Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2479-21

Reclamante:	LISANDRO DEL CARMEN ARAYA IBACACHE
Reclamado:	SEREMI DE SALUD REGIÓN DE ATACAMA
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, ordenando la entrega de todos los antecedentes relativos a la persona del reclamante (evaluaciones, reevaluaciones, historia ocupacional, evaluación de puesto de trabajo, exámenes médicos, etc.) que obren en poder del organismo. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder de la institución, y por haberse desestimado respecto del requerimiento, la alegación referida a la distracción indebida de sus funcionarios, toda vez que no fue fehacientemente acreditada. Además, por cuanto el estado de pandemia que vive el país producto del Covid 19, como asimismo, una deficiente gestión documental, en ningún caso, pueden justificar la denegación de la información solicitada, ni obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso a información que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado. En aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberá tarjar previamente la identidad de los testigos contenida en la información que se ordena entregar, como todo otro dato personal que permita identificarlos - especialmente en lo referido a la evaluación de puesto de trabajo -; y asimismo, aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida y de cualquier otro dato sensible; ello en conformidad con lo dispuesto en la ley sobre protección de la vida privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia. Con todo, en el evento de no existir algunos de estos antecedentes, se deberá explicar y acreditar dicha situación en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de conformidad a la normativa aplicable en la especie. No obstante lo anterior, en consideración del estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, se concederá un plazo mayor para dar respuesta al presente requerimiento.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/13/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2146-18 C377-13 C1013-13 C2782-15 C4290-16 C1103-17 C749-19 C6404-19 C1336-16 C2447-20
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DECISIÓN AMPARO ROL C2479-21   Entidad pública: SEREMI de Salud Región de Atacama Requirente: Lisandro del Carmen Araya Ibacache Ingreso Consejo: 09.04.2021 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, ordenando la entrega de todos los antecedentes relativos a la persona del reclamante (evaluaciones, reevaluaciones, historia ocupacional, evaluación de puesto de trabajo, exámenes médicos, etc.) que obren en poder del organismo. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder de la institución, y por haberse desestimado respecto del requerimiento, la alegación referida a la distracción indebida de sus funcionarios, toda vez que no fue fehacientemente acreditada. Además, por cuanto el estado de pandemia que vive el país producto del Covid 19, como asimismo, una deficiente gestión documental, en ningún caso, pueden justificar la denegación de la información solicitada, ni obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso a información que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado. En aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberá tarjar previamente la identidad de los testigos contenida en la información que se ordena entregar, como todo otro dato personal que permita identificarlos - especialmente en lo referido a la evaluación de puesto de trabajo -; y asimismo, aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida y de cualquier otro dato sensible; ello en conformidad con lo dispuesto en la ley sobre protección de la vida privada y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por la Ley de Transparencia. Con todo, en el evento de no existir algunos de estos antecedentes, se deberá explicar y acreditar dicha situación en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de conformidad a la normativa aplicable en la especie. No obstante lo anterior, en consideración del estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, se concederá un plazo mayor para dar respuesta al presente requerimiento. En sesión ordinaria N° 1197 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de julio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2479-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de febrero de 2021, don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre solicitó a la SEREMI de Salud Región de Atacama la siguiente información: "Junto con saludarlos, por la presente el suscrito, en representación convencional del señor Lisandro del Carmen Araya Ibacache, cédula de identidad N° (...), solicita formalmente a vuestra institución copia de todos los antecedentes (evaluaciones, reevaluaciones, historia ocupacional, evaluación de puesto de trabajo, exámenes médicos, etc.) de mi representado que obren en poder de vuestro organismo, y especialmente aquellos relativos a: 1) La Resolución N° 1.111 de fecha 1 de marzo de 2018 de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Atacama. 2) El accidente del trabajo sufrido por mi representado con fecha 24 de octubre de 2016 mientras prestaba servicios para Codelco Salvador (...)". Adjunta mandato del titular de la información, de fecha 23 de febrero de 2021, otorgado en Notaría de Illapel de don Fernando Andrés Gomila Larsen. 