Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2701-21

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Reclamante:	WILFREDO CERDA CONTRERAS
Reclamado:	CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, requiriendo la entrega de la información sobre las Comunidades Indígenas de la Región de Atacama que, en su constitución, les fue solicitado a sus comuneros un certificado de residencia, cuando tienen su domicilio en sectores rurales, y que aquel certificado haya sido proporcionado por la junta de vecinos respectiva. Lo anterior, debido a que la argumentación realizada por el órgano reclamado carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, debiendo por tanto ser desestimada. Al efecto, se alegó esencialmente que dada la pandemia, era imposible extraer la información solicitada de 188 expedientes contenidos en formato físico; alegación que se desestima atendido que este Consejo, por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global, indicando en lo pertinente que en caso de no poder cumplir dentro de los plazos legales, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, el servicio podrá señalar un nuevo plazo para proceder a informar, lo cual el órgano no cumplió. Se sigue en esta parte lo resuelto en la decisión de amparo Rol C2447-20.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/30/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C2447-20
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C2701-21   Entidad pública: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Requirente: Wilfredo Cerda Contreras Ingreso Consejo: 15.04.2021 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, requiriendo la entrega de la información sobre las Comunidades Indígenas de la Región de Atacama que, en su constitución, les fue solicitado a sus comuneros un certificado de residencia, cuando tienen su domicilio en sectores rurales, y que aquel certificado haya sido proporcionado por la junta de vecinos respectiva. Lo anterior, debido a que la argumentación realizada por el órgano reclamado carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida invocada, debiendo por tanto ser desestimada. Al efecto, se alegó esencialmente que dada la pandemia, era imposible extraer la información solicitada de 188 expedientes contenidos en formato físico; alegación que se desestima atendido que este Consejo, por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global, indicando en lo pertinente que en caso de no poder cumplir dentro de los plazos legales, en razón de las especiales circunstancias de calamidad pública, el servicio podrá señalar un nuevo plazo para proceder a informar, lo cual el órgano no cumplió. Se sigue en esta parte lo resuelto en la decisión de amparo Rol C2447-20. En sesión ordinaria N° 1202 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de julio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2701-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 29 de marzo de 2021, don Wilfredo Cerda Contreras solicitó a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), lo siguiente: "(...) se informe a qué Comunidades de la Región de Atacama, se le ha solicitado certificado de residencia de sus comuneros para su constitución, cuando tienen domicilio en lugares rurales, como quebradas, villorrios, localidades, sectores u otros; y que el certificado solo haya sido otorgado por la junta de vecinos del sector". 2) RESPUESTA: Por medio de Carta 08 N° 180, de 14 de abril de 2021, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena -Subdirección Nacional de Iquique-, informa al peticionario que revisado el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, se evidenció un registro de 188 comunidades que han presentado sus antecedentes para la validación como comunidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.253. Respecto a la solicitud y dado que no poseen una base de datos que mantenga sistematizada toda la información que obra en cada expediente, obtener los antecedentes pedidos significa un proceso complejo, que incluye desarchivo físico, revisión y compilación de la información, no contando en la actualidad con toda la dotación de funcionarios laborando presencialmente en la CONADI de Copiapó, dada la pandemia. En consecuencia, deniegan la entrega de lo pedido, con base a la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. No obstante, hacen presente que "cada análisis de carpetas, se realiza en virtud de los antecedentes presentados por cada una de las organizaciones, como también el contenido consignado y naturaleza por la cual se constituye, estableciendo que cada uno de estos principios se ajustan a actitudes de buena fe y veracidad, por los representantes de estas organizaciones, por lo que cada caso es un expediente distinto, con análisis diferenciados en cada uno de los casos y según las causales que se invocan de constitución". 3) AMPARO: El 15 de abril de 2021, don Wilfredo Cerda Contreras dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, fundado en la respuesta negativa. