<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C2436-21</p>
<p>
</p>
<p>
Entidad pública: Subsecretaría de Redes Asistenciales</p>
<p>
Requirente: Jonathan Andrés Troncoso Rivera</p>
<p>
Ingreso Consejo: 08.04.2021</p>
<p>
RESUMEN</p>
<p>
Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, ordenando la entrega de todos los documentos relacionados (tablas Excel, documentos PDF de síntesis y otros) del último estudio de brechas de especialistas en el sistema público llevado a cabo el año 2020.</p>
<p>
Lo anterior, por cuanto, se trata de información pública, respecto de la cual el órgano reclamado no ha justificado ni acreditado debidamente la circunstancia de hecho alegada, y no ha invocado causales legales de reserva o secreto que impidan su publicidad.</p>
<p>
Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10.</p>
<p>
Se ordena al órgano, previo a su entrega, tarjar los datos personales de contexto y datos sensibles que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia.</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 1191 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de junio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2436-21.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de marzo de 2021, don Jonathan Andrés Troncoso Rivera solicitó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales la siguiente información: "Solicito todos los documentos relacionados (tablas Excel, documentos pdf de síntesis y otros) del último estudio de brechas de especialistas en el sistema público llevado a cabo el 2020 por el Departamento de Formación, Perfeccionamiento y Educación Continua dependiente de la DIGEDEP y que sirvió de base para la modificación de los cupos ofertados para el concurso CONISS 2021".</p>
<p>
2) RESPUESTA: El 7 de abril de 2021, a través de Ord. A/102 N° 960, la Subsecretaría de Redes Asistenciales respondió al requerimiento, indicando que, consultadas las áreas técnicas pertinentes de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas, se comunicó que la documentación requerida se encuentra aún en estado de tramitación. Indica que, a mayor abundamiento, el Estudio de Brechas de Médicos y Odontólogos en el Sistema Público de Salud, adjudicado por licitación pública a la empresa "Epidemiología y Gestión Ltda.", se encuentra aprobado respecto a los Pre-Informes presentados, sin embargo, el Informe Final aún está en estado pendiente.</p>
<p>
Señala que este Estudio y sus Pre-Informes, han sido un insumo más del trabajo que realizan los Departamentos técnicos de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas, además del permanente intercambio de información que se realiza con los Servicios de Salud y sus respectivas redes asistenciales.</p>
<p>
3) AMPARO: El 8 de abril de 2021, don Jonathan Andrés Troncoso Rivera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. Además, el reclamante hizo presente que: "Señalan que está disponible un pre informe de lo solicitado, pero no lo adjuntan y que el informe final solicitado aún está en construcción, a pesar que ya se anunció la modificación de la política nacional de formación de especialistas en base al "pre-informe".</p>
<p>
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, mediante Oficio E9754, de 5 de mayo de 2021, solicitando que: (1°) refiérase a las alegaciones del reclamante, cuya falta de información objeta ante esta instancia; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (5°) informe el estado del informe sobre el que recae la información no entregada y fecha aproximada del término del mismo; (6°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.</p>
<p>
A la fecha de la presente decisión no se ha recibió presentación alguna del órgano reclamado destinada a formular descargos u observaciones.</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información correspondiente a todos los documentos relacionados con el último estudio de brechas de especialistas en el sistema público llevado a cabo en el año 2020. Por su parte, el órgano reclamado denegó el acceso a lo requerido, manifestando que la documentación pedida se encuentra aún en estado de tramitación.</p>
<p>
2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.</p>
<p>
3) Que, en este caso, en primer término, se debe hacer presente que la solicitud de acceso a la información recae sobre "todos los documentos relacionados" con el informe en cuestión, sin hacer referencia a la entrega de mismo, cuestión que se incorpora sólo con ocasión de la formulación de este amparo. De esta forma, resulta pertinente que este Consejo se pronuncie sobre la procedencia de la entrega de la primera información mencionada. Al respecto, como se enunció, en órgano deniega la entrega argumentando que la documentación requerida se encuentra aún en estado de tramitación, estando el estudio aprobado respecto a los Pre-Informes presentados y pendiente el Informe Final.</p>
<p>
4) Que, en dicho contexto, se debe hacer presente que el órgano reclamado no ha fundamentado ni acreditado de qué manera la circunstancia de hecho enunciada impediría dar publicidad a la información requerida. De igual forma, no especificó ni detalló de qué forma la entrega de los documentos requeridos podría generar alguna afectación en los términos de lo dispuesto en el artículo 21, N° 1, de la Ley de Transparencia, que hicieran procedente considerar como configurada la causal de secreto o reserva que en dicha norma se establece. En este sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Al respecto, cabe tener presente que por tratarse de normas de derecho estricto -las causales de reserva-, que se contraponen al principio general de Transparencia de los actos de la Administración, dichas normas deben ser interpretadas restrictivamente.</p>
<p>
5) Que, por otra parte, respecto del carácter "no oficial", "no definitivo" o "en tramitación" de la información, se debe hacer presente que este Consejo se ha pronunciado reiteradamente, en particular, en las decisiones de amparo Roles C544-13, C1202-13, y C1422-14, entre otras, indicando que dicha circunstancia no puede constituir un motivo plausible para denegar lo solicitado, por cuanto, tal restricción, por su sola concurrencia, no convierte en reservada la información que se ha solicitado, procediendo que el órgano, al momento de hacer la entrega, si lo estima necesario o conveniente, advierta al requirente del estado en el que a la fecha se encuentran los documentos. Razones por las cuales, el presente amparo será acogido, ordenándose la entrega de la información.</p>
<p>
6) Que, en consideración de lo anterior, y tratándose lo solicitado de información de naturaleza pública, al alero de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8 de la Carta Fundamental, que obra en alguno de los soportes documentales consignados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, respecto de la cual, el órgano no ha justificado ni acreditado debidamente la circunstancia de hecho alegada, y no ha invocado causales legales de reserva o secreto, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de la información requerida. No obstante, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. Previa entrega, y en virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, el órgano requerido deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, cédula de identidad, domicilio, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico, entre otros, y datos sensibles, que pudieran estar contenidos en los documentos cuya entrega se ordena. Lo anterior, en aplicación de lo previsto en el artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), y 4, de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Acoger el amparo deducido por don Jonathan Andrés Troncoso Rivera en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
II. Requerir al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, lo siguiente:</p>
<p>
a) Entregue al reclamante todos los documentos relacionados (tablas Excel, documentos PDF de síntesis y otros) del último estudio de brechas de especialistas en el sistema público llevado a cabo el año 2020 por el Departamento de Formación, Perfeccionamiento y Educación Continua dependiente de la DIGEDEP y que sirvió de base para la modificación de los cupos ofertados para el concurso CONISS 2021.</p>
<p>
Lo anterior, debiendo tarjar, en forma previa, todos los datos personales de contexto y datos sensibles que pudieran estar contenidos en la información solicitada, por ejemplo, RUT, domicilio, teléfono y correo electrónico, entre otros.</p>
<p>
Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10.</p>
<p>
b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
<p>
III. Encomendar al Director General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jonathan Andrés Troncoso Rivera y al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.</p>