2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por resolución NUM 6252, de fecha 24 de marzo de 2021, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: El 07 de abril de 2021, la SEREMI de Salud Región de Atacama respondió a dicho requerimiento de información mediante Oficio CP N° 4240, de 07 de abril de 2021, señalando, en síntesis, lo siguiente: Deniega lo pedido en esta solicitud y otras dos similares efectuadas por el mismo mandante del peticionario, fundadas en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, aduciendo que si bien se trata de requerimientos que considerados independientemente permitirían reunir lo requerido dentro del plazo legal, efectuar de manera simultánea dichas peticiones al poseer la misma fecha de vencimiento generó un conjunto que dificultó su gestión, aun habiéndose realizado por parte de esta Seremi todos los esfuerzos en tal sentido. Agrega que esta autoridad sanitaria, encomendada legalmente a ejecutar acciones de prevención de propagación de la pandemia por Covid 19, ha dado estricto cumplimiento a su obligación legal de velar por el principio de continuidad de la función pública, y en respuesta a la declaración de estado de alerta sanitaria parte de la dotación ha sido reasignada a apoyo y readecuado sus funciones compatibilizándola con modalidades de turnos o teletrabajo, situación de la que no han estado exentos los funcionarios encargados de responder este tipo de requerimientos. Por tanto, acceder a cada una de las peticiones mencionadas, dentro del plazo legal, implicaría por parte de la Unidad de Beneficios Sociales, Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Atacama, otorgarle una atención preferente atendido lo incompatible con la jornada de trabajo y sus restantes labores, desatendiendo los requerimientos de otros usuarios respecto de otras solicitudes de transparencia como también las demás labores habituales en trámites que indica, entre otras. 4) AMPARO: El 09 de abril de 2021, don Lisandro del Carmen Araya Ibacache, debidamente representado por don Juan Sebastián Riesco, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información AO042T0003416. Además, el reclamante hizo presente, en síntesis, que no resulta procedente la causal de secreto invocada, toda vez que el organismo cuenta con una plataforma computacional denominada SISESAT que le permite obtener fácilmente la información solicitada. A mayor abundamiento, se limita a señalar que no contaría con personal para dar respuesta a la solicitud, sin explicar su dotación de empleados siquiera, por lo que resulta imposible saber si esa escasez de personal es real o no. Del mismo modo, no corresponde denegar lo pedido por haber recibido el organismo otras solicitudes similares de personas ajenas al reclamante, considerando que la causal invocada atiende exclusivamente a esta solicitud y no a otras. Finalmente, el Servicio omite señalar que durante el estado de emergencia sanitaria por el COVID no se ha encontrado atendiendo público presencialmente, lo que repercute en una notoria menor carga de trabajo de los funcionarios, lo que por cierto implica una mayor disposición del personal de dicho organismo para poder dar adecuada respuesta a la solicitud, considerando que la misma no requiere presencialidad. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E9206, de 26 de abril de 2021, confirió traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud Región de Atacama, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y,(4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Mediante oficio N° 5566, de 12 de mayo de 2021, el órgano efectuó sus señalando, en síntesis, lo siguiente: Si bien el requirente señala que su petición no debe considerarse genérica ni que versa sobre un elevado número de actos administrativos y es fácilmente obtenible, ésta consiste en la copia de todas las antecedentes evaluaciones, reevaluaciones, historia ocupacional, evaluación de puesto de trabajo, exámenes médicos, entre otros, de su representado. En dicho contexto, atendido que no individualiza los documentos específicos requeridos, el funcionario encargado de responder debe iniciar el proceso de búsqueda en los archivos de la institución, existentes tanto en dependencias de Compin como de la bodega central ubicada en otro inmueble de esta ciudad. Agrega que además el solicitante indica en su amparo que la institución cuenta con la plataforma SISESAT que permite obtener fácilmente la documentación solicitada, sin embargo esto no es efectivo, puesto que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Atacama y en especial la Unidad encargada de proporcionar la documentación, no cuentan con clave de acceso a la plataforma donde tanto las mutuales, ACHS, ISL e IST ingresan las resoluciones de incapacidad de trabajadores. Toda la información se encuentra archivada en papel, conforme da cuenta el registro fotográfico anual que adjunta, la que para ser proporcionada requiere ser digitalizada en cada una de las páginas que conforman los "expedientes, evaluaciones, reevaluaciones, o cualquier otro antecedente que posea la institución de su representado", puesto que como se señaló precedentemente, no se requiere un documento específico; por lo que deniega la información conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, haciendo mención a la carga de trabajo, la dotación institucional, sus funciones y al estado de excepción constitucional de catástrofe y la pandemia del Covid 19. Luego, manifiesta que actualmente la Institución cuenta con un total de 149 funcionarios, pero para afrontar el exceso de carga laboral generado por la pandemia se ha debido recurrir a la contratación adicional y excepcional de personas bajo la modalidad de Código del Trabajo, sumándose a la fecha un total de 219 contrataciones destinadas a Estrategias de Residencias Sanitarias, Aduanas Sanitarias, Trazabilidad, Cuadrillas Sanitarias, Fiscalización, entre otras. La dotación antes mencionada debe ser analizada con un criterio de realidad en su funcionamiento, según las competencias que desempeñan cada uno. La Institución no cuenta con una Unidad destinada exclusivamente a recopilar cada uno de los requerimientos de acceso a la información que ingresan a la Institución, es el funcionario encargado del área solicitada quien debe hacerlo, siendo considerada esta función dentro de sus tareas habituales. Debe tenerse presente que contrario a lo indicado por el recurrente, en el periodo entre enero y marzo del presente año, tanto Compin como la Seremi de Salud contó con atención presencial de público, viéndose únicamente interrumpido en periodos de cuarentena, pero aun