Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2076-21

Reclamante:	CECILIA VILCHES CALDERON
Reclamado:	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación referida a la entrega de los informes mensuales emitido por Inteligencia Digital SpA, en conformidad con la Resolución Exenta N° 64, de 24 de noviembre de 2020, que regulariza trato directo con la empresa. Lo anterior, teniendo en consideración que los informes consultados forman parte de los elementos que componen el proceso de supervisión y control del nuevo Sistema de Identificación y de las políticas y medidas de supervisión y control en el ámbito público de Ciberseguridad del sistema de identificación y protección de datos personales que el Servicio resguarda por mandato legal; todo lo cual está actualmente en fase de preparación y licitación, cuya divulgación anticipada afectaría el privilegio deliberativo del órgano, y, además, podría afectar la seguridad de la nación, y el interés nacional en materia de relaciones internacionales y comerciales.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/8/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C169-15 C1541-17
Jurisprudencia a:	C7948-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Información elaborada con fondos públicos o que obra en poder >> Elaboración de información >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C2076-21   Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación Requirente: Cecilia Vilches Calderón Ingreso Consejo: 26.03.2021 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación referida a la entrega de los informes mensuales emitido por Inteligencia Digital SpA, en conformidad con la Resolución Exenta N° 64, de 24 de noviembre de 2020, que regulariza trato directo con la empresa. Lo anterior, teniendo en consideración que los informes consultados forman parte de los elementos que componen el proceso de supervisión y control del nuevo Sistema de Identificación y de las políticas y medidas de supervisión y control en el ámbito público de Ciberseguridad del sistema de identificación y protección de datos personales que el Servicio resguarda por mandato legal; todo lo cual está actualmente en fase de preparación y licitación, cuya divulgación anticipada afectaría el privilegio deliberativo del órgano, y, además, podría afectar la seguridad de la nación, y el interés nacional en materia de relaciones internacionales y comerciales. En sesión ordinaria N° 1186 del Consejo Directivo, celebrada el 1 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2076-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de febrero de 2021, doña Cecilia Vilches Calderon solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación la siguiente información: "De acuerdo a la resolución exenta N° 64 del 24 de noviembre de 2020 del Registro civil e identificación, donde regulariza trato directo con Inteligencia Digital SpA, RUT N° 77.097.153- 5, y en virtud del numeral VII de dicho contrato, el asesor tiene LA OBLIGACIÓN de entregar un informe mensual que de cuenta del trabajo realizado, dentro de los primeros 5 días de cada mes. En virtud de lo anterior, a la fecha, el asesor tendría que haber entregado al menos 3 informes que den cuenta de las 330 horas de trabajo empleadas y la individualización de los profesionales participantes. En virtud de la ley 20.285, sobre acceso a la información pública, vengo a requerir copia de dichos informes". 2) RESPUESTA: El 09 de marzo de 2021, el Servicio de Registro Civil e Identificación respondió a dicho requerimiento de información, mediante carta UTSI N° 1774, de esa fecha, señalando, en síntesis, lo siguiente: Deniega la información en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, e indica que la Resolución Exenta N° 64, de 24 de noviembre de 2020, que "Regulariza Trato Directo, y Aprueba Requerimiento Para La Contratación de Asesoría Técnica/Jurídica Especializada para Apoyar El Proceso de Licitación Pública Para el Nuevo Sistema de Identificación del Servicio de Registro Civil en Materias de Protección de Datos Personales, Delitos Informáticos, Derecho Tecnológico, Entre Otras", obliga al proveedor entregar al Servicio un informe mensual que contenga los elementos especificados en el punto de 111, de la resolución exenta ya mencionada, entre ellos... "c) Sugerencias para el mejoramiento de la protección de datos personales y disminuir los riesgos de delitos informáticos asociados a ello, dentro del Servicio y de los procesos licitatorios." Dicha causal se fundamenta en que el informe que el proveedor debe entregar a este Servicio de manera mensual forma parte de los elementos que componen el proceso de supervisión y control del Sistema de Identificación que se encuentra actualmente en ejecución y cuyo contenido aborda vulnerabilidades del mismo que requieren confidencialidad por cuanto constituye un insumo estratégico que contempla observaciones, recomendaciones y alternativas que permiten a este Servicio tomar decisiones en el ámbito de la seguridad, funcionalidad y optimización del sistema, entre otros diversos ámbitos, incluso respecto de aspectos relacionados con la licitación pública que actualmente se encuentra en curso respecto al nuevo Sistema de Identificación, y las políticas y medidas de supervisión y control en el ámbito público de Ciberseguridad del Sistema de Identificación y protección de datos personales