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DECISIÓN AMPARO ROL C2797-21</p>
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Entidad pública: Municipalidad de Doñihue</p>
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Requirente: Pablo Goñi Sidman</p>
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Ingreso Consejo: 19.04.2021</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Doñihue, requiriéndose la entrega de información sobre la adjudicación de un procedimiento licitatorio público y/o contratación de servicios, el uso de recursos fiscales para la adquisición y operación de implementos de seguridad, tarjando los datos personales de contexto que puedan contener.</p>
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Lo anterior, por cuanto lo requerido se refiere a antecedentes relativos a un proceso licitatorio de naturaleza pública y/o contratación de servicios convocado por un órgano de la Administración del Estado, en virtud del cual se justifica el conocimiento de todos los aspectos del referido procedimiento para permitir su control social. Asimismo, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública, cuya publicidad permite rendir cuenta del correcto ejercicio de las funciones públicas del órgano reclamado, y en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos.</p>
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Por su parte, se rechaza con respecto a las peticiones de información referidas a los turnos de las personas que operan dichos sistemas de vigilancia; sus contratos de trabajo; y, la indicación de los recintos educacionales que poseen estas cámaras, por estimarse que su develación afectaría con alto grado de probabilidad y de modo sustancial el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada, con respecto a la administración del patrimonio Municipal y las facultades de seguridad pública, en los términos previstos en el artículo 21 °N° 1 y N° 3 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, en consideración a la ocurrencia de hechos delictuales -hurtos e ingresos no autorizados- en los establecimientos educacionales de la comuna.</p>
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A su vez, se rechaza el presente amparo con respecto a la información relativa a los certificados, contratos de trabajo, cursos y demás información profesional de las personas que operan dicho sistema de vigilancia, por tratarse de personas que prestan servicios para una empresa privada. En tal sentido, su identidad y antecedentes profesionales corresponden a datos personales, en aplicación de lo previsto en la Ley Sobre Protección de la Vida Privada.</p>
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En sesión ordinaria N° 1203 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2797-21.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de marzo de 2021, don Pablo Goñi Sidman solicitó a la Municipalidad de Doñihue lo siguiente:</p>
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1.1) "La licitación o llamado a concurso, para sistemas de vigilancia establecimientos educacionales;</p>
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1.2) Persona o empresa que se adjudicó, la adquisición de las cámaras;</p>
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1.3) Tipo de cámaras, especificaciones;</p>
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1.4) Valores de cotizaciones;</p>
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1.5) Valores de cada cámara, además de monitores, central;</p>
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1.6) Contrato de trabajos y llamados a concurso, para operar las cámaras;</p>
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1.7) Cursos de las personas que operan las 24 horas;</p>
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1.8) Turnos de estas personas;</p>
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1.9) Certificados de las personas, contratadas, ya sea OS10 y operador de CCTV;</p>
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1.10) Experticia de las personas que se contrataron;</p>
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1.11) Experiencia en Seguridad de las personas contratadas;</p>
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1.12) Nombre de la persona a cargo, de quien dependen cargo y experiencia de esta persona, enviar títulos, certificados y todo lo cual le da un respaldo para llevar una central de seguridad; y</p>
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1.13) Enumerar los recintos que poseen cámaras y cuando fueron instalada y compradas"</p>
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2) RESPUESTA: Mediante Oficio Ord. N° 261, de fecha 19 de abril de 2021, el Municipio respondió al requerimiento de acceso, denegando su entrega, por concurrir en la especie la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21° N° 3 de la Ley de Transparencia.</p>
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Argumentó que la solicitud versa sobre información relacionada con la seguridad de los establecimientos educacionales. Sobre el particular, hizo presente la gran cantidad de robos que han sufrido, esgrimiendo que la divulgación de los sistemas de seguridad adoptados por los establecimientos podría afectar su eficiencia.</p>
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3) AMPARO: El 19 de abril de 2021, don Pablo Goñi Sidman dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. Al respecto, cuestionó la aplicación en la especie de la causal de reserva alegada.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Doñihue, mediante Oficio N° E9798, de fecha 6 de mayo de 2021, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y (2°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación.</p>