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, acordó admitir a tramitación el presente amparo, y confirió traslado al Sr. Subdirector Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de Iquique, mediante oficio N° E9771, de fecha 6 de mayo de 2021. Posteriormente, por medio de Oficio N° 087, de 20 de mayo de 2021, el organismo emitió sus descargos, reiterando la causal de reserva alegada, agregando: - Lo solicitado, es un informe respecto de las Comunidades Indígenas de la Región de Atacama, a las cuales se les haya solicitado certificado de residencia de cada uno de sus comuneros en el proceso de constitución, cuando dichos comuneros tienen domicilios en lugares rurales, como quebradas, villorrios, localidades, sectores u otros; y que el certificado solo haya sido otorgado por la junta de vecinos del sector. Por tanto, se puede apreciar, que la solicitud versa sobre antecedentes generales, que implican la revisión de un elevado número de actos administrativos de 188 expedientes -los cuales se encuentran en formato papel-, cuyo contenido es indeterminado -cada expediente puede comprender más de cien páginas-. - Para otorgar la información solicitada, se requiere el desarchivo de los expedientes aludidos, su revisión y sistematización con el objeto de extraer la información solicitada; además, en el contexto de pandemia nacional, que ha obligado a la restricción de movimiento y circulación del personal de esta Corporación, en virtud de la Circular N° 10 de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Ministerio de Hacienda, este servicio se encuentra acogido a la modalidad de teletrabajo, siendo la oficina en comento, CONADI Atacama, una de las cuales se encuentra trabajando con la mínima dotación de funcionarios en forma presencial. Así, de un total de tres funcionarios, solo uno de ellos, realiza trabajo presencial, tal como se evidencia en la Resolución Exenta N° 651, de 9 de abril de 2021. - En tal sentido, realizar el trabajo de desarchivo, revisión y sistematización de los 188 expedientes, en la actualidad, provocaría que el único funcionario que se encuentra trabajando presencialmente, desatienda la alta demanda generada por los usuarios que de igual manera asisten a dicha oficina en forma presencial, como también de aquellos que consultan vía telefónica o correos electrónicos, además de responder a las solicitudes virtuales formuladas a través de la plataforma digital de la CONADI. Asimismo, no podría atender otras tareas administrativas que de igual manera son imprescindibles para la continuidad del servicio, como son: tramitaciones de solicitud de acreditaciones de calidad indígena, supervisión y evaluación de proyectos con salidas a terreno, tramitación de correspondencia ingresada al servicio, requerimientos vía Ley de Transparencia, soporte técnico a jefatura titular en su ausencia, requerimientos de otras entidades públicas y sobre todo en este periodo, la difusión en terreno de la oferta programática 2021 de la CONADI, entre otras. - La recopilación de lo pedido, implica la disposición de al menos 50 horas, lo que traducido a la jornada laboral habitual, constituye más de una semana de dedicación exclusiva, lo que en la actualidad, es imposible de realizar. - No obstante, esta Corporación evaluará la posibilidad de realizar un proceso de desarchivo, revisión y sistematización de cada uno de los expedientes de Constitución de Comunidades Indígenas de la Región de Atacama, una vez que concluya el estado de excepción a causa de la pandemia, y la oficina CONADI-Atacama, se encuentre funcionando normalmente. Y CONSIDERANDO: 1) Que, conforme se desprende del tenor del requerimiento, lo solicitado es la indicación de las Comunidades Indígenas de la Región de Atacama que, en su constitución, les fue requerido a sus comuneros un certificado de residencia, cuando tienen su domicilio en sectores rurales, y que aquel antecedente haya sido proporcionado por la junta de vecinos respectiva. 2) Que, precisado lo anterior, cabe tener presente que el órgano reclamado denegó la información solicitada fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Conforme a dicho precepto se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales". 3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden gestiones de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos, el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias. 4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 5) Que, en relación con la información solicitada cabe hacer presente que el artículo 39, letra g) de la Ley N° 19.253 que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en adelante Ley N° 19.235, dispone que corresponderá a la CONADI "mantener un registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas (...)" Previamente, el artículo 9 de la Ley N° 19.253, preceptúa, "para los efectos de esta ley se entenderá por Comunidad Indígena, toda agrupación de personas pertenecientes a una misma etnia indígena y que se encuentren en una o más de las siguientes situaciones: a) Provengan de un mismo tronco familiar; b) Reconozcan a una jefatura tradicional; c) Posean o hayan poseído tierras indígenas en común, y d) Provengan de un mismo poblado antiguo" (el subrayado es nuestro); Luego, el artículo 10 y siguientes de la señalada Ley, establece las condiciones y quórum con los que se celebrará la asamblea para la constitución de las Comunidades Indígenas, cuya copia autorizada del acta de constitución deberá ser depositada en la oficina territorial respectiva de la CONADI respectiva, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de la asamblea. Finalmente, el artículo 11, establece que la CONADI, no podrá negar el registro de una Comunidad Indígena; no obstante, dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha del depósito de los documentos, podrá objetar la constitución de la Comunidad Indígena si no se hubiere dado cumplimiento a los requisitos, los cuales deberán ser subsanados por la respectiva comunidad. 