Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2136-21

Reclamante:	ALFREDO JUAN BARRAZA CUBILLOS
Reclamado:	SEREMI DE SALUD REGIÓN DE ATACAMA
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, requiriendo la entrega de todos los antecedentes que indica, respecto del propio solicitante, que obren en poder de la SEREMI. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder de la institución, y por haberse desestimado la alegación referida a la distracción indebida de sus funcionarios, toda vez que no fue fehacientemente acreditada, y que una deficiente gestión documental, en ningún caso, puede justificar la denegación de la información solicitada, ni obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso a información que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado. No obstante lo anterior, en consideración del estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, se concederá un plazo mayor para dar respuesta al presente requerimiento.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/13/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C1103-17 C1336-16
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Causales de secreto o reserva >> Derechos de las personas >> Vida privada >> Datos personales
Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C2136-21   Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama. Requirente: Alfredo Barraza Cubillos. Ingreso Consejo: 29.03.2021 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, requiriendo la entrega de todos los antecedentes que indica, respecto del propio solicitante, que obren en poder de la SEREMI. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder de la institución, y por haberse desestimado la alegación referida a la distracción indebida de sus funcionarios, toda vez que no fue fehacientemente acreditada, y que una deficiente gestión documental, en ningún caso, puede justificar la denegación de la información solicitada, ni obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso a información que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado. No obstante lo anterior, en consideración del estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, se concederá un plazo mayor para dar respuesta al presente requerimiento. En sesión ordinaria N° 1188 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2136-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de febrero de 2021, don Alfredo Barraza Cubillos, representado por don Juan Riesco Eyzaguirre, requirió a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, lo siguiente: "copia de todos los antecedentes (evaluaciones, reevaluaciones, historia ocupacional, evaluación de puesto de trabajo, exámenes médicos, etc.) de mi representado que obren en poder de vuestro organismo", señalando la casilla de correo electrónico y dirección para el envío de la información, y acompañando copia del respectivo mandato. 2) PRÓRROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: El 15 de marzo de 2021, el órgano notificó al solicitante la prórroga del plazo de respuesta, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2°, del artículo 14 de la Ley de Transparencia. Posteriormente, mediante Oficio CP N° 3921/2021, de fecha 29 de marzo de 2021, la SEREMI otorgó respuesta a la solicitud, en conjunto con otro requerimiento de similar tenor, denegando la entrega de los antecedentes conforme lo indicado en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, agregando que "si bien se trata de requerimientos que considerados independientemente, permitirían reunir lo pedido dentro del plazo legal, el efectuar de manera simultánea tres peticiones en igual sentido, en una misma oportunidad y en consecuencia, poseer la misma fecha de vencimiento, generó un conjunto que dificultó su gestión, aun habiéndose realizado por parte de esta Seremi todos los esfuerzos y que si permitieron responder a una de ellas: su solicitud de información AO042T0003393. Debe tener presente, además que el tiempo destinado a estas dos solicitudes coincidió, además, con la gran cantidad de solicitudes que efectuó entre los meses de febrero y marzo del presente año". Acto seguido, el órgano informó que "Esta Autoridad Sanitaria, encomendada legalmente a ejecutar acciones de prevención de propagación de la pandemia por Covid 19, ha dado estricto cumplimiento a su obligación legal de velar por el Principio de Continuidad de la Función Pública, y en respuesta a la declaración de estado de alerta sanitaria parte de la dotación ha sido reasignado a apoyo y readecuado sus funciones compatibilizándola con modalidades de turnos o teletrabajo, situación de la que no han estado exentos los funcionarios encargados de responderle. Acceder a cada una de las peticiones ya mencionadas, dentro del plazo legal, implicaría por parte de la Unidad de Beneficios Sociales, Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Atacama, otorgarle una atención preferente atendido lo incompatible con la jornada de trabajo y sus restantes labores, desatendiendo los requerimientos de otros usuarios respecto de trámites relacionados con subsidio de discapacidad mental, subsidio único familiar duplo, Evaluación de Incapacidad permanente por Enfermedad profesional Ley N° 16.744, Evaluación incapacidad permanente por Accidente de trabajo Ley N° 16.744, Invalidez por morbilidad común del IPS, Evaluación de Orfandad del IPS, Evaluación de Viudez del IPS, Asignación Familiar al Duplo, Invalidez Seguro de Desgravamen SERVIU, Invalidez Crédito Fiscal Universitario, entre otros". 