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Mediante Oficio Ord. N° 296, de fecha 20 de mayo de 2021, el organismo presentó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta.</p>
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Expuso que los establecimientos educacionales han experimentado una gran cantidad de robos, por lo que publicar detalles de los medios de seguridad con los que se cuenta, los pone en peligro, ya que dichos antecedentes podrían caer en manos de posibles personas que puedan usar dichos datos para cometer delitos. En tal sentido, ilustró que no todos los establecimientos educacionales cuentan con cámaras de vigilancia, por lo que de develarse la información quedarán expuestos dichos recintos. Agregó que lo anterior tiene por finalidad proteger el patrimonio comunal, en adecuación a marco legal que indica.</p>
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A fin de refrendar lo anterior, acompañó la siguiente documentación: Oficio Ord. N° 19, de fecha 5 de marzo de 2020, que informa sobre situación de robos e ingresos a dependencias; ii) Informes remitidos al Municipio, de fechas 4 y 5 de marzo de 2020; iii) Oficio Ord. N° 2, de fecha 1 de febrero de 2021, que informa de robo a colegio; iv) Oficio N° 15, de fecha 12 de abril de 2021, que informa robo.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud, referente a la entrega de información sobre los sistemas de vigilancia de los establecimientos educacionales y antecedentes sobre aquellas personas que operan dichos sistemas. Al respecto, el organismo denegó su entrega, por concurrir en la especie la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21° N° 3 de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, en lo que respecta a la causal de reserva que fuere esgrimida por parte del Municipio, resulta del caso tener presente que dicho precepto contempla que se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública". En virtud de lo anterior, este Consejo procederá a realizar un examen sobre la publicidad de los antecedentes pedidos y la procedencia de la referida hipótesis de reserva en las materias consultadas en el requerimiento de especie.</p>
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3) Que, primeramente, en cuanto a la información sobre los llamados a licitación o concurso consultados y la persona o empresa que se adjudicó el sistema de vigilancia de los establecimientos educacionales -numerales 1.1), 1.2) y 1.6) de la parte expositiva del presente Acuerdo-, es menester tener presente que dichos antecedentes son de naturaleza pública, por cuanto se trata de un procedimiento llevado a cabo por un órgano de la administración del Estado. En este contexto, cabe tener presente que el artículo 8° inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10° de la Ley de Transparencia, se considera información pública "toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público". A mayor abundamiento, sobre la materia, cabe tener presente lo razonado por este Consejo en la decisión que recayó sobre el amparo Rol C217-13, en donde se sostuvo que "tratándose de un proceso licitatorio de naturaleza pública convocado por un órgano de la Administración del Estado se justifica el conocimiento de todos los aspectos del referido procedimiento para permitir su control social, incluidas las propuestas económicas y técnicas presentadas por la empresa adjudicataria (...)".</p>
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4) Que, seguidamente, en lo que respecta al tipo de cámaras, sus especificaciones, los valores de cotizaciones y de adquisición de cada cámara, teniendo en consideración los monitores centrales, la fecha en que fueron instalada y compradas -numerales 1.3), 1.4), 1.5), 1.13) de la parte expositiva del presente Acuerdo-, esta Corporación advierte que dicha información permite rendir cuenta del correcto ejercicio de las funciones públicas del órgano reclamado, y en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3° de la Ley N° 18.575, de 1986, del Ministerio del Interior, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.</p>
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5) Que, habiéndose constatado la naturaleza pública de la información previamente singularizada, esta Corporación no advierte el modo en que la develación de antecedentes concernientes a la adjudicación de un procedimiento licitatorio público y/o de contratación de servicios, el uso de recursos fiscales para la adquisición y operación de implementos de seguridad pueda comprometer -a lo menos parcialmente-, los bienes jurídicos tutelados en el artículo 21°N° 3 de la Ley de Transparencia, específicamente el orden público o la seguridad pública. Sobre lo anterior, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21° de la Ley de Transparencia debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume, sino que debe ser acreditado, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al Principio de Publicidad. En efecto, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entrega, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancia que no se verifica en la especie. Al respecto, es menester tener presente que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. Por tales motivos, se desestimará la hipótesis de reserva esgrimida por el organismo en esta parte, y conjuntamente con ello, se acogerá el presente amparo en este punto.</p>
