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DECISIÓN AMPARO ROL C2888-21</p>
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Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Valparaíso</p>
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Requirente: Guillermo Nicanor Cepeda Ibaceta, representado por Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre</p>
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Ingreso Consejo: 22.04.2021</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Valparaíso, requiriendo la entrega de todos los antecedentes que indica, respecto del propio solicitante, que obren en su poder; previa acreditación de la calidad de apoderado del titular del reclamante, se recomienda que aquello se verifique por una vía alternativa a la presencial.</p>
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No obstante, lo anterior, en caso de que dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, informar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, los detalles que justifiquen fehacientemente su inexistencia, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.</p>
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Lo anterior, por tratarse de información que debe obrar en poder de la institución, y por haberse desestimado su alegación de inexistencia, por tratarse de la institución competente sobre la materia.</p>
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En sesión ordinaria N° 1202 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de julio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2888-21.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de marzo de 2021, don Guillermo Nicanor Cepeda Ibaceta, representado por don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre, solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Valparaíso, "copia de todos los antecedentes (evaluaciones, reevaluaciones, historia ocupacional, evaluación de puesto de trabajo, exámenes médicos, etc.) de mi representado que obren en poder de vuestro organismo."</p>
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2) RESPUESTA: Mediante ordinario N° 0397, de 22 de abril de 2021, la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Valparaíso respondió el requerimiento, indicando que "no posee los antecedentes cuya copia se solicita". Agregó luego que "las evaluaciones a la que se refiere su consulta son practicadas por las entidades administradoras del seguro de la Ley N° 16.744, por lo que la petición debe dirigirse a aquella que corresponda, según la afiliación del empleador respectivo".</p>
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3) AMPARO: El 22 de abril de 2021, don Guillermo Nicanor Cepeda Ibaceta, representado por don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud Región de Valparaíso, mediante Oficio N° E10434, de 17 de mayo de 2021, solicitándole que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) en caso de obrar en su poder lo requerido y que no existan inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado</p>
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Mediante ordinario N° 793, de 2 de junio de 2021, el órgano reclamado presentó sus descargos indicando, en síntesis, que el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, cuyo Título III referente a la calificación de enfermedades profesionales; en su letra A señala que "este protocolo es aplicable a la calificación de patologías que efectúen organismos administradores y administradores delegados, cualquiera sea su naturaleza, denunciadas como de origen presuntamente profesional, exceptuadas aquellas que cuenten con protocolos específicos (...)". De lo anterior se colige que el organismo administrador del seguro de la ley N° 16.744, establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales - en adelante ley N° 16.744-; es a quien le corresponde llevar a cabo el proceso de calificación de enfermedad profesional. El mismo compendio antes citado dispone como debe formarse el expediente, quienes son los calificadores y el procedimiento en general.</p>
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Luego señaló que, en el numeral 4, del antedicho compendio, se indica que "Las evaluaciones de condiciones de trabajo tienen por objetivo determinar si existe exposición a agentes de riesgo en el lugar de trabajo. Tratándose de trabajadores independientes cubiertos por el Seguro de la Ley N° 16.744, las evaluaciones de condiciones de trabajo deberán efectuarse en la medida que las circunstancias en que se desempeñen las labores permitan su realización. Si no es posible efectuar las referidas evaluaciones, ya sea porque el trabajador independiente se opone a su realización o porque existen otros impedimentos, el organismo administrador deberá dejar constancia de dicha situación." Agregando que, dentro de estas evaluaciones, se encuentra el estudio de puesto de trabajo (EPT), que "Consiste en el análisis detallado, mediante la observación en terreno, de las características y condiciones ambientales en que un trabajador en particular se desempeña y de las actividades, tareas u operaciones que realiza. Este instrumento tiene por objetivo identificar la presencia de factores de riesgo específicos condicionantes de la patología en estudio. En conjunto con otros elementos de juicio, el EPT permitirá al Comité de Calificación o al Médico del Trabajo, según corresponda, establecer o descartar la existencia de una relación de causalidad directa entre la patología y la actividad laboral del trabajador evaluado".</p>
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Añadió que se trata de un procedimiento llevado a cabo íntegramente por el organismo administrador, sin que la SEREMI de Salud tenga injerencia en él, su intervención se verifica cuando aquel requiere antecedentes del trabajador para, por ejemplo, emitir una resolución de invalidez. En el caso, en específico, se requirió tal información para la dictación de la resolución N° 44, de 29 de abril de 2003. La situación respecto de los antecedentes de la antedicha resolución es que después de haberse efectuado una extensa búsqueda, ellos no se encontraron, lo que obedece a una anegación sufrida por la COMPIN Viña del Mar Quillota, en la que se perdieron muchos documentos.</p>
