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DECISIÓN AMPARO ROL C2988-21</p>
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Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI)</p>
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Requirente: Cristián Cruz Rivera</p>
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Ingreso Consejo: 26.04.2021</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, en lo que dice relación con la información relativa a la identificación de las instituciones y de los órganos cuyos funcionarios consultaron en sus bases de datos, vía página web, el certificado de nacimiento del requirente.</p>
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Por otra parte, se rechaza en lo referido al nombre y casilla electrónica de las personas que solicitaron el certificado de nacimiento del requirente. Lo anterior, por cuanto constituyen a datos personales, que han sido obtenidos de una fuente no accesible al público, y el hecho de publicar la lista de las personas que consultan un registro público, podría desincentivar o entorpecer la consulta de este, al verse expuesto quien ejerce ese derecho, concurriendo, por tanto, las causales de reserva del artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia.</p>
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Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos Roles C3174-17 y C4501-18.</p>
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En sesión ordinaria N° 1205 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2988-21.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de abril de 2021, don Cristián Cruz Rivera solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación - en adelante también SCeI-, "el nombre de las personas o instituciones que han solicitado, de manera no presencial, es decir valiéndose se internet, mi certificado de nacimiento, desde el año 2012 a la fecha, con señalamiento de las casillas de correos a las que se ha remitido la respuesta o certificado."</p>
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2) RESPUESTA: Mediante Carta UTSI N° 2515, de 23 de abril de 2021, el Servicio de Registro Civil e Identificación respondió el requerimiento, indicando que en lo que se refiere al acceso de determinados datos de un solicitante de un certificado al cual se accede vía internet, dicha información es obtenida a partir de los datos proporcionados por el mismo usuario, es decir, son obtenidos de una fuente no accesible al público. De modo que, en definitiva, lo requerido no constituyen datos públicos, sino que son datos personales proporcionados por los propios solicitantes de los certificados. En consecuencia, se configuran las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: El 26 de abril de 2021, don Cristián Cruz Rivera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante Oficio N° E10185, de 13 de mayo de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) refiérase a la existencia de los correos electrónicos solicitados; (5°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (6°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.</p>
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Mediante Ordinario N° 403, de 2 de junio de 2021, el órgano presentó sus descargos indicando, en síntesis, que a la fecha del requerimiento el órgano no contaba con la información pedida, por cuanto las transacciones que se realizan por la página web no eran verificables. En efecto, para solicitar un certificado el sistema sólo requería que el solicitante ingresará el número de RUN del inscrito titular del certificado requerido, más el correo electrónico, solo para efectos del envío del certificado. Sin embargo, el correo electrónico no se encontraba contenido en un soporte documental del órgano reclamado (hay inexistencia de una base de datos de correos electrónicos de certificados), sería necesario hacer una búsqueda 10 años hacia atrás conforme el requerimiento del usuario, para intentar generar una información especial para este usuario, sin ninguna garantía de poder encontrarla, por las razones que detalla.</p>
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Añadió luego que "la búsqueda en los términos precedentemente expuestos es insostenible, atendida la cantidad de operaciones a nivel nacional, lo que involucra un esfuerzo desproporcionado y en un tiempo que no es posible determinar de manera precisa, y que de acuerdo a lo informado por nuestra área técnica exigiría un mínimo de lo menos un mes de dedicación exclusiva y búsqueda. En efecto, su materialización significaría distraer indebidamente a los tres únicos funcionarios altamente especializados con el suficiente nivel de acceso, que tienen a cargo toda la base de datos a nivel nacional, lo que comprende las 470 oficinas de esta institución a lo largo del país, más la interacción de usuarios externos, más las operaciones de instituciones públicas y privadas del cumplimiento regular de sus labores habituales en este servicio, teniendo en consideración además estos funcionarios no están destinados para efectuar este tipo de investigaciones de carácter personal, produciéndose una afectación al cumplimiento de las funciones del Servicio."</p>
