Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2875-21

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Reclamante:	ENRIQUE ALBERTO ESTRADA ANGULO
Reclamado:	POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, requiriendo se entregue al reclamante copia de su Declaración de Historial Personal, como asimismo, de sus evaluaciones y puntajes en las diferentes etapas del proceso de selección consultado, previamente, deberá tarjar la identidad y datos personales de terceros, así como cualquier antecedente que permita identificarlos. Además, aquel deberá acreditar su identidad. Sin perjuicio de lo cual, se recomienda que aquello se realice por un medio alternativo a la presencial. Lo anterior, por cuanto no se ha acreditado que dichos antecedentes contengan actividades de inteligencia, los cuales han sido elaborados a partir de datos personales proporcionados por el propio solicitante. Aplica criterio decisiones de amparos Roles C4170-17, C737-19, C1755-20 y C1537-20, entre otras.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/4/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C4170-17 C737-19 C1537-20 C1755-20
Jurisprudencia a:	C395-22 C11117-22
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C2875-21   Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile (PDI) Requirente: Enrique Alberto Estrada Angulo Ingreso Consejo: 21.04.2021 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, requiriendo se entregue al reclamante copia de su Declaración de Historial Personal, como asimismo, de sus evaluaciones y puntajes en las diferentes etapas del proceso de selección consultado, previamente, deberá tarjar la identidad y datos personales de terceros, así como cualquier antecedente que permita identificarlos. Además, aquel deberá acreditar su identidad. Sin perjuicio de lo cual, se recomienda que aquello se realice por un medio alternativo a la presencial. Lo anterior, por cuanto no se ha acreditado que dichos antecedentes contengan actividades de inteligencia, los cuales han sido elaborados a partir de datos personales proporcionados por el propio solicitante. Aplica criterio decisiones de amparos Roles C4170-17, C737-19, C1755-20 y C1537-20, entre otras. En sesión ordinaria N° 1203 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2875-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de marzo de 2021, don Enrique Alberto Estrada Angulo solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile - en adelante, también, PDI-, "información sobre mi proceso de postulación debido a que me encontraba en la última etapa DHP y al verificar la nómina de postulantes no me encontraba en aquella, le pido cordialmente puedan entregar información sobre la causa por la cual no quede seleccionado o si hubiera alguna oportunidad todavía, ya que anhelo pertenecer a la institución". 2) RESPUESTA: Mediante Carta, de fecha 9 de abril de 2021, la Policía de Investigaciones de Chile respondió el requerimiento, indicando que la Declaración de Historial Personal (DHP) resultó negativa, el contenido de ésta se encuentra amparado en el Título VII de la Ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia - en adelante ley N° 19.974-, en el que se establece la obligación de guardar secreto y la prohibición de divulgar la información contenida en dichos registros, no pudiendo acceder a ella. Citando jurisprudencia de este Consejo en tal sentido. Asimismo, estimó que divulgar la información contenida en dichas declaraciones, podría eventualmente afectar derechos de terceros que con sus declaraciones permitieron al Oficial evaluador fundar sus conclusiones acerca de la idoneidad del reclamante para ingresar a la Institución, evidenciando sus identidades, domicilios u otros datos personales recabados en dicha investigación, todos datos que se encuentran protegidos por la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-. 3) AMPARO: El 21 de abril de 2021, don Enrique Alberto Estrada Angulo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta o parcial a su solicitud, puesto que "no me entregaron la información clara y certera sobre el porqué de mi rechazo". 4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Este Consejo mediante Oficio N° E9413, de 29 de abril de 2021, solicitó al reclamante aclare cuál es su intención con la interposición de la presente reclamación, si es debido a la denegación de la Declaración de Historial Personal por parte del organismo; o bien, requerir que se reconsidere su postulación a la Institución. De tratarse de lo último, se hace presente que este Consejo no es la vía para realizar dicha petición, en dicho caso su amparo será declarado inadmisible. Mediante correo electrónico de 5 de mayo de 2021, el solicitante señaló que el objetivo de su amparo es conocer el motivo del resultado negativo de su postulación. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio N° E10491, de 18 de mayo de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; y, (3°) para una mejor resolución del caso remita copia íntegra de la información denegada. Al respecto, se hace presente que de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento. Mediante oficio Ord. N° 388, de 1° de junio de 2021, el órgano reclamado presentó sus descargos, en los que hizo presente lo dispuesto en el artículo 14 del decreto con fuerza de ley N° 1, año 1980, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile, que establece los requisitos que deben cumplir los postulantes para ingresar a la Institución. Por su parte, el artículo 34 del decreto supremo N° 5, año 1982, de la Subsecretaría de Investigaciones, aprueba Reglamento Orgánico de la Escuela de Investigaciones Policiales "Arturo Alessandri Palma"; dispone que "Además de los requisitos que deba reunir el postulante, la Dirección de la Escuela de Investigaciones Policiales llevará a efecto una recopilación de antecedentes suficientes, para conocer el Historial Personal del mismo, de conformidad a las directivas que sobre la materia imparta la Superioridad de la Institución. La Dirección de la Escuela de Investigaciones podrá rechazar cualquier solicitud de admisión que, a su juicio, no satisfaga las condiciones generales que debe reunir el candidato, sin dar ninguna explicación de las razones que motivaron su rechazo". Finalmente, la Orden General N° 2122, de 24 de agosto de 2006, aprueba la Cartilla Instructiva para la Investigación de la Declaración de Historial Personal, señala que para ingresar a un cargo en la PDI será requisito previo llevar a cabo una investigación de historial personal del postulante, procedimiento que se sujetará a las disposiciones de la mencionada Cartilla. La Declaración de Historial Personal de un postulante consiste en un proceso de investigación que consta de dos etapas: la primera, corresponde a la entrega personal y material que realiza aquel, respecto de sus datos personales y familiares, y la segunda se materializa con una investigación practicada por un oficial policial designado, que se traduce en la verificación empírica de la veracidad de los antecedentes proporcionados por el interesado, relacionados con su persona y núcleo familiar, y concluye con la emisión de un informe circunstanciado y de carácter reservado, que contiene la opinión del investigador, en cuanto a si resulta o no conveniente su ingreso a la Institución, considerando sus antecedentes personales y los intereses institucionales comprometidos. Agrega que la información contenida en la Declaración de Historial Personal se encuentra amparada por la obligación de reserva, consagrada en la Ley N° 19.974, específicamente, en sus artículos 38 y 39, cuyo cuerpo normativo cumple con la ficción de la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República, en relación con su artículo 8 y el artículo 1° de las disposiciones transitorias de la Ley de Transparencia. En mérito de lo señalado, concluye que la entrega de antecedentes para la Declaración de Historial Personal constituyen elementos necesarios para determinar la idoneidad moral del postulante, los cuales permitirán verificar al oficial policial que determinó si aquel cumple o no con los requisitos de ingreso para optar a un cargo en la Policía de Investigaciones de Chile, cuya información contiene datos calificados por la Ley N° 19.628, como "personales" e incluso "sensibles"; protegidos por la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de los antecedentes donde se contengan los fundamentos que motivaron que el reclamante no quedara seleccionado para el curso de asistente policial de la Policía de Investigaciones. Al efecto, según se desprende de lo señalado por el órgano recurrido, tanto en su respuesta como en sus descargos, aquellos se encuentran registrados en su Declaración de Historial Personal, la cual, según indicó, es de carácter reservado por aplicación del artículo 38, de Ley N° 19.974, y del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la Ley N° 19.628. 2) Que, en relación a la naturaleza de la información solicitada cabe destacar los siguientes antecedentes contenidos en la resolución N° 3, de 9 de agosto de 2012, de la Policía de Investigaciones de Chile: a) La Declaración de Historial Personal de un Postulante consiste en un proceso de investigación de sus antecedentes personales para determinar su idoneidad moral, que consta de dos etapas, la primera, corresponde a la entrega personal y material que realiza aquel, respecto de sus datos personales y familiares y la segunda, se materializa con una investigación practicada por un Oficial Policial designado, el cual se traduce en la verificación empírica de la veracidad de los antecedentes proporcionados por el interesado, relacionados con su persona y núcleo familiar, el cual concluye con la emisión de un informe circunstanciado y de carácter reservado, que contiene la opinión del investigador, en cuanto a si resulta o no conveniente el ingreso de un determinado postulante a la Institución, considerando sus antecedentes personales y los intereses institucionales comprometidos. b) La entrega personal de datos por parte del interesado, constituyen antecedentes necesarios para determinar su idoneidad moral, los cuales permitirán