Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2298-21

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Reclamante:	PABLO GABRIEL PONCE OLIVARES
Reclamado:	SEREMI DE SALUD REGIÓN DE ATACAMA
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, requiriendo la entrega de todos los antecedentes que indica, respecto del propio solicitante, que obren en su poder, previa acreditación de la identidad de aquél. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder de la institución, y por haberse desestimado la alegación referida a la distracción indebida de sus funcionarios, toda vez que no fue fehacientemente acreditada. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que todo o parte de esta no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/9/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C134-10 C377-13 C432-13 C2447-20 C178-10
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C2298-21   Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Atacama Requirente: Pablo Gabriel Ponce Olivares Ingreso Consejo: 05.04.2021 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, requiriendo la entrega de todos los antecedentes que indica, respecto del propio solicitante, que obren en su poder, previa acreditación de la identidad de aquél. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder de la institución, y por haberse desestimado la alegación referida a la distracción indebida de sus funcionarios, toda vez que no fue fehacientemente acreditada. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que todo o parte de esta no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. En sesión ordinaria N° 1196 del Consejo Directivo, celebrada el 1 de julio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2298-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de febrero de 2021, don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre, en representación de don Pablo Gabriel Ponce Olivares, solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Atacama, "copia de todos los antecedentes (evaluaciones, reevaluaciones, historia ocupacional, evaluación de puesto de trabajo, exámenes médicos, etc.) de mi representado que obren en poder de vuestro organismo". 2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por Resolución N° 5625, de 22 de marzo de 2021, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: Mediante Oficio N° 4043, de 1° de abril de 2021, la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Atacama respondió el requerimiento, denegando el acceso a la información solicitada por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, "toda vez que si bien se trata de requerimientos que considerados independientemente, permitirían reunir lo pedido dentro del plazo legal, el efectuar de manera simultánea tres peticiones en igual sentido, en una misma oportunidad y en consecuencia, poseer la misma fecha de vencimiento, generó un conjunto que dificultó su gestión, aun habiéndose realizado por parte de esta Seremi todos los esfuerzos como da cuenta la dictación de la Resolución Exenta CP N° 5625/2021. Debe tener presente, además que el tiempo destinado a estas tres solicitudes coincidió, además, con la gran cantidad de solicitudes que efectuó entre los meses de febrero y marzo del presente año (...) Esta Autoridad Sanitaria, encomendada legalmente a ejecutar acciones de prevención de propagación de la pandemia por Covid 19, ha dado estricto cumplimiento a su obligación legal de velar por el Principio de Continuidad de la Función Pública, y en respuesta a la declaración de estado de alerta sanitaria parte de la dotación ha sido reasignado a apoyo y readecuado sus funciones compatibilizándola con modalidades de turnos o teletrabajo, situación de la que no han estado exentos los funcionarios encargados de responderle. Acceder a cada una de las peticiones ya mencionadas, dentro del plazo legal, implicaría por parte de la Unidad de Beneficios Sociales, Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Atacama, otorgarle una atención preferente atendido lo incompatible con la jornada de trabajo y sus restantes labores, desatendiendo los requerimientos de otros usuarios respecto de trámites relacionados con subsidio de discapacidad mental, subsidio único familiar duplo, Evaluación de Incapacidad permanente por Enfermedad profesional Ley N° 16.744, Evaluación incapacidad permanente por Accidente de trabajo Ley N° 16.744, Invalidez por morbilidad común del IPS, Evaluación de Orfandad del IPS, Evaluación de Viudez del IPS, Asignación Familiar al Duplo, Invalidez Seguro de Desgravamen SERVIU, Invalidez Crédito Fiscal Universitario, entre otros". 4) AMPARO: El 5 de abril de 2021, don Pablo Gabriel Ponce Olivares, representado por don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta negativa a la solicitud. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud Región de Atacama, mediante Oficio N° E9123, de 25 de abril de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Mediante Oficio N° 5495, de 10 de mayo de 20201, el órgano reclamado presentó sus descargos, indicando que el requerimiento no individualiza el documento específico solicitado, la evaluación o reevaluación de una fecha concreta, un examen médico determinado u otro tipo de dato que permita su identificación, por lo que, se debe iniciar un proceso de búsqueda en los archivos de la institución, existentes tanto en dependencias de COMPIN como también, de la bodega central ubicada en otro inmueble de esta ciudad. El solicitante indica en su amparo que la institución cuenta con la plataforma SISESAT que permite obtener fácilmente la documentación solicitada, sin embargo esto no es efectivo, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Atacama y en especial la Unidad encargada de proporcionar la documentación, no cuentan con clave de acceso a la plataforma donde tanto las Mutuales, ACHS, ISL e IST ingresan las resoluciones de incapacidad de trabajadores, tanto las que ellos dictan como las que reciben de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. Toda la información se encuentra archivada en papel, conforme da cuenta el registro fotográfico que se adjunta, la que para ser proporcionada requiere ser digitalizada en cada una de las páginas que