Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2693-21

Reclamante:	JORGE SERANI MOSTAZAL
Reclamado:	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, ordenando la entrega de las comunicaciones en que el Secretario Municipal de Papudo le envía al Servicio reclamado copia, con respaldo digital, de los Registros Públicos de la Junta de Vecinos de Punta Puyai y del Directorio de la misma, con indicación de los nombres de estos últimos. Lo anterior, por cuanto, se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual se desestima la concurrencia de la causal de reserva o secreto de afectación de derechos de terceros, al no haberse justificado ni acreditado los presupuestos de procedencia de dicha causal, considerando, además, que el nombre de quienes componen el Directorio de las Juntas de Vecinos es un antecedente público, por mandato legal. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto, distintos del nombre, que se contengan en la información cuya entrega se ordena, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/30/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C983-13 C220-21
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
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DECISIÓN AMPARO ROL C2693-21   Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación Requirente: Jorge Serani Mostazal Ingreso Consejo: 15.04.2021 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, ordenando la entrega de las comunicaciones en que el Secretario Municipal de Papudo le envía al Servicio reclamado copia, con respaldo digital, de los Registros Públicos de la Junta de Vecinos de Punta Puyai y del Directorio de la misma, con indicación de los nombres de estos últimos. Lo anterior, por cuanto, se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual se desestima la concurrencia de la causal de reserva o secreto de afectación de derechos de terceros, al no haberse justificado ni acreditado los presupuestos de procedencia de dicha causal, considerando, además, que el nombre de quienes componen el Directorio de las Juntas de Vecinos es un antecedente público, por mandato legal. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto, distintos del nombre, que se contengan en la información cuya entrega se ordena, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. En sesión ordinaria N° 1202 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de julio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2693-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de marzo de 2021, don Jorge Serani Mostazal solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación la siguiente información: "En relación a la Junta de Vecinos de Punta Puyai, Papudo, RUT 65.069.362-0 constituida el 30 de Marzo de 2013 e inscrita con el número 163-439 (...): - Copia de las últimas 24 comunicaciones (a contar de marzo 2019) en que el Secretario Municipal de Papudo le envía al Registro Civil e Identificación copia, con respaldo digital, de los Registros Públicos de la Junta de Vecinos de Punta Puyai. - Copia de las últimas 24 comunicaciones (a contar de marzo de 2019) en que el Secretario Municipal de Papudo le envía al Registro Civil e Identificación copia, con respaldo digital, del nombre de los Directivos de la Junta de Vecinos de Punta Puyai". 2) RESPUESTA: El 14 de abril de 2021, a través de Carta UTSI N° 2336, el Servicio de Registro Civil e Identificación respondió al requerimiento, indicando que mantiene tanto la información de las entidades constituidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, como de aquellas que obtuvieron su personalidad jurídica ante el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos y Secretarías Municipales, las cuales han sido inscritas en el Registro como consecuencia del proceso de migración establecido en la citada ley. En cuanto al cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 6 del Decreto Supremo N° 58, del año 1977, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, recientemente modificado por la Ley N° 21.146, del año 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que Modifica Diversos Cuerpos Legales, con el objetivo de simplificar el Procedimiento de Calificación de las Elecciones de las Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias y en lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Supremo N° 84, del año 2013, del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, que aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, que en síntesis indican que para mantener actualizado este Registro, se requiere que los secretarios municipales informen y remitan mensualmente al Servicio una copia, con respaldo digital, de los registros públicos donde constan las inscripciones de constitución, modificación o disolución de las Juntas de Vecinos, Uniones Comunales de las mismas y demás Organizaciones Comunitarias, que se constituyeren en su territorio, señala lo siguiente: - La remisión de las solicitudes de inscripciones que dicen relación con la constitución, modificación y disolución de Juntas de Vecinos, Uniones Comunales de