que este Servicio por ley resguarda, todo lo cual está actualmente en fase de preparación. A su vez, estima que la publicidad de los informes solicitados podría comprometer y afectar la seguridad y la objetividad del proceso de licitación que este Servicio lleva en curso, así como también el ámbito de decisión, adelantando y afectando en ese sentido un proceso que aún no finaliza, perjudicando el privilegio deliberativo y las funciones del Servicio en los términos de la causal de reserva invocada. A mayor abundamiento, la reserva hecha valer guarda relación con que dichos informes constituyen un insumo que sirve de base para la toma de decisiones futuras, garantizando con ello su correcto funcionamiento, permitiendo así que toda la estructura y organización se oriente efectivamente al cumplimiento de los objetivos institucionales. Asimismo invoca la causal de reserva del artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, en cuya virtud puede legítimamente denegarse total o parcialmente el acceso a la información, cuando la publicidad o divulgación afecte el interés nacional, en especial si se refiere a las relaciones internacionales, en cuyo caso la extensión de este derecho cede -en concepto del legislador- a favor de la protección del bien común manifestado en este caso específico en la especial tutela de secreto, sigilo o reserva. A su vez, seria contradictorio por parte de este Servicio entregar los datos o informes solicitados, por cuanto, una de las asesorías pactadas entre el Servicio y el Proveedor se relaciona con la protección de datos personales, teniendo presente las Recomendaciones del Consejo para la Transparencia sobre la Protección de datos personales por parte de los órganos de la administración del Estado del año 2020. Por último, agrega que respecto a los documentos de la especie se configura la excepción a la publicidad previstas en el N° 3 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, toda vez que - al exponer los eventuales puntos débiles de nuestro sistema - se afectaría no solo la identidad de las personas, sino que también las actuaciones que se realizan con ella, poniendo en riesgo a la seguridad de la nación toda. Cita jurisprudencia de este Consejo sobre la materia. En consecuencia, se deniega lo pedido en virtud de las causales de reserva del artículo 21, N° 1 letra b); N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 26 de marzo de 2021, doña Cecilia Vilches Calderon dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Además, la reclamante hizo presente que: "(...) El Servicio al invocar la causal N° 1 obstaculiza la entrega de los informes aduciendo que dicha información podría comprometer la seguridad y la objetividad del proceso de licitación. Pero, por el contrario, tener acceso a las recomendaciones realizadas por el experto contratado por el Servicio permitiría conocer los criterios que tomará la administración del Estado para los procesos de licitación futuros, más aún cuando dichas recomendaciones no darían cuentas de fallas o errores técnicos que podrían ser explotados maliciosamente por terceros y afectar la seguridad, pues al ser realizados por un abogado y de acuerdo a la resolución exenta N° 64 del mismo Servicio, estos informes no se enfocan en ningún momento en fallas de seguridad, de sistema, etc. si no que, de acuerdo al acápite III, su fín último es mucho más amplio. Además que la respuesta del Servicio no señala en ningún momento los otros puntos que deberá desarrollar el informe, contenidos en el mismo acápite III, que en caso de ser públicos no vulneraría en ningún momento los artículos antes mencionados. Hacer público el análisis de doctrina y jurisprudencia comprometida por el experto beneficiaría a toda la sociedad pues se podría analizar bajo otras perspectivas y/o miradas dichos análisis. Misma lógica aplica para los informes de tecnología y derecho tecnológico que debe hacer. A la vez, se aduce que la publicación de los informes afectaría la protección de los datos personales al referirse, una parte de los informes, a sugerencias para el mejoramiento de la protección de estos datos. Pero, no se explica cómo la comunicación de dichas sugerencias podría afectar la protección de los datos personales. Por el contrario, en base al principio de seguridad señalado en la resolución exenta n°304 del Consejo para la Transparencia (punto 13), una de las medidas que se le impone a los órganos de la administración del Estado para proteger los datos personales, es informar a los titulares, de las eventuales brechas que pudieran ocurrir, siendo este uno de los fines de los informes solicitados. Conocer el contenido de dicho informe permitiría verificar si se está cumpliendo con el principio de seguridad. Finalmente, la respuesta del Servicio nos señala qué hacer públicos los informes podría afectar la seguridad de la nación, cosa que no es correcta, no significa que por manejar bases de datos de todos los chilenos está directamente relacionada con la seguridad del país, como señala la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa rol 417 - 2019", que cita. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E8165, de 14 de abril de 2021, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo; (4°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación; (5°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría el interés nacional; y, (6°) remita copia íntegra de los informes solicitados, que hayan sido entregados por parte de la empresa proveedora en cumplimiento del contrato respectivo, a la fecha de ingreso de la solicitud de información, haciendo presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento. Mediante DN ORD. N° 317, de 29 de abril de 2021, el órgano efectuó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente: En la respuesta se indicó a la solicitante, en síntesis, que la publicidad del o los informes solicitados podría comprometer y afectar la seguridad y la objetividad del proceso de Licitación que este Servicio lleva en curso (Licitación del Nuevo Modelo de Identificación), así como también el ámbito de decisión, adelantando y afectando en este sentido un proceso que aún no finaliza, perjudicando el privilegio deliberativo y las funciones de este Servicio. Agrega que una licitación pública comprende una sucesión de trámites esenciales, emanados de la Administración y de los interesados, que aun cuando conservan su propia individualidad y pueden ser reclamados independientemente, se encuentran concadenados dentro de un orden consecutivo lógico, con el objetivo -todos ellos- de producir un contrato administrativo. En este sentido, los informes requeridos hacen directa alusión a las preguntas efectuadas por los oferentes en la licitación del Nuevo Modelo de Identificación (Licitación Pública ID: 545854-12-LR20), a las respuestas que emanan de la Institución y antecedentes para la deliberación de decisiones que se están incorporando al proceso. Así entonces, los informes solicitados, entre otros antecedentes y consideraciones, dieron origen a la Resolución Exenta N° 428, de fecha 4 diciembre del 2020, del Servicio de Registro Civil e Identificación que aprueba las respuestas de la Licitación Pública ya referida, tratándose entonces de una Resolución que se basta a sí misma y cuyos fundamentos se encuentran contenidos en ella; la cual es objeto de un proceso judicial Rol 360-2020, del Tribunal de Contratación Pública, que se encuentra actualmente pendiente, en la etapa procesal de "análisis de demanda e informe; proceso que tiene por objeto obtener que el órgano licitante (Servicio de Registro Civil e Identificación) corrija una resolución de acuerdo a sus pretensiones, en este caso, la resolución que aprobó las preguntas y respuestas. Sin perjuicio de lo anterior, dicha resolución constituye un acto trámite dentro de un proceso licitatorio actualmente en curso, cuyo plazo para presentar ofertas se encuentra pendiente y que deberá culminar con un acto administrativo terminal de adjudicación cuyo contrato resultante se encuentra afecto al trámite de toma de razón. Cada una de estas etapas se verificará en las fechas definidas en el calendario de la licitación publicado en el portal de mercado público ya indicado bajo el ID 545854-12-LR20. Constituyendo además todos estos antecedentes, fundamentos y base para la adopción de una resolución, medida o política específica a implementar, dentro de las competencias del Servicio, referido específicamente al proceso licitatorio mencionado. Lo anterior se funda en el criterio sostenido por este Consejo para configurar la hipótesis de la causal del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, a saber: (a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y (b) que su conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. En cuanto al primer requisito, los informes solicitados están inmersos dentro de un proceso licitatorio que se encuentra actualmente en curso y pendiente de una decisión de la autoridad máxima de esta Institución a través de la resolución de adjudicación correspondiente. En relación con el segundo requisito, la publicidad efectuada por una vía paralela que no es la autorizada por la Ley N° 19.886 y su reglamento, iría en directo detrimento del desarrollo del proceso en curso que tiene gran relevancia para el país y que está referido a la contratación del Servicio del Nuevo Modelo de Sistema de Identificación, Documentos de Identidad y Viaje y Servicios relacionados para el Servicio de Registro Civil e Identificación, permitiendo a un tercero acceder a información diferente respecto de aquella con la que cuentan los demás participantes de la licitación y por vías distintas a la establecida en la normativa, esto es, a través del sistema de mercado público que es el canal único y oficial dispuesto por la Ley de Compras N° 19.886 y su reglamento para la entrega de información a los oferentes sobre los procesos de licitación. Por otro lado, respecto de la causal de reserva del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia invocada, agrega que parte del trabajo realizado en los informes tuvo que ver con el análisis de aspectos de Ciberseguridad, Seguridad de la información y tiempos de respuesta ante incidencias, pudiendo su publicidad afectar eventualmente tanto al sistema que cautela la identidad como a las actuaciones que las personas pueden realizar con ella, lo cual ciertamente pone en riesgo la seguridad de la Nación toda. Finalmente, en cuanto a la reserva esgrimida del artículo 21 N° '4, de la Ley de Transparencia, hace presente que estos informes contienen antecedentes sensibles sobre los procesos de revisión llevados a cabo por el Servicio en base a las consultas de los eventuales oferentes, cuyo contenido merece especial cautela en orden a velar