3) AMPARO: El 29 de marzo de 2021, don Alfredo Barraza Cubillos, representado por don Juan Riesco Eyzaguirre, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Asimismo, alegó que "Lo expuesto por el Seremi de Salud de Atacama es totalmente falso, ya que dicho organismo cuenta con una plataforma computacional (SISESAT) que le permite obtener fácilmente la documentación solicitada. A mayor abundamiento, el Seremi de Salud de Atacama se limita a señalar que no contaría con personal para dar respuesta a la solicitud, sin explicar su dotación de empleados siquiera, por lo que resulta imposible saber si esa escasez de personal es real o no (...) ciertamente no corresponde denegar la información solicitada por haber recibido el organismo otras solicitudes similares de personas ajenas al señor Barraza, considerando que la causal de denegación de la letra c) del N° 1 del artículo 21 de la Ley N° 20.285 atiende exclusivamente a la solicitud del señor Barraza, y no a otras que el organismo puede o no haber recibido, las cuales son totalmente independientes de la del señor Barraza. Finalmente, el Seremi de Salud de Atacama omite señalar que durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID no se ha encontrado atendiendo público presencialmente, lo que repercute en una notoria menor carga de trabajo de los funcionarios, lo que por cierto implica una mayor disposición del personal de dicho organismo para poder dar adecuada respuesta a la solicitud del señor Barraza, considerando que la misma no requiere presencialidad y, por lo tanto, es de aquellas que pueden ser respondidas por funcionarios que se encuentran con teletrabajo o trabajo a distancia". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E8168, de fecha 14 de abril de 2021, confirió traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de Atacama, notificando el reclamo y solicitando que: (1°) indique claramente que información de la requerida en la solicitud de acceso, obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (3°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (4°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (5°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Mediante Oficio CP N° 5060/2021, de fecha 29 de abril de 2021, el órgano evacuó sus descargos, señalando en síntesis, que "Si bien el requirente señala que su petición no debe considerarse genérica ni que versa sobre un elevado número de actos administrativos y es fácilmente obtenible, ésta consiste en la copia de todos los antecedentes evaluaciones, reevaluaciones, historia ocupacional, evaluación de puesto de trabajo, exámenes médicos, entre otros, de su representado. En ese amplio contexto, donde no se encarga de individualizar el documento específico requerido, la evaluación o reevaluación de una fecha concreta, un examen médico determinado u otro tipo de especificación, es que el Encargado de Beneficios Sociales, Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Atacama debe iniciar el proceso de búsqueda en los archivos de la institución, existentes tanto en dependencias de Compin como también, de la bodega central ubicada en otro inmueble de esta ciudad". Acto seguido, agregó que "El solicitante indica en su amparo que la institución cuenta con la plataforma SISESAT que permite obtener fácilmente la documentación solicitada, sin embargo esto no es efectivo, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Atacama y en especial la Unidad encargada de proporcionar la documentación, no cuentan con clave de acceso a la plataforma donde tanto las Mutuales, ACHS, ISL e IST ingresan las resoluciones de incapacidad de trabajadores, tanto las que ellos dictan como las que reciben de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. Toda la información se encuentra archivada en papel, conforme da cuenta el registro fotográfico que se adjunta, la que para ser proporcionada requiere ser digitalizada en cada una de las páginas que conforman los "expedientes, evaluaciones, reevaluaciones, o cualquier otro antecedente que posea la institución de su representado", puesto que como se señaló precedentemente, no requiere un documento específico", denegando la información conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, haciendo mención a la dotación institucional, sus funciones, el estado de excepción constitucional de catástrofe y la pandemia del Covid 19. Luego, el órgano manifestó que "Actualmente la Institución cuenta con un total de 