las mismas y demás Organizaciones Comunitarias, relacionadas con la Municipalidad de Papudo y demás municipalidades distribuidas a largo del país, son informadas diariamente, o según corresponda a cada organización, al Servicio, mediante la presentación e ingreso a las Oficinas distribuidas en todo el territorio nacional del formulario establecido para estos efectos, y de la documentación fundante que sustenta la solicitud de inscripción, en consecuencia, la inscripción de dichos actos, no se formaliza mensualmente como podría erróneamente interpretarse del articulado mencionado, sino que se realiza diariamente. - La remisión mensual mencionada (antes semestral), dice relación con una remisión de un respaldo digital que condensa la información de las solicitudes de inscripciones que se han realizado en el Servicio durante ese lapsus de tiempo, a través de una planilla u oficio, respaldos que han recepcionado por parte de la Municipalidad de Papudo según el documento que anexan, en donde se consolidan los oficios y la parte de la planilla correspondiente a los datos de la persona jurídica registrada como Junta de Vecinos Punta Puyai, con datos que han sido tarjados, tales como el RUN y domicilio, que han sido calificados como datos personales por parte de este Consejo, como consta en la decisión de amparo Rol C983-13, entre otras, en concordancia con la Ley N° 19.628. Finalmente, hace presente que, se trata de la misma información que la secretaría municipal publica en su sitio web, conforme al artículo 6: "a) Agrégase, en su inciso primero, después de la frase "llevarán un registro público,", lo siguiente: "que además estará disponible en la página web institucional, resguardando los datos personales en virtud de la ley N° 19.628". 3) AMPARO: El 15 de abril de 2021, don Jorge Serani Mostazal dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la recepción de respuesta incompleta o parcial. Además, el reclamante hizo presente que se entregó la información, pero tarjando los nombres de los integrantes de los Directorios de las Junta de Vecinos de Punta Puyai, basándose en el considerando 6° de la decisión de amparo Rol C983-13. Explica que en dicho considerando se protege el RUT, domicilio, teléfonos y correos electrónicos, pero no el nombre del Director. Indica que el artículo 58 de la Ley N° 19.418 señala que las municipalidades llevarán un registro público, que además estará disponible en la página web institucional, resguardando los datos personales. Agrega que el objetivo del requerimiento es comprobar si la información que publica la Municipalidad de Papudo es la misma que entrega al Servicio del Registro Civil, por lo que, la censura que hace el Servicio impide hacer esa comparación. Señala que no hay reparo en cuanto a la censura de otros datos de los directivos tales como su RUT. 4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Este Consejo mediante Oficio E9984, del 10 de mayo de 2021, solicitó al reclamante que: (1°) aclare si accedió al link proporcionado en el Of. Ord. SEC N° 016/2021, de 1 de marzo de 2021 que acompaña a su amparo, específicamente a la sección "Descargar Registros de Organizaciones-Marzo 2021", y en caso de haber presentado algún inconveniente con ello, indíquelo expresamente; (2°) en caso de ser haber accedido, señale si los antecedentes publicados satisfacen o no su requerimiento; y, (3°) en el evento de manifestar su disconformidad con los antecedentes ahí dispuestos, aclare la infracción cometida por el órgano reclamado, especificando qué información de la solicitada, no le ha sido proporcionada. A través de correo electrónico de fecha 10 de mayo de 2021, el reclamante manifestó que recibió la respuesta del Registro Civil, junto a un anexo, pero totalmente incompleta (Nombre Directivos tarjados). Mediante correo electrónico del 18 de mayo de 2021, este Consejo solicito al reclamante complementar lo expuesto, en el sentido de referirse específicamente a lo requerido en el oficio de subsanación. Dicha petición fue respondida por correo electrónico del 19 de mayo de 2021, en el que el solicitante señaló que: "En respuesta a mi requerimiento AK002T0016074 el Servicio de Registro Civil me hizo llegar el 14 de Abril su respuesta al mismo conteniendo dos Archivos PDF, uno que se llama Respuesta_usuario_K16074 y el segundo Anexo_AK-16074 (Se adjunta email). A su vez en el segundo de los archivos venía el Ord. SEC N° 016 del Secretario Municipal de Papudo. Se adjunta. Si UD. se fija con detención a partir de la página 10 de dicho oficio TODOS los nombres de los Directivos están Censurados, lo que entre otras cosas no se ajusta a lo dispuesto al D.L 58 sobre organizaciones civiles". 