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Asimismo, citó lo señalado en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, indicando que, la SEREMI de Salud, dio cabal cumplimiento a esta norma, por cuanto desconoce cuál es el organismo administrador en el caso, no obstante, lo cual, le ha manifestado que organismo administrador debiera tener la información solicitada.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud. Al respecto, el órgano informó que la documentación solicitada no obra en su poder.</p>
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2) Que, respecto de la alegación esgrimida por la reclamada, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual esta no obra en su poder, debiendo acreditarlo fehacientemente. A su turno el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación, prescribe: "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: a) En caso de existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, comunicar esta circunstancia al solicitante, haciendo entrega de copia del acto y del acta respectiva, en los términos señalados en la Circular N° 28.704, de 1981, de la Contraloría General de la República, que regula la eliminación de documentos en la Administración Pública y en las demás disposiciones aplicables. (...). b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen." (Énfasis agregado)</p>
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3) Que, en la especie, el órgano manifestó que los antecedentes requeridos no obran en su poder en ninguno de los soportes documentales que establecen los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, y que son los organismos administradores del seguro de la ley N° 16.744, los encargados de tramitar los procedimientos relativos a la materia consultada, esto es, el proceso de calificación de enfermedad profesional. Además, indicó que "después de haberse efectuado una extensa búsqueda, ellos no se encontraron, lo que obedece a una anegación sufrida por la COMPIN Viña del Mar Quillota, en la que se perdieron muchos documentos".</p>
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4) Que, a juicio de este Consejo, el órgano requerido no ha acreditado suficientemente la inexistencia de la información reclamada, por medio de las certificaciones correspondientes, por cuanto de la respuesta entregada no se advierte que se hayan agotado todos los medios a su disposición para encontrarla, en los términos exigidos por citada la Instrucción General N° 10.</p>
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5) Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que, con ocasión de su amparo, el reclamante acompañó copia de la Resolución N° 141, de fecha 20 de agosto de 2002, y cuya firma se encuentra autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Viña del Mar - Quillota. Así las cosas, en el organigrama institucional publicado en la página web de la reclamada, se informa que la COMPIN Regional tiene como misión "velar, de acuerdo con la ley, por el cumplimiento de las normas médico legales en materias de seguridad social; actuar como garante de la Fé Pública en la certificación de estados de salud y en la gestión de procesos técnicos y administrativos; garantizar en forma eficaz el acceso a los beneficios de la protección social en salud. Desarrolla prestaciones médico-administrativas para constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios de los trabajadores, con el objetivo de permitir la obtención de beneficios estatutarios, laborales, asistenciales y/o previsionales para que las autoridades administrativas y los empleadores adopten las medidas que las leyes y reglamentos establecen en tales situaciones. En la región tiene 3 subcomisiones, en Valparaíso, Viña del Mar y Aconcagua". En consecuencia, siendo la SEREMI de Salud reclamada la autoridad competente sobre la materia, las alegaciones de inexistencia no resultan plausibles.</p>
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6) Que, en consecuencia, se acogerá el amparo ordenando entregar al reclamante la información solicitada, previa acreditación de la calidad de apoderado de su titular. Se hace presente que teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia a consecuencia del COVID-19, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252, de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva, por un medio alternativo a la presencial. A modo meramente ejemplar, por medio de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos, según corresponda. Con todo, si una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, se verifica que dichos antecedentes no existen o no obran en su poder, deberá señalarlo expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, con los detalles que justifiquen su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger amparo deducido por don Guillermo Nicanor Cepeda Ibaceta representado por don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Región de Valparaíso, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud Región de Valparaíso, lo siguiente:</p>
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a) Entregue al reclamante copia de todos los antecedentes (evaluaciones, reevaluaciones, historia ocupacional, evaluación de puesto de trabajo, exámenes médicos, etc.) de su representado, que obren en su poder, previa acreditación de la calidad de apoderado de aquel, se recomienda que aquella se verifique por una vía alternativa a la presencial. No obstante, lo anterior, en caso de que dichos antecedentes no existieran o no obren en su poder, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva, informar expresa y fundadamente, tanto al solicitante como a este Consejo, los detalles que justifiquen fehacientemente su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10, de este Consejo.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Sebastián Riesco Eyzaguirre y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud Región de Valparaíso.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.</p>