Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2620-21

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Reclamante:	MIGUEL ANGEL CASAS QUINTANA
Reclamado:	ESTADO MAYOR CONJUNTO
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra del Estado Mayor Conjunto, ordenando la entrega de la información correspondiente al nombre completo del funcionario responsable de controlar el uso de estacionamientos de la SS.FF.AA. Lo anterior, por cuanto, se trata de información que obra a disposición del órgano reclamado, desestimándose, en consecuencia, la alegación de inexistencia en su poder esgrimida. Aplica criterio contenido en las decisiones Roles C457-10, C790-11, C1556-12, C4305-16 y C1130-17. Con todo, en el evento de no obrar a disposición del órgano el antecedente solicitado, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10. A su vez, se ordena al órgano que, una vez agotada la búsqueda sin resultados positivos, proceda derivar la solicitud de acceso a la información a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/30/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3691-17 C3692-17 C790-11 C1179-11 C1556-12 C409-13 C457-10 C4305-16 C1130-17
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Transparencia activa >> Marco normativo aplicable >> Otros
Descriptores analíticos:	Defensa

DECISIÓN AMPARO ROL C2620-21   Entidad pública: Estado Mayor Conjunto Requirente: Miguel Ángel Casas Quintana Ingreso Consejo: 13.04.2021 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra del Estado Mayor Conjunto, ordenando la entrega de la información correspondiente al nombre completo del funcionario responsable de controlar el uso de estacionamientos de la SS.FF.AA. Lo anterior, por cuanto, se trata de información que obra a disposición del órgano reclamado, desestimándose, en consecuencia, la alegación de inexistencia en su poder esgrimida. Aplica criterio contenido en las decisiones Roles C457-10, C790-11, C1556-12, C4305-16 y C1130-17. Con todo, en el evento de no obrar a disposición del órgano el antecedente solicitado, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10. A su vez, se ordena al órgano que, una vez agotada la búsqueda sin resultados positivos, proceda derivar la solicitud de acceso a la información a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. En sesión ordinaria N° 1202 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de julio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2620-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de marzo de 2021, a través de Resolución Exenta N° 1330, del 17 de marzo de 2021, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas derivó parcialmente la solicitud de don Miguel Ángel Casas Quintana al Estado Mayor Conjunto, respecto de la siguiente información: "2.- Nombre completo del funcionario responsable de controlar el uso de estacionamientos de la SS.FF.AA. 4- Informar hora de cierre y apertura de la puerta de acceso ubicada en la calle portada de guías, al edificio Ministerial de Alameda 1170 durante el año 2020". 2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por carta de fecha 13 de abril de 2021, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: El 13 de abril de 2021, a través de carta N° 6803/833, el Estado Mayor Conjunto respondió al requerimiento, indicando que, en relación con el numeral 2, hace presente que el organismo no es el responsable del uso de los estacionamientos, ya que, si bien controla el acceso mediante la guardia militar, la asignación y uso corresponde a la SS.FF.AA. Precisa que no cuenta con el nombre del funcionario responsable de controlar el uso de los estacionamientos de dicha Subsecretaría. Tratándose del numeral 4, informa que el horario de cierre y apertura de dicha puerta en tiempo de normalidad funciona en horarios de oficina, no pudiendo hacer entrega de los horarios específicos y extraordinarios, debido a que ello afecta la seguridad militar del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, y la seguridad del personal que compone la guardia del recinto y sus dependencias. Agrega que concurre la causal del artículo 436 del Código de Justicia Militar en todo aquello cuyo contenido se relacione directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros, estableciendo en el numeral 2: "Los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia". Finalmente, precisa que hacer público el horario concreto de apertura y cierre del acceso de ciertas instalaciones del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, a través de un documento formal a terceros, afectaría de manera concreta, específica, cierta, directa y probable la seguridad militar del recinto, por cuanto, develaría información sensible respecto de la rutina del funcionamiento de la unidad y del desplazamiento del personal componente de la guardia del recinto, en relación con las medidas que afectan la seguridad militar y personal. 