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante Oficio E10859, de 21 de mayo de 2021, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en caso no existir inconvenientes para la entrega de la información solicitada ni causal de reserva aplicable, remita la misma a la parte reclamante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, tarjando previamente los datos personales de terceros que pudiere contener, como por ejemplo, el número de cédula nacional de identidad u otro dato personal de contexto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Mediante Ord. N° 424, de fecha 10 de junio de 2021, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, manifiesta que la solicitud dice relación con el envío de comunicaciones que el Secretario Municipal debe remitir al Servicio para mantener la actualización del Registro Nacional de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro (en adelante "el Registro"), en cuanto a la constitución, modificación o disolución de las Juntas de Vecinos de su territorio, por lo que, el requerimiento no fue posible satisfacerlo sólo con la información que por ley está obligado a certificar el Servicio, esto es, tanto la vigencia de una persona jurídica sin fines de lucro, como la composición de sus órganos de dirección y administración, razón por la cual no se hizo mención a esta vía en la respuesta. En el evento que el requerimiento solo se hubiere basado en la información referida a la vigencia de la Junta de Vecinos Punta Puyai, la respuesta hubiera sido que la vía es la obtención de los certificados que el Servicio emite de manera gratuita, y no la Ley de Transparencia. Sin embargo, se requiere la remisión de documentos que emanan del Secretario Municipal al Servicio, comunicaciones que contienen información personal y sensible de personas naturales, y por tanto, no puede ser entregada mediante el ejercicio de las potestades que entrega la Ley N° 20.285, por infracción a las normas de la Ley N° 19.628. Por tanto, el Servicio ha entregado la documentación dando cumplimiento a la normativa de acceso a la información púbica, a la que regula la protección de datos personales y a la Instrucción General N° 10 de este Consejo. Explica que el SRCeI debe certificar respecto del Registro, las organizaciones que lo integran, su vigencia y la composición de sus órganos de dirección y administración, mediante la emisión de los certificados gratuitos, sólo con el número de inscripción de la persona jurídica sin fines de lucro. Por ello, la información solicitada ha sido remitida en la forma y con los resguardos que le permiten al Servicio dar cumplimiento a la protección y tratamiento de datos personales y sensibles, lo que no obsta a que el interesado pueda complementar la misma con la información que consta en los certificados aludidos, que en el caso concreto, corresponden a la vigencia y órganos directivos de la persona jurídica por la que consulta. En lo que respecta específicamente a la entrega con datos tarjados en la información requerida, que viene a ser el fundamento del amparo, precisa que la vía para acceder a ella de manera íntegra es la emisión de los certificados respectivos. Recuerda que el Decreto N° 58, de 1997 que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, dispone en su artículo 6: "Será obligación de las municipalidades enviar mensualmente al Servicio de Registro Civil e Identificación una copia con respaldo digital de los registros públicos señalados en los incisos primero y segundo de este artículo, para efectos de mantener actualizado el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro", y que: "La municipalidad deberá otorgar, a quienes lo soliciten, copia autorizada de los estatutos, de las inscripciones y demás anotaciones practicadas en los registros públicos de organizaciones y directivas previstos en este artículo, las que serán de costo del solicitante". En el sentido expuesto resulta aplicable el criterio establecido en reiterada jurisprudencia de este Consejo, en cuanto a que si es posible acceder a una información contenida en un registro público, a través de las copias de las respectivas inscripciones y anotaciones, la vía idónea es requerir los certificados y copias autorizadas de las inscripciones y demás anotaciones a las municipalidades, las que serán de costo del solicitante, de conformidad al artículo 6 citado, o en su defecto, solicitar el certificado respectivo al Servicio, no siendo en ningún caso la vía idónea para acceder a la referida información la Ley de Transparencia. Por su parte, la Ley N° 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública en su artículo 8 señala que: "Existirá un Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, a cargo del Servicio del Registro Civil e Identificación. La información contenida en el Registro se actualizará sobre la base de documentos autorizados por las municipalidades y demás órganos públicos que indique el reglamento. Será obligación de tales organismos remitir esos documentos al Registro, a menos que el interesado solicitare formalmente hacer la inscripción de manera directa". Por ello, el Servicio certifica gratuitamente la vigencia de las personas jurídicas sin fines de lucro registradas a través del "Certificado de Vigencia", y la composición de sus órganos de dirección y de administración por medio del "Certificado de Directorio", con las menciones señaladas en el artículo 12 del Reglamento y las fijadas por la Resolución Exenta N° 343, de fecha 7 de noviembre de 