149 funcionarios, pero para afrontar el exceso de carga laboral generado por la pandemia se ha debido recurrir a la contratación adicional y excepcional de personas bajo la modalidad de Código del Trabajo conforme la facultad conferida por el Decreto N° 4/2020 que declara la Alerta Sanitaria, sumándose a la fecha un total de 219 contrataciones bajo la modalidad de código de Trabajo destinadas a Estrategias de Residencias Sanitarias, Aduanas Sanitarias, Trazabilidad, Cuadrillas Sanitarias, Fiscalización, entre otras. La dotación antes mencionada debe ser analizada con un criterio de realidad en su funcionamiento, según las competencias que desempeñan cada uno. La Institución no cuenta con una Unidad destinada exclusivamente a recopilar cada uno de los requerimientos de acceso a la información que ingresan a la Institución, es el funcionario encargado del área solicitada quien debe hacerlo, siendo considerada esta función dentro de sus tareas habituales. Debe tenerse presente que contrario a lo indicado por el recurrente, en el periodo entre enero y marzo del presente año, tanto Compin como la Seremi de Salud contó con atención presencial de público, viéndose únicamente interrumpido en periodos de cuarentena, pero aun así, las personas que concurren por imposibilidad de efectuar sus trámites en modalidad on line, son y fueron atendidas", detallando la situación de los funcionarios encargados, el número de trámites, la situación del Compin, modalidades de turnos y situación actual de sus funcionarios, indicando la cantidad de solicitudes de información ingresadas. Asimismo, la SEREMI argumentó que "La solicitud efectuada y que fue denegada, al ser efectuada en un mismo periodo de tiempo a otros requerimientos del actor, ha afectado el funcionamiento de esta repartición pública que y en especial a la Unidad y Compin que atienden necesidades urgentísimas de la comunidad, incrementando significativamente el tiempo destinado en perjuicio de los otros usuarios, impidiendo la materialización del deber establecido por la Ley N° 18.575 a los órganos de la administración del Estado, de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente (...) Si bien la Ley 20.585 establece la obligación de entregar la información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, esto no puede constituir un ejercicio abusivo del derecho, como lo ha reconocido jurisprudencia como los Roles C 1102-17 y C1103-17. En el caso en particular, producto de los múltiples requerimientos simultáneos efectuados por el Sr. Riesco en el periodo enero a marzo del presente año, no solo puede perjudicar al resto de solicitantes al colocarlos en una situación de desigualdad de condiciones, sino que también, le ha afectado a él mismo ante la imposibilidad de cumplir con la digitalización de este requerimiento en particular. Las solicitudes efectuadas por el Sr. Juan Riesco entre los meses de enero a marzo del presente año constituyen el 36% del total de solicitudes de acceso a la información de la institución, y están todas dirigidas a la misma Unidad, resultando una sobrecarga que necesariamente generará imposibilidad de responder todas dentro de tiempo, como ocurrió en este caso", solicitando, finalmente, disponer como medida para mejor resolver la inspección personal a las dependencias de las unidades institucionales. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de todos los antecedentes (evaluaciones, reevaluaciones, historia ocupacional, evaluación de puesto de trabajo, exámenes médicos, etc.) del propio solicitante, que obren en poder de la SEREMI. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 2) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 3) Que, en segundo lugar, la reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, estipula que se podrá denegar la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7 N° 1 letra c) del Reglamento de la citada ley, señalando que "(...) un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 4) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. 5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva señalada en el considerando anterior, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad. 6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 7) Que, en la especie, si bien el órgano indicó la cantidad de solicitudes de información ingresadas por el representante del requirente -que podrían llegar a constituir solicitudes abusivas- y la cantidad total de solicitudes ingresadas en el último período; la dotación de funcionarios de la institución, y el número de ellos que se encuentra haciendo turnos, en teletrabajo, o con licencia médica; las distintas funciones que cumplen las diversas unidades del órgano y la actual situación de pandemia, cabe tener presente que el órgano no señaló, en forma específica, el número de funcionarios necesarios para recabar la documentación solicitada, ni la cantidad de días para el cumplimiento de dicha labor, ni la cantidad de información que comprende el requerimiento, ni ningún otro fundamento que permita tener por acreditada, de manera fehaciente e indubitada, la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, y teniendo en consideración que lo requerido se refiere a antecedentes relativos a una sola persona, motivo por el cual este Consejo estima que las alegaciones del órgano no revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada la hipótesis prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, debiendo desestimarse su concurrencia. 