4) AMPARO: El 13 de abril de 2021, don Miguel Ángel Casas Quintana dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. Además, el reclamante hizo presente que, en el marco de un proceso sumarial, solicitó a la SS.FF.AA., entre otros, el nombre del responsable del estacionamiento del Ministerio de Defensa y dicho requerimiento fue derivado al Estado Mayor Conjunto, por corresponderle la respuesta, sin embargo, el Estado Mayor Conjunto, indica que el responsable y quien debe entregar esa respuesta es la SS.FF.AA., razón por la cual, no ha logrado acceder a la información requerida. Señala que ambos organismos responden que no son responsables de los estacionamientos, y con ello, no obtiene la información que requiere. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa de Chile, mediante Oficio E9205, de 3 de mayo de 2021, solicitando que: (1°) se refiera específicamente a los motivos por los cuales señaló que la información requerida no obraba en su poder; (2°) en caso de no obrar en su poder la información requerida, señale si era procedente aplicar el procedimiento de derivación establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia; (3°) de ser así, remita copia de la derivación y del comprobante de notificación de la misma ante el órgano derivado. Mediante Oficio N° 6803/1011/CPLT, de fecha 6 de mayo de 2021, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que la información no obra en su poder, en atención a que no es su tarea o función la designación del funcionario responsable de controlar el uso de los estacionamientos de la SS.FF.AA., lo que se indicó en la respuesta. Indica que, la Ley N° 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, en su artículo 25, establece que: "Estado Mayor Conjunto es el organismo de trabajo y asesoría permanente del Ministro de Defensa Nacional en materias que tengan relación con la preparación y empleo conjunto de las Fuerzas Armadas", y no con la gestión de los asuntos y procesos administrativos que el Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas requieran para el desarrollo de la fuerza y el cumplimiento de sus funciones. Así, la labor de administrar y mantener equipos, infraestructura y bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Defensa Nacional, son funciones propias que le corresponden a la SS.FF.AA., tal como lo dispone el artículo 21, letra p), de la Ley N° 20.424, y el artículo 25 del Decreto 248, Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ministerio de Defensa Nacional. Indica que, por otra parte, se observa que en la respuesta que la SS.FF.AA. le dio al solicitante, a través de Resol. Ex. 1330 de 17 de marzo de 2021, se hizo entrega de copia del "Procedimiento de Asignación y Uso de Estacionamientos de abril de 2018" y "Reglamento Interno de Higiene y Seguridad". En el procedimiento de asignación de calzos, cuya copia anexa, en la hoja número 3 "Administración de Estacionamientos", se expresa que: "La administración y control de los estacionamientos, se efectuará conforme los siguientes lineamientos: - El Jefe del Departamento Servicios Generales, contará con el apoyo ejecutivo del Encargado de la Sección Transporte. - La Sección Transporte mantendrá actualizado el catastro o registro de asignación de estacionamientos que efectúen los organismos del Ministerio de Defensa Nacional (Gabinete MDN, Subsecretaría de Defensa, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Estado Mayor Conjunto, Defensa Civil, Corte Marcial, Ministerio público Militar, CODEFEN)". Con lo anterior, se evidencia que no es tarea o labor del Estado Mayor Conjunto la designación del funcionario responsable de controlar el uso de estacionamientos de la SS.FF.AA. En relación con la pertinencia de la aplicación del proceso de derivación del artículo 13 de la Ley de Transparencia, indica que no era procedente, por cuanto la información requerida, a su juicio y conforme lo expuesto, se encuentra en poder del órgano que efectuó la derivación parcial al Estado Mayor Conjunto. Y CONSIDERANDO: 1) Que, según se desprende de lo expuesto en el número 4 de la parte expositiva, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información correspondiente al nombre completo del funcionario responsable de controlar el uso de estacionamientos de la SS.FF.AA. El órgano requerido, por su parte, manifiesta que la información no obra en poder del Estado Mayor Conjunto, en atención a que no es su tarea o función la designación del funcionario responsable de controlar el uso de los estacionamientos. 2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. 3) Que, respecto de la alegación formulada por el órgano, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada en poder del órgano requerido constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, debiendo acreditarla fehacientemente. 4) Que, en este sentido, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación: "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregados). 