por el adecuado funcionamiento del futuro Sistema de Identificación de todos los chilenos y de los extranjeros habitantes del país, que entre otros alcances y/o efectos pretende prevenir actos delictivos de falsificación a través de la vulneración de sus medidas de seguridad (afectando las relaciones internacionales de Chile en relación al cumplimiento del convenio con Estados Unidos de Norteamérica denominado "Programa de Visa Waiver" que permite a los ciudadanos chilenos que deseen viajar por negocios o turismo a Estados Unidos puedan acceder a este programa de exención de visa por un máximo de 90 días, sin necesidad de ser visado}; por lo que mantener en reserva los antecedentes referidos a ciertas materias en que la Institución debe tomar una decisión en el presente proceso de Licitación resulta una materia estratégica de orden público económico que afecta el interés nacional, con el potencial de afectar las relaciones internacionales y las comerciales del país. Con todo, los informes en cuestión contienen información específica referida a ciertas preguntas que fueron realizadas por terceros oferentes, así como de respuestas emanadas desde esta Institución en el referido proceso de licitación; Así, cualquier información o antecedente que se entregue puede generar una distorsión en las ofertas económicas o técnicas, en el curso de la licitación, cuyos plazos están corriendo. En este sentido, si se revelara esta información, se afectaría el principio de igualdad de las oferentes, puesto que se revelaría la estrategia de los mismos quedando en desventaja en relación al resto, y el Servicio incumpliría su obligación contenida en la Ley N° 19.886 en el marco de un proceso licitatorio en orden a mantener en reserva tanto esta información como la identificación de quienes formularon las preguntas. Si lo anterior ocurriera, todo el proceso licitatorio, se pondría en completo riesgo, al estar expuesto a impugnaciones y nulidades que retrasarían el cronograma fijado, trayendo aparejado serios costos económicos tanto para esta Institución y consecuentemente para el erario nacional. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación a la solicitud de información de la reclamante, referida a la entrega de los informes mensuales emitido por Inteligencia Digital SpA, en conformidad con la Resolución Exenta N° 64, de 24 de noviembre de 2020, que regulariza trato directo con la empresa, según se señala en el N° 1 de lo expositivo. En tal sentido, el organismo denegó estos antecedentes en virtud de las causales de reserva del artículo 21, N° 1 letra b), N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia. 2) Que, al respecto, cabe señalar, que los informes consultados, dicen relación con la Resolución Exenta N° 64, de 24 de noviembre de 2020, que "Regulariza Trato Directo, y Aprueba Requerimiento Para La Contratación de Asesoría Técnica/Jurídica Especializada para Apoyar el Proceso de Licitación Pública para el Nuevo Sistema de Identificación del Servicio de Registro Civil en Materias de Protección de Datos Personales, Delitos Informáticos, Derecho Tecnológico, Entre Otras", cuya resolución, - según señaló el propio organismo -, obligan al proveedor a entregar un informe mensual que contenga, entre otros, "(...) c) Sugerencias para el mejoramiento de la protección de datos personales y disminuir los riesgos de delitos informáticos asociados a ello, dentro del Servicio y de los procesos licitatorios." En este contexto, se hace presente que con fecha 19 de mayo de 2021, este Consejo ingresó a la página web www.mercadopúblico.cl y constató que se encuentra en curso la Licitación ID: 545854-12-LR20, para la "Contratación del Servicio del Nuevo Modelo de Sistema de Identificación, Documentos de Identidad y Viaje y Servicios relacionados para el Servicio de Registro Civil e Identificación"; y que en las "etapas y plazos" de la licitación, se publica fecha como de recepción de ofertas el 29 de abril de 2021 y de adjudicación el 06 de septiembre del año en curso. 3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 4) Que, en primer lugar, el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, dispone que se podrá denegar el acceso a la información cuando su publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, especialmente, "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas". En este sentido, tal como ha razonado este Consejo, en las decisiones de amparo rol C169-15 y C1541-17, entre otras, para configurar la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, cuales son: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. 