Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2633-21

Reclamante:	GERALDINE GONZALEZ MUÑOZ
Reclamado:	SEREMI DE SALUD REGIÓN DE COQUIMBO
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la SEREMI de Salud Región de Coquimbo, ordenando la entrega de los antecedentes donde consten los fundamentos de las fiscalizaciones realizadas entre enero y febrero del presente año al local comercial consultado; tarjado cualquier antecedente que permita identificar a los denunciantes. Con todo, en caso de que su entrega no permita aplicar el principio de divisibilidad, se deberá explicar fundadamente dicha circunstancia en sede de cumplimiento. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública que forma parte de un expediente sanitario de fiscalización de un local comercial cuyo titular es la propia reclamante. Por su parte, se rechaza la entrega de la identidad de los denunciantes; fundado en que su publicidad podría conllevar que en el futuro, las personas que pretenden formular denuncias ante los órganos de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas, impidiendo con ello que aquellos cuenten con un insumo relevante para efectuar las fiscalizaciones necesarias, afectando el debido cumplimiento de sus funciones. Cita jurisprudencia amparos roles C520-09, C302-10 y C2697-16, entre otros.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/30/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C520-09 C1514-12 C2697-16 C302-10
Jurisprudencia a:	C5186-22
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DECISIÓN AMPARO ROL C2633-21   Entidad pública: SEREMI de Salud Región de Coquimbo Requirente: Geraldine Gonzalez Muñoz Ingreso Consejo: 13.04.2021 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la SEREMI de Salud Región de Coquimbo, ordenando la entrega de los antecedentes donde consten los fundamentos de las fiscalizaciones realizadas entre enero y febrero del presente año al local comercial consultado; tarjado cualquier antecedente que permita identificar a los denunciantes. Con todo, en caso de que su entrega no permita aplicar el principio de divisibilidad, se deberá explicar fundadamente dicha circunstancia en sede de cumplimiento. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública que forma parte de un expediente sanitario de fiscalización de un local comercial cuyo titular es la propia reclamante. Por su parte, se rechaza la entrega de la identidad de los denunciantes; fundado en que su publicidad podría conllevar que en el futuro, las personas que pretenden formular denuncias ante los órganos de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas, impidiendo con ello que aquellos cuenten con un insumo relevante para efectuar las fiscalizaciones necesarias, afectando el debido cumplimiento de sus funciones. Cita jurisprudencia amparos roles C520-09, C302-10 y C2697-16, entre otros. En sesión ordinaria N° 1202 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de julio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2633-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de marzo de 2021, doña Geraldine González Muñoz solicitó a la SEREMI de Salud Región de Coquimbo la siguiente información: "(...) entregar antecedentes de, la o las denuncias recibidas y que han significado una fiscalización de esta entidad a mi comercio; Fiscalizaciones realizadas entre enero y febrero del presente año. Se requiere la individualización del, la o los denunciantes como así mismo, los fundamentos expuestos para solicitar las fiscalizaciones que esta entidad (Seremi Salud Coquimbo) ha llevado a cabo. El comercio fiscalizado es "Kiosco el Mirador" ubicado en José Joaquín Perez altura del 3700 (Plaza Mirador) - Run: (...) Nombre: Geraldine Gonzalez Muñoz. (Énfasis agregado) 2) RESPUESTA: El 12 de abril de 2021, la SEREMI de Salud Región de Coquimbo respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución exenta N° 0903, de 09 de abril de 2021, señalando, que se deniega lo pedido por oposición del tercero interesado en virtud de la facultad que le concede el artículo 20 de la Ley de Trasparencia; quedando impedida de hacer entrega de dicha información. 3) AMPARO: El 13 de abril de 2021, doña Geraldine González Muñoz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Además, la reclamante hizo presente, en lo pertinente, en síntesis, que la citada institución equivoca su apreciación al señalar que la información solicitada vulnera los derechos de un tercero, que en este caso, sería el, la o los denunciantes. "(...) La entidad fiscalizadora cometió faltas y/o errores administrativos dado que, en primera instancia realizó fiscalización a nuestro comercio sin dejar el acto o informe respectivo y, en una segunda fiscalización cuando se le consulta directamente si el motivo de la fiscalización obedece a una denuncia, el personal a cargo lo niega, señalando que es un procedimiento general, pero como consta en acta de fiscalización, esta se produce como consecuencia de una denuncia (...)". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, y mediante Oficio N° E9484, de 30 de abril de 2021, confirió traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a el tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante Ordinario N° 1105, de 12 de mayo de 2021, el órgano efectuó sus descargos, reiterando lo señalado con ocasión de su respuesta y agregando que revisada la plataforma de Oficina de informaciones, reclamos y sugerencias (OIRS) el local ha sido objeto de una denuncia. Por ordinario N° 1174, de 24 de mayo de 2021, remitió los datos de contacto del tercero involucrado y los antecedentes de notificación y respuesta ante el órgano. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero interesado, mediante Oficio N° E12193, de 03 de junio de 2021. Por correo electrónico de fecha 16 de junio de 2021, el tercero involucrado efectuó sus descargos, señalando, que tal como sostuvo ante la Seremi, en la especie, concurren las causales de reserva consagradas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, en congruencia con lo dispuesto en el artículo 2° letra f) y letra g) y artículo 4°, de la Ley 19.628, sobre Protección de la vida privada. Cita jurisprudencia de este Consejo sobre la reserva de las personas que efectúan denuncias ante los órganos de la Administración del Estado. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la denegación por parte de la SEREMI de Salud Región de Coquimbo de la solicitud que se transcribe en el N° 1) de lo expositivo, relativa a la identidad de los denunciantes y a los fundamentos que habrían originado las fiscalizaciones al local comercial de la reclamante en las fechas indicadas. Al efecto, el órgano denegó dicha información fundada en la oposición ejercida por el tercero interesado en virtud del procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; quien siendo emplazado en esta sede reiteró su negativa a la entrega fundada en las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 2, de la precitada Ley. 2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 3) Que, en primer lugar, respecto de la identidad de los denunciantes, cabe precisar que este Consejo ha razonado, a partir de las decisiones recaídas en los amparos roles C520-09, C302-10 y C2697-16, entre otras, que ante solicitudes de información referidas al nombre de las personas que han efectuado denuncias ante organismos públicos, cabe resguardar la identidad del denunciante, a fin de evitar la afectación de bienes jurídicos, tales como su seguridad y su vida privada, y que éstos se "(...) inhiban de realizar futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración, (...) realicen las fiscalizaciones necesarias que surgen de dichas denuncias (...)" (considerando 7° de la decisión del amparo rol C520-09). En efecto, la entrega de la identidad de los denunciantes puede conllevar a que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas, impidiendo con ello que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta, y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos establecidos en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, respecto de esta información se rechazará el presente amparo. 4) Que, en segundo lugar, en lo que atañe a los fundamentos de las denuncias que originaron las fiscalizaciones consultadas, cabe precisar que según señaló el organismo existió una denuncia en tal sentido; la cual, si bien en la medida que se encuentre contenida en un expediente sanitario es presumiblemente pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, máxime si dice relación con un local comercial cuya titular es la propia reclamante; sin embargo, se debe tener presente lo razonado por este Consejo en el amparo C1514-12, entre otros, en orden a que es "reservada aquella información que permita identificar la persona del denunciante, toda vez que con su divulgación, se afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, circunstancia que a su vez ha sido recogida como hipótesis de reserva por el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia". Por tanto, en mérito de lo expuesto, se acogerá el amparo en este parte y se ordenará la entrega de la información requerida; tarjado cualquier antecedente que permita identificar a los denunciantes; ello en virtud del principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e), de la Ley de Transparencia. Con todo, en caso de que su entrega no permita aplicar divisibilidad dicha circunstancia se deberá explicar fundadamente en sede de cumplimiento. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Geraldine González Muñoz en contra de la SEREMI de Salud Región de Coquimbo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo lo siguiente; a) Hacer entrega a la reclamante los antecedentes donde consten los fundamentos de la denuncia que originaron las fiscalizaciones realizadas entre enero y febrero del presente año al "Kiosco el Mirador", tarjado cualquier antecedente que permita identificar a la parte denunciante; ello en virtud del principio de divisibilidad establecido en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia. Con todo en caso de que su entrega no permita aplicar divisibilidad, dicha circunstancia se deberá explicar fundadamente en sede de cumplimiento. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo respecto de la identidad de los denunciantes de las fiscalizaciones consultadas por concurrir la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia; en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Geraldine González Muñoz; a Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud Región de Coquimbo y al tercero interesado. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.