Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1629-12

Volver

Reclamante:	ANTONIO MENA VELÁSQUEZ
Reclamado:	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fundado en la falta de respuesta a su presentación sobre a. Acceso y copia del catastro de campamentos, en que se basa el Plan Integral para Campamentos 2012-2014 para la Región del Bío Bío; b. Cualquier antecedente a su disposición, o de la Secretaría Ejecutiva de Campamentos del MINVU, anterior o posterior al 13 de abril de 2012, que de cuenta de un número mayor de campamentos en la región; y, c. De tener el delegado presidencial conocimiento de un número mayor de campamentos al considerado para el Plan Integral para Campamentos 2012-2014, de la Región del Bío Bío, requirió conocer el criterio aplicado para definir que campamentos han de ser considerados dentro de dicho plan y cuáles no. El Consejo señaló que no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencia y en la Instrucción General N° 10, fuerza concluir que no puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo declararse su inadmisibilidad.
Tipo de decisión:	Decisión de inadmisibilidad
Fecha de la decisión:	11/29/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1171-12 C1342-12 C1389-12 C1407-12 C1594-12
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Vivienda

DECISIÓN AMPARO ROL C1629-12 Entidad pública: Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Requirente: Antonio Mena Velásquez. Ingreso Consejo: 22.11.2012. En sesión ordinaria N° 392 de su Consejo Directivo, celebrada el 28 de noviembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información pública Rol C1629-12. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) Que, con fecha 18 de octubre de 2012, don Antonio Mena Velásquez realizó una presentación al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), dirigida al Sr. Felipe Kast Sommerhoff, Delegado Presidencial para Aldeas y Campamentos, en la cual solicitó la siguiente información: a. Acceso y copia del catastro de campamentos, en que se basa el Plan Integral para Campamentos 2012-2014 para la Región del Bío Bío; b. Cualquier antecedente a su disposición, o de la Secretaría Ejecutiva de Campamentos del MINVU, anterior o posterior al 13 de abril de 2012, que de cuenta de un número mayor de campamentos en la región; y, c. De tener el delegado presidencial conocimiento de un número mayor de campamentos al considerado para el Plan Integral para Campamentos 2012-2014, de la Región del Bío Bío, requirió conocer el criterio aplicado para definir que campamentos han de ser considerados dentro de dicho plan y cuáles no. 2) Que, con fecha 22 de noviembre de 2012, don Antonio Mena Velásquez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública a través de la Gobernación Provincial de Concepción, e ingresado a este Consejo el 23 del mismo mes y año, en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fundado en la falta de respuesta a su presentación. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de Transparencia. 2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la admisibilidad del reclamo presentado por el requirente, en atención a los requisitos establecidos en dichas disposiciones. 3) Que, según se desprende de los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y artículos 42 y siguientes de su Reglamento, para que este Consejo pueda conocer de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información interpuestas en contra de los órganos de la Administración de Estado que señalan dichos cuerpos normativos, es preciso que con anterioridad se hayan efectuado ante los mismos una o más solicitudes de acceso a la información en los términos exigidos por los artículos 12 y 14 de la Ley de Transparencia y 27 y 28 de su Reglamento. 4) Que, del análisis de la presentación realizada por el reclamante al órgano reclamado se advierte que ésta fue dirigida a una persona contratada a honorarios de la Secretaría de Estado que se indicó en el número uno de la parte expositiva de esta decisión, razón por la cual, el presente amparo resulta inadmisible por haber sido dirigido en contra de un agente público del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y no al Jefe Superior del Servicio –en este caso al Sr. Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, como correspondía. Ello, en virtud de lo normado por este Consejo en su Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información. 5) Que, en dicha Instrucción General, en su número II, punto 1.1, 5° párrafo, sobre canales y vías de ingreso de las solicitudes de información, se dispone que: “En caso que la solicitud se presente a través de canales no especificados para su recepción, como un correo electrónico o comunicación postal enviada directamente a un funcionario, y el servicio correspondiente procediere a acusar recibo de ella y tramitarla en los términos de la Ley de Transparencia y de esta Instrucción General, se entenderá validada con ello tanto la vía de ingreso como la respuesta remitida, no pudiendo alegar el órgano, frente a un eventual amparo del requirente, que la consulta se recibió por una vía no dispuesta al efecto”. 6) Que, en la especie, el órgano reclamado no dio respuesta a la presentación realizada por el reclamante, pudiendo desprenderse de esa omisión que el órgano recurrido no procedió a tramitarla en los términos de la Ley de Transparencia ni de la referida Instrucción General N° 10 de este Consejo, razón por la cual, no es posible tenerla por válidamente formulada, no pudiendo, por ende, entenderse que se realizó una solicitud de información propiamente tal vía Ley de Transparencia. 7) Que, a mayor abundamiento, en estos mismos términos se ha pronunciado con anterioridad este Consejo al adoptar una decisión en los amparos C1171-12, C1342-12, C1389-12, C1407-12, C1589 y C1594-12, entre otros. 8) Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencia y en la referida Instrucción General N° 10, fuerza concluir que no puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo declararse su inadmisibilidad. 9) Que, lo señalado precedentemente, no obsta a que el recurrente en el futuro formule una solicitud de acceso a la información pública al Ministerio de Vivienda y Urbanismo o a cualquier otro órgano de la Administración del Estado, en los términos previstos en la Ley de Transparencia, en particular en sus artículos 5 y 10, dirigiéndose al Jefe Superior del Servicio, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre en poder del órgano, según lo preceptuado en el artículo 3°, literal e), del Reglamento de la Ley de Transparencia. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Declarar inadmisible el amparo interpuesto por don Antonio Mena Velásquez en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por las razones expuestas precedentemente. II. Hacer presente al requirente que puede ejercer nuevamente, ante el organismo reclamado, su derecho de acceso respecto de la información objeto de la presente reclamación, y en su caso, deducir con posterioridad amparo ante este Consejo dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de la eventual negativa a la petición que formule o una vez transcurrido el plazo de veinte días hábiles de que dispone el órgano requerido para pronunciarse sobre ella, cumpliendo con los requisitos señalados en el artículo 24 de la Ley de Transparencia. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Antonio Mena Velásquez y al Sr. Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la I. Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de quince días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no asiste a la sesión. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.