6) Que, en este mismo orden de ideas, la CONADI, en su sitio web, enlace: http://www.conadi.gob.cl/registro-de-comunidades-y-asociaciones-indigenas, informa lo siguiente: "La oficina territorial respectiva procede a estudiar e inscribir las comunidades y asociaciones que se presenten para su incorporación y registro. De cada presentación se forma un expediente administrativo numerado el que paralelamente se incorpora a una base de datos incorporada en la intranet de CONADI en plataforma Internet". A su vez, la reclamada en sus descargos, refiere que evaluará la posibilidad de realizar un proceso de desarchivo, revisión y sistematización de cada uno de los expedientes de Constitución de Comunidades Indígenas de la Región de Atacama, una vez que concluya el estado de excepción a causa de la pandemia. 7) Que, en virtud de lo expuesto, se estima que las argumentaciones expresadas por el órgano reclamado, no revisten una entidad tal que permitan dar por configurada la distracción indebida que se ha invocado como supuesto de la causal de reserva. Lo anterior, considerando que la información solicitada debe encontrarse sistematizada, al ser dicha entidad quien tiene a su cargo, por mandato legal, la mantención del registro de Comunidades Indígenas y velar por el cumplimiento de los requisitos legales para su constitución; encontrándose los interesados facultados para reunirse en asamblea con tal objeto, únicamente en aquellos casos que describe el artículo 9 de la Ley N° 19.253, entre ellos, que provengan de un mismo poblado antiguo . 8) Que, además, no puede desatenderse la circunstancia que como principal argumento la recurrida señaló que dada la pandemia, se dificultaba la revisión presencial de los archivos en los cuales se contenía materialmente la información solicitada; alegación que debe ser desestimada atendido que este Consejo, por medio de Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, informó a los órganos de la Administración del Estado, sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Transparencia, con ocasión de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, a consecuencia del brote de COVID-19, con fecha 11 de marzo de 2020, y en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, de fecha 18 de marzo de 2020. En dicho contexto, si bien se refiere a la adopción de medidas extraordinarias respecto de los plazos de cumplimiento de las obligaciones de proporcionar acceso a la información pública en el contexto de la pandemia mundial, tal como se razonó en la decisión de amparo Rol C2447-20, en caso alguno justifica la falta de entrega de aquella. 9) Que, a su turno, en resguardo del principio de continuidad de la función pública consagrado en el artículo 3 inciso primero, de la ley N° 18.575 -que obliga a esta última a atender las necesidades públicas en forma continua y permanente-, la mencionada finalidad constitucional y legal no puede ser desatendida, siendo deber de los órganos realizar las acciones pertinentes, tendientes a cumplir los cometidos que les asigna el ordenamiento jurídico. En tal sentido, el órgano reclamado, debió seguir lo recomendado por este Consejo en el citado Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, lo cual habría facilitado su actuar en materia de cumplimiento de acceso a la información pública, debiendo proceder a su búsqueda y entrega, dentro de un plazo prudente establecido por ellos mismos, de acuerdo con su propia realidad. 10) Que, por todo lo expuesto, este Consejo estima que la reclamada puede cumplir con la entrega de lo pedido; en consecuencia, se acogerá el presente amparo ordenando la entrega de la información solicitada, otorgando un plazo prudencial al efecto, conforme se indicará en lo resolutivo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Wilfredo Cerda Contreras en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Subdirector Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de Iquique, lo siguiente: a) Entregue al reclamante la información sobre las Comunidades Indígenas de la Región de Atacama que, en su constitución, les fue solicitado a sus comuneros un certificado de residencia, cuando tienen su domicilio en sectores rurales, y que aquel certificado haya sido proporcionado por la junta de vecinos respectiva. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Wilfredo Cerda Contreras y al Sr. Subdirector Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de Iquique. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.