Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2061-21

Reclamante:	ROMINA GOHURDETT JARA
Reclamado:	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República ordenando la entrega de las liquidaciones de sueldo del funcionario consultado; tarjando, previamente, todo antecedente relativo a los descuentos voluntarios, individualización de instituciones de salud y de administradoras de fondos de pensiones. Así como también, los datos personales de contexto incorporados en aquella, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. Lo anterior, fundado en que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/15/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C211-10 C3183-17 C3184-17 C4153-18 C7829-20
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C2061-21   Entidad pública: Tesorería General de la República Requirente: Romina Gohurdett Jara Ingreso Consejo: 26.03.2021 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República ordenando la entrega de las liquidaciones de sueldo del funcionario consultado; tarjando, previamente, todo antecedente relativo a los descuentos voluntarios, individualización de instituciones de salud y de administradoras de fondos de pensiones. Así como también, los datos personales de contexto incorporados en aquella, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. Lo anterior, fundado en que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. Aplica criterio contenido en decisiones amparos C211-10, C3183-17, C3184-17, C4153-18 y C7829-20, entre otros. En sesión ordinaria N° 1188 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2061-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de febrero de 2021, doña Romina Gohurdett Jara solicitó a la Tesorería General de la República la siguiente información: "liquidaciones de sueldo de don Juan Pablo Briones Durán, cédula de identidad N° (...) funcionario de esta institución, desde septiembre del 2020 a la fecha". 2) RESPUESTA: El 12 de marzo de 2021, la Tesorería General de la República respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio Ordinario N° 3074-DJ, de esa fecha, señalando que no es posible acceder a la entrega da la documentación requerida, pues aquella contiene datos personales que podrían afectar los derechos del funcionario en cuanto a la esfera de su vida privada o derechos comercial o económicos, de acuerdo a la causal de secreto establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo señalado en la Ley N° 19.628. 3) AMPARO: El 26 de marzo de 2021, doña Romina Gohurdett Jara dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E8145, de 14 de abril de 2021, confirió traslado a la Sra. Tesorera General de la República solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Por Oficio Ordinario N° 5086-TG, de 21 de mayo de 2021, el órgano evacuó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente: Destaca que la respuesta entregada obedece a que el Servicio de Tesorerías cumple normativamente con la obligación que el artículo 7 letra d) de la Ley de Transparencia de mantener a disposición permanente del público, a través de su sitio electrónico, la planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones en link que indica. Agrega que la entrega de liquidaciones de sueldo de los funcionarios, implicaría una vulneración a sus derechos que dicen relación con su vida privada y con el acceso a información de carácter comercial o económico, pues dentro de los elementos que contienen estas liquidaciones se encuentran antecedentes de descuentos por conceptos de diversa índole, tales como la afiliación a una asociación de trabajadores, la afiliación en sistema previsional de salud y de pensiones, descuentos o reintegros de remuneraciones por pagos indebidos de licencias médicas, bonos compensatorios etc. Por tanto, la entrega de lo pedido significa exponer aspectos que son propios de la vida personal de los funcionarios que trabajan en el Servicio de Tesorerías, lo cual compete cautelar y por ende invocar la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, debiendo ser complementado este argumento con el hecho de que la información relativa a las remuneraciones brutas de los funcionarios ya se encuentran a disposición del público, conforme a lo establecido en materia de Transparencia Activa del mismo cuerpo normativo recién citado. 5) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero interesado, mediante Oficio E9709 - 2021 de 4 de mayo de 2021, notificado el día 05 de mayo de este año, sin que a la fecha conste que haya evacuado descargos en esta sede. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo son las liquidaciones de sueldo del funcionario que se indica, desde septiembre del año 2020 a la fecha del requerimiento. Al efecto la Tesorería General de la República denegó dicha información por contener datos personales que podrían afectar los derechos del funcionario en cuanto a la esfera de su vida privada o derechos comercial o económicos, de acuerdo a la causal de secreto establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, complementado con el hecho que los antecedentes relativos a las remuneraciones brutas de los funcionarios se encuentran a disposición del público, conforme a lo establecido en materia de Transparencia Activa del mismo cuerpo normativo citado. 2) Que, en este sentido, respecto a lo señalado por la reclamada, en orden a que la respuesta entregada obedece a que el Servicio en cumplimiento a la Ley de Transparencia mantiene a disposición permanente del público, a través de su sitio electrónico, la planta del personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones en el banner de Transparencia activa; cabe hacer presente que si bien revisado por esta Corporación el enlace indicado, se publica la remuneración percibida mensualmente por el funcionario consultado, no se encuentran publicadas las liquidaciones de remuneraciones en los términos que fuere solicitado por la peticionario; por lo que dicha alegación será desestimado. 3) Que, dicho lo anterior, respecto de las liquidaciones de sueldo, en particular, este Consejo ha sostenido reiteradamente que las remuneraciones percibidas por los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado tienen el carácter de información pública, ya que dicen relación directa con el ejercicio de sus cargos y funciones, y que, además, son pagados con cargo al erario nacional. En efecto, y en mérito de la función que cumple todo servidor del Estado, se justifica un control social sobre aquella que, si bien puede incidir en aspectos de su vida privada, resulta relevante a fin de establecer el debido cumplimiento de sus deberes como el fundamento de los beneficios conferidos en mérito de la labor desempeñada. 4) Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, las liquidaciones de renta, contienen otros antecedentes, respecto de los cuales, este Consejo ha sostenido, a partir de la decisión del amparo Rol C211-10, que el objeto o destino al cual los funcionarios públicos destinen voluntariamente sus remuneraciones no guarda relación con el desempeño de sus funciones ni interfiere en el ejercicio de las mismas, siendo más bien una materia propia de la esfera de su vida privada. Lo mismo ocurre, respecto de la identificación de las Administradoras de Fondos de Pensión, como de las instituciones de salud a las cuales se encuentren afiliados, ya que es información irrelevante y meramente de contexto para el control que la ciudadanía puede realizar respecto del ejercicio de la función pública que desempeña cada servidor. 5) Que, en consecuencia, se desestimará la causal de reserva alegada por el organismo, y se acogerá el presente amparo, requiriendo la entrega de copia de las liquidaciones de remuneraciones del funcionario indicado respecto del periodo consultado. Lo anterior, tarjando los datos relativos a descuentos voluntarios, individualización de instituciones de salud y de administradoras de fondos de pensiones, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia. Así como también, de todos aquellos datos personales de contexto incorporados en aquellas, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f) y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. Aplica criterio contenido en decisiones amparos C211-10, C3183-17, C3184-17, C4153-18 y C7829-20, entre otros. 6) Que, sin perjuicio de lo resuelto, se hace presente que la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia está establecida en favor de los terceros a quienes se refiere la información y no de los órganos de la Administración del Estado, contando con un procedimiento de oposición establecido en el artículo 20 de la ley señalada, el cual no fue aplicado en este caso; y que siendo notificado el tercero en esta sede no evacuó descargos. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Romina Gohurdett Jara en contra de la Tesorería General de la República, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Tesorera General de la República, lo siguiente: a) Hacer entrega a la reclamante las liquidaciones de sueldo de don Juan Pablo Briones Durán, desde septiembre del año 2020 hasta la fecha del requerimiento. En aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, se deberán tarjar previamente, los datos relativos a descuentos voluntarios, individualización de instituciones de salud y de administradoras de fondos de pensiones. Así como también, de todos aquellos datos personales de contexto incorporados en aquellas. en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f) y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Romina Gohurdett Jara, a la Sra. Tesorera General de la República y al tercero involucrado. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.