verificar al Oficial Policial, si aquel cumple o no con los requisitos de ingreso para optar a un cargo en la Policía de Investigaciones de Chile, cuya información contiene datos calificados por la Ley N° 19.628. c) El postulante en la primera etapa de su D.H.P, debe completar de su puño y letra, un formulario individualizando sus datos personales y de su núcleo familiar, los cuales consisten en su identificación, cédula de identidad, estado civil, nombre de su cónyuge y/o conviviente, domicilio, teléfono particular, entre otros antecedentes. En cuanto a los integrantes que conforman su grupo familiar, estos datos personales deberán identificar los antecedentes de su padre, madre, hermanos, cónyuge, conviviente, hijos del postulante, tíos paternos y maternos. d) Por otra parte, el postulante deberá informar en su D.H.P, antecedentes relacionados con su solvencia económica y situación financiera, proporcionando al Oficial Policial una Declaración Patrimonial, que detalle sus bienes, participación en sociedades comerciales y sus deudas. e) La normativa interna contempla que el Oficial Investigador se constituya en el domicilio del postulante, para efectos de verificar con quién vive, la calidad de vida e ingreso del grupo familiar, mencionando en el respectivo informe, si el inmueble en el que habita es propio o de sus padres y si sobre éste pesan hipotecas u otros gravámenes, precisando el monto del arriendo o dividendo, según sea el caso. f) Si el postulante declara haber sido detenido, el informe que evacúe el Oficial Policial contendrá información relativa a los motivos de aquélla, fecha en la que habría ocurrido, circunstancias que rodearon al hecho, unidad policial aprehensora y Tribunal o Fiscalía que hubiere ordenado su detención, especificando si esta se llevó a cabo en cumplimiento de una resolución judicial o por haberse configurado una situación de flagrancia. g) El D.H.P de quienes postularon a la Policía de Investigaciones de Chile, contiene información de carácter personal, protegida y amparada por la Ley N° 19.628, cuya normativa sólo autoriza su entrega al titular del dato personal protegido o a sus representantes, debidamente facultados para requerirla, conforme a lo establecido en el artículo 22 de la ley N° 19.880, que establece base de los procedimientos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. 3) Que de acuerdo al artículo 38 de la Ley N° 19.974, serían reservados los antecedentes, informaciones y registros que elaboren u obren en poder de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia, calidad que tiene la Policía de Investigaciones, por ser parte integrante de dicho Sistema, o de su personal (por aplicación de los artículos 4 y artículo 5 letra d) e inciso final de la Ley N° 19.974). El mismo carácter tendrían los otros antecedentes de que tome conocimiento su personal en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas, pudiendo sólo el Director o Jefe respectivo levantar su reserva. Sobre este punto se debe precisar que la funcionalidad de la regla de reserva establecida en dicha norma se encuentra determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público aquella información referida a las actividades de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado. Por lo anterior, aquella debe entenderse circunscrita a aquellos antecedentes que, según sus competencias, puede y debe controlar dicho Sistema de Inteligencia, es decir, la relativa a las actividades de inteligencia que éstos desarrollen, excluyéndose aquella que resulte ajena a dichas actividades específicas. 4) Que este Consejo además ha estimado que esta interpretación del artículo 38 de la Ley N° 19.974, es armónica con la exigencia de afectación prescrita en el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República, en relación con los artículos 21 y 1° transitorio de la Ley de Transparencia. Al efecto la Ley N° 19.974, dispone que las actividades de inteligencia tienen por objeto precisamente asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional (artículo 1°) y, en particular, la inteligencia comprende los procedimientos limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico (artículo 23, inciso 2°). Dichos fines se reconducen a la protección de la seguridad de la Nación, en los términos dispuestos por el artículo 8 de la Carta Fundamental y desarrollados por la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 3, al referirse a la defensa nacional, la mantención del orden público y la seguridad pública. 5) Que, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. En la especie, el órgano reclamado no ha aportado antecedente alguno que permita estimar que la entrega al interesado del referido informe genere una afectación a los bienes jurídicos antes señalados. Tampoco ha allegado elementos de juicio en cuya virtud la entrega del documento en análisis pueda afectar el bien jurídico Seguridad de la Nación, cautelado artículo 21 N° 3 de la Ley Transparencia. 