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Después agregó que: "con todo, con la afectación de la base de datos incluida, la distracción indebida de funciones configurada por la destinación de 3 funcionarios los que tienen todos los requerimientos informáticos a nivel nacional durante a lo menos el plazo de 10 días, significaría Buscar el único dato que solicita el sistema que es proporcionar el correo electrónico, de todas maneras ese dato se encuentra sujeto a las causales de reserva contempladas en el artículo 21 N° 1, en relación con la ley N° 19.628, las causales N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia"</p>
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Finalmente hizo presente que, conforme a la jurisprudencia de este Consejo y del Tribunal Constitucional, los correos electrónicos no pueden ser entregados, por cuanto no constituyen datos públicos, sino que son datos personales obtenidos de fuentes no accesibles al público, atendido que fueron proporcionados por el propio solicitante y no se encuentran integrados en un registro público. A mayor abundamiento, respecto de los datos de las personas naturales requirentes, estos son datos personales, según lo prescribe el artículo 2 letra f) de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-, pues constituyen información concerniente a una persona natural identificada, haciéndose aplicable lo dispuesto en el artículo 7 de la ley señalada. De modo que, su divulgación importaría afectar los derechos de las personas en los términos establecidos en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia.</p>
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Por último, el hecho de publicar la lista de las personas que consultan un registro público podría desincentivar o entorpecer la consulta de este, al verse expuesto quien ejerce ese derecho a una publicidad y a potenciales presiones o situaciones no deseadas, con lo que se afectaría el objeto primordial de la existencia de estos registros, procediendo en consecuencia la causal de reserva del articulo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud. Al respecto, el órgano requerido, alegó la concurrencia de las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 1, N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en la ley N° 19.628.</p>
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2) Que, en primer lugar, cabe señalar que el artículo 1° de la ley N° 4.808, sobre Registro Civil dispone que "Las inscripciones de los nacimientos, matrimonios, defunciones y demás actos y contratos relativos al estado civil de las personas, se harán en el Registro Civil, por los funcionarios que determina esta ley". Por su parte, el artículo 3 de la ley N° 19.477, orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación, establece que corresponderá a dicho Servicio "llevar los registros y efectuar las actuaciones que la ley encomiende". Asimismo, los numerales 1 y 7 del artículo 4 del mismo cuerpo legal prescriben, respectivamente, que son funciones del Servicio formar y mantener actualizados los registros que indica, entre ellos, el "De Nacimiento, Matrimonio y Defunción"; y "Otorgar certificados que den fe de los hechos y actos jurídicos que consten en los registros que mantiene el Servicio". Finalmente, el artículo 211 del decreto con fuerza de ley N° 2128, de 1930, de Justicia, que aprueba el reglamento orgánico del Servicio de Registro Civil, señala "Podrán solicitar certificados del Registro Civil, a más de los interesados en una inscripción, todas las personas que lo deseen".</p>
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3) Que, en consecuencia, los registros que por mandato legal debe mantener el órgano requerido corresponden a aquellos de naturaleza pública, al que cualquier persona puede acceder mediante un procedimiento de solicitud de certificado, sujeto a la restricción de aportar un determinado dato, en la especie, el número de cédula de identidad de la persona titular de la información, situación última que por lo demás, como se ha señalado, excluye la posibilidad de considerar dichos registros de fuente accesible al público, en los términos de la letra i) del artículo 2 de la ley N° 19.628.</p>
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4) Que, ahora bien, para la obtención de los certificados que permitan acceder a los datos contenidos en el registro público pertinente, el Servicio de Registro Civil e Identificación cuenta con dos mecanismos: uno presencial, que implica la concurrencia de la persona interesada en el certificado a cualquiera de las oficinas del órgano a nivel nacional; y otra, remota a través de su página web. Luego, no existe una norma legal que establezca que los interesados en solicitar los certificados y/o copias de partidas -en cualquiera de los mecanismos dispuestos para ello-, deban hacer entrega de sus propios datos personales al Servicio, para efectos de obtener los mencionados instrumentos públicos, como exigencia o requisito previo.</p>
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5) Que, sin embargo, conforme se ha acreditado en el procedimiento, en el caso en que se requiera un certificado de nacimiento vía internet al Servicio, el requirente o solicitante, además del ingreso del RUN o número de cédula de identidad del titular de los datos del certificado, debe completar algunos campos con datos personales obligatorios que en el sistema se exigen, tales como número de documento del solicitante y la designación de un correo electrónico.</p>
