Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2114-21

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Reclamante:	HERMAN CLEMENTE CARMONA BERNAL
Reclamado:	SEREMI DE SALUD REGIÓN DE ATACAMA
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, requiriendo la entrega de todos los antecedentes que indica, respecto del propio solicitante, que obren en su poder, previa acreditación de la identidad de aquél. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder de la institución, y por haberse desestimado la alegación referida a la distracción indebida de sus funcionarios, toda vez que no fue fehacientemente acreditada, y que una deficiente gestión documental, en ningún caso, puede justificar su denegación, ni obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso a información que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que todo o parte de esta no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/29/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C2114-21   Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama Requirente: Herman Clemente Carmona Bernal Ingreso Consejo: 29.03.2021 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, requiriendo la entrega de todos los antecedentes que indica, respecto del propio solicitante, que obren en su poder, previa acreditación de la identidad de aquél. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder de la institución, y por haberse desestimado la alegación referida a la distracción indebida de sus funcionarios, toda vez que no fue fehacientemente acreditada, y que una deficiente gestión documental, en ningún caso, puede justificar su denegación, ni obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso a información que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que todo o parte de esta no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. En sesión ordinaria N° 1194 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2114-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de febrero de 2021, don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre - en representación convencional de don Herman Clemente Carmona Bernal, según consta en mandato que acompañó- solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, "copia de todos los antecedentes (evaluaciones, reevaluaciones, historia ocupacional, evaluación de puesto de trabajo, exámenes médicos, etc.) del suscrito, que obren en poder de vuestro organismo". 2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por resolución exenta N° 4991, de fecha 10 de marzo de 2021, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: Mediante Oficio CP N° 3854, de fecha 26 de marzo de 2021, otorgó respuesta al requerimiento, denegando su entrega por concurrir la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, pues si bien se trata de solicitudes que consideradas independientemente, permitirían reunir lo pedido dentro del plazo legal, el efectuarlos de manera simultánea, en una misma oportunidad y, en consecuencia, poseer la misma fecha de vencimiento, generó un conjunto que dificultó su gestión. Hizo presente que las peticiones denegadas se enmarcan en un total de 40 en el mismo sentido del apoderado del peticionario, en el periodo comprendido entre febrero y 18 de marzo del presente año. Asimismo, reseñó las dificultades ocasionadas por la emergencia de salud pública, lo cual ha implicado que parte de la dotación ha sido reasignada a apoyo y readecuado sus funciones, compatibilizándola con modalidades de turnos o teletrabajo, situación de la que no han estado exentos los funcionarios encargados de la respuesta. Argumentó que acceder a cada una de las peticiones, dentro del plazo legal, implicaría por parte de la Unidad de Beneficios Sociales, Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Atacama, otorgarle una atención preferente atendido lo incompatible con la jornada de trabajo y sus restantes labores, desatendiendo los requerimientos de otros usuarios respecto de trámites relacionados con subsidio de discapacidad mental, subsidio único familiar duplo, evaluación de incapacidad permanente por enfermedad profesional Ley N° 16.744, evaluación incapacidad permanente por accidente de trabajo Ley N° 16.744, invalidez por morbilidad común del IPS, evaluación de orfandad del IPS, entre otros que consignó. 4) AMPARO: El 29 de marzo de 2021, don Herman Clemente Carmona Bernal dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de Atacama, mediante Oficio N° E8522, de fecha 20 de abril de 2021, solicitando que: (1°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (2°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (3°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Mediante Oficio CP N° 5329, de fecha 5 de mayo de 2021, el organismo presentó sus descargos y observaciones, en los siguientes términos: 5.1) Hizo presente que la solicitud de especie no se encarga de individualizar el documento específico requerido, la evaluación o reevaluación de una fecha concreta, un examen médico determinado u otro tipo de especificación, por lo que se debe iniciar el proceso de búsqueda en los archivos de la institución, existentes tanto en las dependencias de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -en adelante, indistintamente COMPIN- como también, de la bodega central ubicada en otro inmueble de esta ciudad. A su vez, precisó que la información se encuentra archivada en papel, en conformidad a registró fotográfico que acompañó, la cual requiere ser digitalizada íntegramente. 