así, las personas que concurren por imposibilidad de efectuar sus trámites en modalidad on line, son y fueron atendidas, detallando la situación de los funcionarios encargados, el número de trámites, la situación del Compin, modalidades de turnos y la cantidad de solicitudes de información ingresadas durante este año. Por último agrega que la solicitud fue efectuada en un mismo periodo de tiempo de otros requerimientos del actor, - ya que ha efectuado 27 solicitudes durante este año- lo que ha afectado el funcionamiento de esta repartición pública, en especial a la Unidad y Compin que atienden necesidades urgentísimas de la comunidad, incrementando significativamente el tiempo destinado en perjuicio de los otros usuarios, impidiendo la materialización del deber establecido por la Ley N° 18.575 a los órganos de la administración del Estado, de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente. Si bien la Ley 20.585 establece la obligación de entregar la información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, esto no puede constituir un ejercicio abusivo del derecho, como lo ha reconocido jurisprudencia de este Consejo en los amparos roles C 1102-17 y C1103-17. En el caso en particular, producto de los múltiples requerimientos simultáneos efectuados por el Sr. Riesco en el periodo enero a marzo del presente año, no solo puede perjudicar al resto de solicitantes al colocarlos en una situación de desigualdad de condiciones, sino que también, le ha afectado a él mismo ante la imposibilidad de cumplir con la digitalización de este requerimiento en particular. Las solicitudes efectuadas por el Sr. Juan Riesco entre los meses de enero a marzo del presente año constituyen el 36% del total de solicitudes de acceso a la información de la institución, y están todas dirigidas a la misma Unidad, resultando una sobrecarga que necesariamente generará imposibilidad de responder todas dentro de tiempo, como ocurrió en este caso; solicitando, finalmente, si se estima procedente, disponer como medida para mejor resolver la inspección personal a las dependencias de las unidades institucionales. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama a la solicitud del reclamante que se lee en el N° 1 de lo expositivo, referida a todos los antecedentes (evaluaciones, reevaluaciones, historia ocupacional, evaluación de puesto de trabajo, exámenes médicos, etc.) del propio solicitante, que obren en poder de la SEREMI. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 3) Que, la reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, estipula que se podrá denegar la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7 N° 1 letra c) del Reglamento de la citada ley, señalando que "(...) un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 4) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. 5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva señalada en el considerando anterior, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad. 6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 7) Que, en la especie, si bien el órgano indicó el número de solicitudes de información efectuadas por el representante del requirente, la cantidad total de solicitudes ingresadas en el último período, la dotación de funcionarios de la institución y el número de ellos que se encuentra haciendo turnos, en teletrabajo, o con licencia médica; como asimismo, las distintas funciones que cumplen las diversas unidades del órgano y la carga de trabajo ante la actual situación de pandemia, cabe tener presente que el organismo no señaló, en forma específica, el número de funcionarios necesarios para recabar la documentación solicitada, ni la cantidad de días y horas para el cumplimiento de dicha labor, ni la cantidad de información que comprende el requerimiento, ni ningún otro fundamento que permita tener por acreditada, de manera fehaciente e indubitada, la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, y considerando que lo requerido se refiere a antecedentes relativos a una sola persona, este Consejo estima que las alegaciones del órgano no revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada la hipótesis prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 8) Que, asimismo, respecto a las dificultades generadas por el COVID-19, se debe señalar que este Consejo, por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, con fecha 11 de marzo de 2020, y en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, de fecha 18 de marzo de 2020. En dicho contexto, si bien se refiere a la adopción de medidas extraordinarias respecto de los plazos de cumplimiento de las obligaciones de proporcionar acceso a la información pública en el contexto de la pandemia mundial, tal como se razonó en la decisión de amparo Rol C2447-20, entre otras, en caso alguno justifica la falta de entrega de esta, ni se constituye en una causal de reserva o secreto de aquella, como ocurrió en la especie. 9) Que, a su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3 inciso primero, de la ley N° 18.575 -que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, el órgano reclamado, debió seguir lo recomendado por este Consejo en el citado Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, lo cual habría facilitado su actuar en materia de cumplimiento de acceso a la información pública, debiendo proceder a su búsqueda y entrega, dentro de un plazo prudente establecido por ellos mismos, de acuerdo con su propia realidad. 