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6) Que, por el contrario, en cuanto a la entrega de información sobre los turnos de aquellas personas que operan el sistema de vigilancia, sus contratos de trabajo y la indicación de los establecimientos educacionales que cuentan con cámaras de seguridad -numerales 1.6), 1.8) y 1.13) de la parte expositiva del presente Acuerdo-, esta Corporación advierte que la develación de dichos antecedentes pueden afectar con alto grado de probabilidad y de modo sustancial el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada, con respecto a la administración del patrimonio Municipal y las facultades de seguridad pública que le compete, en los términos previstos en el artículo 21° N° 1 de la Ley de Transparencia. Al respecto, resulta útil tener en consideración que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, prescribe en su artículo 5° que: "Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades tendrán las siguientes atribuciones esenciales: c) Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público (...)". A su vez, el artículo 4° del cuerpo legal previamente citado contempla entre las funciones de la Entidad Edilia: j) "(...) la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad".</p>
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7) Que, en adecuación de lo anterior, con ocasión de sus descargos, el Municipio acreditó fehacientemente la ocurrencia de hechos delictuales -hurtos e ingresos no autorizados- en los establecimientos educacionales de la comuna, circunstancia que permite inferir que la develación de dicha información afectaría -de manera presente o probable y con suficiente especificidad- el orden y seguridad pública, toda vez que implica exponer eventuales brechas de seguridad que pueda tener el sistema de vigilancia implementado por el organismo, lo cual, podría -plausiblemente- propiciar la perpetración de delitos contra dichos recintos. Por tal motivo, se rechazará el presente amparo en esta parte, por concurrir en la especie las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21° N° 1 y N° 3 de la Ley de Transparencia.</p>
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8) Que, acto seguido, en cuanto a los contratos de trabajo, certificados, cursos y demás información profesional de las personas que operan dicho sistema de vigilancia, su experticia, experiencia de seguridad -numerales 1.6), 1.7), 1.9), 1.10), 1.11), 1.12) y 1.13) de la parte expositiva del presente Acuerdo-, del examen de los antecedentes del presente procedimiento de acceso, no consta en esta sede que los documentos pedidos se circunscriban a trabajadores que detenten la calidad de funcionarios públicos. Bajo esta lógica, tratándose -presumiblemente- de personas que prestan servicios para una empresa privada, su identidad y antecedentes profesionales corresponden a datos personales, en aplicación de lo previsto en el artículo 2 letra f) de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-. En razón de ello, su develación produciría una afectación -presente o probable y con suficiente especificidad- a la esfera de la vida privada de las personas consultadas y la protección de sus datos personales, garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, configurándose a su respecto, la causal de reserva del artículo 21° N° 2 de la Ley de Transparencia. En virtud de lo anterior, se rechazará el presente amparo en esta parte, en adecuación de la facultad consagrada en el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Pablo Goñi Sidman, en contra de la Municipalidad de Doñihue, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Doñihue, lo siguiente;</p>
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a) Entregue al reclamante copia de la siguiente información:</p>
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i) La licitación o llamado a concurso, para sistemas de vigilancia establecimientos educacionales;</p>
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ii) La persona o empresa que se adjudicó, la adquisición de las cámaras;</p>
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iii) El tipo de cámaras, especificaciones;</p>
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iv) Los valores de cotizaciones;</p>
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v) Los valores de cada cámara, además de monitores, central;</p>
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vi) Llamados a concurso, para operar las cámaras; y</p>
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vii) La información sobre cuando fueron instaladas y compradas las cámaras de vigilancia.</p>
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Lo anterior, debiendo tarjar, en forma previa, todos los datos personales de contexto contenidos en la información solicitada, como, por ejemplo, domicilio, teléfono, correo electrónico, RUT, entre otros.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Rechazar el presente amparo con respecto a las peticiones de información referidas a: i) Los turnos de las personas que operan dichos sistemas de vigilancia; ii) sus contratos de trabajo; iii) La indicación de los recintos educacionales que poseen estas cámaras; iv) Los Cursos de las personas que operan las 24 horas; v) Certificados de las personas, contratadas, ya sea OS10 y operador de CCTV; vi) Experticia de las personas que se contrataron; vii) La experiencia en Seguridad de las personas contratadas; viii) El nombre de la persona a cargo, junto con sus títulos, certificados y lo cual le da un respaldo para llevar una central de seguridad.</p>
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Lo anterior, por configurarse las causales de reservas previstas en el artículo 21° N° 1, N° 2 y N° 3 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pablo Goñi Sidman; y, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Doñihue.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.</p>