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6) Que, según ha expuesto el Servicio de Registro Civil e Identificación, los datos capturados al momento de la solicitud de certificado vía internet tiene por finalidad única la validación de la operación en el sistema, por ejemplo, para efectos de acreditar el mecanismo de pago en línea del certificado, en los casos de certificados valorados, pero en caso alguno la captura de este dato se presenta en el marco del poblamiento de una base de datos o registro, ni menos aún para efectos de generar tratamiento alguno respecto de esta información, ya que la ley no autoriza para aquello al Servicio. Igualmente, tampoco consta que, al momento de proveer dichos datos, el interesado en el certificado tenga la posibilidad de autorizar su tratamiento y mucho menos la divulgación de estos a terceros.</p>
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7) Que, en tal orden de ideas, a juicio de este Consejo, la publicidad, comunicación o conocimiento de los datos correspondientes al "nombre" y "correo electrónico" de las personas naturales que solicitaron remotamente, vía página web, el certificado de nacimiento del reclamante, puede afectar con cierto grado de especificidad el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, en los términos del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, ello toda vez que resulta ciertamente plausible que la divulgación de esta información desincentive la utilización de dicho mecanismo de obtención de certificados, en desmedro de lo establecido en el artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de MINSEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, que impone a dichos órganos el deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.</p>
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8) Que, a mayor abundamiento, respecto de las personas naturales requirentes de los certificados en análisis, dichos datos efectivamente corresponden a datos personales, según prescribe el artículo 2 letra f) de la ley N° 19.628, pues constituyen información concerniente a una persona natural identificada, que han sido recolectados de una fuente no accesible al público por lo cual, en principio, le resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7 de la ley señalada, que exige a quienes trabajen en el tratamiento de datos personales, "(...) tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público", e igualmente, a lo dispuesto en el artículo 9 del mismo cuerpo normativo "Los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público". De esta forma, la divulgación de estos datos importaría afectar los derechos de las aludidas personas naturales en los términos de los numerales 2 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, particularmente el derecho a la vida privada en su vertiente positiva, esto es, la autodeterminación informativa, como poder de control sobre la información propia.</p>
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9) Que, por último, sobre este aspecto, el hecho de publicar la lista de las personas que consultan un registro público podría desincentivar o entorpecer la consulta de este, al verse expuesto quien ejerce ese derecho a una publicidad y a potenciales presiones o situaciones no deseadas, y con ello se afectaría el objeto primordial de la existencia de estos registros, que es la máxima publicidad de su contenido. En consecuencia, se rechazará el amparo en esta parte.</p>
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10) Que, sin perjuicio de lo anterior, tratándose del nombre de las instituciones que han solicitado, de manera no presencial, es decir, valiéndose se internet, el certificado de nacimiento del requirente desde el año 2012 a la fecha, así como, los órganos a los que pertenecen aquellas personas que lo solicitaron, en el evento que aquello se pudiera deducir, por ejemplo, mediante la casilla electrónica a la que fue remitida el certificado, cabe tener presente que, según lo expuesto por el propio Servicio de Registro Civil e Identificación, no se ha acreditado, de manera fehaciente e indubitada, la concurrencia de las causales alegadas, sino solo respecto de la identidad de las personas naturales. En este punto, teniendo presente que, por tratarse de normas de derecho estricto, que se contraponen al principio general de Transparencia, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva.</p>
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11) Que, en consecuencia, se acogerá el amparo en esta parte, requiriendo la entrega de la información solicitada.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Cristián Cruz Rivera en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación. lo siguiente:</p>
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a) Entregue al reclamante información relativa a la identificación de las instituciones y de los órganos cuyos funcionarios consultaron en sus bases de datos, vía página web, su certificado de nacimiento, a partir del año 2012 a la fecha de presentación del requerimiento.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Rechazar el amparo respecto del nombre y casilla electrónica de las personas que solicitaron el certificado de nacimiento del requirente, por configurarse las causales de reserva del artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristián Cruz Rivera y al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.</p>