10) Que, a mayor abundamiento, a juicio de esta Corporación, contar con la información requerida debidamente sistematizada da cuenta de una debida diligencia del órgano. Luego, cabe hacer presente que el hecho de mantener sistematizada la información requerida, más que provocar una distracción indebida de las funciones del órgano, es de aquellas actividades que -precisamente- permiten rendir cuenta del correcto ejercicio de sus funciones públicas, y en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3° de la Ley N° 18.575, de 1986, del Ministerio del Interior, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Así las cosas, una deficiente gestión documental por parte de la institución reclamada, en ningún caso, puede justificar la denegación del derecho de acceso a información pública, toda vez que la falta de una política integral de automatización o digitalización en la tramitación de los documentos, con el estado actual de las tecnologías de la información, no permite fundar la imposibilidad de entrega de documentación como la requerida; por lo que la causal de reserva invocada será desestimada. 11) Que, en consecuencia, tratándose de información que obra en poder de la SEREMI, y habiéndose desestimado sus alegaciones fundadas en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada. Con todo, en el evento de no existir algunos de estos antecedentes, se deberá explicar y acreditar dicha situación en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de conformidad a la normativa aplicable en la especie. 12) Que, sin perjuicio de lo resuelto, en relación con la identidad de los presuntos testigos que pudieran contenerse en los antecedentes solicitados, especialmente en las evaluaciones de puesto de trabajo, se debe tener presente, lo resuelto por este Consejo en las decisiones de los amparos Roles C1013-13, C2782-15, C4290-16, C2146-18, C749-19,y C6404-19, entre otras, en las cuales se reservó cualquier dato o antecedente que directamente revelara la identidad de los declarantes, o que, en su caso, permitiera colegir dicha información, reconociendo que los testigos involucrados tenían una razonable expectativa de que sus declaraciones serían mantenidas en reserva, pues lo contrario implicaría que en el futuro, tanto ellos, como otras personas, se inhiban en participar en los procedimientos en los cuales fueran requeridos perjudicándose con ello el debido cumplimiento de las funciones del organismo involucrado. 13) Que, por consiguiente, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, previo a la entrega de la información pedida se deberá tarjar la identidad de los testigos contenida en la información que se ordena entregar; como todo otro dato personal que permita identificarlos.; y asimismo, todos aquellos datos personales de contexto que allí se encuentren, tales como, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, así como cualquier otro dato sensible, por estimarse que su divulgación pueda afectar los derechos de las personas titulares de los mismos de conformidad a los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada; y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. 14) Que, finalmente, cabe señalar que no obstante a que en conformidad a lo dispuesto en el punto 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, la entrega de información que contenga datos personales del requirente será presencial a su titular o a quien lo represente en conformidad a la normativa vigente, atendido el actual contexto de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe producto de la pandemia mundial que afecta al país, se le recomienda al órgano acceda a la entrega de la información por medio alternativo a la entrega personal o por medio de representante. A modo, meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad por mecanismos telemáticos. 15) Que, atendido lo resuelto precedentemente, respecto de la solicitud del órgano en el sentido de que se decrete la inspección personal como medida para mejor resolver, atendida la suficiencia de los antecedentes para resolver el presente amparo, ésta será desestimada. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Lisandro del Carmen Araya Ibacache, representado por don Juan Sebastián Riesco, en contra de la SEREMI de Salud Región de Atacama, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud Región de Atacama, lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante: copia de todos los antecedentes relativas a su persona, como son evaluaciones, reevaluaciones, historia ocupacional, evaluación de puesto de trabajo, exámenes médicos, etc., que obren en poder del organismo, incluida la resolución N° 1.111, de 1° de marzo de 2018, de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Atacama y el accidente del trabajo sufrido el 24 de octubre de 2016 mientras prestaba servicios para Codelco Salvador. En aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, previo a la entrega de la información se deberá tarjar la identidad de los testigos contenida en la información que se ordena entregar; como todo otro dato personal que permita identificarlos (especialmente en las evaluaciones de puesto de trabajo); como asimismo, todos aquellos datos personales de contexto que allí se encuentren, tales como, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, así como cualquier otro dato sensible, ello de conformidad a los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada; y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. Con todo, en el evento de no existir algunos de estos antecedentes, se deberá explicar y acreditar dicha situación en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de conformidad a la normativa aplicable en la especie. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Recomendar a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud Región de Atacama, que en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia a consecuencia del COVID-19, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252, de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, realice la entrega efectiva de lo solicitado al titular de la información o su apoderado, por un medio alternativo a la entrega de manera presencial. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos, según corresponda. IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al representante de don Lisandro del Carmen Araya Ibacache representado por don Juan Sebastián Riesco; y a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud Región de Atacama. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.