5) Que, en este caso, del análisis de los antecedentes, y según se desprende del marco normativo descrito por el órgano reclamado, este Consejo comparte la conclusión referida a que no es una tarea o función del Estado Mayor Conjunto la designación del funcionario responsable de controlar el uso del estacionamiento consultado, argumento que, en principio, permitiría fundar la circunstancia de hecho de inexistencia de la información en poder del órgano. Sin embargo, es del caso considerar que el antecedente requerido se refiere a la administración de los estacionamientos en cuestión, por lo cual, se debe considerar que del "Procedimiento de Asignación y Uso de Estacionamientos de abril de 2018", acompañado por el órgano, se desprende que la administración y utilización de los estacionamientos en comento, implica un actuar coordinado entre las distintas entidades que desarrollan sus labores en el edificio del Ministerio de Defensa Nacional, estableciéndose, por ejemplo, que: "La Sección Transporte mantendrá actualizado el catastro o registro de asignación de estacionamientos que efectúen los organismos del Ministerio de Defensa Nacional (Gabinete MDN, Subsecretaría de Defensa, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Estado Mayor Conjunto, Defensa Civil, Corte Marcial, Ministerio público Militar, CODEFEN)"; "El encargado de la Sección de Transportes, permanentemente, deberá coordinar con sus pares de los restantes organismos, para mantener actualizado el registro de asignación de calzos"; "Tanto de manera individual como coordinada con los otros encargados de estacionamientos del MDN, se deberá en forma periódica y/o excepcional, apoyar al personal de guardia en el control de ingreso vehicular" (énfasis agregados). 6) Que, en consecuencia, a juicio de este Consejo, es posible concluir que, si bien no es una tarea del Estado Mayor Conjunto la designación del funcionario responsable de controlar el uso del estacionamiento consultado, se trata de un antecedente que se encuentra bajo su disposición, resultando por ello procedente que se pronuncie sobre su entrega, o en su defecto, se refiera a que no obra a su disposición. Lo anterior, se ve reforzado por el hecho de que, como reconoce el órgano reclamado en su respuesta, aquel controla el acceso mediante la guardia militar, labor que permite presumir la necesidad de relacionamiento con quien administra el estacionamiento en cuestión. Al respecto, cabe tener presente el criterio sostenido por este Consejo, a partir de las decisiones de amparos Roles C457-10, C790-11, C1556-12, C4305-16 y C1130-17, respecto de que el alcance de la expresión "obrar en poder" no debe limitarse únicamente a la información existente físicamente en las dependencias de un órgano de la Administración del Estado, sino que, también comprende aquella que éste mantiene bajo su órbita de control o bajo su disposición, por ejemplo, en virtud de sus facultades de supervigilancia, control y fiscalización. Dicho criterio ha sido ratificado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en las sentencias recaídas en los reclamos de Ilegalidad Roles N° 9.294-2014; N° 9.103-2015; N° 11.118-2015; y, N° 4.865-2017. Asimismo, el criterio fue ratificado por la Excelentísima Corte Suprema, en sentencia que rechazó el Recurso de Queja Rol N° 44.959-2017. Bajo esta lógica, se concluye que, aun cuando la reclamada ha explicado que la información requerida no obra en su poder, aquella puede encontrarse a su disposición. 7) Que, por otra parte, no se debe soslayar el hecho de que la solicitud de acceso a la información que funda el presente amparo en principio fue formulada ante la SS.FF.AA., la cual la derivó al Estado Mayor Conjunto. 8) Que, en consideración de lo anterior, y tratándose lo solicitado de información de naturaleza pública, al alero de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8 de la Carta Fundamental, que puede estar a disposición del órgano reclamado, en alguno de los soportes documentales consignados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de la información requerida. No obstante, en el evento de no estar a disposición del órgano el antecedente cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. 9) Que, con todo, en el evento de que dicha información no obrare a disposición del organismo, se deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando circunstanciadamente las razones que lo justifiquen. A su vez, se ordenará que, una vez agotada la búsqueda sin resultados positivos, el órgano derive la solicitud a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Miguel Ángel Casas Quintana en contra del Estado Mayor Conjunto, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa de Chile, lo siguiente: a) Entregue al reclamante el nombre completo del funcionario responsable de controlar el uso de estacionamientos de la SS.FF.AA. Con todo, en el evento de no obrar a disposición del órgano el antecedente antes indicado, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10. b) Si efectuada la búsqueda respectiva no obtuviera resultados positivos, derive la solicitud de acceso a la información a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. c) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. d) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Miguel Ángel Casas Quintana y al Sr. Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.