2017, del Director Nacional del SRCeI, y conforme a la información actualizada que contenga el Registro, haciendo presente que la información proporcionada corresponde a la última actualización comunicada, indicando su fecha y que fuera aportada por el Ministerio de Justicia o las Municipalidades del país, en este caso particular con fecha de directorio 17 de septiembre de 2018, de acuerdo a la última actualización comunicada, conforme Certificado de Directorio de Persona Jurídica sin fines de lucro que puede obtenerse gratuitamente en la página del Servicio. En mérito de los certificados mencionados, se entrega a la comunidad, respecto al directorio: La fecha de la última elección directiva, la duración de la directiva, el cargo, nombre y R.U.N. del (de la) respectivo/a Presidente, Secretario y Tesorero de la Persona Jurídica sin Fines de Lucro. En consecuencia, las comunicaciones solicitadas se tratan de documentos que sólo son remitidos al Servicio, a fin de mantener actualizado el Registro, para la emisión de los certificados que por Ley ha de emitir a requerimiento de los interesados. Por ello, la autoría, propiedad, veracidad y completitud de dichas comunicaciones, recae en la Municipalidad respetiva. Respecto del argumento esgrimido por el requirente en su amparo, respecto a que los nombres requeridos no serían datos personales objetos de protección, recuerda que el nombre es un atributo de la personalidad, es decir, una cualidad que poseen los seres humanos y que los diferencian de los demás siendo esenciales e inherentes a cada persona, como tal existe el deber constitucional de protegerlo. A mayor abundamiento, es posible señalar que hoy en día se concibe al nombre como un derecho fundamental de la persona, especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 7.1 y 8.1) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 24.2). En este sentido el Servicio, respecto del dato personal nombre de los integrantes del Directorio de la Junta de Vecinos Punta Puyai, solicitado por el requirente, invoca las causales de reserva contempladas en los números 2 y 5 del artículo 21 la Ley de Transparencia. Cita la decisión de amparo, del 27 de abril de 2021, Rol C220-21, en la que se habría refundado el carácter de dato personal del nombre, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 2, letras f) y g), 4, 7 y 10 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, estableciendo: "que en el evento que en la base de datos cuya entrega se ordena, consten datos de carácter personal (...) tales como, por ejemplo, nombre, número de cédula de identidad, domicilio, teléfono, diagnostico o patología médica u otro dato personal de contexto o sensible, deberán ser previamente tarjados, por estimar que su divulgación afecta los derechos de las personas". La entrega que se ha verificado al requirente en este caso ha cumplido cada uno de los parámetros establecidos en aquella decisión. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la entrega incompleta o parcial de la información requerida, toda vez que, aquella fue proporcionada tarjando los nombres de los integrantes de los Directorios de las Junta de Vecinos de Punta Puyai. El órgano reclamado manifiesta que ha entregado la documentación dando cumplimiento a la normativa de acceso a la información púbica, a la que regula la protección de datos personales y a la Instrucción General N° 10 de este Consejo, agregando que el reclamante puede acceder a la información requerida a través del respectivo certificado gratuito que emite el Servicio. 2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. 3) Que, en primer término, se debe hacer énfasis en que la solicitud que motiva el amparo recae sobre la entrega de copia de las últimas 24 comunicaciones que el Secretario Municipal de Papudo le envía al SRCeI, con respaldo digital, de los Registros Públicos de la Junta de Vecinos de Punta Puyai, con el nombre de sus Directores. Dicha información, bajo los términos del marco normativo descrito en el considerando precedente, es pública y obra en poder del órgano requerido, ya que, el artículo 8 de la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública señala que: "Existirá un Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, a cargo del Servicio del Registro Civil e Identificación. La información contenida en el Registro se actualizará sobre la base de documentos autorizados por las municipalidades y demás órganos públicos que indique el reglamento. Será obligación de tales organismos remitir esos documentos al Registro, a menos que el interesado solicitare formalmente hacer la inscripción de manera directa". 