conforman los "expedientes, evaluaciones, reevaluaciones, o cualquier otro antecedente que posea la institución de su representado", puesto que como se señaló precedentemente, no requiere un documento específico. Acto seguido, fundamenta la causal en que las labores habituales efectuadas por la Unidad encargada de responder el requerimiento denegado deben comprenderse particularmente pero también, como parte integrante de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y a su vez, bajo la dependencia de la Secretaría Regional Ministerial de Salud. Indica, que en el contexto de la Alerta Sanitaria por brote de Coronavirus, las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud tendrán la función de coordinar, en el contexto de esta alerta sanitaria, las acciones que ejecuten los organismos del sector salud y los otros servicios públicos y demás organismos de la administración del Estado. Además, el día 26 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Resolución Exenta N° 479/2020 del Ministerio de Salud, que traspasó la administración, gestión y coordinación de las residencias sanitarias desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales a la Subsecretaría de Salud Pública, materializadas en regiones a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud. Asimismo, la recurrida señaló que actualmente cuenta con un total de 149 funcionarios, pero para afrontar el exceso de carga laboral generado por la pandemia se ha debido recurrir a la contratación adicional y excepcional de personas bajo la modalidad de Código del Trabajo conforme la facultad conferida por el Decreto N° 4/2020 que declara la Alerta Sanitaria, sumándose a la fecha la un total de 219 contrataciones bajo la modalidad de Código de Trabajo destinadas a Estrategias de Residencias Sanitarias, Aduanas Sanitarias, Trazabilidad, Cuadrillas Sanitarias, Fiscalización, entre otras. La dotación antes mencionada debe ser analizada con un criterio de realidad en su funcionamiento, según las competencias que desempeñan cada uno. Hace presente que no cuenta con una Unidad destinada exclusivamente a recopilar cada uno de los requerimientos de acceso a la información que ingresan a la Institución, es el funcionario encargado del área solicitada quien debe hacerlo, siendo considerada esta función dentro de sus tareas habituales. Indicó asimismo, que al contrario de lo sostenido por el reclamante, en el periodo entre enero y marzo del presente año, tanto COMPIN como la SEREMI de Salud contó con atención presencial de público, viéndose únicamente interrumpido en periodos de cuarentena, pero aun así, las personas que concurren por imposibilidad de efectuar sus trámites en modalidad online son y fueron atendidas. En el caso en particular del reclamante, la Unidad encargada de responder está integrada sólo por dos funcionarios que poseen modalidad de teletrabajo y turnos, que atienden los trámites que detalla. Además, indicó que atendido el estado de pandemia ha debido compatibilizar la continuidad de la función pública con el resguardo de la integridad de la salud de sus funcionarios, situación que ha sido reconocida y respaldada por Contraloría General de la República, implementándose trabajo en modalidades de turnos, teletrabajo para aquellos que poseen condiciones de riesgo tanto personales como de familiares que viven con ellos. (Indica cantidad de funcionarios y situación de trabajo actual) La solicitud efectuada y que fue denegada, al ser efectuada en un mismo periodo de tiempo a otros requerimientos del actor, ha afectado el funcionamiento de esa repartición pública, en especial a la Unidad y COMPIN que atienden necesidades urgentísimas de la comunidad, incrementando significativamente el tiempo destinado en perjuicio de los otros usuarios. Citando jurisprudencia de este Consejo en tal sentido. En el caso en particular, producto de los múltiples requerimientos simultáneos efectuados por el Sr. Riesco en el periodo enero a marzo del presente año, no solo puede perjudicar al resto de solicitantes al colocarlos en una situación de desigualdad de condiciones, sino que también, le ha afectado a él mismo ante la imposibilidad de cumplir con la digitalización de este requerimiento en particular. Agregó que las solicitudes efectuadas por el Sr. Juan Riesco entre los meses de enero a marzo del presente año constituyen el 36% del total de solicitudes de acceso a la información de la institución, y están todas dirigidas a la misma Unidad, resultando una sobrecarga que necesariamente generará imposibilidad de responder todas dentro de tiempo, como ocurrió en este caso. Solicita disponer como medida para mejor resolver la inspección personal a las dependencias de la Unidad de Beneficios Sociales, Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Atacama, como de su archivo documental. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud, al respecto el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. 2) Que, en virtud de la causal de excepción alegada, se podrá denegar la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7 N° 1 letra c) del Reglamento de la Ley de Transparencia, señalando que "(...) un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva señalada en el considerando anterior, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que significan tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad. 4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 5) Que, en efecto, respecto de los elementos necesarios para la configuración de la causal invocada, la reclamada alegó que aquella se produce porque don Juan Sebastián Rioseco, apoderado de don Pablo Gabriel Ponce Olivares, ha formulado ante dicho organismo distintos requerimientos, de forma casi simultánea y, por tanto, con misma fecha de vencimiento, lo que ha generado dificultades en la gestión del servicio. No obstante, reconoce que dichos requerimientos, considerados independientemente "permitirían reunir lo pedido dentro del plazo legal". Agrega, que las constantes presentaciones de don Juan Sebastián Rioseco constituyen un ejercicio abusivo del derecho, pues representan el 36% de las solicitudes recibidas por la institución, entre enero y marzo del corriente año (acompaña listado en que se individualizan las mismas, fecha de presentación y de vencimiento). Por su parte, indica el número total de dotación del Servicio, la que se encuentra abocada a sus funciones normales como aquellas excepcionales a consecuencia de la pandemia por Covid-19; que la información reclamada obra en su poder, en formato papel; que debe ser buscada en los archivos del servicio (adjunta fotografías de la bodega de archivos) y que no cuenta con una Unidad destinada exclusivamente a recopilar la información de los requerimientos de acceso, sino que ello debe ser efectuado por el funcionario encargado del área solicitada, en la especie, la Unidad de Beneficios Sociales, Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Compin Atacama, que solo tiene 2 funcionarios. 