, clasifica, archiva y conserva los antecedentes y documentos. Luego, en el contexto de la actual pandemia global, desde el Estado, se ha hecho un llamado al aislamiento social, otorgando a los trabajadores facilidades para resguardarse en sus hogares y disponer de trabajo remoto, evitando la posibilidad de contagio. La medida también alcanza a los funcionarios del órgano requerido, quien dispuso la modalidad de trabajo remoto y turnos presenciales. El Archivo General Histórico se encuentra en un segundo subterráneo con escasa ventilación y espacios compartidos, durante el 2020 contaba con 14 funcionarios de los cuales, 8 por encontrarse en el grupo de riesgo, realizan sus labores por turnos y teletrabajo, respetando aforos restringidos. En marzo de 2021, la dotación es de 12 personas puesto que 2 funcionarios fueron destinados a prestar servicios en misiones chilenas en el exterior, los que no serán reemplazados. De estas 12 personas, 4 asistían en forma permanente, a la fecha de la resolución recurrida, y el resto por estar en un grupo de riesgo, se turnaba para asistir presencialmente y hacer trabajo remoto. Luego, en atención a las nuevas medidas sanitarias, la dotación presencial se redujo a 2 funcionarios, quienes además de haber asumido las tareas de los dos funcionarios destinados, tienen ahora a su cargo la generalidad del funcionamiento del Archivo General Histórico lo que incluye, entre otras funciones, colaborar con las consultas de transparencia, desarrollan tareas como la catalogación de documentación, la edición de la Memoria de la Subsecretaría y hasta fines del mes de marzo pasado, la atención de investigadores externos que puedan asistir de manera presencial. Dadas las características del subterráneo y la cuarentena sanitaria, el Archivo General Histórico actualmente no recibe público presencial y se espera que, al ser levantada la medida, el aforo máximo permitido vuelva a ser de 10 personas, debiendo incluirse en el mismo, los investigadores externos, debiendo ser calendarizada su asistencia. Los requerimientos de transparencia son sólo una parte de las solicitudes o consultas que recibe el Archivo General Histórico por cuanto también se deben atender los requerimientos que a diario realizan nuestras Misiones en el exterior, los de las Direcciones internas y de peticiones de personas que se efectúan a través de la OIRS. Asimismo, se debe realizar el procesamiento de información de Memorias y materiales documentales para eventos como el día de la mujer o el día del patrimonio entre otros. Dar respuesta a la solicitud AC001T0003220 significaría un periodo de búsqueda de 16 años de documentación, que implica revisar 85 volúmenes, con un total aproximado de 34.000 páginas, considerando un promedio de 400 páginas por volumen, que abarcan desde el año 1974 hasta el año 1990, lo que tomaría 2 años. En el caso de la solicitud AC001T0003221, significaría un periodo de búsqueda de 16 años de documentación, que implica revisar 31 volúmenes, con un total aproximado de 12.400 páginas, considerando un promedio de 400 páginas por volumen, que abarcan desde el año 1974 hasta el año 1990, lo que tomaría 1 año. A su vez, la individualización de la información solicitada, su examen a la luz de las causales legales de reserva o secreto y su posterior digitalización constituiría un trabajo extenso, especialmente considerando que la documentación se encuentra en formato papel, incluyendo volúmenes empastados. Indica que el Ministerio de Relaciones Exteriores es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con S.E. el Presidente de la República en el diseño, planificación, prospección, conducción, coordinación, ejecución, control e información de la política exterior que éste formule, proponiendo y evaluando las políticas y planes orientadas a fortalecer la presencia internacional del país, y velando por los intereses de Chile, con el propósito de elevar la calidad del desarrollo, seguridad y bienestar nacional -tal como prescribe el artículo 1 de la Ley N° 21.080, en concordancia a lo previsto en el artículo 32, N° 15, de la Constitución Política de la República-, de manera que sólo a este órgano del Estado le corresponde calificar si la develación de la información requerida afecta el interés nacional. Cita la sentencia de la Excma. Corte Suprema, del 13 de enero de 2014, causa Rol N° 13510-2013, en la que se señaló que: "[...] la Carta Fundamental y la ley dictada para desarrollar su texto normativo en esta materia disponen de manera clara e inequívoca que es el Presidente de la República como Jefe de Estado en un régimen de tipo presidencial como el nuestro a quien le corresponde exclusivamente la conducción de las relaciones internacionales del país [...] y, por ende, que sólo a él, mediante los organismos estatales establecidos para tal efecto en su representación, cabe calificar si una determinada decisión las afectará [...]". Atendido lo anterior, en el marco de las funciones recién señaladas, la Cancillería requeriría revisar toda documentación que se hallare al respecto, para lo cual deberá destinar, a lo menos, a un funcionario especializado, para que revise documento por documento, de cada carpeta, y examine el contenido del mismo, con el objetivo de determinar y analizar la procedencia de una causal de secreto o reserva respecto de cada uno de los documentos recabados y la eventual aplicación del principio de divisibilidad respecto de aquellas que contengan datos personales. Bajo las condiciones actuales, en un estado excepción constitucional, con la imperiosa necesidad de mantener a gran parte de los funcionarios en modalidad de teletrabajo, y reducir la movilidad y así evitar contagios, la Cancillería se encuentra con un personal presencial muy reducido, que solo desempeña funciones esenciales, las que no consideran las administrativas, por lo que, apartar a un funcionario solo para recabar la información requerida, afectará, de manera evidente, probable, presente y específica el debido cumpliendo de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, por cuanto, se trata de requerimientos cuya atención distraerá indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, que en esta ocasión en particular, son esenciales. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información correspondiente a copia de comunicaciones, enviadas y recibidas, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Chile en Australia entre el 2 de enero de 1974 y el 10 de marzo de 1990; y entre la Dirección General Consular y el Consulado General en Sydney, por una parte, y con el Consulado General en Melbourne, entre el 2 de enero de 1974 y el 10 de marzo de 1990. El órgano reclamado deniega el acceso invocando la casual de reserva o secreto de distracción indebida de sus funcionarios. 2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. 3) Que, respecto de la concurrencia de la causal de secreto o reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas. 4) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 5) Que, como se enunció, la solicitud de información recae sobre copia de comunicaciones, enviadas y recibidas, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Chile en Australia entre el 2 de enero de 1974 y el 10 de marzo de 1990; y entre la Dirección General Consular y el Consulado General en Sydney, por una parte, y con el Consulado General en Melbourne, entre el 2 de enero de 1974 y el 10 de marzo de 1990. En este sentido, el órgano reclamado, en lo medular, ha especificado que dar respuesta a la primera solicitud significaría un periodo de búsqueda de 16 años de documentación, lo que implica revisar 85 volúmenes, con un total aproximado de 34.000 páginas, considerando un promedio de 400 páginas por volumen, las que abarcan desde el año 1974 hasta el año 1990, lo que tomaría 2 años; mientras que, en el caso de la segunda petición, representaría un periodo de búsqueda de 16 años de documentación, que implica revisar 31 volúmenes, con un total aproximado de 12.400 páginas, considerando un promedio de 400 páginas por volumen, que abarcan desde el año 1974 hasta el año 1990, lo que tomaría 1 año. 6) Que, sin embargo, se debe considerar que dichas proyecciones realizadas por el órgano, referidas a los esfuerzos desproporcionados que tendrían que efectuarse para proporcionar la información requerida, a su vez se encuentran supeditados a los efectos de la actual emergencia sanitaria, la que mermaría el personal disponible realizando labores presenciales, lo que se sumaría a la falta de funcionarios al haber sido destinados dos a misiones chilenas en el exterior. Al respecto, se debe hacer presente que dicha situación en caso alguno puede constituirse en una circunstancia de hecho que impida el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Por el contrario, es del caso considerar que, como contrapartida lógica al derecho mencionado, nace el deber para el órgano público de contar con los recursos materiales y humanos necesarios para permitir el acceso a la información pública, debiendo adoptar las medidas que resulten pertinentes para la atención de las solicitudes sin generar una distracción indebida de sus funcionarios respecto del desarrollo de otras labores. 7) Que, de esta manera, es posible afirmar que el órgano no acreditó cómo la entrega de los documentos requeridos podría generar la afectación alegada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, N° 1, de la Ley de Transparencia. El criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Al respecto, cabe tener presente que por tratarse de normas de derecho estricto -las causales de reserva-, que se contraponen al principio general de Transparencia de los actos de la Administración, dichas normas deben ser interpretadas restrictivamente. Razones por las cuales, será desestimada la configuración de la causal de reserva o secreto invocada. 8) Que, en consecuencia, al tratarse de información pública en los términos establecidos en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, respecto de la cual se descarta la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida, se acogerá este amparo, ordenándose la entrega de la información requerida, para lo cual, se otorgará un plazo adicional en lo resolutivo de la decisión. Previo a la entrega, se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto eventualmente incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Luis Narváez Almendras en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Relaciones Exteriores, lo siguiente: a) Entregue al reclamante: i. Copia digital de comunicaciones, enviadas y recibidas, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Chile en Australia, entre el 2 de enero de 1974 y el 10 de marzo de 1990. ii. Copia digital de comunicaciones, enviadas y recibidas, entre la Dirección General Consular y el Consulado General en Sydney, por una parte, y con el Consulado General en Melbourne, entre el 2 de enero de 1974 y el 10 de marzo de 1990. Lo anterior, debiendo tarjar, en forma previa, todos los datos personales de contexto eventualmente contenidos en la información solicitada, como, por ejemplo, domicilio, teléfono, correo electrónico, RUT, entre otros. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 60 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Luis Narváez Almendras y a la Sra. Subsecretaria de Relaciones Exteriores. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.