4) Que, por lo expuesto, resulta pertinente desestimar las alegaciones del órgano referidas a que el acceso a la información requerida debe realizarse solo por medio de la solicitud de los certificados respectivos y no a través del ejercicio del derecho de acceso a la información, por cuanto, el reclamante busca tener acceso a documentos específicos que se encuentran en poder del órgano requerido y que tienen el carácter de públicos, por cuanto, han sido generados en cumplimiento de un mandato legal, resultando por ello indiferente que, por medio de certificados, se pueda acceder al dato que se encuentra tarjado en la información que fue proporcionada. En este sentido, el reclamante ha explicado que la solicitud tiene por finalidad acceder a los documentos que permitan comprobar si la información que publica la Municipalidad de Papudo es la misma que entrega al SRCeI, actividad de control social que no podría ser realizada a través de la información que se consiga en los certificados emitidos por el referido Servicio. Por ello, las alegaciones que en este punto formula el órgano serán desestimadas. 5) Que, luego, el Servicio reclamado invoca las causales de reserva o secreto de los números 2 y 5, del artículo 21, de la Ley de Transparencia, por cuanto, el nombre de los integrantes del Directorio de la Junta de Vecinos Punta Puyai, correspondería a información personal y sensible de aquellas personas naturales. Al respecto, y en relación con la concurrencia de la causal de reserva o secreto prevista en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, la que permite denegar el acceso a la información: "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico", se debe destacar que, sobre la interpretación de la referida disposición, este Consejo ha establecido como criterio que, para verificar la procedencia de una causal de reserva o secreto, se debe determinar la afectación del interés jurídico protegido, debiendo, en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la que, a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. 6) Que, en este caso, el Servicio no se ha referido a la forma en la que la entrega de la información podría generar una afectación de derechos en los términos descritos en el considerando precedente, muy por el contrario, se ha referido al carácter público de la información, a la cual es posible acceder por medio de un "Certificado de Directorio" requerido ante el SRCeI o a través de las copias de las respectivas inscripciones y anotaciones solicitadas a las municipalidades, en ambos casos, según los marcos normativos enunciados por el órgano. De esta manera, el solo hecho de que el ordenamiento jurídico le otorgue a la información requerida el carácter de pública, permite excluir la posibilidad de afectación o daño a los integrantes del Directorio de la Junta de Vecinos Punta Puyai, por el solo hecho de comunicarse su nombre en la información requerida. 7) Que, a mayor abundamiento, respecto de la afirmación del órgano reclamado referida a que en el contexto del amparo Rol C220-21 se habría refundado el carácter de dato personal del nombre, se debe aclarar que la decisión en cuestión se refiere a la entrega de información estadística asociada a antecedentes de salud de las personas, dato sensible respecto del cual se debe omitir cualquier antecedente que permita asociar a personas específicas con una condición de salud determinada, motivo que justifica la reserva de los nombres que eventualmente estaban contenidos en la información solicitada, lo que en definitiva se resolvió respecto de dicho amparo, situación que no se verifica en este caso. 8) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, tratándose de información de naturaleza pública; no configurándose la afectación de derechos esgrimida por el órgano reclamado, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, y, conjuntamente con ello, ordenará la entrega de los antecedes consultados, indicándose en ellos el nombre de los integrantes del Directorio de la Junta de Vecinos Punta Puyai. En virtud del principio de divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto diversos del nombre, como, por ejemplo, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, de los directivos de las organizaciones, que pudieran estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Jorge Serani Mostazal en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, lo siguiente: a) Entregue al reclamante, en relación a la Junta de Vecinos de Punta Puyai, Papudo, RUT 65.069.362-0, constituida el 30 de marzo de 2013 e inscrita con el número 163-439: - Copia de las últimas 24 comunicaciones (a contar de marzo 2019) en que el Secretario Municipal de Papudo le envía al Registro Civil e Identificación copia, con respaldo digital, de los Registros Públicos de la Junta de Vecinos de Punta Puyai. - Copia de las últimas 24 comunicaciones (a contar de marzo de 2019) en que el Secretario Municipal de Papudo le envía al Registro Civil e Identificación copia, con respaldo digital, del nombre de los Directivos de la Junta de Vecinos de Punta Puyai. Lo anterior, indicando el nombre de los integrantes del Directorio de la Junta de Vecinos Punta Puyai, que en ellos se consigna. Lo anterior, debiendo tarjar, en forma previa, todos los datos personales de contexto contenidos en la información solicitada, distintos del nombre, por ejemplo, domicilio, teléfono y correo electrónico, entre otros. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Serani Mostazal y al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.