5.2) Acto seguido, señaló que la Unidad de Beneficios Sociales, Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Atacama es la encargada de responder, entidad que está integrada sólo por dos funcionarios que poseen modalidad de teletrabajo y turnos, que atienden trámites relacionados que consignó. En este orden de ideas, ilustró la cantidad de trámites resueltos por la unidad y solicitudes de transparencia. Luego, indicó que la repartición mencionada pertenece a la COMPIN, que cuenta con 26 funcionarios. En tal contexto, puntualizó el número de funcionarios en destinación para pandemia, con licencia médica, modalidad de trabajo, como asimismo, reseñó la cantidad de trámites resueltos entre enero y marzo de 2021 por dicha entidad. 5.3) Asimismo, puntualizó que el representante del peticionario ha propiciado una sobrecarga con sus múltiples solicitudes, efectuadas casi simultáneamente a la misma unidad, afectando el funcionamiento de la unidad y la COMPIN. En tal contexto, esgrimió que lo anterior es un ejercicio abusivo del derecho de acceso a la información, en perjuicio de otros solicitantes. A fin de refrendar lo anterior, citó jurisprudencia emanada de esta Corporación. Precisó que, en el periodo comprendido entre los meses de enero, febrero y marzo de 2021, dicha persona ha formulado 54 solicitudes de acceso, correspondiendo al 36% del total de los requerimientos ingresados a la Institución. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud. Al respecto, el organismo denegó la entrega por concurrir la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. 2) Que, en cuanto a la hipótesis de reserva alegada por el órgano reclamado, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7 N° 1 letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se configura dicha situación cuando la satisfacción de una solicitud requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales. 3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva señalada en el considerando anterior, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad. 4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 5) Que, en la especie, cabe tener presente que el órgano no señaló, en forma específica, el número de funcionarios necesarios para recabar, procesar y remitir la documentación solicitada, ni la medida de tiempo que comprende su satisfacción, la que puede referirse a días, semanas, meses o años, ni el número de horas-hombre destinadas especialmente para aquello, ni el volumen de información que comprende el requerimiento, ni ningún otro fundamento que permita tener por acreditada, de manera fehaciente e indubitada, la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida. Por las consideraciones expuestas precedentemente, teniendo presente además que por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, y considerando que lo requerido se circunscribe a antecedentes relativos a una sola persona, motivo por el cual este Consejo estima que las alegaciones del órgano carecen de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, al no proporcionar elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva, debiendo desestimarse su concurrencia. 6) Que, asimismo, cabe hacer presente que el hecho de mantener sistematizados los antecedentes pedidos, más que provocar una distracción indebida de las funciones del órgano, es de aquellas actividades que -precisamente- permiten rendir cuenta del correcto ejercicio de sus funciones públicas, y en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado. Así las cosas, una deficiente gestión documental por parte de la institución reclamada, en ningún caso, puede justificar la denegación del derecho de acceso a información pública, toda vez que la falta de una política integral de automatización o digitalización en la tramitación de los documentos, con el estado actual de las tecnologías de la información, no permite fundar la imposibilidad de entrega de documentación como la requerida. 7) Que, en consecuencia, se acogerá el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada. Sin perjuicio de lo cual, en atención a que aquél ha de contener datos personales y sensibles del reclamante, el organismo deberá proporcionarla, previa acreditación de la identidad de aquél, dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación. No obstante lo anterior, teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252, de fecha 20 de marzo de 2020, se recomienda la entrega efectiva de lo solicitado por un medio alternativo a la presencial. A modo meramente ejemplar, por medio de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos. No obstante lo anterior, en el evento que todo o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. 8) Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo comprende la situación excepcional por la que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia mundial por el brote de COVID 19, por lo que, se concederá un plazo mayor para dar respuesta al presente requerimiento. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Herman Clemente Carmona Bernal en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de Atacama, lo siguiente: a) Entregue copia de todos los antecedentes (evaluaciones, reevaluaciones, historia ocupacional, evaluación de puesto de trabajo, exámenes médicos, etc.) del solicitante, previa acreditación de su identidad, recomendándose que se otorgue acceso a aquellos por un medio alternativo a la entrega personal. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que todo o parte de esto no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Herman Clemente Carmona Bernal y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de Atacama. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.