6) Que, respecto de las alegaciones del organismo relativas a que las constantes solicitudes de don Juan Sebastián Rioseco constituirían un ejercicio abusivo del derecho que justificaría la denegación de la información solicitada, cabe señalar que tal como lo reconoce la reclamada y se desprende de los antecedentes del expediente, atendida la calidad de mandatario de don Pablo Gabriel Ponce Olivares y de otros tantos titulares de información, no existiría una identidad en la persona de los requirentes, es decir, la calidad de solicitante de información pública y, por tanto, titular de los derechos que concede la Ley de Transparencia, no le corresponde al aludido apoderado sino sus respectivos poderdantes o mandantes. 7) Que, por otra parte, en cuanto a la causal de reserva alegada y las dificultades generadas por el COVID-19, se debe señalar que este Consejo, por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, con fecha 11 de marzo de 2020, y en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe. En dicho contexto, si bien se refiere a la adopción de medidas extraordinarias respecto de los plazos de cumplimiento de las obligaciones de proporcionar acceso a la información pública en el contexto de la pandemia mundial, tal como se razonó en la decisión de amparo Rol C2447-20, en caso alguno justifica la falta de entrega de esta, ni se constituye en una causal de reserva o secreto de aquella. 8) Que, a su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3 inciso primero del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, el órgano reclamado, debió seguir lo informado por este Consejo en el citado Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, lo cual habría facilitado su actuar en materia de cumplimiento de acceso a información pública, debiendo proceder a su búsqueda y entrega, dentro de un plazo prudente establecido por ellos mismos, de acuerdo con su propia realidad. 9) Que, en consecuencia, el órgano reclamado no señaló, en forma específica, el número de funcionarios necesarios para recabar la documentación solicitada, de días que emplearían en su cumplimiento, del volumen de antecedentes que comprende el requerimiento, por lo que, sus argumentaciones no otorgan antecedentes para configurar la causal de excepción al principio de publicidad que rige el actuar de los órganos de la Administración del Estado, pues su alegación carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, al no proporcionar elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva, descartándose su concurrencia. 10) Que, los antecedentes requeridos contienen datos relativos a la vida privada del representado del requirente, esto es, datos personales y sensibles referidos a hechos o circunstancias de su vida privada, según la definición prevista en el artículo 2 letras f) y g) de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Al respecto, el artículo 12 del mismo cuerpo legal, reconoce que "toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente". De esta forma, en la especie, se ha hecho uso del denominado "habeas data impropio" a efectos de acceder a sus propios datos de carácter personal y sensibles que obran en poder de un tercero; el que puede ejercerse por medio del procedimiento establecido por la Ley de Transparencia, según ha sido resuelto anteriormente por este Consejo, por ejemplo, en las decisiones de amparos Roles C134-10, C178-10, C432-13, entre otras. 11) Que, en consecuencia, se acogerá el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada, previa acreditación de la identidad del titular de los datos cuya entrega se requiere, en los términos dispuestos en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10, de este Consejo. Sin perjuicio de lo cual, y teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252, de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se recomienda al órgano reclamado realice aquella por un medio alternativo a la presencial. A modo meramente ejemplar, mediante de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemático. No obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. 12) Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo comprende la situación excepcional por la que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia mundial por el brote de COVID 19, por lo que, concederá un plazo mayor para dar cumplimiento a lo resuelto en esta decisión. 13) Que, atendido lo resuelto precedentemente, respecto de la solicitud del órgano en el sentido de que se decrete la inspección personal como medida para mejor resolver, atendida la suficiencia de los antecedentes para resolver el presente amparo, ésta será desestimada. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Pablo Gabriel Ponce Olivares en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Atacama, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud Región de Atacama, lo siguiente: a) Entregue copia de todos los antecedentes (evaluaciones, reevaluaciones, historia ocupacional, evaluación de puesto de trabajo, exámenes médicos, etc.) del solicitante, previa acreditación de su identidad, recomendándose que se otorgue acceso a aquellos por un medio alternativo a la entrega personal. Sin perjuicio de lo cual, en el evento que todo o parte de esto no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre, en representación de don Pablo Gabriel Ponce Olivares y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud Región de Atacama. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.