6) Que, del análisis de los antecedentes que obran en el presente amparo y lo dispuesto en la Resolución N° 3 citada, se constata que la información solicitada se enmarca dentro de un proceso de reclutamiento de personal al interior de un órgano de la Administración del Estado y que la Declaración de Historial Personal ha sido elaborada en base a datos aportados por el propio reclamante en el marco de su postulación a la Policía de Investigaciones de Chile, a efectos de acreditar conducta y honorabilidad personal y no dentro de la función de inteligencia policial, lo que permite razonablemente presumir que tal documentación contiene esencialmente información circunscrita al ámbito de su vida privada y datos personales de que es titular, los que deben ser comunicados al reclamante de acuerdo a la normativa contenida en la Ley N° 19.628. A igual conclusión arribó este Consejo en las decisiones de los amparos Roles C4170-17 y C737-19, respecto al acceso de un postulante a la PDI a su propia Declaración de Historial Personal. 7) Que, del mismo modo, la Corte de Apelaciones de Santiago, en su sentencia Rol N° 361-2018, en su considerando 3° indica que "En lo inmediato debe acentuarse que la ley contempla diversas hipótesis de reserva en el citado artículo 21 N° 2, tales como la eventual afectación la seguridad, salud o esfera de la vida de esas terceras personas. Sin embargo, la reclamación planteada por la PDI adolece de imprecisión y excesiva generalidad porque ni siquiera cuál de todas esas situaciones podría configurarse, en concreto, con la entrega de la Declaración de Historial Personal (DHP), lo que ya es un obstáculo para que pueda prosperar su reclamo". Luego, el considerando 5° de la misma, razona que "Aun cuando pueda resultar una obviedad, no está de más indicar que no puede existir impedimento para la entrega a su titular de toda la información que le concierne. En lo que interesa verdaderamente para estos fines, debe subrayarse que se ordena excluir de la entrega de información contenida en la DHP, todos aquellos datos de orden personal que permitan identificar o conducir al establecimiento de la identidad de aquellas personas cuyas declaraciones se recogieron por el oficial respectivo. De ese modo, esta Corte no advierte cómo los antecedentes relevados de secreto puedan ser capaces de comprometer la privacidad o los derechos de personalidad de esas terceras personas", rechazando, finalmente, el reclamo impetrado por la PDI. 8) Que, en base a lo razonado precedentemente y, considerando especialmente la circunstancia de que el informe fue elaborado respecto del propio solicitante y constituye el fundamento de la decisión adoptada por la Policía de Investigaciones de Chile sobre su postulación a esa entidad, este Consejo acogerá el presente amparo ordenando la entrega de su Declaración de Historial Personal, como asimismo de sus evaluaciones y puntajes en las diferentes etapas del proceso de selección consultado. Sin perjuicio de lo cual, en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, previo a su entrega, el órgano reclamado deberá tarjar la identidad de terceros que con sus declaraciones permitieron al oficial evaluador fundar sus conclusiones acerca de la idoneidad del reclamante así como cualquier dato que permita inferirla, máxime si tales declaraciones fueron emitidas en un contexto que permite suponer su desconocimiento acerca de la circunstancia de ser parte de una investigación para una postulación. Asimismo, deberá reservar los domicilios u otros datos personales de dichos terceros recabados por el oficial investigador de la PDI, por cuanto dichos datos se encuentran protegidos por la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con la Ley N° 19.628. 9) Que, además, atendido que la información que se ordena entregar contiene datos personales y sensibles del reclamante, se requiere a la reclamada que se otorgue acceso, previa acreditación de su identidad, en los términos dispuestos en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10, de este Consejo. Sin perjuicio de lo cual, y teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252, de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se recomienda que realice aquella por un medio alternativo a la presencial. A modo meramente ejemplar, mediante de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemático. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Enrique Alberto Estrada Angulo en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, lo siguiente: a) Entregue al reclamante copia de su Declaración de Historial Personal, como asimismo, de sus evaluaciones y puntajes en las diferentes etapas del proceso de selección consultado. En virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e), de la Ley de Transparencia, previamente, deberá tarjar la identidad y datos personales de terceros, así como cualquier antecedente que permita identificarlos. Lo anterior, previa acreditación de su identidad. Sin perjuicio de lo cual, se recomienda que aquella se realice por un medio alternativo a la presencial. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Enrique Alberto Estrada Angulo y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.