5) Que, al respecto, el órgano argumentó que los informes que el proveedor debe entregar a este Servicio de manera mensual forman parte de los elementos que componen el proceso de supervisión y control del Sistema de Identificación que se encuentra actualmente en ejecución y cuyo contenido aborda vulnerabilidades del mismo que requieren confidencialidad por cuanto constituye un insumo estratégico que contempla observaciones, recomendaciones y alternativas que permiten a este Servicio tomar decisiones en el ámbito de la seguridad, funcionalidad y optimización del sistema, entre otros diversos ámbitos, como son, aspectos relacionados con la licitación pública que actualmente se encuentra en curso respecto al nuevo Sistema de Identificación, y de las políticas y medidas de supervisión y control en el ámbito público de Ciberseguridad del Sistema de Identificación y protección de datos personales que este Servicio por ley resguarda, todo lo cual está actualmente en fase de preparación. En cuanto al primer requisito, puntualizó que los informes solicitados están inmersos dentro de un proceso licitatorio actualmente en curso, cuyo plazo para presentar ofertas y resolución de adjudicación se encuentran pendientes. En relación con el segundo requisito, indicó que, en este contexto, la publicidad efectuada por una vía paralela que no sea la autorizada por la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios sobre compras públicas, iría en directo detrimento del desarrollo del proceso en curso que tiene gran relevancia para el país, permitiendo a un tercero acceder a información preferente respecto de aquella con la que cuentan los demás participantes de la licitación y por vías distintas a la establecida en la normativa para la entrega de información a los oferentes sobre los procesos de licitación. 6) Que, en este sentido, divulgar información que fue contratada para la asesoría técnica y jurídica especializada para apoyar, entre otros, el proceso de licitación pública para el nuevo sistema de identificación, actualmente en curso, a juicio de este Consejo, podría comprometer y afectar la seguridad y la objetividad de dicho procedimiento, así como también el ámbito de decisión, adelantando y afectando en este sentido un proceso que aún no finaliza, perjudicando el privilegio deliberativo y las funciones del Servicio en tal sentido, lo cual se aviene con el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. En consecuencia, se tendrá por configurada la concurrencia de la causal de reserva alegada. 7) Que, en segundo lugar, el órgano invocó la causal de reserva del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, el cual dispone que se podrá denegar la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la nación. Al respecto, la reclamada señaló que parte del trabajo realizado en los informes tuvo que ver con el análisis de aspectos de ciberseguridad, seguridad de la información y tiempos de respuesta ante incidencias, pudiendo su publicidad afectar eventualmente tanto al sistema que cautela la identidad como a las actuaciones que las personas pueden realizar con ella, cuya publicidad ciertamente pone en riesgo la seguridad de la Nación; con lo cual, a juicio de este Consejo, se configura la hipótesis de la citada reserva, la que se tendrá, en consecuencia, por configurada. 8) Que, en tercer lugar, el órgano invocó la causal de reserva del artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, la cual dispone que se podrá denegar la información cuando su publicidad afecte el interés nacional, en especial si se refiere a las relaciones internacionales o los intereses económicos o comerciales del país. Al respecto, según lo indicado por el órgano, resulta plausible sostener que los informes requeridos contienen antecedentes sensibles sobre los procesos de revisión llevados a cabo por el Servicio a raíz de las preguntas efectuadas por los potenciales oferentes en el proceso de licitación en curso, en cuestiones, cuyo contenido merece especial cautela en orden a velar por el adecuado funcionamiento del futuro Sistema de Identificación de todos los chilenos y de los extranjeros habitantes del país, que entre otros alcances y/o efectos pretende prevenir actos delictivos de falsificación a través de la vulneración de sus medidas de seguridad cuya publicidad, podría afectar, entre otras, las relaciones internacionales de Chile en relación al cumplimiento del convenio con Estados Unidos de Norteamérica denominado "Programa de Visa Waiver" que permite a los ciudadanos chilenos que deseen viajar por negocios o turismo a Estados Unidos puedan acceder a este programa de exención de visa por un máximo de 90 días, sin necesidad de ser visado-; por lo que mantener en reserva los antecedentes referidos a ciertas materias en que la Institución debe tomar una decisión en el presente proceso de Licitación resulta una materia estratégica de orden público económico que afecta el interés nacional, con el potencial de afectar las relaciones internacionales y comerciales del país. En consecuencia, se tendrá por configurada la concurrencia de la causal de reserva alegada. 9) Que, en conclusión, en virtud de todo lo expuesto, teniendo en consideración que los informes consultados, forman parte de los elementos que componen el proceso de supervisión y control del nuevo Sistema de Identificación, y de las políticas y medidas de supervisión y control en el ámbito público de Ciberseguridad del sistema de identificación y protección de datos personales que el Servicio por ley resguarda, todo lo cual está actualmente en fase de preparación y licitación, cuya divulgación anticipada afectaría el funcionamiento de dicho órgano, y, además, podría afectar la seguridad de la nación, y el interés nacional en materia de relaciones internacionales y comerciales; este Consejo, tendrá por configurada la concurrencia de las causales de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia, motivo por el cual se rechazará el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Cecilia Vilches Calderón en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Cecilia Vilches Calderón y al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.