8) Que, asimismo, a juicio de esta Corporación, contar con la información requerida debidamente sistematizada da cuenta de una debida diligencia del órgano. Luego, cabe hacer presente que el hecho de mantener sistematizada la información requerida, más que provocar una distracción indebida de las funciones del órgano, es de aquellas actividades que -precisamente- permiten rendir cuenta del correcto ejercicio de sus funciones públicas, y en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3° de la Ley N° 18.575, de 1986, del Ministerio del Interior, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Así las cosas, una deficiente gestión documental por parte de la institución reclamada, en ningún caso, puede justificar la denegación del derecho de acceso a información pública, toda vez que la falta de una política integral de automatización o digitalización en la tramitación de los documentos, con el estado actual de las tecnologías de la información, no permite fundar la imposibilidad de entrega de documentación como la requerida. 9) Que, sin perjuicio de lo expuesto, se hace presente a la reclamada las directrices otorgadas por este Consejo mediante Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, que informó a los órganos de la Administración del Estado sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global generada a partir del COVID-19, a fin de soslayar situaciones como las planteadas en el presente caso, en relación a las dificultades o la falta de personal para atender las solicitudes que le sean formuladas, y con el fin de no obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso a la información que obra en poder de los órganos. 10) Que, en consecuencia, tratándose de información que obra en poder de la SEREMI, y habiéndose desestimado sus alegaciones fundadas en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada. No obstante lo anterior, en consideración del estado de catástrofe declarado en el país producto de la pandemia, y teniendo presente que la documentación pedida puede contener datos personales y sensibles del reclamante, conforme lo dispuesto en la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, y el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de lo solicitado al requirente o a su apoderado, por un medio alternativo a la entrega personal. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos. 11) Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo comprende la situación excepcional por la que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia mundial por el brote de COVID 19. En ese contexto, esta Corporación pudo prever, que la situación descrita anteriormente implicaría que los órganos de la Administración del Estado verían disminuida la capacidad de trabajo de sus dotaciones, que un gran número de funcionarias y funcionarios realizarán sus labores en modalidad de teletrabajo y que los servicios de despacho de documentos sufrirán retrasos, lo que, podría generar una demora en el desarrollo de ciertos procedimientos administrativos, afectando con esto los plazos contemplados para los respectivos procedimientos. Por lo anterior, se concederá un plazo mayor para dar respuesta al presente requerimiento. 12) Que, atendido lo resuelto precedentemente, respecto de la solicitud del órgano en el sentido de que se decrete la inspección personal como medida para mejor resolver, atendida la suficiencia de los antecedentes para resolver el presente amparo, ésta será desestimada. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Alfredo Barraza Cubillos, representado por don Juan Riesco Eyzaguirre, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, lo siguiente: a) Entregar al reclamante copia de todos los antecedentes (evaluaciones, reevaluaciones, historia ocupacional, evaluación de puesto de trabajo, exámenes médicos, etc.) del propio solicitante, que obren en poder de la SEREMI. En consideración del estado de catástrofe declarado en el país producto de la pandemia, y teniendo presente que la documentación pedida puede contener datos personales y sensibles del reclamante, conforme lo dispuesto en la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, y el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de lo solicitado al requirente o a su apoderado, por un medio alternativo a la entrega personal. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alfredo Barraza Cubillos, representado por don Juan Riesco Eyzaguirre, y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.